La Audiencia Nacional juzga a partir de este viernes a Abdelkader E.L.E., un hombre acusado de apoyar a la organización terrorista DAESH y de realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social Instagram.

Abdelkader, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión por un delito de enaltecimiento terrorista, habría difundido una serie de imágenes y videos que incitaban a la violencia contra los cuerpos policiales y otros de temática relacionada con el radicalismo violento islámico.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10 años. Y, por último, la medida de libertadvigilada por tres años.

Alternativamente, la Fiscalía propone que le sea impuesta por el delito de auto adoctrinamiento terrorista la pena de dosaños y tres meses de prisión.

Con 687 seguidores en la red social, Abdeldaker tenía como foto de portada la frase ‘Nadie os va a tocar mientras yo esté con vida’. Más abajo, en su muro, una serie de fotografías: un jinete a lomos de un caballo portando un fusil Kalashnikov, una persona que simulaba apuntar a un agente de policía por la espalda e incluso una instantánea de Osama Bin Laden con una bandera de DAESH.

IMÁGENES DE LAS TORRES GEMELAS O NIÑOS SOLDADO

Así se recoge en el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, que también apunta a imágenes sobre el atentado de las Torres Gemelas, de muyahidines combatiendo y de niños uniformados y con armas.

La Fiscalía considera que esas publicaciones tenían la «finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización» consiguiera su «objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la Sharia», la ley islámica.

Además, la incautación en julio de 2019 de una serie de dispositivos electrónicos a Abdeldaker permitió a la Guardia Civil averiguar que el acusado trató de adquirir más conocimientos e imágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del DAESH.

Así las cosas, Abdeldaker seleccionaba desde internet o del material que recibía de otros usuarios el contenido de carácter yihadista que más se adecuaba a su ideología y procedía al tratamiento o edición de las imágenes para posteriormente compartirlo en Instagram y también en Facebook.

Los investigadores también encontraron en su teléfono más imágenes e, incluso, un contacto guardado con «grafía árabe», originario de Turquía y cuya imagen de perfil era una persona portando un arma corta, en posición desafiante.

El líder del PP, Pablo Casado, ha elegido el denominado ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno durante la pandemia del Covid para preguntar al presidente, Pedro Sánchez, en el Pleno de control del Congreso del próximo miércoles. Será este su primer ‘cara a cara’ parlamentario después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

«¿Considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás?», reza la pregunta que Casado ha registrado en el Congreso para Sánchez, quien ha venido reiterando desde el estallido de la crisis sanitaria que las medidas adoptadas por su Ejecutivo en el ámbito social y económico –o que llamaron ‘escudo social’– no dejarían a nadie a atrás.

Se trata, como viene siendo habitual, de un interrogante genérico que Casado aprovechará para interpelar al jefe del Ejecutivo sobre diversos asuntos, entre ellos es más que probable que por los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que el pasado miércoles aterrizaron en el Congreso entre críticas, entre otros, del propio PP.

EN 24 HORAS SE FRAGUÓ EL ACUERDO

Pero la importancia de este nuevo duelo parlamentario viene dada porque será la primera vez que uno y otro vuelvan a verse en el Congreso tras el acuerdo alcanzado esta semana pasada por el Gobierno y el PP para actualizar todos los órganos constitucionales caducados salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Fue precisamente en la última sesión de control cuando el presidente de los ‘populares’ tendió la mano a Sánchez para esta renovación y 24 horas después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cerraban el acuerdo.

Está por ver si este consenso se ‘colará’ de una y otra forma en su habitual ‘duelo’ parlamentario. Quien sí que lo llevará al Pleno de este miércoles es Esquerra Republicana (ERC), socio del Gobierno en el Congreso.

En concreto, será la portavoz adjunta de este partido, Carolina Telechea, quien preguntará al Gobierno por qué considera que ha alcanzado «un buen acuerdo» sobre la renovación de los órganos constitucionales.

ABASCAL Y LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES

Además de Casado, Sánchez responderá a otras dos preguntas de la oposición, como es habitual. Por un lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá al presidente que especifique las medidas que piensa adoptar su Gobierno «para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España».

De su parte, el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, busca que Sánchez le diga «en qué medida cumple el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con los puntos del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Teruel Existe».

El Congreso tiene previsto concretar esta semana el plan de trabajo que llevará adelante en los próximos meses la comisión encargada de investigar el proceso de vacunación contra el Covid, que no prevé comenzar a recibir a los primeros comparecientes al menos hasta noviembre.

Dicha comisión, que preside el socialista gallego Guillermo Meijón, echó a andar el pasado día 7 –siete meses después de su aprobación por el Pleno de la Cámara– con la presentación de un borrador de trabajo por parte del PSOE.

Ese plan inicial de trabajo promovido por los socialistas se divide en tres bloques: Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas Covid; Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus posteriores actualizaciones; y Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus resultados.

A ese esquema inicial los grupos parlamentarios han presentado ya por escrito sus aportaciones o mejoras que serán precisamente las que se discutirán en la reunión que la comisión tiene previsto celebrar este próximo jueves, 21 de octubre.

Ciudadanos y Más País-Equo ya comentaron que el plan impulsado por el PSOE era demasiado «demasiado difuso» e «inconcreto» y se quejaron, en declaraciones, de que en el diseño de la investigación no hay mención alguna a las posibles irregularidades que han podido cometer. De hecho, ya avanzaron que enmendarían estas ‘deficiencias’.

Y es que tanto el PSOE como el PP no prevén incidir en que el Congreso investigue a las personas, entre ellas varios políticos de distinto signo, que se vacunaron contra el Covid saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, sino que lo que buscan es conocer todos los detalles de la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias.

Cabe recordar que Más País-Equo y Compromís registraron el pasado mes de febrero su solicitud para que el Congreso abriera una comisión de investigación para estudiar posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el Covid, a raíz de saberse que diferentes políticos, cargos públicos y altos cargos de la Administración del Estado, en su mayoría del PSOE y del PP, habían recibido «indebidamente» la primera dosis de la vacuna.

LOS COMPARECIENTES, A PARTIR DE NOVIEMBRE

Además de cerrar el diseño final de la investigación, la reunión de la comisión prevista para el jueves también servirá para que los distintos grupos parlamentarios comiencen a poner en común los nombres de las personas que pretenden que desfilen por este órgano.

