Miles de ganaderos con cerca de 400 tractores y camiones han recorrido este domingo, 12 de diciembre, las calles de Santander, desde el PCTCAN hasta el Sardinero, para protestar por los «bajos» precios de la leche.

Se trata de la concentración «más multitudinaria» de los ganaderos cántabros llevada a cabo este año en defensa del campo, según las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, que han destacado que «ha empezado la revolución del campo en Cantabria».

Las OPAs han convocado esta movilización con motivo de la celebración este fin de semana del 14º Congreso regional del PSOE, para trasladar el «malestar» del sector, que «está atravesando una situación límite por la falta de rentabilidad de sus explotaciones».

Los vehículos han portado pancartas que decían «Ante la venta de pérdidas, tolerancia cero», «El campo no se vende, se defiende», «Por unos precios justos», «Somos esenciales», «Si el campo no produce la ciudad no come», «Por una vida digna en los pueblos» y «La ganadería se arruina. Al Gobierno la industria le patina»; bajo pitidos, el sonido de campanos y petardos, y los aplausos de cientos de ciudadanos a su paso.

Previamente, esta mañana, los representantes de las OPAs han mantenido un encuentro con el secretario general del PSOE en Cantabria y vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga; y el presidente del Parlamento autonómico, Joaquín Gómez.

Según los secretarios generales de UGAM-COAG y UPA, Gaspar Anabitarte y Alberto Pérez, respectivamente, en la reunión, que ha sido «protocolaria», se ha tratado el tema del lobo, la ley de la cadena y la posibilidad de conseguir más ayudas «por todo el problema del dinero del Covid que se volvió para atrás» y que han reclamado «que se pueda hacer con agilidad».

En concreto, sobre la ley de la cadena han pedido «que se cumpla» y que la región pida la transferencia de la misma «para que se pueda aplicar desde aquí». En este sentido, han señalado que aunque el Ministerio «no puede» poner precio a la leche porque «está prohibido» sí puede «implicarse y hacer de árbitro».

A su juicio, aunque tienen el apoyo de todo el sector, el consejero del área y los alcaldes, y el apoyo social es «muy potente», «donde falla es en los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Transición Ecológica». «Ese es el gran problema que tenemos», han dicho.

En concreto, los tractores y los camiones –de cooperativas y piensos– han partido a las 12.00 horas del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), han recorrido Peñacastillo, La Remonta y han atravesado el centro de Santander hasta llegar a las inmediaciones del Hotel Santemar, en el Sardinero –donde se celebra el Congreso del PSOE cántabro– sobre las 14.00 horas, donde han aparcado algunos vehículos y han continuado su trayecto, en una hilera que llegaba hasta los Campos de Sport de El Sardinero.

Frente al Hotel Sardinero se ha leído un manifiesto y los ganaderos han escenificado un entierro, utilizando ataúdes de madera y los muñecos de un ganadero colgado del cuello y una vaca.

MANIFESTACIÓN EN FEBRERO EN MADRID

Las organizaciones han avanzado que continuarán con las movilizaciones en defensa del sector, entre las que se encuentra una manifestación a nivel nacional, que previsiblemente se desarrollará en febrero en Madrid.

Asimismo, tienen la intención de seguir concentrándose en la región y «tocar» la distribución tras las ocho protestas llevadas a cabo desde agosto frente a las industrias, los centros comerciales y en la calle.

A la concentración han asistido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC); y el diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, entre otros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Comité Olímpico Español (COE) han firmado un marco de colaboración para crear actitudes y espacios que refuercen la participación en el deporte dentro del sistema de acogida de Protección Internacional. El memorándum prevé el fomento de las actividades deportivas en los centros de acogida.

En este ámbito, el Ministerio se ha comprometido a que los nuevos centros propios del Ministerio, cuya construcción está prevista en el Componente 22, contarán con medios, materiales y personales, para descubrir cualidades físicas y habilidades deportivas destacadas en personas acogidas. El memorándum facilitará el contacto a las personas acogidas con los responsables de centros y federaciones deportivas españolas competentes.

Además, esta colaboración también pasa por impulsar la interacción entre las personas acogidas con habilidades deportivas destacadas y los ciudadanos españoles que les acogen, con el fin de trasladar motivación, conocimiento, experiencias y valores.

Tras la firma, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha destacado la importancia del deporte para la «inclusión e integración de las personas migrantes. «Pocas actividades contribuyen tanto a la integración y al desarrollo de las capacidades de los jóvenes como el deporte».

«Estamos muy satisfechos de este acuerdo para desarrollar actividades reportivas y reforzar los equipamientos deportivos en los centros de refugiados», ha afirmado el ministro en declaraciones, en alusión a los que ya existen y a los que están por crear.

«Se trata de introducir el deporte en el proceso de integración de esas personas con las que hay que tener la máxima solidaridad», ha apostillado el ministro que ha calificado a España de «país muy solidario».

EL MUNDO EN MOVIMIENTO

El ministro ha estado acompañado del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco y el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, junto con Vicente del Bosque, quienes han asistido a la ‘gran final’ del campeonato ‘El Mundo en Movimiento’, celebrada en Madrid entre personas refugiadas de los centros de Mislata y Vallecas.

Este proyecto de inclusión a través del deporte, impulsado por el Ministerio, aborda a través del fútbol desafíos de integración social entre personas refugiadas y comunidades locales, según ha detallado el ministerio.

El acto ha contado con dos padrinos: Niko Shera, bicampeón del mundo que ha participado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Shera llegó a España con 12 años de Georgia. Y Joan Linó, bronce en Atenas 2004 en salto de longitud, nacido en La Habana y en España desde el año 2000.

Desde el pasado mes de mayo, personas refugiadas en el CAR de Mislata (Valencia) y en el CAR de Vallecas (Madrid) han entrenado con el apoyo de Red Deporte, e incluyendo en sus dinámicas deportivas la colaboración de jugadores y jugadoras del Club Independiente de Vallecas y del club La Unión Mislata.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los cantantes Joan Manuel Serrat, Lluís Llach y Marina Rossell han acudido este domingo a la capilla ardiente del cantautor Ramon Muntaner, que falleció el pasado jueves 9 de diciembre a los 71 años.

