Agentes de Policía Nacional adscritos al Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández han desmantelado una organización criminal compuesta tres personas, todos hombres, nacidos en Kosovo y de edades comprendidas entre 33 y 49 años, que pertenecían a un grupo especializado en hurtos realizados en el interior de las instalaciones del aeropuerto.

La investigación se inició tras recibir los agentes varias denuncias de ciudadanos extranjeros a los que les habían sustraído sus pertenencias en los aparcamientos del aeropuerto. Todos estos hechos guardaban un nexo en común: eran producidos cuando gestionaban el arrendamiento de un vehículo o cuando introducían sus efectos en el interior del turismo alquilado.

Los sospechosos merodeaban por la zona de llegadas del aeródromo en busca de víctimas vulnerables para poder apropiarse de sus efectos, simulando para ello ser viajeros con mochilas, bolsos. También utilizaban pelucas, gorras y otros complementos con el fin de ocultar su identidad o cuanto menos dificultar su identificación posterior, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

‘MODUS OPERANDI’

Las diligencias realizadas confirmaron que entre los miembros del grupo existía un claro reparto de roles entre sus integrantes. Así, mientras uno de los miembros realizaba labores de gancho, entreteniendo a las víctimas, otro se encargaba de materializar la sustracción y la última de facilitar la huida, que realizaban en vehículos de alquiler.

Los agentes lograron identificar a todos integrantes del grupo en cuestión y activaron un operativo policial especial que establecieron en el interior de la zona de llegadas de viajeros al aeropuerto y la zona del aparcamiento de vehículos.

Fruto de este dispositivo, los investigados fueron detenido ‘in fraganti’ en la zona aeroportuaria, mezclados con los pasajeros, cuando supuestamente vigilaban a una víctima para perpetrar un nuevo hurto. En el momento del arresto, los agentes comprobaron que en el maletero del vehículo que conducía uno de ellos portaba numerosas prendas de vestir usadas que supuestamente utilizaban normalmente para cambiarse de ropa después de cometer el acto delictivo. También fueron localizadas varias gorras de distintos colores y una peluca, todo ello empleado para no ser reconocidos y dificultar la investigación.

Los policías adscritos a la Comisaría del Aeropuerto han esclarecido media docena de hurtos que se le atribuyen a los arrestados, a los que también les han sido imputados varios delitos de robo con fuerza, falsificación documental y estancia irregular, ya que uno de ellos tenía una prohibición de entrada en territorio nacional impuesta por autoridades suizas.

Por los antecedentes policiales que poseen los detenidos, quedó patente que era un grupo organizado itinerante, especializado en hurtos, que se trasladaban por todo el territorio nacional. Todos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche.

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son los que necesita el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para continuar al frente del Gobierno», pero no adecuados para superar la situación de crisis derivada de la pandemia.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este domingo antes de visitar el Salón Náutico en Barcelona, en las que ha afirmado que los PGE «transgreden algunas líneas rojas que son fundamentales para los liberales en cualquier país del mundo».

Ha afirmado que los PGE suponen una subida «absolutamente abusiva» de los impuestos a las clases medias, se ha manifestado en contra del aumento de las cotizaciones de los autónomos, de intervenir sobre los alquileres y del aumento salarial del 2% a alcaldes, entre otras.

Para Martín Blanco, la motivación de Sánchez es «seguir privilegiando» a ERC y, en este sentido, ha criticado las declaraciones de la secretaria general del partido, Marta Rovira, este sábado y la ha acusado de tener una actitud prepotente asumiendo que ERC es decisiva para los PGE y que Sánchez tendrá que aceptar sus condiciones.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Ha dicho que el rechazo por parte del Tribunal de Cuentas de los avales públicos presentados por excargos del Govern para cubrir parte de su fianza da la razón a Cs, y ha reivindicado: «Es inadmisible que los ciudadanos de Cataluña tengamos que pagar dos veces por la malversación de los políticos separatistas».

Respecto al acuerdo de renovación del Tribunal de Cuentas entre el Gobierno y el PP, ha señalado que «vuelve a demostrar hasta qué punto los grandes partidos del bipartidismo hacen un uso absolutamente partidista de las instituciones del Estado».

«Los acuerdos deberían ser precisamente en cuestiones como la educación, las pensiones, los servicios sociales, y no precisamente en materias como la renovación de esos órganos a través de acuerdos que básicamente lo que hacen es repartirse entre los dos grandes partidos», ha añadido.

CONGRESO DEL PSOE EN VALENCIA

Al ser preguntado sobre el 40 Congreso del PSOE en Valencia que ha tenido lugar esta semana, ha reprochado al partido que normalice, según él, «esa pretensión de convertir a ERC en un socio fundamental».

Ha acusado al PSOE de imponer «esas tesis tan contrarias al interés general de España y tan perjudiciales para la libertad y para la igualdad con sus socios, Podemos y ERC, como principales beneficiarios de esas decisiones».

Al preguntársele sobre el debate de la financiación autonómica, ha criticado que no se haya revisado cuando cree que debería haberse hecho en el 2014 y que hay comunidades autónomas que utilizan el debate para generar confrontación territorial.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo como un logro de un gobierno socialista el fin de la banda terrorista ETA del que se cumplirán 10 años el próximo miércoles y ha recalcado que la derecha «se degrada» cada vez que utiliza el dolor causado por el terrorismo contra el Gobierno.

Así lo ha asegurado Sánchez durante su discurso de clausura del 40º Congreso Federal que su partido ha celebrado en la Feria de Muestras de Valencia.

Sánchez ha hecho hincapié en que los socialistas nunca usaron el dolor causado por el terrorismo «como arma política» contra la derecha. «Jamás se nos hubiera ocurrido», ha dicho, antes de avisar de que cada vez que la derecha lo utiliza «lo que hace es degradarse».

«Hace diez años un gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba acabó con el terrorismo de ETA y no fue por casualidad», ha enfatizado, subrayando que lo lograron porque lo intentaron «con toda su inteligencia y todas sus fuerzas».

El presidente ha reconocido que en esta tarea el Gobierno de Zapatero contó con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los jueces, los fiscales, la prensa y «una sociedad valiente y ejemplar», pero remarcando que todo fue bajo «liderazgo» de un Ejecutivo socialista.

LA VALENTÍA DE MAIXABEL

«Acabamos con el terrorismo, guardamos a las víctimas en nuestra memoria, las honramos para siempre y nos alegramos infinitamente de que la sociedad vasca y española viva por fin en paz y libertad», ha remarcado.

«Demostraremos a los verdugos de ayer la superioridad de nuestros valores como hace Maixabel para asombro y admiración de todos ¿Se puede ser más valiente?», ha dicho, en referencia a Maixabel Lasa ex responsable de la Oficina de Víctimas del País Vasco y viuda del socialista Juan Mari Jáuregi.

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha asegurado que, con su presencia en la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE, trabajará «por el éxito del partido» tras cerrar «una etapa en Euskadi» con el «trabajo bien hecho y cumplido». Por su parte, el diputado en el Congreso Patxi López ha afirmado que es «un honor» repetir en la Ejecutiva de un «PSOE imparable».

En declaraciones a los medios informativos antes de la clausura del 40 Congreso Federal del PSOE, Mendia, que se ha incorporado a la nueva Ejecutivo del partido como secretaria de Estudios y Programas, ha afirmado que abre «una nueva etapa» en sus responsabilidades de «mucha ilusión, mucha esperanza y mucho trabajo».

La secretaria general de los socialistas vascos, que dejará su cargo en noviembre, ha asegurado que asume este nuevo papel en el partido «cerrando una etapa en Euskadi, con la satisfacción del trabajo bien hecho y cumplido». «Abriendo una nueva etapa de mucha ilusión, mucha esperanza y mucho trabajo», ha añadido.

Según ha confesado, es «un honor» que el secretario general haya «querido contar» con ella para integrar el ‘núcleo duro’ del PSOE. «Desde esta Secretaría trabajaré por el éxito del partido», ha reiterado.

PATXI LÓPEZ: «UN HONOR»

Por su parte, el exlehendakari y diputado por Bizkaia, Patxi López, que se ocupará de la Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad, ha elogiado el ambiente en el que se ha desarrollado el Congreso, que ha sido «la explosión de la ilusión de la militancia», y ha considerado «un honor» repetir en la Ejecutiva socialista.

«Un día le dije a Pedro que le daba las gracias porque había hecho lo más importante, que era devolver la ilusión a la militancia. Y este congreso ha sido eso, la explosión de la ilusión de la militancia, que cuando quiere es imparable», ha afirmado.

Patxi López, se ha mostrado seguro de que «el PSOE es imparable y ha considerado «un honor estar» así como «un honor continuar» en el órgano de dirección del partido.

EJECUTIVA

Patxi López e Idoia Mendia son los representantes vascos que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha incluido en una Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de 42 personas, en la que destaca la integración de seis de sus nuevos ministros –tres de ellos, al frente de una secretaría ejecutiva– y un importante relevo generacional, con una media de edad de 47 años.

En concreto, formarán parte del nuevo núcleo duro de Sánchez en Ferraz el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos; la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como secretaria de Sanidad y Consumo; la de Ciencia, Diana Morant, como secretaria de Ciencia, Investigación y Universidades; y como vocales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; y la de Educación, Pilar Alegría.

Con su nuevo equipo, en el que estará la diputada más joven del Congreso, la castellanoelonesa Andrea Fernández, de 28 años, como secretaria de Igualdad, se confirma la apuesta de Sánchez por plasmar en su Ejecutiva un importante relevo generacional. También destacan la presencia de perfiles procedentes del municipalismo y una gran apuesta femenina: el 60% de los miembros son mujeres.

También entran el diputado andaluz Felipe Sicilia como portavoz de la Ejecutiva, y la directora adjunta del gabinete de Sánchez en Moncloa, Llanos Castellanos, como secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública.

Entre las caras nuevas en la Ejecutiva también está la portavoz en la asamblea de Madrid, Hanna Jalloul, como secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo; o el consejero de Política Territorial de la Generalitat Valenciana Arcadi España.

Se mantienen, Cristina Narbona como presidenta del partido; Adriana Lastra como vicesecretaria general; y Santos Cerdán como secretario de Organización Santos Cerdán.

Asimismo, conservan su asiento, aunque con distintas responsabilidades, los dirigentes Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ahora será secretario de Política Municipal; Javier Izquierdo, que asumirá la Secretaría de Acción Electoral, el secretario general de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como responsable de Autonomías; y Pilar Cancela, que asume la secretaría de Exterior.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que la presidenta del Gobierno de La Rioja «quería llegar demasiado rápido» al Congreso Federal Socialista pero, sin embargo, «vuelve con las manos vacías».

Cuca Gamarra ha ironizado así este domingo en Logroño tras la publicación el pasado viernes en la cuenta de Instagram personal de la presidenta socialista de una imagen en la que se podía ver a ella viajando en un coche de acompañante por encima de la velocidad permitida, a 156 km/h. Una imagen por la que, a los escasos minutos de publicarla, Andreu pidió perdón.

Ante ello, ha continuado la portavoz del PP, «Andreu tenía demasiada prisa pero no sabemos para qué porque vuelve sin influencia y lo que es peor, vuelve sin cambiar los Presupuestos Generales del Estado que lastran a esta ccaa».

En este punto, Gamarra ha recordado que «desde que Sánchez está al frente del Gobierno de España, los PGE nunca han estado al nivel de cuando gobernaba el PP porque va recortando los fondos que llegan a esta comunidad año tras año». «Pero es que además no solo no presupuesta sino que no ejecuta».