En todo caso, según confirmaron fuentes parlamentarias, la lista definitiva con los nombres no se aprobará hasta una próxima cita de la comisión. Así las cosas, en principio no se prevé que llamen a nadie al menos hasta noviembre.

Teniendo en cuenta que el grueso de la población está ya vacunada, el PSOE subraya que esta comisión debe centrarse sobre todo en analizar el proceso de vacunación llevado adelante y aprender para otra ocasión. «Los casos puntuales no es lo más relevante», han defendido.

En la misma línea, desde el PP apuntan que la mayor parte de los políticos señalados por saltarse la cola de vacunación han dimitido y que esta comisión no debería servir para someterles a un «escarnio» público, sino para estudiar retrospectivamente lo que se hizo mal con el fin de que se puedan extraer lecciones de cara al futuro. «O sirve para sacar lecciones o, si no, no tiene ningún sentido», dijo recientemente el portavoz ‘popular’ de Sanidad, José Ignacio Echániz.

La iniciativa de Más País-Equo y Compromís que el Congreso aprobó en marzo fijaba como objetivos investigar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

También hablaba de hacer pesquisas sobre las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que hayan podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión nación con la intención de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de estos comportamientos irregulares.

Además, el texto aprobado en su momento llamaba a esclarecer «fallos en la ejecución del plan de vacunación, con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración esta semana a otros 10 investigados en la ‘Operación Titella’ y que guardan relación con la supuesta estafa que la red que presuntamente encabezaba el productor televisivo José Luis Moreno habría realizado a distintas entidades bancarias para obtener financiación.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha citado a los integrantes de la red que se habrían encargado supuestamente de acudir a las sucursales y, también, a los empleados de las mismas que habrían colaborado con la organización a la hora de realizar los ingresos.

Esta nueva ronda se iniciará el martes a partir de las 08.45 horas con la declaración de Javier Rumbo, a quien los investigadores sitúan como director de la oficina del Banco Santander en el Paseo de la Florida de Madrid. La policía judicial considera acreditada no solo la participación directa de este empleado en las operaciones fraudulentas de los investigados, sino también una actuación en su propio beneficio y el de sus amigos.

Así las cosas, Rumbo -que trabajaba a las órdenes de Antonio Salazar — habría concedido financiación a la organización a sabiendas de la actividad fraudulenta de esta, participando incluso en la confección de la documentación contable como balances o impuestos de las sociedades para asegurarse que se les iba a conceder la financiación.

COLABORADORES NECESARIOS

En un escalón inferior al de Rumbo los investigadores sitúan a Luis Peña, director de una oficina de Caja Rural de Soria en Torrejón de Ardoz, Miguel Méndez como director de la sucursal de Caixabank en la calle Pedro Laborde y Alejandro Aragones, un empleado del mismo banco en Paterna, en Valencia.

A todos ellos se les sitúa como colaboradores necesarios, empleados de banca captados por la organización y encargados de conseguir financiación, así como de encargarse de los ingresos en efectivo y de pagarés. La policía judicial solicitó permiso para entrar y registrar una serie de domicilios relacionados con los cinco investigados ante la sospecha de pudiesen estar escondiendo en los mismos elevadas cantidades dinero en efectivo.

Ya el miércoles el juez seguirá poniendo el foco en la estrategia seguida desde la red para obtener financiación. Y lo hará escuchando la declaración de José Luis Meseguer y Luis Ochoa, presuntos receptores de toda la documentación requerida por las entidades bancarias para la consecución de la financiación.

Ambos serían además los encargados de contactar con los bancos, agendar las entrevistas de los testaferros con los directores de las entidades y preparar las visitas a las sedes de las sociedades cobrando una comisión por cada una de las gestiones de Antonio Salazar.

ESTAFAS CON AYUDAS COVID

Esta dinámica no llevo solo a que la red obtuviese dinero de los bancos sino que, como apunta el oficio, el Estado también figura como perjudicado. Así, y a través de las entidades de crédito, la organización habría conseguido obtener multitud de créditos ICO–entre ellos ayudas COVID– como, por ejemplo, una de 10.000 euros en Murcia.

Meseguer y Ochoa contaban para sus planes con la ayuda de otros dos de los investigados, los hermanos Antonio y Daniel Polanco, encargados de conseguir financiación para una de las sociedades y utilizando a un testaferro que no sabía hablar castellano.

Los investigadores señalan que uno de los hermanos, Antonio, llegó a hacerse pasar por el «jefe de administración Javier Ruiz», una identidad inventada que le permitía acudir a las entidades bancarias haciendo de traductor y controlando que la sociedad consiguiera la financiación fraudulenta.

Antonio y Daniel también habrían recibido una comisión de las citadas ayudas COVID publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, unas cantidades que también percibieron Meseguer y Ochoa.

La última investigada en declarar ante el magistrado será Yamileth González, administradora de Klass Shop y que habría participado supuestamente en la obtención de financiación tanto personándose con Salazar en las distintas oficinas bancarias y firmando los productos. También habría participado en la simulación de actividad de las sociedades con la finalidad de engañar a los empleados de banca.

LA FISCALÍA CALCULA EN 85 MILLONES LA ESTAFA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calcula que la organización criminal que supuestamente encabezaba el ventrílocuo habría estafado un total de 85 millones en diferentes bancos. Así se desprende de un informe del Ministerio Público de octubre de 2020 en el que se subraya además que gracias a las pesquisas policiales se ha constatado la existencia de esa organización, que estaría integrada –al menos en el momento en el que se redactó el informe– por 26 personas que se dedicaban a obtener dinero procedente de entidades bancarias «por medio del conocido sistema del peloteo de cheques o pagarés».

Añade que también lo obtenían «por medio de la concesión bajo engaño, o en connivencia con empleados de las mismas, de líneas de crédito». Una vez tenían en su poder el dinero en metálico, lo transferían a terceros que justificaban ese desplazamiento por medio de facturas falsas, dice el fiscal. «Lograban de esta forma no sólo demostrar la aparente disposición del metálico y la insolvencia frente al banco, sino también su afloramiento o blanqueo», explica.

La Audiencia Nacional anda corta de espacio. Cada vez son más las macrocausas que desembocan en juicios multitudinarios donde se juntan decenas de personas que ahora además deben guardar la distancia de seguridad por el coronavirus, lo que ha desbordado las habituales sedes para causas penales de la madrileña calle de García Gutiérrez y San Fernando de Henares. Como remedio, la AN explora la posibilidad de expandirse.