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, y la presidenta del Ateneu Barcelonès, Isona Passola, también han acudido al acto, que ha reunido a unas 130 personas entre conocidos y familiares del cantautor.

La capilla ardiente se ha celebrado en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Barcelona, entidad que Muntaner dirigió desde 1996 hasta su muerte, y ha contado con la presencia de su actual presidente, el guionista y dramaturgo Antonio Onetti.

También ha acudido el exconseller de Cultura de la Generalitat y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Mascarell, que precedió a Muntaner en la dirección del SGAE, y le ha recordado como «un hombre feliz y que hizo a mucha gente feliz».

El acto también ha reunido a otros profesionales del sector cultural y personalidades destacadas, como la actriz Sílvia Bel, los cantantes Gerard Quintana y Natxo Tarrés, el director teatral Joan Ollé, la promotora musical Gemma Recoder, la concejal de ERC en el Ayuntamiento Gemma Sendra y el sommelier Josep Roca.

ACTUACIÓN DE SÍLVIA BEL

Al escenario ha subido Sílvia Bel, que ha recitado un poema musicalizado por Eduard Iniesta y Toni Xuclà, y también lo han hecho dos hijos de Muntaner: uno ha pronunciado un texto escrito por la mujer de este y otro ha hecho una improvisación de piano.

Durante la clausura del acto ha sonado una canción de la banda sonora de ‘La Plaça del Diamant’ compuesta por Muntaner, ‘Cançó de La Plaça del Diamant’, y el féretro ha sido retirado de la sala mientras sonaba ‘El tema dels nens’, también de la adaptación de la novela original de Mercè Rodoreda.

Muntaner (1950-2021) tenía adscritas en la entidad 220 obras de géneros como la canción y la música de películas y series de televisión, drama, comedia y ballet.

Más Madrid ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume este miércoles a la concentración convocada, a las 19.30 horas, en la Puerta del Sol contra «el retroceso» que, a su parecer, supondría la derogación de las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad, y que va contra «la identidad de Madrid».

La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, Eduardo Fernández Rubiño, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, han acudido este domingo a la Plaza de Chueca a un reparto de octavillas ante el debate de la toma en consideración de la Ley de Igualdad propuesta por Vox, que incluye la derogación de las normativas LGTBI, que tendrá lugar el jueves en la Asamblea.

En declaraciones a los medios, Rubiño ha desvelado que estarán en los barrios de Madrid pero también en los municipios de la región para informar «a todo el mundo del posible retroceso en las leyes LGTBI que ha planteado el Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso junto a Vox en la Asamblea de Madrid».

«Estaríamos ante el primer retroceso que viven los derechos LGTBI en nuestro país desde la historia de la democracia. Ante esto queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, independientemente de su condición sexual, independientemente de si son personas LGTBI o no, para que salgamos a defender los derechos de todos y de todas», ha subrayado. Así, Rubiño ha sostenido que el día 15 en Sol habrá «una manifestación histórica» y ha recalcado que no permitirán que se dé «ni un solo paso atrás en esta materia».

«No nos podemos permitir la vergüenza como país de retroceder en una cosa en la que hemos sido siempre vanguardia, siempre referencia internacional y en la que siempre se nos ha mirado con envidia desde otros lugares del mundo por los derechos que hemos conquistado históricamente. Reiteramos nuestro llamamiento», ha manifestado.

Por su parte, Maestre ha coincidido con Rubiño en que este «no es solo un ataque a las personas LGTBI», ni a las mujeres, sino que es un «ataque contra la identidad de Madrid, una ciudad que es conocida en el mundo entero por haber defendido su libertad, por haberla construido en las calles». «Madrid es una ciudad libre, una ciudad abierta donde cabemos todos. Madrid no puede ser el comienzo del retroceso de los derechos LGTBI en España», ha recalcado.

En este sentido, ha incidido en que en la normativa que propone «la extrema derecha en la Asamblea» también se incluye «la eliminación del concepto de violencia machista». Lo que, a su parecer, supondría «un retroceso como no ha pasado en décadas» en España.

Maestre ha considerado que lo más importante que tiene que saber Ayuso es que «al frente de Madrid hay una ciudadanía organizada que mayoritariamente quiere vivir en libertad, que no quiere convertirse en Polonia, que no quiere ver como Madrid se convierte en Hungría».

En este sentido, ha subrayado que en el Ayuntamiento también le están exigiendo al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que «vuelva a incorporar en los Presupuestos las subvenciones y los apoyos a los colectivos históricos que han construido el Orgullo de Madrid».

Por último, Errejón ha solicitado al Gobierno central que acelere las leyes LGTBI que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de los Diputados. Así, ha exigido que dejen de «marear la perdiz» para que su aprobación constituya un «blindaje nacional» para que «ningún Gobierno pueda recortar en derechos fundamentales».

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentado que la ley del audiovisual que ha propuesto Junts no vaya a debatirse en el próximo pleno del Parlament: «Cuando no vamos todos juntos, ganan los otros», ha dicho en referencia a la falta de consenso por parte de la mayoría independentista parlamentaria.

«Si la mayoría independentista no actúa desde las instituciones, entonces no hay mayoría independentista», ha advertido este domingo en un acto del partido en Barcelona junto con la diputada y vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, y los diputados Jaume Alonso-Cuevillas y Pep Riera.

Sin embargo, ha argumentado que la mayoría independentista en el Parlament no está rota porque la gente que votó a ERC, Junts y la CUP en las elecciones catalanas «no ha dejado de existir».

Ha considerado que la lengua catalana es la columna vertebral de Catalunya y ha acusado al Estado español de «incumplir sistemáticamente» las directivas europeas, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la Constitución, porque no protege, a su parecer, las lenguas cooficiales.

ARTADI: «SE HAN CARGADO EL MODELO BARCELONA»

Artadi ha argumentado que PSC y comuns «se han cargado el modelo Barcelona», basado en la colaboración público-privada y público-social, y lo ha atribuido concretamente al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni; el teniente de Seguridad, Albert Batlle, y a la de alcaldía de Agenda 2030, Laia Bonet.