Además, Gamarra ha lamentado que «un domingo más -ha continuado- los riojanos pagaremos la luz más cara y, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, frente a las 7.932 familias que pidieron esa ayuda solo se ha concedido a 2.418 personas en La Rioja». Frente a ello, ha indicado, «sí hay alternativa y es el cambio de ciclo político del PP de la mano de Pablo Casado».

REUNIÓN DE FEIJÓO: «LAS AUSENCIAS TIENEN MÁS QUE VER CON OBEDECER A SÁNCHEZ»

Gamarra también ha afeado a Andreu que haya decidido no acudir a la reunión convocada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia. «Es una reunión muy positiva para hablar de un problema de todos y que afecta a todas las ccaa. No entiendo que La Rioja renuncie a una reforma de la financiación y a compartir planteamientos porque se pueden coincidir más allá de partidos políticos».

«Las ausencias tienen mucho más que ver con obedecer a Pedro Sánchez que con defender los intereses de los españoles», ha reflexionado la portavoz del PP.

CONGRESO REGIONAL

Finalmente, y con respecto al futuro Congreso del PP de La Rioja en donde se deberá elegir a un nuevo presidente de la formación riojana, Gamarra ha destacado que «la unidad» es un valor importante en un partido «para consolidar un proyecto político».

«Cuando llegue el momento, espero que los afiliados del PP seamos capaces de conseguir esa unidad en torno a un proyecto ganador, de futuro, de regeneración y de ilusión para los riojanos y que tenga al frente del mismo a los mejores porque todos sabemos lo que necesita La Rioja», ha destacado.

En cuanto si habrá un candidato o varios, Gamarra ha destacado que «eso depende de cada afiliado que tiene derecho a plantearlo porque eso es una máxima de este partido pero todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo una reflexión y buscar lo mejor para todos. Espero que cuando se convoque ese Congreso estemos todos en esa línea por el bien de La Rioja que es lo único que tiene que estar presente».

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de hallarse «totalmente desnortado» y de intentar «congelar el conflicto político», pero le ha advertido de que «el debate está ahí» y la coalición soberanista va «a encararlo». Además, ha pedido que la libertad de los presos de ETA no se entienda «como un ataque contra nadie» porque «su apuesta por las vías pacíficas ha sido vital».

En una entrevista a naiz.info con motivo de los 10 años de la declaración de Aiete, Otegi ha afirmado que lo que ocurrió allí, «la posterior respuesta positiva de ETA, el desarme, la desaparición de ETA como organización», cambió la vida de la gente y del país.

Sin embargo, ha lamentado que pese a haber transcurrido una década, «para algunos es un escenario de paz no completa, en la medida que solo una de las partes ha renunciado al uso de la violencia, se vive como una pérdida, como un escenario no deseable porque hay que poner encima de la mesa propuestas de país».

Respecto a la izquierda abertzale, ha recordado que, diez años después, es «la primera fuerza municipal» en Euskadi y «la segunda fuerza política en el conjunto del país», y «las fronteras que algunos tratan permanentemente y artificialmente de construir en términos sociales son fronteras y muros que han caído».

«Ya no es imaginable que haya sectores sociales enfrentados en este país, que no puedan compartir acuerdos, que no puedan compartir estrategias. Creo que eso es algo que veremos en los próximos meses y en los próximos años, la apertura de marcos de alianza con todos», ha añadido.

«ANESTESIAR EL PAÍS, PARAR EL TIEMPO»

Para Otegi, en la Comunidad Autónoma Vasca existe «una estrategia consciente de tratar de parar el tiempo, anestesiar al país y congelar el conflicto político». «La realidad concreta es que nosotros somos una nación cuya identidad nacional está en riesgo de desaparecer, que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Y esto es lo que ha hecho desaparecer, fundamentalmente el PNV», ha acusado.

A su juicio, el partido jeltzale está «absolutamente desnortado» sin saber «si está en 1839 o en el siglo XXI». «No sabemos exactamente cuál es su propuesta, que es la que necesitamos saber, porque las del resto ya las conocemos», ha añadido.

En su opinión, «trata de congelar el tiempo porque su proyecto es seguir gestionando los tres territorios» y «no hay proyecto nacional». «Se equivocan profundamente si piensan que esa inercia va a durar siempre. Creo que eso está empezando a cambiar», ha advertido.

Arnaldo Otegi ha advertido de que EH Bildu es «un movimiento político que tiene vocación de Gobierno y vocación de Estado» con el proyecto de «construir un Estado para los vascos» para lo que «hay que seguir ampliando nuestra base social y electoral».

«EH Bildu tiene que conformarse como la referencia de todos los progresistas, desde los socialdemócratas hasta los comunistas, de todos los independentistas y soberanistas del país. Crecer, ampliarse, ser más plural», ha defendido.

Además, ha afirmado que sus «dos grandes retos» son «recuperar soberanía, vertebrar nacionalmente el país y dotarle de un proyecto alternativo en la forma de gobernar y en el contenido de las políticas públicas». «Que la gente que confía en la izquierda independentista para gestionar los ayuntamientos acabe confiando para que gobernemos el país», ha añadido.

Con este objetivo, el líder de la coalición soberanista propone «abrir la política de alianzas en un sentido y en otro, no contra nadie». «Habrá cosas en las que estemos de acuerdo con el PNV, o con Geroa Bai, o con otros sectores, y habrá cosas en las que abriremos el abanico a otros sectores sociales y políticos, que pueden ser Podemos o incluso el PSOE», ha puntualizado.

A su juicio, hace diez años «la izquierda independentista cambió la vida de la gente en el país» y «solo la izquierda independentista es capaz de volver a cambiar la vida de la gente en otro modelo social y en otro modelo nacional».

DEBATE TERRITORIAL

Arnaldo Otegi cree que el debate sobre la ordenación territorial «está abierto en el Estado español, independientemente de que haya una mayor o menor intensidad», si bien considera que no existe un Gobierno en el Estado, «hoy, que sea capaz de avanzar estructuralmente en esa dirección».

«Hay un Gobierno en el Estado que es novedoso; si este Gobierno no es capaz de entender que se resuelven los problemas nacionales en términos democráticos tendremos que sacar la conclusión de que en España no existe posibilidad alguna de que ningún Gobierno sea capaz de entender eso. Y luego que cada cual saque las conclusiones que crea oportunas», ha dicho.

El dirigente de EH Bildu se ha mostrado seguro de que los vascos deben «hacer ese debate». «Nosotros hicimos una propuesta e hicimos un acuerdo con el PNV de Bases y Principios, y estamos ahí. El PNV, ¿está en 1839 o está en ese acuerdo? Ese debate está ahí y vamos a encararlo», ha asegurado.

ONGI ETORRIS

Respecto a la polémica que suscitan la celebración de los ‘ongi etorris’ a presos de ETA, ha acusado a «algunos» de tener «un cierto interés en hacer el debate político lo más mediocre posible y en instalar el país en un debate de barro» para «hacer creer que las cosas no han cambiado, que no ha pasado nada y que la izquierda independentista sigue instalada en los parámetros políticos de hace diez años».

En su opinión, «necesitan evitar su crecimiento» porque «todo el mundo es consciente de que hay sectores políticos que tienen mucho voto prestado». «Tratan de mantener cautivo un voto de orden, reaccionario, que no es abertzale y que necesitan para seguir siendo la primera fuerza política en tres territorios», ha criticado.

Por otra parte, respecto a la política penitenciaria, ha reclamado «vivir en un país sin presos políticos, y sin refugiados ni deportados». Aunque ha admitido que «en los últimos tiempos» ha habido «avances en política penitenciaria», cree que estos son «todavía absolutamente insuficientes», y ha exigido que se aplique la legislación ordinaria.

El coordinador de EH Bildu ha pedido que «la recuperación de la libertad por parte de los presos no sea entendido como un ataque contra nadie, sino como una aportación a la convivencia». «Porque esos presos, a los que algunos siempre sacan el curriculum, son los mismos presos cuya apuesta por las vías pacíficas y democráticas ha sido vital, imprescindible, ineludible, de una importancia política absoluta, para que hoy vivamos la situación que vivimos», ha defendido.

El 40 Congreso Federal del PSOE ha dedicado este domingo un sentido homenaje al exsecretario general y exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019 a los 67 años, con una invitación a que todos los socialistas hagan suya su idea de que «cada persona tiene que ser libre para gobernar su vida, independientemente de su origen, raza, sexo o condición».

«Tanto en los buenos como en los malos momentos, la voluntad de Alfredo sabía dónde debía estar y no flaqueó», ha manifestado su viuda, la prestigiosa química Pilar Goya, ante el abarrotado plenario del cónclave que se celebra durante todo el fin de semana en Valencia.

El homenaje ha arrancado con unas palabras del presidente del 40 Congreso y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en recuerdo de un «gran maestro» que faltó hace 890 días, «un profesor muy querido por sus alumnos y un maestro del sentido de Estado y la decencia».

Un maestro «honesto, valiente, audaz, humilde y sincero» que Puig ha reivindicado en «tiempos líquidos en los que los partidos nacen y desaparecen a la velocidad de la luz». «Alfredo es una inspiración siempre», ha proclamado antes de la proyección de su despedida en el Congreso de los Diputados, cuando el entonces presidente, Jesús Posada (PP), dijo que siempre sería recordado como «una figura del parlamentarismo del XXI».

NUNCA SE ARREPINTIÓ

Tras destapar un busto de Rubalcaba junto al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, su viuda ha asegurado que a su marido le habría gustado asistir a este congreso y ha agradecido «el privilegio de sentir el afecto y el respeto de la gente por él». «Siempre he lamentado que no estuviera presente, hoy lo creo especialmente», ha aseverado.

De Rubalcaba ha recordado que podría haber elegido otro camino en la vida pero «jamás se arrepintió» de ser político aunque le llevó a «vivir momentos difíciles como la pérdida trágica de amigos, disgustos o incomprensión a veces, pero también momentos muy buenos».

Uno de ellos es el que ha destacado que cumple diez años la próxima semana, «la confirmación de la victoria de la sociedad frente a ETA» a la que se refirió este sábado en su discurso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha agradecido sus palabras sobre Rubalcaba.

«EL PSOE FUE SU CASA Y VOSOTROS, SU GENTE»

Goya ha proclamado además que el PSOE siempre fue «su casa», y los socialistas «su gente» y por eso él dijo que el partido no le debía nada, al revés. Ella ha afirmado que también se siente en su casa con su gente porque dentro de poco se cumplirán 50 años desde que se afilió junto a Rubalcaba.

«La mejor manera de recordarle es haciendo suyas sus palabras», ha alentado, las que pronunció en el congreso de Sevilla hace casi diez años cuando dijo que los socialistas son «los arquitectos del Estado del Bienestar», que cada persona es libre para gobernar su vida y que «los privilegios no se pueden heredar». «Gracias por mantener vivo su recuerdo», ha rematado antes de una larga ovación del público en pie.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anfitrión y presidente del 40º Congreso Federal del PSOE celebrado en Valencia, ha destacado este domingo el mérito del secretario general, Pedro Sánchez, por haber logrado «agrupar» al partido tal y como mandata el himno socialista ‘La Internacional’.

«Al cantar hoy ‘La Internacional’ veremos cumplido el verso de ‘agrupémonos todos’ desde la unidad, la cohesión y la fortaleza de las ideas y expandiremos el ciclo socialdemócrata que España necesita para avanzar más», ha enfatizado Puig.