El tribunal, encargado de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como los de terrorismo, crimen organizado o grandes fraudes y estafas, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Así, en 2009 inauguraba su sede en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados pensadas expresamente para albergar macrojuicios. Y, ya en 2015, el edificio de García Gutiérrez se modernizaba por completo ampliando además su superficie desde los 9.600 a los 11.500 metros cuadrados.

Sin embargo, ambos espacios empiezan a quedarse pequeños ante las crecientes necesidades de la AN. Así, fuentes jurídicas han indicado que está previsto que en 2022 se celebre un juicio que juntará a más de 130 personas sin que todavía se sepa cómo podrá llevarse a cabo para garantizar que todas estén presentes respetando las medidas anticovid.

El primer juicio por ‘Tándem’, que ha comenzado esta semana en San Fernando de Henares, es buena medida de las dimensiones de los procesos asumidos por la Audiencia Nacional. Únicamente en este juicio, donde solo se ventilan tres de la treintena de piezas que conforman esta macrocausa, se han juntado más de 30 acusados, incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a las que se añaden cerca de una decena de acusaciones, todos con sus respectivos letrados, más los fiscales y el propio tribunal.

Las fuentes jurídicas explican que, a corto plazo, ya se están estudiando distintas opciones para hacer posible ese macrojuicio señalado para 2022, si bien han apuntado que la Audiencia Nacional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para trasladar al departamento de Pilar Llop la necesidad de encontrar nuevos lugares que resuelvan de una vez por todas el problema.

UNA SECCIÓN QUINTA

Aunque no es el único. A las limitaciones físicas se suman las de personal, recalcan las mismas fuentes, expresando su malestar por el volumen de trabajo al que se enfrentan las cuatro secciones de la Sala de lo Penal, hasta el punto de llegar a plantear que, más allá de los refuerzos puntuales, se necesitaría una sección quinta.

La Sala de Gobierno de la AN reflejó esta situación en su acuerdo del pasado 20 de septiembre. Según el mismo, las secciones segunda y tercera habían solicitado que la juez de apoyo María Teresa García Quesada, que entró para sustituir a Juan Carlos Campo mientras era ministro de Justicia, se quedara como refuerzo. Finalmente, el pulso se decantó a favor de la 2ª porque allí las bajas médicas dejaron solo dos magistrados en activo, lo que hace «imposible» que el trabajo salga adelante.

La carga de trabajo se ha acrecentado con la acumulación de asuntos tras el parón obligado por la pandemia. Las fuentes exponen que, a los juicios ya señalados para 2021, se han sumado los aplazados en 2020, con lo que las últimas vistas están fijadas para finales de 2022. La mayor dificultad la entrañan, precisamente, los macrojuicios, que se desarrollan en numerosas sesiones complicando su encaje en un calendario copado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este miércoles en el Congreso para dar cuenta de dos asuntos, la operación de evacuación de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes y la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a través de la base aérea de Zaragoza.

Robles acudirá a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja a las 16.30 horas de este miércoles a petición de PP y Vox, que registraron distintas peticiones de comparecencia para conocer detalles sobre estos dos asuntos de actualidad durante los últimos meses.

La evacuación de Afganistán supuso una peligrosa operación militar en la que participaron efectivos del Ejército del Aire y miembros de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra con el objetivo de sacar del país tanto a los ciudadanos españoles que allí había como a gran número de afganos y sus familias que habían colaborado con España.

La primera misión de evacuación finalizó el 27 de agosto con el traslado hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) de más de 2.200 afganos, que fueron sacados de Kabul en aviones A400M del Ejército del Aire hasta Dubai y desde allí trasladados a España por aeronaves fletadas por Air Europa.

Pocos días antes del fin de la operación tuvo lugar un atentado en una de las entradas al aeropuerto de Kabul en el que fallecieron decenas de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses.

Esta misma semana han llegado a Madrid dos nuevos aviones con 240 colaboradores afganos más y sus familias procedentes de Islamabad (Pakistán), que habían logrado salir de Afganistán por vía terrestre. Una vez en Pakistán, la Embajada española fue la encargada atenderles, verificar sus identidades y realizar toda la documentación necesaria para su traslado.

EXPLICACIONES SOBRE GHALI

Pero además, Robles tendrá que dar cuentas de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza y en el que ha declarado como investigada la exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya.

Ghali entró a España a través de la base aérea de Zaragoza del Ejército del Aire en un avión medicalizado argelino y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser allí tratado. El Gobierno ha sostenido desde entonces que fue recibido atendiendo a razones «humanitarias».

Este jueves el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evitó aclarar si él mismo autorizó la entrada a España del líder del Frente Polisario amparándose en la investigación judicial en marcha. Eso sí, defendió la actuación del Gobierno: «Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien», sostuvo.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este domingo que «probablemente haya que aplazar algunas semanas» la reunión convocada el 2 de noviembre por el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre financiación autonómica con líderes de varias comunidades. «Antes tenemos que vernos nosotros», ha explicado.

Vara, secretario de Política Autonómica en la nueva Ejecutiva del PSOE, ha declarado en el último día del 40 Congreso Federal que pretende contactar con Feijóo «esta tarde o mañana» para plantearle que quiere que sigan trabajando «juntos por los problemas comunes», además de buscar fechas para poder verse «adecuadamente».

En general, el presidente extremeño ha reafirmado que lo que él quiere es que haya una posición común de los barones socialistas con la financiación autonómica, si bien ha indicado que cuando se reúna con presidentes del PP lo hará como «frente institucional» y con los del PSOE será «de partido».

En esta línea, ha defendido un mayor contacto entre presidentes autonómicos «no solo en este grupo» y sin un motivo concreto, ya que «vienen tiempos llenos de oportunidades y sería muy bueno». Es algo que ha destacado que analizó con los presidentes de Andalucía y Castilla y León, los ‘populares’ Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. «Tenemos que vernos más», ha insistido.

«MOMENTO MUY COMPLICADO»

En el caso del presidente valenciano y líder del PSPV, Ximo Puig, uno de los más reivindicativos contra la infrafinanciación, Vara ha señalado que habló ayer con él y que pretenden reunirse, aunque todavía no tienen fecha porque el calendario es «muy complicado».

También ha remarcado que es un momento complicado por el actual proceso de elaboración de Presupuestos Generales del Estado (PGE) mientras las reglas fiscales siguen suspendidas en la UE. «No digo que no sean reales –ha precisado–, pero están sometidos a unas limitaciones».