«Han decidido que ellos tienen la razón absoluta y gobiernan de esta forma autoritaria», ha criticado, y ha asegurado que el presupuesto municipal no está sirviendo para resolver problemas relacionados con la desigualdad y la vivienda.

En relación con la lengua catalana, ha lamentado que ha entrado en una «fase de emergencia lingüística» y que los jóvenes la usan muy poco, y ha añadido que el Ayuntamiento da el peor ejemplo de todos en relación con su uso y sin hacer políticas a su favor, según ella.

También ha criticado que para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, «las tradiciones no son importantes», por la falta de la pista del hielo en la plaza Catalunya y el pesebre de plaza Sant Jaume.

ALONSO-CUEVILLAS Y PEP RIERA

En relación con la imposición de un 25% de castellano en las aulas de Catalunya, Alonso-Cuevillas ha defendido que «cuando una lengua tiene que ser impuesta por los tribunales» significa que no es la lengua propia del territorio.

Riera ha defendido la necesidad de que Elsa Artadi sea la próxima alcaldesa de Barcelona para hacer que sea «la verdadera capital del país, de una Catalunya independiente».

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha participado este domingo en el cierre de la campaña simbólica #HuelgaDeJuguetes, donde ha defendido que «unos juguetes libres de estereotipos permiten que la infancia se divierta con total libertad y despliegue toda su potencialidad en la edad adulta».

El ministro ha considerado que toda la sociedad, en alguna medida, «es presa de estereotipos y corregirlos, especialmente, cuando hablamos de la edad infantil», es fundamental para que niños y niñas puedan «desarrollarse libremente como personas libres de prejuicios sexistas», según ha informado el Ministerio.

«Hay que seguir insistiendo en este tipo de mensajes porque la publicidad dirigida al público infantil también ayuda a conformar su identidad», ha argumentado Garzón en relación a esta campaña, que se puso en marcha el pasado jueves y ha culminado este domingo en el Teatro de Títeres del parque de El Retiro (Madrid) con un cuentacuentos.

En este acto también ha participado un oso de peluche en representación de todos los juguetes de mundo. «Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados sólo para jugar con niños o sólo para jugar con niñas. ¡No tiene sentido y no podemos más! Por eso, decimos: ¡basta!», ha señalado.

Esta campaña de sensibilización ha estado protagonizada en todo momento por los juguetes que, en un videocomunicado, han reivindicado su «derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no solo con el 50%». Además, para concienciar de que «jugar no tiene género», las familias han podido compartir en redes sociales fotografías de sus juguetes bajo la etiqueta #HuelgaDeJuguetes.

El Ministerio de Consumo ha querido así concienciar sobre el riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en la publicidad en una época como la navideña, en la que aumentan los anuncios de juegos y juguetes.

EL 40% DE ANUNCIOS VINCULA A LAS NIÑAS CON LOS CUIDADOS

Según un estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de juguetes elaborado por el Instituto de las Mujeres en 2020, casi el 40% de estos anuncios muestra a las niñas arquetipos relacionados con la belleza y los cuidados, mientras que el 50% de los dirigidos a niños se relaciona con profesiones como piloto, policía o militar.

Por ello, Consumo recomienda elegir juguetes y juegos libres de clichés de género y optar por regalos que, en lugar de limitar el desarrollo presente y futuro de niños y niñas, lo amplíen y estimulen. En este sentido, el ministerio recuerda que un juguete sexista es todo aquel que tiene una versión diferenciada para cada sexo y que, por tanto, no se presenta como apto tanto para niños como para niñas.

Esta campaña se suma a las acciones que el Ministerio de Consumo viene desarrollando tanto con la industria fabricante de juguetes en España como con el sector de la distribución para avanzar en la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad de juguetes y juegos».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha mostrado contrario este domingo a las amenazas que ha recibido la familia de Canet de Mar (Barcelona) que reclamó que la escuela ofreciera un 25 por ciento de la escolarización en castellano. «Todos los insultos están absolutamente fuera de lugar y todos los políticos incendiarios están absolutamente fuera de lugar», ha apostillado.

Preguntado por este caso en un acto celebrado este 12 de diciembre en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, Errejón ha aseverado que representan «un Madrid que no insulta, que no agrede, que no quiere enfrentar pueblos».

«Representamos un Madrid que no quiere sembrar la discordia y, lo contrario, quiere fomentar y construir la convivencia entre los pueblos» ha afirmado el líder de Más País que ha lamentado que «políticos del Partido Popular comparen la situación en Cataluña con la situación en Sudáfrica».

«Solo un necio o un irresponsable haría algo así. Es una absoluta barbaridad. Todos los insultos están fuera de lugar pero yo pediría que en esto nadie intentara generar un incendio para rascar unos cuantos votos», ha alertado.

«Eso el Partido Popular lo ha hecho en otras ocasiones con Cataluña y le ha causado muchísimo sufrimiento a la ciudadanía, y ha separado mucho más a los pueblos España. Yo pediría que nadie utilice esto para incendiar y para rascar algunos votos», ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que los representantes públicos tienen «una posición de responsabilidad mayor en la ciudadanía». «Alguien que dice que en una comunidad de nuestro país hay una situación como la de Sudáfrica lo está haciendo por desconocimiento o porque en realidad intenta incendiar para sacar los máximos votos. Y eso no es una buena forma de hacer política», ha aseverado.

«Yo pediría simplemente que no sobre actuemos, que no exageremos, que no insultemos. Yo creo que nosotros, los representantes públicos, no debemos estar para generar problemas, sino para ayudar a solucionarlos. Y escuchado declaraciones estos últimos días que me parece que buscan más agravar los problemas», ha zanjado.

Una veintena de personas han participado este domingo en la manifestación, organizada por AnimaNaturalis y CAS International, en la plaza de España de Palma, para reivindicar que «ni galgos ni podencos son un instrumento».

Según ha informado la portavoz de AnimaNaturalis, Arantxa Laguna, en declaraciones a los medios, «con la manifestación de este domingo, lo que se hace es intentar luchar para que los más de 50.000 galgos que, de acuerdo con las cifras de las protectoras que los recogen, son abandonados, apedreados o colgados de un árbol al año en España, tengan los mismos derechos que cualquier animal que está en casa».