Así lo ha dicho Puig antes de leer el resultado de las votaciones para los nuevos órganos federales y de dar la palabra a Sánchez para clausurar el cónclave.

GANA EL PSOE Y GANA ESPAÑA

Puig ha subrayado que este congreso ha sido distinto a todos los anteriores. «Antes unos salían más felices y otros menos, pero este ha sido distinto también para la opinión pública porque hemos ganado todos, el PSOE y España», se ha congratulado, antes de confesar que nunca antes había «acabado un congreso tan extraordinariamente feliz».

«Pedro, lo has conseguido tu», ha enfatizado, subrayado que el presidente del Gobierno ha sido el artífice de «la síntesis» porque ha puesto «en el puzzle todos los anteriores congresos, sin dejar fuera ninguna pieza», alumbrando la cita de «la unidad, la fraternidad y la cohesión».

Este hito, ha dicho, hará que la historia recuerde el cónclave valenciano como aquel en el que la «militancia estuvo a la altura del momento» porque «el PSOE no juega cuando España se la juega» y ha elegido «a los mejores equipos y propuestas para la única causa común: hacer avanzar la sociedad».

«Fue el congreso en el que la memoria socialista se abrazó con su presente para encarar el mañana», ha resumido Puig, incidiendo en que los socialistas nunca «tiran la toalla» porque saben que el país les «necesita».

Tras citar a Miguel Hernández, Federico García Lorca, Mercè Rodoreda, Rosalía de Castro y Vicent Andrés Estellés, Puig ha llamado a sus compañeros a «servir al pueblo sin carné ni filiación» desde «dentro del partido para avanzar en bienestar, derechos, libertades, riqueza, igualdad, empleo, cohesión, solidaridad y justicia social».

Los nuevos órganos de dirección que ha diseñado el líder socialista, Pedro Sánchez, han sido aprobados por el 40º Congreso Federal del PSOE con un apoyo de casi el 95%, tanto la Comisión Ejecutiva Federal como el Comité Federal, según los datos ofrecidos por el presidente del Congreso, Ximo Puig, en la clausura del cónclave de Valencia.

Su anterior Ejecutiva, que se aprobó en el convulso 39º Congreso Federal de 2017, recibió un respaldo del 70,5%, por lo que en esta cita, que los socialistas describen como «el congreso de la unidad», Sánchez ha logrado un cierre de filas casi total respecto a aquel cónclave.

En concreto, de los 1.077 delegados llamados a votar, han emitido su voto 1.027 y, de ellos, un total de 975 han apoyado la Comisión Ejecutiva Federal, un 94,94%. El Comité Federal ha recibido por su parte 967 votos a favor, un 94,16%. Además, la Comisión de Éticas y Garantías ha recibido el apoyo de 985 votos, el 95%.

Después de anunciarse los resultados, los nuevos integrantes del núcleo duro de Sánchez en Ferraz han ido subiendo uno a uno al escenario, arropados por los aplausos del público, y tras recibir un abrazo de bienvenida y enhorabuena del secretario general.

La ovación ha sido especialmente sonada en el caso, por ejemplo, del ministro de Presidencia y nuevo secretario de Reforma Constitucional, Félix Bolaños, del nuevo portavoz, Felipe Sicilia, o la vicesecretaria general, que repite en el cargo, Adriana Lastra. La última en subir ha sido la presidenta Cristina Narbona, que también mantiene su puesto.

El presidente del Gobierno ha elaborado una Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de 42 personas, en la que destaca la integración de seis de sus ministros, un importante relevo generacional, con una media de edad de 47 años –diez menos que la anterior–, y una gran presencia –el 60% del total–. Además, solo repiten 12 de los dirigentes de la actual Ejecutiva.

En cuanto al reparto territorial, la federación con más representantes en la nueva dirección del PSOE es Andalucía, con un total de nueve, seguida de Madrid, que contará con seis. El PSC y Castilla y León tendrán cuatro miembros cada uno, Canarias sumará tres, el País Vasco y Castilla-La Mancha, dos cada uno y el resto de comunidades tendrá un representante, al igual que Ceuta.

En concreto, formarán parte de la Ejecutiva Bolaños, como secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos; la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como secretaria de Sanidad y Consumo; la de Ciencia, Diana Morant, como secretaria de Ciencia, Investigación y Universidades; y como vocales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; y la de Educación, Pilar Alegría.

Con su nuevo equipo, en el que estará la diputada más joven del Congreso, la castellanoleonesa Andrea Fernández, como secretaria de Igualdad, se confirma la apuesta de Sánchez por plasmar en su Ejecutiva un importante relevo generacional. Fernández, de 28 años, sustituye en este puesto a la también exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.

También es significativa la gran presencia de mujeres –el 60% frente al 40% de hombres– y, como se esperaba, la presencia de perfiles procedentes del municipalismo, como es el caso de las ya ministras Alegría y Morant, o la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, como secretaria de Emprendimiento e Impacto Social. Además, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, será la presidenta del Comité Federal.

En la Ejecutiva, que es el órgano encargado de gestionar el día a día del partido, también entran el diputado jienense Felipe Sicilia como portavoz; la directora adjunta del gabinete de Sánchez en Moncloa, Llanos Castellanos, como secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública; y la dirigente vasca Idoia Mendia, como secretaria de Estudios y Programa.

Entre las caras nuevas en la Ejecutiva destaca asimismo la portavoz en la asamblea de Madrid, Hanna Jalloul, como secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo; o el consejero de Política Territorial de la Generalitat Valenciana Arcadi España, como secretario de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana; y como secretaria de Reto Demográfico, Maite Pérez Esteban.

En esta nueva Ejecutiva sólo mantienen su puesto 12 dirigentes de los 49 que conformaron el equipo que Sánchez diseñó en el 39º Congreso Federal de 2017. Es el caso, como ya se había confirmado, de Cristina Narbona como presidenta del partido; Adriana Lastra como vicesecretaria general; y Santos Cerdán como secretario de Organización.

Asimismo, conservan su asiento, aunque con distintas responsabilidades, los dirigentes Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ahora será secretario de Política Municipal; Javier Izquierdo, que asumirá la Secretaría de Acción Electoral; el secretario general de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como responsable de Autonomías; Pilar Cancela, que asume la secretaría de Exterior; Patxi López, como Memoria Democrática y Laicidad.

A su vez, la portavoz en el Parlamento Europeo, Iratxe García, conserva la secretaría de Unión Europea; Pedro Casares asume la secretaría de Transformación Digital; Mª Luz Martínez Seijo conserva Educación; y Luc André Diouf se mantiene, ahora como secretario de Políticas Migratorias y Refugiados.

En cuanto al Comité Federal, Sánchez ha encontrado acomodo en este órgano a la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el resto de dirigentes socialistas que han dejado formar parte de la Ejecutiva del PSOE, como el ex asesor en Moncloa Paco Salazar.

Este órgano estará presidido por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que hasta ahora formaba parte de la Ejecutiva. Y la persona que encabeza la lista elaborada por Sánchez para someterla al voto de los delegados es Carmen Calvo, la que fuera su mano derecha en Moncloa como vicepresidenta primera, hasta la intensa crisis de gobierno que acometió el julio.

Si en su Ejecutiva Sánchez ha integrado a seis ministros de su Gobierno, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños, en el Comité Federal también le ha reservado un puesto a otros cinco miembros de su Gobierno: el de Exteriores, José Manuel Albares; el de Agricultura, Luis Planas; la de Transportes, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; la de Industria, Reyes Maroto. También estará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo que «las políticas socialistas y de la izquierda solo generan más pobreza» lo que supone un «fracaso» del escudo social que proponen porque «solo hay un escudo político para proteger a Pedro Sánchez».

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño donde ha querido abordar con los medios de comunicación este domingo asuntos de actualidad política. Entre ellos, ha criticado, «hoy de nuevo se van a batir todos los récords en el precio de la luz» algo que demuestra «la deriva de un partido y un Gobierno que son incapaces de tomar medidas eficaces porque tienen una política absolutamente errante».

Para la portavoz del PP en el Congreso, «cuando el PSOE o Pedro Sánchez afrontan un problema acaban generando dos y las consecuencias las tenemos que pagar todos los españoles», ha criticado.

Además, ha destacado, «el escudo social es un engaño» porque, además de la factura de la luz, «cientos de miles de familias españolas están en riesgo de exclusión social. En este año 2021 hay más de 11 millones de personas en España en exclusión social y hoy, día internacional de la erradicación de la pobreza, tenemos que decir que desde 2018 hay 2,5 millones de españoles más en exclusión social».

Ante ello, la portavoz ha querido preguntar: «¿Es esto la recuperación justa que prometía Sánchez?, ¿no decían que no iban a dejar a nadie atrás?». Los informes dicen que avanzamos hacia una sociedad más desigual y este es el resultado de las políticas socialistas».

Frente a ello, ha continuado, «hoy el Congreso del PSOE ha protegido al líder, al ‘Sanchismo’ político por encima de todos» pero se olvidan en ese Congreso del «precio de la luz y la pobreza. Con Sánchez avanzamos hacia una sociedad más desigual en recursos y derechos».

También ha criticado, por su parte, esa desigualdad con el Ingreso Mínimo Vital: «Más de 1.300.000 familias solicitaron esta medida y solo han sido aprobadas para 300.000 familias lo que demuestra que estamos ante un Gobierno que promete mucho pero que está basado en la ineficacia».

Ante ello, Gamarra ha asegurado que «hay una alternativa» y será «el cambio de ciclo político del PP de la mano de Casado».

ACUERDOS ALCANZADOS

En otro orden de asuntos, la portavoz del PP en el Congreso ha querido pronunciarse sobre los acuerdos llegados con el PSOE para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. «Esto demuestra que el PP tiene siempre la mano tendida porque somos un partido de estado que afronta sus responsabilidades».

«De nuevo -ha indicado- tendemos la mano para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial siempre y cuando se modifique la Ley Orgánica».

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recibirá el Ministerio de Igualdad para 2022 han superado por primera vez la barrera de los 525 millones de euros, al aumentar en un 14% con respecto a los del año anterior. Es la cuantía más abultada que ha recibido hasta ahora, muy distinta a los 23 millones con los que contaba hace dos décadas, en 2002.

«Siendo una cifra mejorable, es muy buena». Así ha calificado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, las cifras que corresponden al departamento que dirige Irene Montero para el próximo año y que, ha insistido, «son «las mejores que España ha tenido en muchos años en esta materia».

Y es que, tal y como ha recordado la secretaria de Estado, el Ministerio partía de unas cifras mucho más bajas que la que ahora se trabaja, incluso cuando se habla de los entonces «históricos», que se registraron en 2009, 2017 y 2021.

Rodríguez ha explicado que en los presupuestos de 2002 sólo se dedicaban a políticas de igualdad alrededor de 23 millones de euros. Tal y como se detalla en el proyecto de ley de PGE de ese año, la totalidad de estas inversiones son para la integración de la mujer en el mundo laboral, impulsar los contratos fijos para ellas o impulsar su presencia en sectores en los que están infrarepresentadas, como la agricultura.

Esta cuantía aumentó con la creación en 2008 de un ministerio independiente para esta materia, aunque el pico de esta época se registró cuando se decidió destinar 78 millones de euros a este tema en 2009.

LA ETAPA ZAPATERO

Esta es la etapa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien decidió separar las políticas en esta materia, que antes se recogían dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y crear un departamento propio, que dirigió la ministra Bibiana Aído.