Y ha hecho notar que ahora hay fondos extraordinarios por la crisis y «no puedes hacer un modelo pensando que van a estar toda la vida». Es algo que a su juicio hay que ponderar y hablar internamente en el PSOE y en lo que pretende trabajar en su nuevo puesto en la Ejecutiva.

En este escenario, respecto a si el nuevo modelo de financiación será realidad esta legislatura, Vara ha dicho que depende de «lo rápido» que sea capaz de ir el Gobierno. «Nos metemos en un ciclo electoral tan pronto como a alguien se le ocurra convocar elecciones», ha añadido.

Sobre el acuerdo en materia de financiación del 40 Congreso del PSOE, el mandatario extremeño ha reconocido que «no podían ir mucho más allá», pero ha llamado a intentar llegar a «pequeños acuerdos» que permitan uno general.

Podemos fija como objetivo para la próxima década su «irrenunciable» proyecto de república plurinacional que debe plasmarse mediante una Constitución del «siglo XXI» y proclama que la monarquía «es una gangrena que ningún sistema democrático puedesoportar».

También establece como meta para este periodo acabar con el bipartidismo «más allá» del Parlamento y el Ejecutivo, aludiendo sobre todo al plano de la Justicia.

Así lo plasma en el documento ‘Brújula para ganar una época’, que ha elaborado la formación morada sobre las principales conclusiones de su ‘Universidad de otoño’, el foro de rearme ideológico que celebró recientemente.

En este texto, Podemos destaca que esa república plurinacional es «irremediable» y que no se puede admitir en pleno siglo XXI que el jefe del Estado «no se elija por sufragio sino por fecundación». Y es que asegura que el «centralismo monárquico» es «uno de los principales focos de los conflictos territoriales», siendo su solución esa nueva república.

Al hilo, el partido señala que la «reivindicación inflamada» que despliega la «derecha y la ultraderecha» sobre la figura del monarca Felipe VI supone una «amenaza evidente» para el futuro de la institución.

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN DE JUAN CARLOS I

Pero sobre todo alude a los «escándalos de corrupción» protagonizados por el rey emérito Juan Carlos I y que revela también la «pérdida de complejos» por parte de ciertos sectores del Estado, dado que la Justicia «puede ser capaz de exonerar completamente el más grave caso de corrupción institucional» que ha vivido la democracia: «el fraude fiscal masivo de Juan Carlos I».

En esta línea, Podemos acusa al emérito de actuar durante cuatro décadas «como supercomisionista ante dictaduras extranjeras» y de «amasar» una fortuna millonaria para «pagarse un tren de vida de lujos obscenos».

También en otro plano critica que ciertos sectores de la judicatura y los medios de comunicación «han dejado caer las caretas» y ya no hacen «ningún esfuerzo por parecer árbitros», al ponerse «sin complejos» a «hacer política.

EL BIPARTIDISMO SE ATRINCHERA EN EL CGPJ

En ese horizonte hasta 2030, Podemos llama a romper con el «bipartidismo» que permanece «atrincherado» y «fuerte» en lugares de poder menos vinculados con la voluntad popular. El ejemplo «más evidente» es, para la formación morada, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con «mandato» y «legitimidad democrática caducados».

«Pero no es el único ejemplo. Hay muchos otros lugaresde poder deficitariamente democráticos o directamente antidemocráticos que aún siguen bajo el control bipartidista y aislados de la nueva realidad social», lanza en este documento.

Al hilo menciona algunas de las instituciones que se van a renovar tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP, como es el Tribunal Constitucional que, con varios magistrados con mandato caducado, se dedica a «tumbar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo a instancias de la ultraderecha». También cita como caso análogo el Tribunal de Cuentas, «muy interesado en la política catalana».

Por último, afirma que determinadas zonas «del Estado profundo» se «hacen visibles periódicamente en ciertos sectores de la judicatura, el Ejército o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o los grandes poderes mediáticos». «Es imposible construir un país mejor en lo social sin democratizar la mayor cantidad posible de lugares de poder», ahonda.

RETO DE SER MÁS FUERTE EN LAS CCAA

También avisa de que desde el plano de la derecha «van a difamar y a sembrar dudas sobre cualquier persona que se ponga al frente del proyecto» y se les «intentará dividir» para que caigan en la «peor trampa de todas: «estar todo el rato hablando de nosotros mismos en vez de hablar de los problemas de la gente y de los retos y oportunidades de país».

De esta forma, el documento subraya que conforman un proyecto político «con voluntad de continuidad en el tiempo» y que la tarea es fortalecerlo «en cada rincón del país». De esta forma, el objetivo es mejorar los resultados en las futuras elecciones autonómicas y municipales, consiguiendo «aumentar el número de diputados y de concejales».

Como se trasladó en el manifiesto de cierre de la ‘Universidad de Otoño’ de Podemos, la formación aspira a ser la fuerza mayoritaria en el arco progresista y admite que gobernar con el PSOE entraña «limitaciones» a los cambios profundos que, a su juicio, requiere el país.

Y de esta forma reivindica que la «permanencia en el tiempo» del proyecto «no tiene únicamente que ver con la permanencia de su propia organización, sino que va mucho más allá». «Debemos trabajar para ampliar nuestro propio espacio político a nuevos sectores sociales, referentes de la sociedad civil y otras fuerzas que quieran trabajar de la mano en un horizonte de país ilusionante», desgrana el texto para añadir que no habrá cambios profundo sin la movilización social potente.

Las conclusiones del foro, en que se avaló la estrategia de frente amplio con otros actores liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, apuntan que conseguir el objetivo de ser hegemónico en la izquierda requiere «paciencia, persistencia y mirada larga».

CUIDAR AL BLOQUE PROGRESISTA

También resalta que son conscientes de que deben cuidar la «mayoría progresista y plurinacional» para que se vayan acumulando avances democráticos, un bloque en el que están fuerzas políticas catalanas y vascas, y también el PSOE.

«Es evidente que hay importantes diferencias con nuestros aliadosestratégicos -varias de las fuerzas vascas y catalanas son independentistas y nosotros no lo somos; el PSOE es monárquico y nosotros no lo somos-, pero trabajar juntos es un imperativo histórico y el cuidado de esas alianzas una tarea política central», zanja Podemos.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Abdelaziz A., un supuesto yihadista que habría elaborado publicaciones en las que incitaba a matar al magistrado José de la Mata, proponía los métodos idóneos para hacerlo, facilitaba la dirección de su trabajo, sus horarios y los datos de su mujer e hijos, contra quienes también llamaba a atentar.