Y es que, hay que recordar, ha continuado diciendo Laguna, que «el galgo, junto al podenco, es el animal que más se abandona en todas las perreras y protectoras de España» porque «cuando los cazadores ven que ya no corren, no son ágiles y no les sirven los descartan».

En esta línea, ha apuntado que «aún hay que dar gracias de los que llevan a galgos y podencos a una protectora, porque, en la mayoría de los casos, cuando no sirven al cazador, son colgados de árboles». Una acción que, ha hecho hincapié, se ha convertido en una tradición «muy triste».

Asimismo, ha agradecido que «cada vez exista una mayor conciencia de la situación de estos animales». Y, ha avanzado que desde las entidades animalistas «se trabaja para incorporar los derechos de galgos y podencos en la Ley de Bienestar Animal de España».

CONSIGNAS A FAVOR DE GALGOS Y PODENCOS DURANTE LA MANIFESTACIÓN

Durante la manifestación, además de atender a los medios, Laguna ha leído un manifiesto y ha animado a la veintena de asistentes a corear consignas en favor de la protección de galgos y podencos.

Así, durante el acto, que ha sido organizado por AnimaNaturalis y CAS International, se han podido escuchar gritos como «basta ya de maltrato animal», «no son herramientas» y «galgos y podencos no son instrumentos».

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta (PSC), ha apuntado este domingo en Granada que «la derecha está tan desatada» que «llama incluso comunista al Papa», y ha criticado la «falta de sentido de Estado» que a su parecer está mostrando el PP, a cuyos líderes ha acusado de explicar «milongas» ante las que ha pedido «conservar un mínimo de memoria».

Así, en su intervención en el 26 Congreso Provincial del PSOE de Granada, se ha referido a asuntos de política nacional como la reforma laboral, en torno a la cual ha aludido a las críticas del PP, partido a cuyos dirigentes Iceta ha pedido que no haga «pagar a todos ese ardor de estómago», que les «está quemando por dentro».

Ha incidido en que el Gobierno apuesta por llevar a cabo la reforma laboral con «acuerdo» con los agentes sociales, y «hasta el último día del año» trabajará en esa dirección.

Sobre Cataluña, ha resaltado que con el PP en el Gobierno central se celebraron una «consulta» y un «referéndum» ilegales, y se llegó, tras la declaración unilateral de independencia, a un «choque de trenes». Sin embargo, «cuando las cosas se rompieron», el PSOE en la oposición tendió la mano a Rajoy, pues «había cuestiones» que «están por encima de lo que podía haber sido un legítimo» interés de partido.

Ha criticado también la postura del hoy principal partido de la oposición con el indulto de los líderes del procés, del que «ahora ya no se habla mucho» porque el Ejecutivo socialista «tenía razón». «Eso distensionó la sociedad catalana», ha remachado sobre este tema.

En el ámbito de sus competencias, ha hecho alusión a la oposición al bono cultural, y ha dicho no sentirse extrañado por ella pues «difícilmente puede creer» en una medida así quien «no apoya la cultura.

Sobre Andalucía, ante un auditorio en que ha estado también el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha incidido en que estará «mejor» gobernada de nuevo por los socialistas para así, entre otras cuestiones, avanzar en la senda de «garantizar derechos» y de la igualdad. «Queremos vivir mejor todos juntos», ha resumido, llamando a poner «freno» a un Gobierno del PP con Vox tras los siguientes comicios autonómicos de 2022, aún no convocados.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha resaltado este domingo en Granada la «unidad» que se está trenzando en los congresos provinciales de la formación, añadiendo que «tan solo hace unos meses alguno podía pensar que era impensable», aunque él sabía que iba a «ocurrir», en un objetivo «no exento de mucho trabajo».

Esta «unidad» es clave para ganar las elecciones autonómicas y volver a gobernar en la Junta de Andalucía, que es su fin principal, ha indicado el dirigente socialista en el 26º Congreso Provincial del PSOE de Granada. Durante su intervención ha incidido ante sus compañeros que, más allá de que se puedan «manejar encuestas», no se puede «asumir como inevitable» ningún escenario de cara a las próximas elecciones andaluzas de 2022, aún no convocadas.

Por ello es necesario «coger el motor del cambio», ha explicado Espadas, que ha explicado que es necesario estar a la altura del espíritu del 4D y que «no venga» una fuerza como Vox a cuestionar la capacidad de autogobierno de Andalucía.

Ha señalado como «única» la oportunidad ante las próximas elecciones autonómicas de contraponer la «agenda del cambio» del Gobierno central con la «ausencia absoluta» de iniciativa política de la que ha señalado que adolece el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha acusado de haber apostado en todo momento por una prórroga del Presupuesto de la Junta por «cálculos electorales».

El también alcalde de Sevilla ha destacado en este contexto la labor como «partido de gobierno» del PSOE, y se ha preguntado que se está «incubando» en Andalucía entre el PP y Vox, aludiendo a que podría alcanzar a un posible «pacto» para «cargarse el Estatuto de Autonomía» en detrimento de otras políticas como la apuesta por la lucha contra la violencia de género, a cuya última víctima mortal en Granada ha recordado ante el plenario.

Espadas ha pedido tener recordar «dónde estaba la derecha» en el 4D, o qué pedía en el referéndum para el Estatuto, a la par que ha defendido la vigencia de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía.

El Congreso Provincial del PSOE, que elige en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada a la dirección que, con José Entrena a la cabeza, comandará desde este domingo el partido en Granada, ha comenzado pasadas las 10,00 horas con un homenaje a los ex secretarios provinciales.

Cuenta también con las intervenciones durante la jornada del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el secretario de Organización del PSOE-A, Noél López; del secretario federal de Política Municipal, Alfonso Gómez de Celis; y el propio Entrena.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que la previsión del caudal máximo del río Ebro a su paso por la capital aragonesa «ha disminuido considerablemente», en torno a los 2.300 metros cúbicos por segundo, y la punta de la crecida en la ciudad se ha retrasado, por lo que las afecciones «van a ser menores de las previstas inicialmente» y va a haber más tiempo para prepararse, ha apuntado.