El objetivo, según explicó el entonces jefe del Ejecutivo, era impulsar las medidas que se recogían en la Ley Integral contra la Violencia de Género (que entró en vigor en 2005) y la Ley de Igualdad (en marcha desde 2007).

Dos años después, el propio Zapatero eliminaría el Ministerio en una remodelación de su gabinete. Decidió entonces integrar estas políticas en Sanidad, bajo las órdenes de la ministra Leire Pajín, nombrando a Aído secretaria de Estado en esta materia.

A partir de 2009, apunta Rodríguez, las partidas para Igualdad comienzan a decrecer «muy notablemente» como consecuencia de la crisis económica. En este punto, la secretaria de Estado recuerda las continuas denuncias del movimiento feminista sobre las consecuencias que esta crisis económica supuso para las mujeres.

LLEGADA DEL PACTO DE ESTADO

Así, las partidas para políticas de igualdad no volvieron a subir hasta 2017, cuando se exigió una financiación concreta en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este texto establecía la dotación de 100 millones de euros al Estado para acometer medidas en esta materia, así como 40 millones para las CCAA y otros 20 para las entidades locales.

Las partidas pasaron entonces de los 51 millones a los 181 tras el pacto de Estado, mientras que en 2019 el Gobierno, aún formado solo por el PSOE, estableció en los PGE una partida de 220 millones para desarrollar las medidas que reclamaba este acuerdo. Hasta enero de 2020, las políticas de Igualdad estaban a cargo de la Vicepresidencia primera, ocupada por Carmen Calvo.

Tras las elecciones de 2019 y el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, se crea de nuevo un Ministerio de Igualdad, que en 2021 llega a recibir 459 millones de euros en partidas de los presupuestas, una cifra que, ahora, se vuelve a elevar hasta 525 millones para el próximo año.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en Logroño que el Congreso Federal del PSOE que se está llevando a cabo este fin de semana en Valencia es «la conversión final del PSOE al partido ‘Sanchista'» porque Pedro Sánchez «ha devorado al socialismo clásico».

En este punto, ha indicado Gamarra, «con este 40 Congreso se ha acabado el socialismo y ha llegado el ‘Sanchismo’, un proyecto político donde se sustituyen ideología y principios por la idea de que el fin justifica los medios para estar en el poder».

Un Congreso, en el que según palabras de Gamarra, el PSOE ha demostrado que «está anclado en el pasado» y ya solo piensa en «cómo transitar hacia la oposición» porque en esta convención «se protege solamente al ‘Sanchismo'».

Ante ello, ha afirmado, «el PP de la mano de Pablo Casado está dispuesto a suplir este espacio que abandona el PSOE y acoger a todos los socialdemócratas desencantados por la deriva hacia la que está yendo el PSOE».

«El PP -ha explicado Gamarra- pasa a ser así el único gran partido defensor de la separación de poderes y de los principios constitucionales, de la igualdad y la unidad de todos los españoles y de esos valores que representaron la transición y que queremos seguir defendiendo frente a la amenaza del ‘Sanchismo’ que quiere dos Españas y la división entre españoles».

En este punto, Gamarra ha criticado las palabras de Sánchez cuando dice que España avanza porque «no son ciertas. Con su nefasta gestión estamos yendo en la dirección contraria a lo que los españoles merecen». Ante ello, ha asegurado, «el PP está dispuesto a caminar con un partido que se abre para construir un futuro de verdad para España».

Así las cosas, ha indicado, «invitamos y abrimos nuestro partido a los constitucionalistas y a todos los socialdemócratas que están desencantados, todavía más después de este Congreso».

«Pedro Sánchez sabe lo que se le viene encima y que detrás de sus mentiras, soberbias e ineficacias está el final de un ciclo político que, como bien demuestran los estudios demoscópicos, ya están en marcha», ha asegurado Gamarra.

Gamarra ha criticado, además, que este Congreso socialista haya servido como «escudo político» para Pedro Sánchez mientras que «no existe el escudo social» para los españoles. «Detrás de esa expresión lo que están son los efectos de la nefasta política económica de Sánchez».

La disminución de la partida destinada a los españoles en el extranjero dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 es en buena medida un reflejo de una cuestión demográfica: el cada vez menor número de ‘Niños de la guerra’ que quedan vivos.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, esta semana durante la presentación de los Presupuestos correspondientes a su departamento.

«El año que viene contamos con algún ajuste en alguna partida concreta, la razón fundamental de esta disminución se debe a una cuestión demográfica. Buena parte en la que se centra esa reducción tiene que ver con las prestaciones económicas a los conocidos como ‘Niños de la guerra’, hay una reducción lamentable, evidente, por razón de edad en el número de perceptores», ha subrayado Perea.

En concreto, se refiere a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil, conocidos como ‘Niños de la Guerra’, que tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil.

Se calcula que alrededor de 33.000 menores fueron enviados a Francia (20.000), Bélgica (5.000), Gran Bretaña (4.000), la Unión Soviética (2.900), Suiza (430), México (463) y Dinamarca (100) para evitarles el sufrimiento y las penurias de la Guerra Civil.

Esos niños reciben una prestación económica de España que aparece recogida en los Presupuestos Generales del Estado pero aquellos que eran menores en 1936, hoy en día son octogenarios o nonagenarios y algunos ya han fallecido.

«Eso tiene un impacto presupuestario, este año la reducción que planteamos a nivel presupuestario, aun siendo prudente, está por encima de lo que pueda ser la reducción final, pero creíamos que teníamos que presupuestar una cantidad que, siendo menor, tenía que ser coherente. Aun así, mantenemos un margen holgado para atender los compromisos contraídos con un colectivo tan simbólico para nuestro país en el exterior», ha subrayado el secretario de Estado de Migraciones.

En concreto, para 2022, el crédito para atender a este colectivo es de 4 millones de euros, 400.000 euros menos que la cantidad recogida en los Presupuestos para 2021, una cantidad que se ha reducido a la mitad con respecto a hace una década. Para 2012 se destinaron 8,8 millones de euros para esta partida.

MÁS DE 5.000 NIÑOS FUERON A BÉLGICA

En una jornada organizada el pasado mes de marzo de 2021 por la Embajada española en Bruselas se homenajeó a la sociedad belga por su acogida de más de 5.000 niños evacuados de la guerra civil española en familias de todo el país.

Entre otros ‘Niños de la Guerra’, contó su testimonio Dolores, que pasó «tres días sin parar de llorar debajo de una mesa» al llegar al país de acogida porque la habían separado de sus hermanos. Más adelante, sus padres adoptivos acogieron también a su hermana.

La historiadora Alicia Alted explicó durante la jornada que los momentos álgidos de la evacuación de estos niños coincidieron con la caída del País Vasco y Asturias, aunque precisó que en las expediciones también había niños y niñas de Madrid, Aragón y toda la costa Mediterránea.

Las evacuaciones se concibieron «con carácter provisional», motivo que explica por qué «los padres, en gran medida, dieron su consentimiento», aunque la experta también precisa que en muchos casos los progenitores habían muerto o estaban desaparecidos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este domingo las reuniones entre presidentes autonómicos de PP y PSOE para debatir el modelo de financiación, como la convocada por el gallego Alberto Núñez Feijóo, y ha recalcado: «Ni recibimos ni se admiten consignas de Ferraz».

«En mi partido, ningún dirigente ni nadie ha dicho a los presidentes autonómicos lo que tienen que hacer», ha garantizado a su llegada al último día del 40 Congreso del PSOE, después de que el mandatario extremeño, el también socialista Guillermo Fernández Vara, haya defendido que «probablemente» haya que aplazar el encuentro convocado por Feijóo (PP) para el 2 de noviembre con varios presidentes porque antes deben reunirse.

Page ha remarcado que «la fecha es lo de menos» y que lo importante es que continúe el «foro» entre presidentes de PP y PSOE que defienden el mismo criterio en la financiación. «Tenemos muy claro el Estado de las autonomías, un partido que se llama federal asume claramente que tiene que defender las posiciones de cada territorio», ha aseverado.

Pero más que un planteamiento «ideológico», ha insistido en que la financiación se basa en un criterio territorial. «Ha sido así desde el principio de los tiempos y no creo que pueda cambiar», ha augurado, mientras vería grave no poder sentarse con presidentes de otro partido cuando comparten «el mismo problema y la misma visión».

Es algo que ha comparado con el acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos judiciales salvo el Poder Judicial. «Eso es bueno, no tiene vuelta de hoja», ha zanjado, para añadir que le preocuparía que «los presidentes del Partido Popular postergaran los intereses de su tierra por consignas de Génova».

A partir de ahí, tras felicitar a Vara por ocupar «una secretaria importante» en la nueva Ejecutiva del PSOE como la de Política Territorial, ha respaldado su postura de ir con una «cohesión previa» al encuentro en Santiago de Compostela. «No tanto como socialistas», ha remarcado, sino como presidentes autonómicos.

Esa reunión, a su juicio, será positiva «para España» al igual que lo fueron las conferencias de presidentes durante la pandemia, «de un signo u otro, incluido Torra, con una actitud absolutamente constructiva».

A PUIG: «ES UN PROBLEMA DE TAMAÑO»

En el caso del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Page ha garantizado que hablarán y que él no tiene «ningún problema». «Evidentemente, pensamos de forma distinta. Es un problema de tamaño», ha dicho.

El Pleno del Congreso debate este martes, a instancias de EH-Bildu, convertir en permanentes las medidas contempladas en el llamado ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno de coalición durante la pandemia de Covid-19 en materia de vivienda y suministros básicos.

Esta es la reivindicación que Bildu elevará a debate y someterá a votación en la Cámara Baja, en plena tramitación presupuestaria, y cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos busca volver a contar con sus votos y reeditar los apoyos de las anteriores cuentas.

Para ello, esta formación ya ha advertido de que, además de inversiones territoriales, espera conseguir avances en derechos sociales, atendiendo especialmente a la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

La iniciativa que defenderán ante el Pleno apuesta por impedir los cortes de suministro de energía y agua en casos de vulnerabilidad, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el aplazamiento de la renta del alquiler en situaciones de vulnerabilidad cuando el propietario sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor.

ELEVAR LA MEDIDA AL RANGO DE «DERECHOS PERMANENTES ADQUIRIDOS»

En su iniciativa, Bildu señala que estas medidas, insuficientes pero eficaces para salvaguardar derechos básicos, caducarán el próximo 31 de octubre, pese a que las situaciones de desprotección aumentan «drásticamente».

Por ello, considera que las principales medidas del llamado ‘escudo social’ «siguen siendo necesarias a día de hoy y lo serán en el futuro», sobre todo si se tiene en cuenta que, según sus cálculos, la finalización de la moratoria antidesahucios desencadenará unos 80.000 desalojos, «un auténtico escándalo que se debe impedir».

Por ello, la izquierda abertzale apuesta por que estas medidas extraordinarias y temporales se conviertan en estructurales y se eleven al rango de «derechos permanentes adquiridos» de la ciudadanía y las personas más vulnerables frente a «los intereses económicos y especulativos alrededor del mercado inmobiliario y las empresas proveedoras de suministros básicos».

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha declarado este domingo «encantado» con su nuevo cargo de secretario para la Reforma Constitución y Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. «Voy a dejarme todo para estar a la altura de lo que piden los compañeros», ha comentado.

A su llegada a la última jornada del 40º Congreso Federal del PSOE, Bolaños ha asegurado que es un «enorme honor» ocupar ese puesto y ha garantizado que el Gobierno y la cúpula del PSOE ya estaban coordinados y así seguirán también con su presencia y la de otras cinco ministras en la nueva Ejecutiva.