La Fiscalía pide para Abdelaziz 12 años por el delito de amenazas terroristas dirigidas contra un Magistrado por razón de su trabajo y otros ocho años por el delito de integración terrorista. Subsidiariamente, el Ministerio Fiscal interesa seis años de cárcel por delito de captación y adoctrinamiento terrorista y cuatro años por el delito de adoctrinamiento pasivo terrorista.

En el momento de su detención en Parla, en octubre de 2019, los investigadores localizaron en su domicilio cuadernos en los que había anotado los nombres de numerosas personalidades políticas como de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien antes de ocupar este cargo era fiscal coordinadora de yihadismo en la Audiencia Nacional.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal establece una relación entre Abdelaziz y la productora mediática Muntasir Media, la primera productora afín a DAESH que elabora material propagandístico de dicha organización en castellano. Así, y actuando en común con otras personas, se habría dedicado a la edición de diferente material audiovisual.

«SE OFRECE RECOMPENSA. BUSCA Y ELIMINA»

Una de sus creaciones sería una imagen titulada «se ofrece recompensa. Busca y elimina», en la que se muestra al entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata–ahora en Eurojust– señalado por una diana. De fondo pueden verse agentes de la Guardia Civil accediendo a una vivienda y un texto en castellano. Esa imagen pertenece a la detención de un hombre relacionado con el terrorismo yihadista.

«Desde Muntasir Media anunciamos que tomaremos una preparación activa para lograr dar caza a uno de vuestros jueces. Como también nos dirigimos hacia nuestros hermanos en la capital española y les decimos que ellos por parte inviertan esfuerzo en vigilar y dar caza a José de la Mata Amaya, responsable del Juzgado Central Número 5. Su desmesurada injusticia mostrada debe de tener consecuencias. VIGILA, COLOCA TU EXPLOSIVO DEBAJO DE SU COCHE, APUÑÁLALE, INTENTA MATAR COMO PUEDAS», reza el texto que acompaña a la imagen.

La productora también advertía de las rutinas del magistrado, de la identidad de su familia y añadía duras amenazas por haber «encarcelado a una hermana». «Si nuestros manos no llegan a ti, llegaran» a tus hijos «que bien sabemos donde están», prosigue el mensaje.

Un mes más tarde, en agosto de 2019, se publicó en Telegram el que era el decimoséptimo vídeo de la productora y que era una nueva amenaza contra el juez. «Morirás con una bomba lapa», un vídeo de casi dos minutos de duración que se inicia con imágenes de De la Mata y que recrea la planificación para colocar el explosivo.

MATERIAL PARA ELABORAR EXPLOSIVOS

En el momento de su detención los agentes también intervinieron numerosos efectos que, aunque de fácil adquisición y sin estar destinados a ese fin, pueden ser empleados en la elaboración de un artefacto explosivo casero siguiendo las instrucciones de manuales y videos tutoriales producidos por el aparato propagandístico de DAESH. Unos vídeos que también fueron hallados en poder del acusado.

El acusado, según apunta el escrito del fiscal, buscaba urgentemente un lugar seguro donde fabricar los artefactos explosivos, sin peligro para sus familiares si algo salía mal, puesto que vivía con sus padres y hermanos en el domicilio de Parla en que se practicó la entrada y registro.

Así, se localizaron en su teléfono numerosas búsquedas de anuncios de compraventa de inmuebles por la zona de Parla así como la publicación de tres anuncios en la Web MILANUNCIOS en los que el acusado se interesaba por la compra inmediata de un «piso okupa».

INTENTOS DE ADQUIRIR ARMAS DE FUEGO

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado no sólo tenía interés en elaborar un artefacto explosivo casero con el que cometer un atentado masivo, sino que también venía intentando adquirir a través de internet un arma de fuego reactivada, tras su previa inutilización, o con sus elementos identificadores borrados, todo ello a efectos de dificultar su rastreo para poder emplearlo en la realización de actividades terroristas.

Abdelaziz estaba, según el fiscal, firmemente determinado a cometer un atentado yihadista. «Y no sólo había previsto los medios, sino que también había fijado los posibles objetivos, además de colocar la diana pública sobre el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata», recuerda.

En un documento localizado por la policía se señalan objetivos concretos como trabajadores de entidades bancarias próximas a su domicilio, fiscales de la Audiencia Nacional, políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército, comisarías y acuartelamientos y lugares de gran afluencia de personas, que previamente había grabado, como estaciones de metro y de cercanías de Madrid, proponiendo el modus operandi más adecuado para cada caso.

Diez años después de que ETA anunciara el fin de su actividad criminal la banda terrorista se reduce a una veintena de huidos y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya al País Vasco, gracias a la decisión de poner fin a la política de dispersión por el Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha cedido en este tiempo la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco y aceptado a EH Bildu como uno de los socios parlamentarios.

Arnaldo Otegi sigue siendo hoy el líder de la izquierda abertzale, como hace diez años, aunque entonces estaba en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo las órdenes de ETA. Sus negociaciones con el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Jesús Eguiguren, se entrelazaron con los comunicados de la banda terrorista, antes y después del 20 de octubre de 2011 de abandono de las armas.

Transcurrida una década de aquel comunicado leído por tres encapuchados solicitando «un diálogo directo» con el Gobierno para resolver las «consecuencias del conflicto», en alusión a los presos –en 2011 sumaban 595 en España y otros 140 en Francia– y los etarras en la clandestinidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen la búsqueda sobre una veintena de huidos, la mayoría en Venezuela, según fuentes de la lucha antiterrorista.

DETENCIÓN DE JOSU TERNERA Y EXTRADITADOS

En este tiempo el etarra más buscado por su simbolismo como antiguo jefe de ETA y su papel en las negociaciones con el Gobierno ha sido José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’. Su nombre se tachó de la lista de los huidos al ser detenido en una operación de la Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses. Ahora está pendiente de su extradición, reclamado por la Justicia española por, entre otros, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

También se han llevado a cabo extradiciones como la de Natividad Jáuregui, alias ‘Pepona’, entregada por Bélgica por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo; o las detenciones de la Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato de la inspectora María Josefa García Sánchez, y Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.