Azcón, que ha visitado este domingo, 12 de diciembre, los barrios rurales de Juslibol, Alfocea y Monzalbarba, para conocer los trabajos que se están realizando con el objetivo de evitar incidencias por la crecida del río Ebro, ha reiterado que lo fundamental es prever los daños que se puedan producir.

«Prever es lo que estamos haciendo: desalojando granjas y párquines privados, donde se va a filtrar el agua, y poniendo párquines alternativos, el desalojo de las urbanizaciones que toda la vida se han visto inundadas y buscando espacios alternativos a esas personas», ha contado el alcalde.

En este sentido, se han habilitado espacios de aparcamiento para los vecinos que tengan que sacar sus vehículos de garajes con posibilidad de inundación, en el Arrabal: frente al Centro Cívico de la Estación del Norte y la Administración de Hacienda del barrio, en la explanada entre el Centro Municipal La Jota y el Colegio Público Marie Curie, y el terreno próximo al CMF Azucarera.

Además, se van a desalojar las viviendas –la mayoría segundas viviendas– de la parte baja del barrio rural de Alfocea.

200 TRABAJADORES MUNICIPALES

En el operativo están implicados unos 200 trabajadores municipales, del servicio de emergencias, bomberos, Policía Local, servicios sociales e infraestructuras.

Para concluir, Azcón ha subrayado que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dicho que la crecida no va a ser «tan destructiva» como se preveía, ya que «aguas arriba, el río ha tenido salidas más importantes –en Navarra– y a Zaragoza no llegará tanto» Eso sí, «siempre atentos, porque el río es impredecible», ha sentenciado.

El PP defenderá este martes en el Congreso cambios legales para facilitar la revisión de los contratos de adjudicación de obras públicas por el aumento de precios de las materias primas y los problemas de abastecimiento, con el fin de revisar sus precios y el plazo de estos trabajos.

De esta forma, los ‘populares’ llevarán al Pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley registrada el pasado noviembre en la que piden actuar ante las dificultades sobrevenidas para las constructoras, que pueden llegar a enfrentarse a «contratos leoninos» con las administraciones públicas por el cambio de coyuntura y evitar un «enriquecimiento injusto» de los poderes públicos.

EXIGEN CAMBIOS EN LA LEY DE CONTRATOS Y DE DESINDEXACIÓN

Por ello, reclaman concretamente la modificación de dos normas concretas, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de desindexación de la economía, dos normas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, para flexibilizar las condiciones previstas para modificar los contratos de obra y ampliar las situaciones de excepcionalidad que amparan una revisión de los precios.

Asimismo, piden incluir en la Ley de contratos una fórmula de actualización extraordinaria de los precios de los materiales recogidos en los contratos en vigor y que estos se contemplen en todos los pliegos en tramitación mientras dure esta «situación de excepcionaldad económica».

En su exposición de motivos, el PP destaca cómo entre abril de 2020, en plena pandemia, y agosto de 2021, el coste del acero ha aumentado un 105%, el aluminio un 81%, el cobre un 77% y la madera un 49%. Unido al encarecimiento del petróleo y derivados y los costes energéticos, asegura que este contexto «amenaza la viabilidad de muchos proyectos», con un incremento de coste total de las obras de un 22% de media.

SEGURIDAD JURÍDICA Y «MEDIÁTICA» PARA REVISAR LOS CONTRATOS

Todo ello frente a una regulación «muy rígida» de la contratación pública en lo que respecta a las modificaciones de los contratos en cuanto a precios y plazos de ejecución que creen conveniente reformar para permitir que cualquier posibilidad de modificación pueda ser invocada «de manera casi automática» por cualquier parte afectada, pues hasta ahora únicamente los órganos de contratación tienen potestad de incluir mecanismos de revisión de precios, y la mayoría no los recogen.

En este sentido, los ‘populares’ piden «total seguridad jurídica y ‘mediática'» para amparar este tipo de modificaciones ante una «mal ‘extendida sospecha'» de que estas modificaciones «puedan encerrar causas ajenas al interés general».

INTERESA RECUPERAR LOS PRECIOS COMO REFERENCIA

Por otro lado, los ‘populares’ también piden modificar la Ley de desindexación de la economía para revisar y ampliar, aunque sea de forma temporal, la cláusula que permite actualizar los precios y rentas a la inflación, que establece que las empresas contratistas puedan acceder a una revisión de los precios de los materiales en casos excepcionales, cuando la ejecución ya rebase el 20% y hayan transcurrido al menos dos años.

Esa ley de desindexaciòn es la que esgrimió el Gobierno de Mariano Rajoy para desvincular de la inflación la actualización de precios y rentas, como los salarios, y que se acabó reflejando en su reforma de las pensiones con un mecanismo de revalorización ajeno a la evolución del IPC.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha pronunciado este domingo sobre el caso de Juana Rivas, a quien el Gobierno concedió un indulto parcial aunque este viernes el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazó suspender la ejecución de la pena impuesta. «El Gobierno tomó una decisión y a esa decisión se le tiene que dar cauce», ha afirmado Errejón.

El político ha hecho estas declaraciones en un acto celebrado este domingo en Madrid, acompañado por sus compañeras de partido Mónica García y Rita Maestre, en un encuentro con la militancia en Chueca para defender las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, al ser preguntado por esta cuestión, Errejón ha recordado que «el Gobierno aprobó un indulto parcial» y que ese indulto parcial «necesita luego de medidas de la judicatura».

«Creo que lo razonable es que se le dé cauce. Ha habido ahora una sentencia que nosotros respetamos, aunque no compartimos porque buena parte de la motivación parece marcadamente ideológica, pero la respetamos» ha subrayado Errejón que ha hecho un llamamiento para que en este tema se sea «un poco más responsable».

«Pero me parece que todo caso que el Gobierno tomó una decisión y a esa decisión se le tiene que dar cauce», ha insistido.

En concreto, las palabras del líder de Más País hacen referencia al auto de este viernes del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada que rechazó suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a un año y tres meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.

Según el juez Manuel Piñar, Rivas «no ha mostrado arrepentimiento» lo que, a su juicio, indica que podría cometer nuevamente el mismo delito e incide también en «el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre», apuntando a supuestos «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia».