Además, ha aprovechado para agradecer al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el cariño que le ha demostrado apodándole «Súper Bolaños», pero ha indicado que pese a los ‘superpoderes’ que le atribuye el ex dirigente socialista él prefiere seguir «pasando por debajo del radar» que tienen que atravesar todos los militantes para entrar en el cónclave.

También han mostrado su satisfacción por sus nuevos cargos de vocales de la Ejecutiva la ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez y la responsable de Educación, Pilar Alegría, así como la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que estará al frente de una secretaría ejecutiva con el mismo nombre.

UNIÓN PARTIDO Y GOBIERNO

Rodríguez ha destacado que «necesariamente el partido y las instituciones tienen que estar unidos» por lo que considera un acierto la entrada de seis ministros en la Ejecutiva, mientras que Alegría ha recalcado que una vez más el PSOE ha demostrado que es «un partido para la sociedad».

Ambas han subrayado que el PSOE ha sido «siempre una gran familia», aunque Alegría ha reconocido que les gusta «debatir y escucharse».

También Morant se ha mostrado «muy orgullosa y muy agradecida» por la confianza que ha depositado en ella Pedro Sánchez. «Para mí este partido ha significado la evolución de este país al estado del bienestar. Que personas de familias humildes como la mía hayan podido cumplir los sueños de su vida es gracias al PSOE», ha manifestado.

Cristina Narbona, que sigue como presidenta del PSOE en el nuevo equipo ha destacado que cuando gobierna el PSOE, el Ejecutivo y el partido tienen que estar «claramente alineados» para que la conexión de la organización con la sociedad «mejore la acción del Gobierno».

Preguntada sobre la nueva responsabilidad de Bolaños, Narbona se ha mostrado convencida de que «alguna vez la Constitución se reformará». «Una reforma de la Constitución en el sentido de reformar derechos formará parte de nuestro impulso», ha indicado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que sale del 40 Congreso Federal del PSOE «mejor» de lo que entró el viernes, sobre todo comparando la situación del partido con la de hace cuatro años. «Estábamos abiertos en canal, es algo legítimo y pasa de vez en cuando», ha recordado, y ha querido dejar claro que hoy todos los socialistas están «más cómodos».

De hecho, ha augurado que el PSOE está situado ahora «en una nueva legitimación de la Constitución del 78 adaptada a los tiempos de hoy». «Estamos preparados para los cambios que haya que plantear, incluso en la Constitución de manera consensuada», ha declarado a su llegada al último día de cónclave en Valencia.

Page ha abogado así por estudiar cualquier cambio «sin frivolizar y sin cuestionar nada de lo esencial de la Constitución», defendiendo que el Partido Socialista «en buena medida» se ha reivindicado como una de las espinas dorsales de la Carta Magna.

En general, ha valorado que la nueva Ejecutiva «va en la sintonía de los movimientos que lleva haciendo Pedro Sánchez en los últimos meses», que cree que van en la dirección correcta, y que el 40 Congreso «claramente ha sido útil para el país».

«Afortunadamente, no hemos perdido nada de tiempo en debates orgánicos y de personas», ha resaltado, lo que a su juicio se espera de un partido que está gobernando y que «por supuesto no puede permitirse ninguna frivolidad».

PARTIDO ESPONJA

Tras recordar que el PSOE en su momento «peleó por los liderazgos e incluso por su modelo», Page ha hecho hincapié en que hoy hay más «dosis de cohesión», algo que ve importante en «un partido que presume de tener muchas opiniones y que convive con ellas sin problemas; un partido esponja».

En clave autonómica, ha valorado positivamente la presencia castellanomanchega en la nueva Ejecutiva, con dos personas de su «máxima confianza» como la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, como vocales. Es más, ha destacado que esta vez le hayan consultado a él para dar su opinión previa.

La secretaria nacional del PP de Agricultura y Despoblación, Milagros Marcos, ha acusado al Gobierno de «olvidarse de las zonas despobladas» en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha señalado que los «ataques permanentes» del PSOE al mundo rural están provocando la unión de plataformas en defensa de lo que denominan la ‘España vaciada’ para intentar lograr representación institucional.

«El problema es que estas plataformas surgen para defender su cocido porque ven que el PSOE se lo está quitando», ha asegurado Marcos en una entrevista, después de que el pasado mes de septiembre la III Asamblea General de la España Vaciada, que agrupa a más de 150 asociaciones de 30 provincias, acordase buscar una fórmula para concurrir a las elecciones y llevar su voz a las instituciones.

Marcos, que es diputada del Grupo Popular por Palencia, ha afirmado que el PSOE se ha «olvidado del municipalismo» y ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que no les hayan «cedido nada de los fondos Next Generation» o que en un principio ni se les dejara «utilizar sus ahorros». «El PSOE no cree para nada en el municipalismo, pero sobre todo, no cree para nada en lo rural», ha sentenciado.

Al ser preguntada si el PP teme una fuga de votos hacia esa plataforma de la España vacía y qué hará su partido para atraer a votantes de zonas despobladas, Marcos ha subrayado que a su formación «lo que le preocupa es el problema de la despoblación» porque es un «partido de Estado, que cree en la España rural».

A renglón seguido, ha enumerado algunas de las medidas que plantea Pablo Casado para frenar la despoblación, como reducir impuestos, facilidades para adquirir una vivienda, conectividad, fiscalidad diferenciada, impulsar la agroalimentación o ayudar a las empresas para que se instalen en el medio rural. «La gente no quiere vivir de un subsidio sino que quiere un trabajo digno y buen remunerado», ha agregado.

UNA FINANCIACIÓN QUE TENGA EN CUENTA LA DISPERSIÓN

Marcos ha explicado que para que haya una garantía de servicios en las zonas despobladas «la clave está en un modelo de financiación autonómica que atienda precisamente el coste de los servicios en estos territorios». «Estamos hablando de que la financiación tenga en cuenta el envejecimiento de la población, la dispersión y el coste diferencial de los servicios básicos», ha resaltado.

Dicho esto, ha denunciado que las autonomías más despobladas, como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, estén a la cola en inversión por kilómetro cuadrado en las cuentas públicas que ha presentado esta semana el Gobierno. «55 millones de euros para toda España y no priorizan las comunidades con zonas despobladas en nada», se ha quejado.

Tras asegurar que el sector primario es el que «más población arraiga en el medio rural», ha censurado la actuación estos meses del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con «recortes» a la Política Agraria Común (PAC) y «ataques» al consumo de carne.

UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

La dirigente del PP ha recordado que Pablo Casado ya ofreció a Pedro Sánchez en 2019 un Pacto de Estado contra la despoblación y ha subrayado que ahora está planteando además medidas concretas en temas clave que preocupan a los ciudadanos, como «reducir la factura de la luz», dado que hay empresas que están «cerrando al no poder mantener los costes eléctricos».

Marcos, que ha dicho que no le gusta hablar de «la España vaciada» y que prefiere hablar de la España «de las oportunidades», ha indicado que el reto demográfico es «un problema muy serio» que «necesita de una política de Estado que garantice el equilibrio en todas las zonas del país» y un Gobierno «comprometido», algo que, a su juicio, no ocurre ahora con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno «no ha escuchado» a los municipios y al territorio y eso es lo que está provocando que «surjan estos movimientos razonables de gente que quiere defender su tierra» porque «se siente ninguneada».

«Están viendo que ni se les escucha, ni se les da participación ni hay medidas reales en la lucha contra la despoblación por parte del Gobierno», ha enfatizado. A su entender, este asunto debería ser «una política nacional de primer orden» y al no ser así hace que «surjan defensores de lo suyo».

CRITICA LA DESCENTRALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado la descentralización de instituciones que plantea Pedro Sánchez y ha afirmado que es «una forma de encubrir otros acuerdos que debe tener» con sus socios de Gobierno. A su entender, ésa no es la solución para el medio rural «en ninguno de los casos».

«Descentralizar la administración no es la solución. Lo que es solución es escuchar al medio rural, reducir impuestos, poner fiscalidad diferenciada en el medio rural para que sea más fácil montar una empresa y ayudar al sector primario, que está en la calle y se está manifestando en toda las comunidades en este momento», ha manifestado.

Además, la responsable de Agricultura y Despoblación del PP ha urgido a reformar el modelo de financiación autonómica para que las zonas despobladas puedan tener «servicios y las autonomías se lo puedan permitir y pagar». En su opinión, «no se trata de poner organismos y obligar a vivir en una zona porque eso no da resultado» sino que hay que «generar las condiciones favorables para que la gente elija vivir donde ahora no está eligiendo».

«¿Quieren trasladar órganos y no son capaces de conseguir que haya médicos en el medio rural para atender los consultorios que ya existen? Que empiecen por la base», ha solicitado, para añadir que es necesario un «MIR amplio para que haya médicos a los que poder contratar en las zonas despobladas».

INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO

La diputada del PP ha censurado que, en vez de crear empleo juvenil, cuando España tiene «la tasa de paro joven más alta de Europa», los PGE recojan el bono cultural de 400 euros al cumplir los 18 años, una medida con la que, a su juicio, Sánchez busca «conseguir votos». «Esto no es una medida para ayudar a la industria cultural», ha enfatizado.

Finalmente, Milagros Marcos ha señalado que, igual que el año pasado, el PP volverá a presentar enmiendas relativas a las infraestructuras de regadío porque «donde hay un regadío, hay un 40% más de población y se incorporan al campo un 60% por ciento más de jóvenes».

Los presidentes, diputados y consejeros de las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares, es decir los cargos electos de estas administraciones, recibieron en el año 2020 una retribución total de al menos unos 53,4 millones de euros, según consta en la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado esta semana la actualización de las retribuciones anuales de los cargos electos tanto en los ayuntamientos como en estas administraciones provinciales. De este modo, a falta de que aún remitan la información la Diputación de Cuenca y el Consejo insular de Formentera, el total de sueldos públicos de los cargos electos en estos Gobiernos provinciales es de 53.335.672,07 euros.

En concreto, los presidentes de las Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares percibieron en el 2020, el año más duro de la pandemia del Covid-19, un total de 3,6 millones de euros, según estos datos facilitados por el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Así, el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, fue el presidente provincial que en el año 2020 obtuvo una mayor retribución, llegando a cobrar un salario anual de 111.249,36, un 31% más que el sueldo de ese ejercicio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ascendió a 84.845 euros anuales.

Tras Unai Rementeria, se sitúan la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, que cobró en el año 2020 un total de 106.916,74 euros, y el diputado general de Álava, Ramiro González, con una retribución de 100.487,93 euros anuales.

HUELVA, SORIA Y MENORCA, LOS QUE MENOS

En el lado contrario se sitúan los presidentes provinciales de Huelva, Soria y Menorca, contando aquellos presidentes de Diputación, Consejos y Cabildos insulares que tienen una dedicación exclusiva.

En concreto, la Presidencia de la Diputación de Huelva (hubo cambio de titular por la renuncia en 2020 del antiguo presidente) tiene un salario anual de 53.598,59 euros. En el caso del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano Mata, cobró en 2020 un salario de 57.750 euros, mientras que la presidenta del Consejo insular de Menorca, Susana Mora, percibió 59.119,76 euros el ejercicio pasado.

Según estos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, hay también dos presidentes de Cabildos insulares –El Hierro y La Gomera– que percibieron un salario inferior, pero se encuentran en un régimen calificado como «sin dedicación».