«En octubre de 2011 ETA anunció el fin de la actividad terrorista pero, en la práctica, siguió su actividad centrada en aspectos relacionados con la situación de los huidos y el depósito de armas», explican fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional recuerdan que han practicado 35 detenciones desde que ETA anunciara el fin de la actividad armada, las dos primeras tan sólo ocho días después de aquel comunicado, al arrestar en Bélgica a Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez.

DE JUANA CHAOS Y ‘DIENTEPUTO’, BUSCADOS

«No hemos parado para tratar de evitar la prescripción de delitos», añaden desde los servicios de Información de la Policía. Son 21 los etarras con delitos y un horizonte de prescripción de unos cuatro años: a diez de ellos lo sitúan en Venezuela, uno en Cuba, cinco en Francia, y luego hay algún dirigente de la banda terrorista disperso por países como Brasil, México, Uruguay y Cabo Verde.

En la lista figuran históricos como Ignacio de Juana Chaos, aunque a día de hoy ven complicado su entrega y detención debido a que el delito por el que figura en las bases de datos policiales es el de enaltecimiento. José Luis Eciolaza Galán, ‘Dienteputo’, Oier Eguidazu Bernas, Eneko Aguirresarobe Olagoy y Anartz Arambarri Echaniz son otros de los etarras que siguen en la lista de los más buscados.

Las fuentes consultadas ironizan sobre los «gestos» y la propaganda que organizó el entorno de ETA cuando la banda agonizaba, buscando mediadores y tratando de disimular que se encaminaba a su derrota. En este sentido destacan que desde 2012 se le incautó más del doble de armas que las que después entregó desde 2017 en Francia ofreciendo las coordenadas de zulos, previa Declaración de Aiete y con la ayuda de los conocidos como ‘artesanos de la paz’.

ARMAS Y OPERACIONES CONTRA LA CÚPULA

ETA y su entorno buscaban con Aiete lo que se entendía como «resolución del conflicto», pero tras el 20 de octubre de 2011, la Guardia Civil desencadenó una sucesión de detenciones.

Entre septiembre de 2015, con la ‘operación Pardines’, en honor al primer guardia civil asesinado por ETA, y noviembre de 2017 con la ‘operación Nerin’, en recuerdo del policía francés que es la última víctima mortal de la banda terrorista, caen David Pla e Iratxe Sorzabal, los encargados de leer el comunicado del fin del terrorismo, pero también Mikel Barrios, Íñigo Gulina Tirapu o Mikel Irastorza.

La Policía Nacional fecha en 2009 la primera información absolutamente fiable de que la banda terrorista lo que quería era «dejar el listón alto mediante atentados para, a continuación, buscar una última negociación». «El éxito de la Policía es anterior, fue detener a los jefes militares cuando ETA no tiene más remedio que elegirlos desde la ‘kale borroka», apuntan.

Con ETA derrotada, también se actuó contra el conocido como ‘frente de cárceles’. Desde la Guardia Civil recuerdan que entre enero de 2013 y abril de 2015 la acción policial se centra en los abogados acusados de actuar en connivencia con ETA, y que fueron objeto de sucesivas operaciones bautizadas con simbólicos nombres como ‘Jaque’ y ‘Mate’. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros, ya cumplieron condena y están siendo juzgados ahora de nuevo.

15 CASOS REABIERTOS CON CONDENA

Desde el punto de vista de la acción policial frente ETA, uno de los principales retos tras el fin de la banda terrorista sigue siendo actuar contra los más de 300 casos sin resolver, teniendo en cuenta que hay terroristas que fueron amnistiados en la Transición y también investigaciones en los primeros años de democracia basados en atestados incompletos en lo referente a las pruebas periciales.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, no obstante, a especialistas indagando en sumarios y otros documentos como los ‘papeles de Francia’, un trabajo que realizan junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y colectivos como la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).

Son un centenar los informes reabiertos desde 2011, según la AVT, que calcula que restan unos 90 sumarios por revisar. Se ha logrado la resolución mediante condena de hasta 15 casos que tienen detrás nombres y apellidos de víctimas de ETA, entre otros: Ignacio Uría, Pedro Antonio Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl Centeno o Fernando Trapero.

La asociación lamenta alguna absolución en casos reabiertos, como el del juez José María Lidón, y también aporta otro dato relevante: «En este tiempo no ha habido ni una sola colaboración por parte de miembros de ETA».

Por este motivo, la AVT encabeza la crítica a la política de acercamientos de presos, previa progresión a segundo y tercer grado, al entender que no hay colaboración previa con la Justicia ni arrepentimiento individualizado.

Desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid y algo parecido ocurre con la veintena de presos en Francia, trasladados a cárceles más próximas a la frontera vasca. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco –de los que se han materializado 63–, así como otros 17 a cárceles de Navarra.

Podemos propone para el horizonte 2030 reducir la jornada laboral a 30 horas semanales con carácter general, alcanzar un salario mínimo interprofesional (SMI) superior a los 1.500 euros, fijar un impuesto a la banca y extender los permisos de maternidad a 12 meses.

También plantea eliminar todos los vuelos a destinos que cuenten con una alternativa ferroviaria inferior a las 3 horas de trayecto, crear una reserva de materias primas esenciales, un paquete de medidas específico para la España vaciada y conseguir que el DNI pueda reflejar un tercer género que acabe con la concepción binaria de hombre y mujer.

Estas son alguna de las propuesta que recoge el documento ‘Brújula para ganar una época’, y que la formación morada ha elaborado durante esta semana para recopilar las principales conclusiones de su ‘Universidad de otoño’, el foro de rearme ideológico que celebró recientemente.

De esta forma, Podemos ahonda en aspectos programáticos ya planteados en esas jornadas, como la meta de constituir empresas públicas en sectores estratégicos (banca, energía, telecomunicaciones o industria farmacéutica) con un mínimo del 15% de penetración en los diferentes mercados.

A ello suma la prohibición de la entrada de fondos de inversión en los servicios públicos, un proceso de supresión de las privatizaciones acometidas en los mismos (reduciendo como mínimo a la mitad las actuales externalizaciones) e imposibilidad de hacer nuevas, incremento de personal (y salario) del sector público y lograr la completa gratuidad e universalidad de la educación de 0 a 3 años.

Sin embargo, la formación define también otros horizontes programáticos y fija el foco en el aumento del SMI más allá de la franja del 60% del sueldo medio del país fijada para esta legislatura.