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta (PSC), ha destacado este domingo la «capacidad para renovar» liderazgos del PSOE y se ha mostrado partidario de seguir una recomendación: «Antes de hablar mal de un compañero, que caiga la lengua al suelo».

En una intervención en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, con motivo del Congreso Provincial del PSOE granadino, Iceta ha explicado que la socialdemocracia, que ha defendido que es el proyecto que «más consenso concita» en el momento actual en Europa y el mundo, «nunca se fue» y es así por su historia, sus valores, su organización, y también su «capacidad de renovar» liderazgos, como, ha especificado, ha realizado el PSOE con Pedro Sánchez en el ámbito estatal, y en Andalucía con Juan Espadas, presente en el plenario.

Esto «da vigencia» a un proyecto, así como capacidad para «adaptarse» y dar «nuevas respuestas a nuevos problemas» desde las convicciones, ha señalado Iceta, que ha recordado una de las «primeras lecciones» que oyó en sus inicios como militante socialista: «Antes de hablar mal de un compañero que caiga la lengua al suelo».

En ese contexto, ha indicado que Juan Espadas es «buena persona» además de ser «trabajador» y «riguroso», y que «ha sabido trenzar acuerdos siempre en beneficio de Sevilla», donde es alcalde, y «lo hará seguro en Andalucía».

Según Iceta, el líder de los socialistas andaluces es la persona «que hace falta», no solo al partido sino también a Andalucía en su conjunto, pues el PP, ha proseguido «ha decidido hipotecarse a Vox», jugando todo «a una sola carta», ya que cree que es «caballo ganador», cuando para el ministro es «un percherón que sólo camina marcha atrás».

Ha defendido también en su intervención el fortalecimiento de los servicios públicos tras la crisis del coronavirus, lo cual es «incompatible con despedir a trabajadores públicos de la sanidad, en Andalucía o donde sea».

Ha llamado a unirse y a «trabajar juntos» olvidando «los colores políticos» y poniendo por delante los intereses generales, en lo que se ha llamado gobernanza y que Miquel Iceta ha dicho que prefiere llamarle federalismo, antes de rendir homenaje a la declaración de Granada y a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Se trata de avanzar hacia una «Andalucía equilibrada, en la que quepa todo el mundo» y evitar que la derecha gobierne de mano de «la extrema derecha» porque en esa fórmula no cabrían las mujeres y los jóvenes Lgtbi que luchan por sus derechos. En ese sentido, ha indicado que el PSOE acompañará a Espadas en su lucha para volver a la Junta desde las ocho provincias, y desde toda España. «Cuando queremos podemos», ha concluido.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ricina, ha desarticulado con la colaboración de la Policía Local seis centros de producción de marihuana en seis viviendas de Chauchina (Granada), donde han incautado 1.588 plantas de cannabis sativa y siete kilogramos de marihuana y ha investigado a un total de 15 personas.

En esta operación, ha investigado hasta el momento a once personas por delitos contra la salud pública por cultivo de droga y delitos leves de defraudación de fluido eléctrico, y a cuatro personas más por delitos leves de defraudación de fluido eléctrico, según ha detallado la Benemérita en un comunicado.

El elevado consumo de electricidad necesario para el cultivo clandestino de cannabis sativa es el responsable de apagones, averías en transformadores e incluso del cableado que sale ardiendo en arquetas. Estos problemas, de manera recurrente, se soportan en un conocido barrio de la localidad de Chauchina y que está provocando las quejas de los vecinos afectados y del propio Ayuntamiento.

La Guardia Civil ha informado que está multiplicando sus esfuerzos para perseguir este tipo de delitos en la provincia. Tras las quejas, los investigadores de la Guardia Civil de Santa Fe han averiguado que en diez viviendas de Chauchina había un consumo «inusualmente alto» de electricidad, por lo que se sospechaba que pudieran estar cultivando cannabis sativa de manera intensiva.

Una vez identificadas las viviendas sospechosas, la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en torno a ellas y han procedido al registro. En el primero, los agentes han encontrado 167 plantas de cannabis sativa y sucesivamente hasta en seis actuaciones 407, 90, 207, 105 y 612 plantas.

Durante los registros en la calle Ginés de los Ríos, la Guardia Civil ha visto a uno de los vecinos sospechosos sacar su vehículo de la cochera.

Lo interceptaron y al registrar el maletero comprobaron que este individuo, al ver el dispositivo, trataba de huir con siete kilogramos de marihuana.

Además, al registrar su vivienda, los agentes no descubrieron ninguna plantación, pero los técnicos de Endesa sí que descubrieron una acometida irregular a la red eléctrica.

En las otras nueve viviendas registradas, estos mismos técnicos de Endesa que habían acudido a apoyar a los agentes de la Guardia Civil, también han descubierto dobles acometidas ilegales a la red.

La Guardia Civil y Endesa colaboran de forma permanente en la detención de anomalías en la red eléctrica con el fin de garantizar no solo el suministro para el resto de ciudadanos, sino también su seguridad.

Esta actuación se incardina en la operación Miller, una operación que está desarrollando la Guardia Civil a nivel nacional contra el cultivo ilegal de marihuana.

La Fiscalía de Valencia ha duplicado el número de investigaciones abiertas por delito de odio en un año, al pasar de las 28 incoadas en 2020 a las 57 durante este ejercicio, y ha reclamado fomentar la protección a las víctimas, campañas de sensibilización e incluir la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal.

Así se desprende de la memoria que ha presentado el ministerio público en el año 2020 relativa a los delitos de odio, sección dirigida en Valencia por la fiscal Susana Gisbert.

En todo el año 2020 se abrieron en la Fiscalía de Valencia 28 diligencias de investigación penal por un delito cometido con ocasión de ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución –delito de odio– mientras que durante este ejercicio –a falta de concluir diciembre–, ya se han abierto 57, es decir, el doble.

De las 28 de 2020, se investigaron 18 incitaciones al odio y otras ocho se abrieron por actos que entrañaban humillación, entre los cuales se incluían casos de lesiones y de amenazas. De ellas, 15 y 4 respectivamente fueron archivadas.