49,7 MILLONES PARA DIPUTADOS Y CONSEJEROS

Por su parte, los diputados y consejeros de estas Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares, los otros cargos electos de estas administraciones provinciales, percibieron en el año 2020 una retribución total de 49.712.522,79 euros.

Como sucede con el salario de sus presidentes, las Diputaciones de Vizcaya, Barcelona y Álava son también las que dan una mayor retribución a sus diputados. En concreto, cada uno de los nueve diputados de la Diputación Foral de de Vizcaya percibieron en el año 2020 una retribución de 96.302,92 euros.

Por su parte, hay once diputados de los cincuenta que conforman la Diputación de Barcelona que cobraron en 2020 un salario de 95.779,88 euros anuales. Luego hay catorce de esos cincuenta que percibieron 85.276,80 euros anuales, dos diputados con un sueldo de 63.597,60 euros anuales, uno con 57.097,46 euros anuales y otro con 43.491,00 euros anuales. El resto, ya en régimen «sin dedicación» cobran distintos salarios.

En el caso de los nueve diputados de la Diputación Foral de Álava, percibieron en el 2020 una retribución entre 95.820,68 y 91.097,77 euros anuales.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha agradecido este domingo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la «confianza» que ha depositado en la federación andaluza a la hora de conformar la nueva Comisión Ejecutiva Federal que saldrá del 40 Congreso federal celebrado en Valencia.

El PSOE-A contará con nueve miembros en la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entre los que se encuentra Juan Espadas como miembro nato en virtud de su nuevo cargo de presidente del Consejo de Política Federal.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Congreso Federal, Juan Espadas ha manifestado que están muy «contentos» y «agradecidos» a Pedro Sánchez por esa presencia andaluza en la nueva Comisión Ejecutiva Federal.

«Una confianza que le devolveremos con trabajo, con compromiso y con implicación», según ha indicado Juan Espadas, quien ha señalado que se trata de un grupo de hombres y mujeres muy valioso y con experiencia, donde cabe resaltar la procedencia municipalista de seis de ellos.

«Somos consecuentes con el mensaje y el proyecto que también desde Andalucía estamos poniendo en valor, como es la importancia de la proximidad y la política cercana a los ciudadanos», ha indicado Espadas.

Ha agregado que ayer se vivió un día emocionante en el Congreso Federal, con intervenciones «que recordaremos siempre» y con un trabajo en las comisiones que pudo concluirse con práctica unanimidad en casi todas las cuestiones, fruto de un debate muy constructivo y muy claro sobre nuestras posiciones en cada uno de los temas.

«Aquí hay un solo proyecto del PSOE, y en Andalucía es el proyecto de Pedro Sánchez y Juan Espadas», ha sentenciado.

Asimismo, el dirigente socialista ha querido trasladar su respaldo a las movilizaciones que se están produciendo en Andalucía en estos días en defensa de la sanidad pública y la necesidad urgente de recuperar la presencialidad en la atención primaria y en defensa también de una educación de calidad.

A su juicio, la educación y la sanidad con el mejor barómetro en las calles de cuál es el descontento ahora mismo de la ciudadanía, lo que debería llevar al actual Gobierno andaluz a ponerse a trabajar y gobernar, en lugar de «ocultarse» tras la pandemia del coronavirus.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participarán este lunes en la apertura de unas jornadas dedicadas a la ley de vivienda, que organizada por Unidas Podemos.

De esta forma, mostrarán así la posición común de la confluencia sobre uno de sus principales logros de esta legislatura, el impulso de una normativa que incluye la regulación del alquiler y que condicionaba al acuerdo con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado.

La cita tendrá lugar este lunes y martes en el Congreso y versará sobre el «cambio de paradigma» que supondrá la futura normativa sobre vivienda acordada con el PSOE tras casi un año de negociación entre los socios de coalición.

La imagen de estas tres destacadas dirigentes de la mesa confederal de Unidas Podemos juntas tendrá lugar tras el revuelo provocado por el acto que organiza Iniciativa, el partido de la vicepresidenta valenciana y dirigente de Compromís Mónica Oltra, al que se ha invitado a Díaz, Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García.

Diferentes actores implicados al mismo desvinculan esta cita a proyectos de confluencia o plataformas. De esta forma, sí circunscriben su impacto a una reflexión sobre ideas y experiencias políticas bajo liderazgos femeninos.

De esta forma, se persigue un evento sin siglas y tampoco se hablará ni de listas ni se abordará la situación de posibles alianzas entre partidos, pues las participantes que acudan expondrán su visión personal de determinadas políticas.

«Simplemente vamos a sentarnos y escucharnos, hablar de ideas, esa es la cuestión. Lo que venga después no lo sé, pero el ánimo no es ese: es escuchar», zanjó Oltra.

CARGOS DE UP Y ACTIVISTAS EXPONDRÁN SU VISIÓN EN VIVIENDA

Destacados dirigentes del espacio confederal intervendrán en este foro, como es el caso del vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, junto a los diputados Rafa Mayoral, Gerardo Pisarello, Miguel Bustamante y Pilar Garrido.

También participarán otros cargos de la esfera municipal para detallar sus experiencias en esta materia, como la edil de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz.

El activismo contará con una nutrida representación con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, y la integrante de la coordinadora de Vivienda, Laura Barrios, que expondrán su visión sobre desahucios y emergencia habitacional junto con la secretaria estatal de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto.

Además, participará el secretario de Juventud y Nuevas Realidades en el Trabajo del sindicato CCOO, Carlos Gutiérrez, y también habrá espacios de debate sobre el urbanismo sostenible, sobre el papel de la justicia en el derecho a la vivienda, o sobre la experiencia alemana tras el referéndum celebrado en Berlín sobre la expropiación de vivienda a grandes inmobiliarias, entre otros.

RESPALDO DE PODEMOS A LA ESTRATEGIA DE DÍAZ

Durante la pasada ‘Universidad de otoño de Podemos, evento al que no asistió Díaz por un compromiso personal, la formación morada destacó que se logró «sacar adelante» la nueva ley acordada en el seno de la coalición, a pesar de que el PSOE fue «muy permeable a los fondos de inversión.

En este foro de rearme ideológico del partido también se respaldó en la clausura de su ‘Universidad de otoño’, la estrategia de frente amplio progresista, bajo el liderazgo de la titular de Trabajo, que permita desbancar al PSOE como fuerza hegemónica de izquierda.

Tanto Belarra como el exlíder del partido Pablo Iglesias avalaron esta opción. El exvicepresidente dijo estar convencido de que la nueva dirección sabrá acompañar a Díaz y reivindicó el patrimonio político de la formación morada para forjar confluencias y sumar.

El director del Instituto 25M y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, apoyó también esa estrategia de ensanchamiento, destacando que esta organización debía ser la «nave nodriza» de dicho frente porque «siempre ha sumado».

MEDIDAS DE LA LEY

La propia Belarra ha destacado que la futura ley marca que grandes propietarios con personalidad jurídica (10 o más viviendas) tendrán que bajar por ley el precio del alquiler en base a índices de referencia en zonas de mercado tensionados.

Asimismo, desglosó que los pequeños propietarios congelarán precios pero les ayudarán con incentivos fiscales, de hasta el 90%, para que puedan bajar también las rentas a sus inquilinos.

También destacó que se retirarán, en el marco presupuestario, los «privilegios fiscales» a las Entidades de Alquiler de Vivienda, pues las bonificaciones en el impuesto de Sociedades pasarán del 85 al 40%, es decir, una bajada de más de la mitad de las exenciones que se permiten desde 2014.

Todo ello, además, complementado con un bono de vivienda de 250 euros con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda en alquiler y a la cláusula para reservar el 30% de nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual la mitad se desplegará en alquiler social.

Los Reyes ofrecerán este lunes a los embajadores iberoamericanos acreditados en Madrid un almuerzo como ya es tradicional al término de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo.

El almuerzo se produce menos de una semana después de la fiesta del 12 de Octubre que ha servido de acicate para volver a reabrir el debate en torno a la Conquista de América y el legado de España en el continente.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en los últimos años en el principal portavoz de quienes consideran que España debería pedir perdón por los abusos cometidos sobre la población indígena por los conquistadores, pero a él se han sumado también otros dirigentes iberoamericanos.

El último de ellos ha sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, al igual que en 2019 hiciera López Obrador, ha enviado una carta a Felipe VI en la que en su caso plantea la creación de una comisión de la verdad y una «rectificación» de cómo se sigue viendo la Conquista, denunciando que al igual que con el cambio climático existe una corriente «negacionista» que no quiere ver el «genocidio» cometido.

Aunque Don Felipe no se ha pronunciado directamente sobre la petición de perdón que en su día le trasladó López Obrador ni tampoco sobre la carta remitida este jueves por Maduro, el monarca sí que ha hecho en varias ocasiones una defensa de la historia compartida y del legado español.

Durante la visita a España del presidente colombiano, Iván Duque, el pasado 16 de septiembre, el Rey puso en valor el pasado compartido entre los dos países. «Ni España ni Colombia pueden comprenderse sin ese pasado común que nos define y que dio origen a un legado conjunto de valores, a visiones afines del mundo en las que españoles y colombianos nos reconocemos como miembros de la gran familia iberoamericana», sostuvo.

Ese pasado compartido se manifiesta en el «patrimonio histórico compartido» y que incluye «desde nuestra lengua común hasta la huella histórica que nuestros distintos pueblos han ido dejando a través de los siglos», agregó Don Felipe.

REUNIÓN DEL PATRONATO

Al almuerzo con los Reyes asistirán, además de los embajadores iberoamericanos, los miembros del Patronato del Instituto Cervantes, que mantendrán una reunión previa durante la que además está prevista la entrega por primera vez del Premio «Ñ» a Barbara Fuchs, profesora de la Universidad de California (UCLA, en Los Ángeles), autora de numerosos libros y fundadora de una iniciativa para el conocimiento del Siglo de Oro español.

En el encuentro del Patronato participan, además de Don Felipe y Doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los ministros de Educación, Pilar Alegría, y de Cultura, Miquel Iceta, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, Pilar Cancela.

Asimismo, según ha adelantado el Instituto Cervantes en un comunicado, está prevista la asistencia del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; los premios Cervantes Sergio Ramírez e Ida Vitale; el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso; el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez; los rectores de las universidades de Salamanca, Granada y Nacional Autónoma de México (UNAM); y los directores del Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú) y del Instituto Caro y Cuervo (Colombia).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebrará este martes 19 de octubre la votación y fallo de los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox en julio de 2020 contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público.

El alto tribunal mantiene este asunto sobre la mesa tras inadmitir de plano la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno.

Esta decisión se adoptó el pasado mes de enero en el caso del recurso del PP, cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso del alto tribunal rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia», algo que ocurrirá esta semana según señalaron fuentes de este órgano.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque «la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que invoca el partido político recurrente, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo».

Ante este argumento de los Servicios Jurídicos del Estado, sustentados en la propia jurisprudencia de la Sala, el PP respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle «respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso» en los que los populares son parte.

Añadía que además, como primer partido de la oposición, que el PP debía ejercer control sobre los «actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional».

En la demanda que presentó en el verano de 2020, el PP solicitaba la anulación el real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

RECURSO DE VOX

El partido que lidera Santiago Abascal, por su parte, fundamentó su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», ya que «expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad».

Así, solicita la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general. Este asunto se resolverá igualmente el próximo 19 de octubre, señalan las fuentes consultadas.

Fuentes de Vox señalaban que han solicitado mediante un escrito al alto tribunal que sea el Pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y no únicamente los seis magistrados de la Sección Cuarta a los que ha correspondido el asunto los que se encarguen de esta cuestión.