«Tenemos que ir más allá», destaca este manifiesto para fijar la «senda de crecimiento por encima de la inflación», algo que mejorará «indirectamente» todos los salarios, y alcanzar cotas en el SMI análogas a Francia o Alemania, que son superiores a los 1.500 euros mensuales. Con esta medida, proclama que se terminará con el fenómeno del trabajador «pobre».

La duración de la jornada laboral es otra de las medidas, que debe bajar de las 40 horas semanales actuales a una de 30 horas con carácter general, básico a su juicio para reducir el paro juvenil y aumentar el espacio de la conciliación.

REFORMA FISCAL, IMPUESTO A LA BANCA Y ACABAR CON LA ELUSIÓN FISCAL

En materia económica también persigue una fiscalidad «justa» y para ello demanda un aumento impositivo a las grandes fortunas, con un tipo mínimo que no pueda ser eliminado por determinadas comunidades autónomas, y que las grandes empresas paguen un tipo impositivo efectivo no inferior al de las pymes.

Pero también busca un impuesto a la banca para recuperar antes de 2030 «la totalidad del rescate bancario», la apuesta por crear una lista española propia de paraísos fiscales y medidas que prohíban la evasión y elusión fiscal de empresas y particulares (obligando a tributar en territorios donde tengan alguna relación real con la actividad económica), entre las que figuran impedir «el uso de sociedades pantalla para hacer negocios particulares».

Respecto al transporte, Podemos establece la eliminación de cualquier proceso de privatización y aboga por un cambio «radical» del modelo con una serie de metas. Además de eliminar los vuelos cortos con alternativa ferroviaria, la formación morada busca duplicar el número de viajes en bicicleta y usuarios del transporte público, así como alcanzar los 8 millones de coches eléctricos y el desarrollo de un «nuevo mallado intermodal» que «conecte como se merece a la ‘España vaciada’ con el resto del país».

SOLUCIONES A LA ‘ESPAÑA VACIADA’

Precisamente a las zonas que sufren despoblación el partido dirige un completo paquete de medidas, algunas de efecto transversal como potenciar los cuidados domiciliarios (en lugar del modelo residencial) a los mayores, la instalación de plantas renovables (respetado la voluntad de las poblaciones) abiertas a la participación de los agentes locales y con mecanismos de compensación, como un menor precio de la energía.

También cita la extensión de la banda ancha a todos los municipios del país, una amplia red de servicios públicos (educación, sanidad y dependencia) e incentivos a empresas que instalen su base en estos territorios.

Además, postula una estrategia de reindustrialización, reducir la dependencia energética del exterior al 50% con más renovables y llegar, en el plazo de 10 años, a que todos los organismos públicos alcancen una tasa del 100% de consumo alimentario de proximidad.

En materia social llama a eliminar la denominada ‘tasa rosa (la fiscalidad superior que presentan ciertos productos de higiene femenina), la prestación universal por crianza o extender los permisos por maternidad y paternidad a 12 meses.

REGULARIZACIÓN DE PERSONAS SIN PAPELES

También llama a «blindar una nueva generación de derechos feministas» y que las personas e las personas LGTBi consoliden sus libertades de cara a que «puedan desterrar los armarios de manera definitiva». En esta línea, proclama que el «ostracismo» a las personas no binarias debe eliminarse y que la opción de reflejar un tercer género en el DNI «no debería ser un problema» en el horizonte 2030.

Mientras, propone triplicar la inversión pública en la industria cultural, la declaración del Mar Menor como parque regional y regularizar de «forma extraordinaria a la gran bolsa de personassin papeles que se ha acumulado en los últimos años como consecuenciade unas políticas de extranjería crueles e ineficaces».

LLEGAR AL 50% DE MUJERES EN LA POLICÍA, GUARDIA CIVIL Y EJÉRCITO

Para las Fuerzas Armadas, la formación morada impulsará un incremento salarial en la tropa y marinería superior al doble del SMI y IPC, al entender que es una «vergüenza» que los soldados «se jueguen la vida» con sueldos mileuristas, con garantías de empleo también a los militares mayores de 45 años.

Respecto al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Podemos se compromete a eliminar el Código Penal Militar en la benemérita y, como elemento clave en su «modernización y democratización, apuesta por elevar el porcentaje de mujeres en la Policía, la Guardia Civil y el Ejército al 50% de los efectivos.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha celebrado este domingo que la nueva Comisión Ejecutiva Federal del partido refleja que «el siglo XXI será el de la revolución feminista y ya lo está siendo en el Partido Socialista», mientras el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha remarcado que no hay «ningún giro» de Pedro Sánchez, sino un nuevo equipo en el que están representadas todas las federaciones.

Así lo han trasladado a los periodistas a su llegada a la última jornada del 40 Congreso Federal del PSOE en Feria Valencia, antes de la votación de los órganos. La renovada Ejecutiva la integran 42 socialistas, con seis ministros y amplia presencia juvenil y municipal.

Lastra ha destacado además que en la dirección hay «25 mujeres y 17 hombres» y se ha mostrado satisfecha por la renovación de una Ejecutiva que «también refleja la diversidad de España y el poder municipal, con unas alcaldesas maravillosas».

La incorporación de seis ministros demuestra, a su juicio, la coordinación «absoluta» entre el partido y el Gobierno que comparten con Unidas Podemos. «Y sobre todo, que todos estamos centrados en la recuperación y en seguir avanzando, que es lo que más nos preocupa y ocupa en estos momentos», ha aseverado.

VOLCADOS EN LAS ELECCIONES

En la misma línea, el ‘número tres’ del PSOE ha garantizado que la Ejecutiva refleja la unidad del partido gracias a «un gran equipo con mucho trabajo por delante». Sin duda, ha afirmado, la dirección se «volcará» para lograr el mejor resultado en las elecciones autonómicas y municipales para las que queda año y medio.

Sobre si es un giro de Sánchez, Cerdán ha puntualizado que «es un nuevo equipo y una nueva dirección», una Ejecutiva en la que continúan representada todas las federaciones socialistas. «Nada más, no es ningún giro del secretario general», ha recalcado.

Y los seis ministros también reflejan, en su opinión, que en el PSOE tienen mucho trabajo por delante y que la comunicación entre Gobierno y partido «tiene que ser fluida y va a ayudar bastante a que sea todavía mejor».