Además, el ministerio público abrió unas diligencias el pasado año por ofensa a los sentimientos religiosos; y otra por discriminación en el ámbito laboral. En ambos casos también se terminó en sobreseimiento.

LA COVID Y LOS DELITOS DE ODIO

La pandemia por Covid-19 estuvo el año pasado muy presente en las víctimas por delito de odio. De esta forma, desde Fiscalía se instruyeron al menos tres asuntos relacionados con el coronavirus y el odio.

El primer caso fue el de las diligencias incoadas a propósito de la denuncia presentada por la aparición de unas pegatinas en varios contenedores de la ciudad donde se hacía referencia a la Covid y se decía ‘Psoe asesino’. Estas diligencias fueron archivadas por falta de autor conocido.

La segunda investigación se abrió tras varios mensajes en banderas colgadas de balcones en el período de confinamiento que rezaban ‘Pedro S Pablo I. Asesinos’. También en este caso acabó decretándose el archivo por entender en este caso que no había suficientes indicios de infracción penal.

Y las terceras diligencias se incoaron a raíz de una nota anónima dirigida a la persona y familia del denunciante, personal sanitario en la crisis de la Covid, en la que le instaban a abandonar la vivienda por ser unos ‘apestados contaminantes’. En este caso, y a pesar del evidente reproche ético, también hubo que archivar las actuaciones por no haber autor conocido.

Al respecto, desde el ministerio público alertan de que las crisis «siempre» se ceban con personas más vulnerables y las víctimas de delito de odio «son vulnerables de todo punto». En pandemia, han añadido, «es más que probable que muchas personas víctimas de delitos de odio se hayan abstenido de denunciar».

PROBLEMAS DETECTADOS

Desde la sección de odio de la Fiscalía de València se alude en la memoria al «problema» para conocer la existencia de delitos competencias de la sección de tutela penal de la igualdad.

Al respecto, concretan que cuando las diligencias se incoan por denuncia o atestado ante el juzgado, «no es fácil siempre tener conocimiento y hacer el seguimiento para asumirlo ya que, aunque la remisión de copia de los atestados por parte de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayuda, no siempre es posible localizar estas actuaciones entre los 21 juzgados de instrucción de la capital y los 18 partidos judiciales repartidos por la provincia».

Otra «disfunción» detectada por el ministerio público es que a veces queda en manos de la policía o guardia civil calificar el contenido como de odio. Por eso ven «muy importante» la preparación de todos los operadores, jurídicos o no, que intervienen en esos temas.

PROPUESTAS

Así mismo, desde Fiscalía ven «deseable» que por parte de la legislación, bien nacional o autonómica, se regulara algún tipo de sanciones administrativas o penales que llenen el vacío dejado por los extintos juicios de faltas. «Muchas veces nos topamos con conductas que están en el límite del delito de odio pero que no deberían quedar sin un reproche, bien penal, bien administrativo», se advierte en la memoria.

Además, se aboga por fomentar la protección de las víctimas de delitos de odio para potenciar que denuncien y que no queden invisibilizadas por miedo; así como la distinción, a efectos estadísticos, de los distintos tipos de discriminación por el motivo concreto por el que se realizan.

Desde Fiscalía también se reclama potenciar la existencia de campañas que hagan conocer la labor de las instituciones en general y de la fiscalía en particular en los delitos de odio, y animar a que se denuncien estos hechos, tanto por parte de quienes los sufren como de quienes los conocen.

Por último, considera una «necesidad urgente» que cristalice la modificación proyectada respecto de la agravante y el delito de odio para incluir en ellos la aporofobia. «Con la pandemia, la crisis y el consiguiente aumento de la pobreza, es previsible que nos encontremos con estos supuestos en los que, además, las dificultades de que quienes la sufren acudan a solicitar ayuda se multiplican», se advierte.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en una aplicación informática del registro de aguas para el control y monitorización de las centrales hidroeléctricas y los aprovechamientos de aguas. Sin embargo, ha retrasado su puesta en marcha hasta dentro de más de un año, durante el primer semestre de 2023.

Este registro mantendrá actualizada la información de las explotaciones para la gestión de los datos de estas centrales, automatizará toda modificación en los certificados y las inscripciones del Registro de Aguas y tendrá actualizado permanentemente la localización geográfica de las captaciones y usos del agua.

Así consta en la respuesta del Gobierno registrada en el Congreso, al portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y presidente de esta comisión en la Cámara Baja, Juantxo López de Uralde, sobre su promesa de impulsar un registro público y accesible de estas concesiones.

UNIDAS PODEMOS LAMENTA LA FALTA DE UN REGISTRO PÚBLICO

En su pregunta, Uralde señalaba que en julio de 2019 el Ministerio que dirige Teresa Ribera lametaba no contar con un registro público donde consultar la caducidad de las concesiones, y que preparaba uno con vistas a tenerlo listo en dos años. Transcurrido el plazo, lamenta, no existe un registro público para consultar dicha caducidad.

Y es que Uralde señalaba que la falta de este registro impedía el control de la caducidad de concesiones, que facilitaba ampliaciones en las mismas frente al cambio de sus condiciones de explotaciones, un nuevo concurso o, directamente, su reversión para su gestión pública, como en el caso de la presa de Ricobayo (Zamora).

El caudal de esta explotación, cuya concesión caducaba en 2010 pero fue ampliada en 1990 sin que se publicara en ningún boletín oficial, fue vaciado por Iberdrola este verano para maximizar los aprovechamientos, en plena crisis de precios, y despertó las críticas de autoridades municipales, autonómicas y del propio Gobierno, motivando un endurecimiento de la normativa sobre estos recursos.

YA EXISEN REGISTROS Y SE PUEDE SOLICITAR SU CERTIFICACIÓN

Sin embargo, Transición Ecológica explica en su respuesta que los organismos de cuenca ya llevan un Registro de Aguas en las que inscriben de oficio las concesiones, incluidas aquellas para la producción de energía eléctrica, y los cambios autorizados para su titularidad o sus características.

Estos registros, apostilla, tienen carácter público y es posible solicitar del organismo de cuenca las certificaciones sobre su contenido.

En todo caso, informa que a través de la Subdirección de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, y en colaboración con los organismos de cuenca, el Ministerio trabaja en la elaboración de la citada aplicación informática del Registro de Aguas, como un sistema de información.