Entre las razones, según las mismas fuentes, estarían la trascendencia y relevancia de los efectos que podría tener la estimación de la anulación del nombramiento de Delgado. La ley permite que el presidente de la Sala remita el asunto de cualquiera de sus Secciones al Pleno si así lo estima necesario.

La exvicepresidenta primera Carmen Calvo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el resto de dirigentes socialistas que han dejado formar parte de la Ejecutiva del PSOE, como el ex asesor en Moncloa Paco Salazar, pasarán ahora a ser miembros del Comité Federal en la nueva etapa que afrontar el partido tras el 40º Congreso Federal que se celebra en Valencia.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acometido una importante renovación de la denominada Comisión Ejecutiva Federal, en la que solo repiten doce personas –incluido él– de las elegidas en el 39º Congreso de 2017. De los salientes, la mayoría cambia su asiento en el núcleo duro de Ferraz por un puesto en el Comité Federal –el máximo órgano de dirección entre Congresos que se reúne, al menos, dos veces al año–.

El órgano estará presidido por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que hasta ahora formaba parte de la Ejecutiva. Y la persona que encabeza la lista elaborada por Sánchez para someterla al voto de los delegados es Carmen Calvo, la que fuera su mano derecha en Moncloa como vicepresidenta primera, hasta la intensa crisis de gobierno que acometió el julio.

Si en su Ejecutiva Sánchez ha integrado a seis ministros de su Gobierno, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños, en el Comité Federal también le ha reservado un puesto a otros cinco miembros de su Gobierno: el de Exteriores, José Manuel Albares; el de Agricultura, Luis Planas; la de Transportes, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; la de Industria, Reyes Maroto. También estará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En el Comité Federal también estará ahora el que fuera director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. Como él, cambian su puesto en la Ejecutiva por uno en el Comité Federal otros dirigentes como el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, Mª Luisa Faneca López, Antonio Ferrer, Iban García Blanco, Begoña García Retegui, Isaura Leal Fernández, Hugo Morán, Francisco Polo, Oscar Puente, Susana Ros, Mónica Silvana, Susana Sumelzo, Magdalena Valerio, el todavía líder de Juventudes Socialistas Omar Anguita u Odón Elorza.

La corriente Izquierda Socialista ha conseguido cuatro representantes en el Comité Federal, pero ninguno en la Ejecutiva. El que fuera su único dirigente en el núcleo duro, Andrés Perellón, se ha quedad fuera de la Ejecutiva y pasará a formar parte del Comité, junto a Manuel Mata, Michel Montaner y Carmen Castiñeira.

En concreto, Sánchez ha presentado una lista de 107 personas para el Comité Federal. Según los estatutos, el Congreso Federal solo elige a un tercio de los integrantes, por el voto directo y secreto de los delegados. Otro tercio del número total de miembros del Comité Federal será elegido a partir de ahora en los Congresos Regionales o Nacionales; y el último tercio por el voto individual directo y secreto de los y las militantes del PSOE y afiliados/as directos/as.

Además, forman parte como miembros natos los miembros de la Ejecutiva; los secretarios generales autonómicos; los portavoces parlamentarios; el coordinador general del Consejo Político Federal; o el presidenta de la FEMP, siempre que ostente la condición demilitante del PSOE. Y pueden asistir como invitados los presidentes autonómicos y los ex secretarios generales.

Por otra parte, los nuevos miembros del Comité de Ética y Garantías son la diputada Mª Luisa Carcedo, como presidenta; el exdiputado andaluz Rafael Román como secretario; y como vocales, Carmen Serván, Javier Rodríguez, Tirso Calvo.

La Audiencia Nacional juzga a partir de este viernes a Abdelkader E.L.E., un hombre acusado de apoyar a la organización terrorista DAESH y de realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social Instagram.

Abdelkader, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión por un delito de enaltecimiento terrorista, habría difundido una serie de imágenes y videos que incitaban a la violencia contra los cuerpos policiales y otros de temática relacionada con el radicalismo violento islámico.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10 años. Y, por último, la medida de libertadvigilada por tres años.

Alternativamente, la Fiscalía propone que le sea impuesta por el delito de auto adoctrinamiento terrorista la pena de dosaños y tres meses de prisión.

Con 687 seguidores en la red social, Abdeldaker tenía como foto de portada la frase ‘Nadie os va a tocar mientras yo esté con vida’. Más abajo, en su muro, una serie de fotografías: un jinete a lomos de un caballo portando un fusil Kalashnikov, una persona que simulaba apuntar a un agente de policía por la espalda e incluso una instantánea de Osama Bin Laden con una bandera de DAESH.

IMÁGENES DE LAS TORRES GEMELAS O NIÑOS SOLDADO

Así se recoge en el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, que también apunta a imágenes sobre el atentado de las Torres Gemelas, de muyahidines combatiendo y de niños uniformados y con armas.

La Fiscalía considera que esas publicaciones tenían la «finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización» consiguiera su «objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la Sharia», la ley islámica.

Además, la incautación en julio de 2019 de una serie de dispositivos electrónicos a Abdeldaker permitió a la Guardia Civil averiguar que el acusado trató de adquirir más conocimientos e imágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del DAESH.

Así las cosas, Abdeldaker seleccionaba desde internet o del material que recibía de otros usuarios el contenido de carácter yihadista que más se adecuaba a su ideología y procedía al tratamiento o edición de las imágenes para posteriormente compartirlo en Instagram y también en Facebook.

Los investigadores también encontraron en su teléfono más imágenes e, incluso, un contacto guardado con «grafía árabe», originario de Turquía y cuya imagen de perfil era una persona portando un arma corta, en posición desafiante.

El líder del PP, Pablo Casado, ha elegido el denominado ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno durante la pandemia del Covid para preguntar al presidente, Pedro Sánchez, en el Pleno de control del Congreso del próximo miércoles. Será este su primer ‘cara a cara’ parlamentario después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

«¿Considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás?», reza la pregunta que Casado ha registrado en el Congreso para Sánchez, quien ha venido reiterando desde el estallido de la crisis sanitaria que las medidas adoptadas por su Ejecutivo en el ámbito social y económico –o que llamaron ‘escudo social’– no dejarían a nadie a atrás.

Se trata, como viene siendo habitual, de un interrogante genérico que Casado aprovechará para interpelar al jefe del Ejecutivo sobre diversos asuntos, entre ellos es más que probable que por los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que el pasado miércoles aterrizaron en el Congreso entre críticas, entre otros, del propio PP.

EN 24 HORAS SE FRAGUÓ EL ACUERDO

Pero la importancia de este nuevo duelo parlamentario viene dada porque será la primera vez que uno y otro vuelvan a verse en el Congreso tras el acuerdo alcanzado esta semana pasada por el Gobierno y el PP para actualizar todos los órganos constitucionales caducados salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fue precisamente en la última sesión de control cuando el presidente de los ‘populares’ tendió la mano a Sánchez para esta renovación y 24 horas después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cerraban el acuerdo.

Está por ver si este consenso se ‘colará’ de una y otra forma en su habitual ‘duelo’ parlamentario. Quien sí que lo llevará al Pleno de este miércoles es Esquerra Republicana (ERC), socio del Gobierno en el Congreso.

En concreto, será la portavoz adjunta de este partido, Carolina Telechea, quien preguntará al Gobierno por qué considera que ha alcanzado «un buen acuerdo» sobre la renovación de los órganos constitucionales.

ABASCAL Y LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES

Además de Casado, Sánchez responderá a otras dos preguntas de la oposición, como es habitual. Por un lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá al presidente que especifique las medidas que piensa adoptar su Gobierno «para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España».

De su parte, el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, busca que Sánchez le diga «en qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Teruel Existe».

El Congreso tiene previsto concretar esta semana el plan de trabajo que llevará adelante en los próximos meses la comisión encargada de investigar el proceso de vacunación contra el Covid, que no prevé comenzar a recibir a los primeros comparecientes al menos hasta noviembre.

Dicha comisión, que preside el socialista gallego Guillermo Meijón, echó a andar el pasado día 7 –siete meses después de su aprobación por el Pleno de la Cámara– con la presentación de un borrador de trabajo por parte del PSOE.

Ese plan inicial de trabajo promovido por los socialistas se divide en tres bloques: Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas Covid; Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus posteriores actualizaciones; y Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus resultados.

A ese esquema inicial los grupos parlamentarios han presentado ya por escrito sus aportaciones o mejoras que serán precisamente las que se discutirán en la reunión que la comisión tiene previsto celebrar este próximo jueves, 21 de octubre.

Ciudadanos y Más País-Equo ya comentaron que el plan impulsado por el PSOE era demasiado «demasiado difuso» e «inconcreto» y se quejaron, en declaraciones, de que en el diseño de la investigación no hay mención alguna a las posibles irregularidades que han podido cometer. De hecho, ya avanzaron que enmendarían estas ‘deficiencias’.

Y es que tanto el PSOE como el PP no prevén incidir en que el Congreso investigue a las personas, entre ellas varios políticos de distinto signo, que se vacunaron contra el Covid saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, sino que lo que buscan es conocer todos los detalles de la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias.

Cabe recordar que Más País-Equo y Compromís registraron el pasado mes de febrero su solicitud para que el Congreso abriera una comisión de investigación para estudiar posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el Covid, a raíz de saberse que diferentes políticos, cargos públicos y altos cargos de la Administración del Estado, en su mayoría del PSOE y del PP, habían recibido «indebidamente» la primera dosis de la vacuna.

LOS COMPARECIENTES, A PARTIR DE NOVIEMBRE

Además de cerrar el diseño final de la investigación, la reunión de la comisión prevista para el jueves también servirá para que los distintos grupos parlamentarios comiencen a poner en común los nombres de las personas que pretenden que desfilen por este órgano.

En todo caso, según confirmaron fuentes parlamentarias, la lista definitiva con los nombres no se aprobará hasta una próxima cita de la comisión. Así las cosas, en principio no se prevé que llamen a nadie al menos hasta noviembre.

Teniendo en cuenta que el grueso de la población está ya vacunada, el PSOE subraya que esta comisión debe centrarse sobre todo en analizar el proceso de vacunación llevado adelante y aprender para otra ocasión. «Los casos puntuales no es lo más relevante», han defendido.

En la misma línea, desde el PP apuntan que la mayor parte de los políticos señalados por saltarse la cola de vacunación han dimitido y que esta comisión no debería servir para someterles a un «escarnio» público, sino para estudiar retrospectivamente lo que se hizo mal con el fin de que se puedan extraer lecciones de cara al futuro. «O sirve para sacar lecciones o, si no, no tiene ningún sentido», dijo recientemente el portavoz ‘popular’ de Sanidad, José Ignacio Echániz.

La iniciativa de Más País-Equo y Compromís que el Congreso aprobó en marzo fijaba como objetivos investigar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

También hablaba de hacer pesquisas sobre las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que hayan podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión nación con la intención de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de estos comportamientos irregulares.

Además, el texto aprobado en su momento llamaba a esclarecer «fallos en la ejecución del plan de vacunación, con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración esta semana a otros 10 investigados en la ‘Operación Titella’ y que guardan relación con la supuesta estafa que la red que presuntamente encabezaba el productor televisivo José Luis Moreno habría realizado a distintas entidades bancarias para obtener financiación.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha citado a los integrantes de la red que se habrían encargado supuestamente de acudir a las sucursales y, también, a los empleados de las mismas que habrían colaborado con la organización a la hora de realizar los ingresos.