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha diseñado una Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de 42 personas, en la que destaca la integración de seis de sus nuevos ministros, un importante relevo generacional, con una media de edad de 47 años –diez menos que la anterior–, y una presencia del 60% de mujeres. Además, solo repiten 12 de los dirigentes de la actual Ejecutiva.

En cuanto al reparto territorial, la federación con más representantes en la nueva dirección del PSOE es Andalucía, con un total de nueve, seguida de Madrid, que contará con seis. El PSC y Castilla y León tendrán cuatro miembros cada uno, Canarias sumará tres, el País Vasco y Castilla-La Mancha, dos cada uno y el resto de comunidades tendrá un representante, al igual que Ceuta.

En concreto, formarán parte del nuevo núcleo duro de Sánchez en Ferraz el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos; la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como secretaria de Sanidad y Consumo; la de Ciencia, Diana Morant, como secretaria de Ciencia, Investigación y Universidades; y como vocales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; y la de Educación, Pilar Alegría.

Con su nuevo equipo, en el que estará la diputada más joven del Congreso, la castellanoleonesa Andrea Fernández, como secretaria de Igualdad, se confirma la apuesta de Sánchez por plasmar en su Ejecutiva un importante relevo generacional. Fernández, de 28 años, sustituye en este puesto a la también exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.

También es significativa la gran presencia de mujeres –el 60% frente al 40% de hombres– y, como se esperaba, la presencia de perfiles procedentes del municipalismo, como es el caso de las ya ministras Alegría y Morant, o la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, como secretaria de Emprendimiento e Impacto Social. Además, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, será la presidenta del Comité Federal.

En la Ejecutiva, que es el órgano encargado de gestionar el día a día del partido, también entran el diputado jienense Felipe Sicilia como portavoz; la directora adjunta del gabinete de Sánchez en Moncloa, Llanos Castellanos, como secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública; y la dirigente vasca Idoia Mendia, como secretaria de Estudios y Programa.

Entre las caras nuevas en la Ejecutiva destaca asimismo la portavoz en la asamblea de Madrid, Hanna Jalloul, como secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo; o el consejero de Política Territorial de la Generalitat Valenciana Arcadi España, como secretario de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana; y como secretaria de Reto Demográfico, Maite Pérez Esteban.

En esta nueva Ejecutiva sólo mantienen su puesto 12 dirigentes de los 49 que conformaron el equipo que Sánchez diseñó en el 39º Congreso Federal de 2017. Es el caso, como ya se había confirmado, de Cristina Narbona como presidenta del partido; Adriana Lastra como vicesecretaria general; y Santos Cerdán como secretario de Organización.

Asimismo, conservan su asiento, aunque con distintas responsabilidades, los dirigentes Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ahora será secretario de Política Municipal; Javier Izquierdo, que asumirá la Secretaría de Acción Electoral; el secretario general de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como responsable de Autonomías; Pilar Cancela, que asume la secretaría de Exterior; Patxi López, como Memoria Democrática y Laicidad.

A su vez, la portavoz en el Parlamento Europeo, Iratxe García, conserva la secretaría de Unión Europea; Pedro Casares asume la secretaría de Transformación Digital; Mª Luz Martínez Seijo conserva Educación; y Luc André Diouf se mantiene, ahora como secretario de Políticas Migratorias y Refugiados.

Así queda al lista de los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva Federal que se aprobará este sábado en el 40º Congreso que se celebra en Valencia:

1. Presidenta: Cristina Narbona Ruiz (Madrid).

2. Secretario General: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid).

3. Vicesecretaria General: Adriana Lastra Fernández (Asturias).

4. Secretario Organización: Santos Cerdán León (Navarra).

5. Secretaria Igualdad: Andrea Fernández Benéitez (Castilla y León).

6. Secretaría de Estrategia y Acción Electoral: Javier Izquierdo Roncero (Castilla y León).

7. Secretaría de Política Municipal: Alfonso Rodríguez de Celis (Andalucía).

8. Secretaría Política Autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

9. Portavoz: Felipe Sicilia Alférez (Andalucía).

10. Secretaría Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública: Llanos Castellanos Garijo (Madrid).

11. Secretaría de Estudios y Programas: Idoia Mendia Cueva (País Vasco).

12. Secretaría Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hanna Jalloul Muro (Madrid).

13. Secretaría Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España García (Comunidad Valenciana).

14. Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López Álvarez (País Vasco).

15. Secretaría Reto Demográfico: Maite Pérez Esteban (Aragón)

16. Secretaría Unión Europea: Iratxe García Pérez (Castilla y León).

17. Secretaría de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons Pons (Baleares)

18. Secretaría de Política Economía y Transformación Digital: Pedro Casares Hontañón (Cantabria).

19. Secretaría Cultura y Deportes: Manuela Villa Acosta (Madrid)

20. Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social: Juan Francisco Serrano Martínez (Andalucía)

21. Secretaría de Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer Alcaraz (Comunidad Valenciana)

22. Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez García (Cataluña).

23. Secretaría de Formación: María Márquez Romero (Andalucía)

24. Secretaría de Educación, Formación Profesional: Mª Luz Martínez Seijo (Castilla y León).

25. Secretaría de Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant Ripoll (Comunidad Valenciana).

26. ecretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo De los Reyes (Andalucía).

27. Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala (Murcia)

28. Secretaría Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco Gual (Comunidad Valenciana)

29. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana Mª Romero Obrero (Andalucía)

30. Secretaría de Sanidad y Consumo: Carolina Darias San Sebastián (Canarias)

31. Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños García (Madrid)

32. Secretaría LGTBI: Víctor Gutiérrez Santiago (Cataluña)

33. Secretaría del PSOE Exterior: Pilar Cancela Rodríguez (Galicia).

34. Secretaría de Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias).

VOCALES:

35. Manuel García Salgado (Cataluña)

36. Sabrina Moh Abdelkader (Melilla)

37. María Nieves Ramírez Moreno (Andalucía)

38. Mª Jesús Montero Cuadrado (Andalucía)

39. Pilar Alegría Continente (Aragón)

40. Isabel Rodríguez García (Castilla-La Mancha)

41. Elisa Garrido Jiménez (La Rioja)

42. Álvaro Martínez Chana (Castilla-La Mancha)

Además, forman parte de este órgano, como miembros natos, el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez (Canarias); la portavoz en el Senado, Eva Granados (Cataluña); y el nuevo presidente del Consejo de Política Federal, el alcalde de Sevilla y líder andaluz, Juan Espadas (Andalucía).