Esta nueva ronda se iniciará el martes a partir de las 08.45 horas con la declaración de Javier Rumbo, a quien los investigadores sitúan como director de la oficina del Banco Santander en el Paseo de la Florida de Madrid. La policía judicial considera acreditada no solo la participación directa de este empleado en las operaciones fraudulentas de los investigados, sino también una actuación en su propio beneficio y el de sus amigos.

Así las cosas, Rumbo -que trabajaba a las órdenes de Antonio Salazar — habría concedido financiación a la organización a sabiendas de la actividad fraudulenta de esta, participando incluso en la confección de la documentación contable como balances o impuestos de las sociedades para asegurarse que se les iba a conceder la financiación.

COLABORADORES NECESARIOS

En un escalón inferior al de Rumbo los investigadores sitúan a Luis Peña, director de una oficina de Caja Rural de Soria en Torrejón de Ardoz, Miguel Méndez como director de la sucursal de Caixabank en la calle Pedro Laborde y Alejandro Aragones, un empleado del mismo banco en Paterna, en Valencia.

A todos ellos se les sitúa como colaboradores necesarios, empleados de banca captados por la organización y encargados de conseguir financiación, así como de encargarse de los ingresos en efectivo y de pagarés. La policía judicial solicitó permiso para entrar y registrar una serie de domicilios relacionados con los cinco investigados ante la sospecha de pudiesen estar escondiendo en los mismos elevadas cantidades dinero en efectivo.

Ya el miércoles el juez seguirá poniendo el foco en la estrategia seguida desde la red para obtener financiación. Y lo hará escuchando la declaración de José Luis Meseguer y Luis Ochoa, presuntos receptores de toda la documentación requerida por las entidades bancarias para la consecución de la financiación.

Ambos serían además los encargados de contactar con los bancos, agendar las entrevistas de los testaferros con los directores de las entidades y preparar las visitas a las sedes de las sociedades cobrando una comisión por cada una de las gestiones de Antonio Salazar.

ESTAFAS CON AYUDAS COVID

Esta dinámica no llevo solo a que la red obtuviese dinero de los bancos sino que, como apunta el oficio, el Estado también figura como perjudicado. Así, y a través de las entidades de crédito, la organización habría conseguido obtener multitud de créditos ICO–entre ellos ayudas COVID– como, por ejemplo, una de 10.000 euros en Murcia.

Meseguer y Ochoa contaban para sus planes con la ayuda de otros dos de los investigados, los hermanos Antonio y Daniel Polanco, encargados de conseguir financiación para una de las sociedades y utilizando a un testaferro que no sabía hablar castellano.

Los investigadores señalan que uno de los hermanos, Antonio, llegó a hacerse pasar por el «jefe de administración Javier Ruiz», una identidad inventada que le permitía acudir a las entidades bancarias haciendo de traductor y controlando que la sociedad consiguiera la financiación fraudulenta.

Antonio y Daniel también habrían recibido una comisión de las citadas ayudas COVID publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, unas cantidades que también percibieron Meseguer y Ochoa.

La última investigada en declarar ante el magistrado será Yamileth González, administradora de Klass Shop y que habría participado supuestamente en la obtención de financiación tanto personándose con Salazar en las distintas oficinas bancarias y firmando los productos. También habría participado en la simulación de actividad de las sociedades con la finalidad de engañar a los empleados de banca.

LA FISCALÍA CALCULA EN 85 MILLONES LA ESTAFA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el ventrílocuo habría estafado un total de 85 millones en diferentes bancos. Así se desprende de un informe del Ministerio Público de octubre de 2020 en el que se subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización, que estaría integrada –al menos en el momento en el que se redactó el informe– por 26 personas que se dedicaban a obtener dinero procedente de entidades bancarias «por medio del conocido sistema del peloteo de cheques o pagarés».

Añade que también lo obtenían «por medio de la concesión bajo engaño, o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito». Una vez tenían en su poder el dinero en metálico, lo transferían a terceros que justificaban ese desplazamiento por medio de facturas falsas, dice el fiscal. «Lograban de esta forma no sólo demostrar la aparente disposición del metálico y la insolvencia frente al banco, sino también su afloramiento o blanqueo», explica.

La Audiencia Nacional anda corta de espacio. Cada vez son más las macrocausas que desembocan en juicios multitudinarios donde se juntan decenas de personas que ahora además deben guardar la distancia de seguridad por el coronavirus, lo que ha desbordado las habituales sedes para causas penales de la madrileña calle de García Gutiérrez y San Fernando de Henares. Como remedio, la AN explora la posibilidad de expandirse.

El tribunal, encargado de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como los de terrorismo, crimen organizado o grandes fraudes y estafas, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Así, en 2009 inauguraba su sede en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados pensadas expresamente para albergar macrojuicios. Y, ya en 2015, el edificio de García Gutiérrez se modernizaba por completo ampliando además su superficie desde los 9.600 a los 11.500 metros cuadrados.

Sin embargo, ambos espacios empiezan a quedarse pequeños ante las crecientes necesidades de la AN. Así, fuentes jurídicas han indicado que está previsto que en 2022 se celebre un juicio que juntará a más de 130 personas sin que todavía se sepa cómo podrá llevarse a cabo para garantizar que todas estén presentes respetando las medidas anticovid.

El primer juicio por ‘Tándem’, que ha comenzado esta semana en San Fernando de Henares, es buena medida de las dimensiones de los procesos asumidos por la Audiencia Nacional. Únicamente en este juicio, donde solo se ventilan tres de la treintena de piezas que conforman esta macrocausa, se han juntado más de 30 acusados, incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a las que se añaden cerca de una decena de acusaciones, todos con sus respectivos letrados, más los fiscales y el propio tribunal.

Las fuentes jurídicas explican que, a corto plazo, ya se están estudiando distintas opciones para hacer posible ese macrojuicio señalado para 2022, si bien han apuntado que la Audiencia Nacional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para trasladar al departamento de Pilar Llop la necesidad de encontrar nuevos lugares que resuelvan de una vez por todas el problema.

UNA SECCIÓN QUINTA

Aunque no es el único. A las limitaciones físicas se suman las de personal, recalcan las mismas fuentes, expresando su malestar por el volumen de trabajo al que se enfrentan las cuatro secciones de la Sala de lo Penal, hasta el punto de llegar a plantear que, más allá de los refuerzos puntuales, se necesitaría una sección quinta.

La Sala de Gobierno de la AN reflejó esta situación en su acuerdo del pasado 20 de septiembre. Según el mismo, las secciones segunda y tercera habían solicitado que la juez de apoyo María Teresa García Quesada, que entró para sustituir a Juan Carlos Campo mientras era ministro de Justicia, se quedara como refuerzo. Finalmente, el pulso se decantó a favor de la 2ª porque allí las bajas médicas dejaron solo dos magistrados en activo, lo que hace «imposible» que el trabajo salga adelante.

La carga de trabajo se ha acrecentado con la acumulación de asuntos tras el parón obligado por la pandemia. Las fuentes exponen que, a los juicios ya señalados para 2021, se han sumado los aplazados en 2020, con lo que las últimas vistas están fijadas para finales de 2022. La mayor dificultad la entrañan, precisamente, los macrojuicios, que se desarrollan en numerosas sesiones complicando su encaje en un calendario copado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso para dar cuenta de dos asuntos, la operación de evacuación de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes y la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a través de la base aérea de Zaragoza.

Robles acudirá a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja a las 16.30 horas de este miércoles a petición de PP y Vox, que registraron distintas peticiones de comparecencia para conocer detalles sobre estos dos asuntos de actualidad durante los últimos meses.

La evacuación de Afganistán supuso una peligrosa operación militar en la que participaron efectivos del Ejército del Aire y miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra con el objetivo de sacar del país tanto a los ciudadanos españoles que allí había como a gran número de afganos y sus familias que habían colaborado con España.

La primera misión de evacuación finalizó el 27 de agosto con el traslado hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) de más de 2.200 afganos, que fueron sacados de Kabul en aviones A400M del Ejército del Aire hasta Dubai y desde allí trasladados a España por aeronaves fletadas por Air Europa.

Pocos días antes del fin de la operación tuvo lugar un atentado en una de las entradas al aeropuerto de Kabul en el que fallecieron decenas de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses.

Esta misma semana han llegado a Madrid dos nuevos aviones con 240 colaboradores afganos más y sus familias procedentes de Islamabad (Pakistán), que habían logrado salir de Afganistán por vía terrestre. Una vez en Pakistán, la Embajada española fue la encargada atenderles, verificar sus identidades y realizar toda la documentación necesaria para su traslado.

EXPLICACIONES SOBRE GHALI

Pero además, Robles tendrá que dar cuentas de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza y en el que ha declarado como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya.

Ghali entró a España a través de la base aérea de Zaragoza del Ejército del Aire en un avión medicalizado argelino y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser allí tratado. El Gobierno ha sostenido desde entonces que fue recibido atendiendo a razones «humanitarias».

Este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evitó aclarar si él mismo autorizó la entrada a España del líder del Frente Polisario amparándose en la investigación judicial en marcha. Eso sí, defendió la actuación del Gobierno: «Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien», sostuvo.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este domingo que «probablemente haya que aplazar algunas semanas» la reunión convocada el 2 de noviembre por el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre financiación autonómica con líderes de varias comunidades. «Antes tenemos que vernos nosotros», ha explicado.

Vara, secretario de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva del PSOE, ha declarado en el último día del 40 Congreso Federal que pretende contactar con Feijóo «esta tarde o mañana» para plantearle que quiere que sigan trabajando «juntos por los problemas comunes», además de buscar fechas para poder verse «adecuadamente».

En general, el presidente extremeño ha reafirmado que lo que él quiere es que haya una posición común de los barones socialistas con la financiación autonómica, si bien ha indicado que cuando se reúna con presidentes del PP lo hará como «frente institucional» y con los del PSOE será «de partido».

En esta línea, ha defendido un mayor contacto entre presidentes autonómicos «no solo en este grupo» y sin un motivo concreto, ya que «vienen tiempos llenos de oportunidades y sería muy bueno». Es algo que ha destacado que analizó con los presidentes de Andalucía y Castilla y León, los ‘populares’ Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. «Tenemos que vernos más», ha insistido.

«MOMENTO MUY COMPLICADO»

En el caso del presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Vara ha señalado que habló ayer con él y que pretenden reunirse, aunque todavía no tienen fecha porque el calendario es «muy complicado».

También ha remarcado que es un momento complicado por el actual proceso de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mientras las reglas fiscales siguen suspendidas en la UE. «No digo que no sean reales –ha precisado–, pero están sometidos a unas limitaciones».

Y ha hecho notar que ahora hay fondos extraordinarios por la crisis y «no puedes hacer un modelo pensando que van a estar toda la vida». Es algo que a su juicio hay que ponderar y hablar internamente en el PSOE y en lo que pretende trabajar en su nuevo puesto en la Ejecutiva.

En este escenario, respecto a si el nuevo modelo de financiación será realidad esta legislatura, Vara ha dicho que depende de «lo rápido» que sea capaz de ir el Gobierno. «Nos metemos en un ciclo electoral tan pronto como a alguien se le ocurra convocar elecciones», ha añadido.

Sobre el acuerdo en materia de financiación del 40 Congreso del PSOE, el mandatario extremeño ha reconocido que «no podían ir mucho más allá», pero ha llamado a intentar llegar a «pequeños acuerdos» que permitan uno general.