UN REGISTRO TELEMÁTICO, ACTUALIZADO Y DE ACCESO INMEDIATO

Los objetivos de la misma pasan por permitir una «gestión dinámica» de los datos de estos aprovechamientos, la automatización de los certificados con validez legal, la agilización de las entradas, modificaciones y salidas de inscripciones en el Registro de Aguas, la permanente actualización del mismo y la localización geográfica de las captaciones y usos del agua.

Estará integrado, según el Ministerio por «elementos e información de carácter alfanumérico y cartográfico, referidos a las características del aprovechamiento de aguas (características del derecho, captación y uso) y a su descripción, y elementos de carácter documental que contendrán la imagen del título administrativo o judicial que otorgue o reconozca el derecho».

«Se tratará de un registro telemático que permitirá mantener actualizada la información y garantizará el acceso inmediato a la misma y a valorar la legalidad de los derechos al uso del agua», señala el Ministerio, que en todo caso prevé poder tener operativa esta aplicación informática en el primer semestre de 2023.

Izquierda Unida Aragón presentará una proposición no de ley el próximo martes, 14 de diciembre, en las Cortes autonómicas para que el Departamento de Educación reduzca las actuales ratios máximas de alumnado por aula.

El objetivo de IU es mejorar la calidad de la enseñanza aragonesa y colaborar en la lucha contra la COVID-19, habida cuenta de que la franja de edad comprendida entre los cero y los 14 años es en la actualidad la que acumula más porcentaje de contagios, especialmente, las aulas de Educación Infantil, sector en el que no es obligatoria la mascarilla.

El coordinador y portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha pedido que no se confunda la ratio media de Aragón, a la que siempre hace referencia el consejero de Educación, con la ratio máxima de alumnado por aula.

Sanz ha recordado que el titular del ramo, Felipe Faci, siempre dice que Aragón tiene las ratios globales más bajas de España y aplica las medias del total de alumnado, dividido por el total de profesorado de Aragón. Un ejemplo sería un aula urbana con 33 alumnos de Bachillerato que, sumada con un aula rural de Bachillerato de 15 alumnos, da 24 alumnos de media general. «Pero esta aseveración teórica no es consuelo para el aula urbana de 33, que sigue teniendo 33», ha apuntado el diputado.

Esta circunstancia se produce porque en el curso 2020-2021, en medio de la pandemia, las ratios máximas que se utilizaron fueron bajas para evitar los contagios. Por ejemplo, un aula de Primaria tenía como ratio máxima 22 escolares, de manera que con 23 o más alumnos se desdoblaban en 2 aulas de 12 y 11 alumnos.

DESOÍR A LA MINISTRA

Sin embargo, desde IU han advertido que el actual curso 2021-2022, el de la «nueva normalidad», todas las Comunidades Autónomas «desoyeron» a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que abogaba por mantener las ratios bajas anteriores y establecieron ratios más altas: 25 en Infantil y Primaria, 27 en Secundaria y 30 en Bachillerato.

Con una circunstancia que IU ha resaltado y es que estas ratios altas se pueden aumentar en un 10 por ciento más en algunas circunstancias de escolarización. Con este incremento, las ratios máximas pueden llegar a tener 28 en Primaria, 30 en Secundaria y 33 en Bachillerato.

CALIDAD EDUCATIVA

Según el coordinador general de IU Aragón, al Gobierno de Aragón no le ha importado nada la calidad de la enseñanza a pesar de que la comunidad educativa y los especialistas han advertido de la bondad de las ratios bajas para la atención individualizada y para mejorar el clima de la clase».

También Sanz ha criticado la «falta de cumplimiento» del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en las Cortes de Aragón en relación con el descenso de ratios tras aprobar iniciativas presentadas por su formación política y que el Gobierno regional no ha puesto en marcha.

«Tampoco Educación ha utilizado para este fin los recursos económicos extra-Covid del Gobierno del Estado recibidos en los años 2020 y 2021», ha lamentado.

NEGOCIACIONES CON SINDICATOS

Ante esta situación, IU plantea en su iniciativa parlamentaria que el Departamento de Educación abra negociaciones con los sindicatos docentes, con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre descenso de ratios máximas antes de 31 de mayo de 2022, para que dicho descenso fuera efectivo en el próximo ejercicio 2022-2023.

Si no se llega a acuerdos en esa fecha indicada, IU propone que las ratios máximas a aplicar en 2022-23 sean: Infantil, 20; Primaria, 22; Secundaria, 25; Postobligatorias, 28. En el último punto de su proposición no de ley, IU pide que el porcentaje de aumento especial baje al 5 por ciento y no sea el 10 por ciento y, cuando se supere el 5 por ciento de aumento de alumnado, el aula se desdoble automáticamente.

«Cada día que pasa nos da la impresión que la Covid-19 va a quedarse durante un tiempo y, por ello, creemos necesario establecer medidas de lucha contra el virus y se hace imprescindible bajar las ratios máximas de alumnado por aula», ha concluido Sanz.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria del Programa Unico-Banda Ancha, que permitirá extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100Mbps, a 168.652 hogares y empresas situados en 551 municipios de Andalucía.

La extensión de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad está financiada con fondos del Plan de Recuperación y movilizará una inversión público-privada que asciende a 479,4 millones de euros, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Centrada en ‘zonas blancas’ (sin cobertura de al menos 30 Mbps) y ‘zonas grises’ (con conectividad de banda ancha a menos de 100 Mbs), la convocatoria otorga en toda España a 52 proyectos –de los 160 presentados– ayudas de 249,9 millones de euros, una dotación histórica en este tipo de programas para extender la banda ancha ultra rápida a 1,27 millones de hogares y empresas en 4.500 municipios españoles, la mitad de ellos en Castilla y León, Cataluña y Andalucía.

El despliegue de la conectividad ultra rápida alcanzará, por ejemplo, además de a los casi 170.000 hogares y empresas en Andalucía, a más de 300.000 de Castilla y León y 151.000 de la Comunidad Valenciana.

La mayoría son zonas blancas, aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años.

El resto de proyectos se desarrollarán en zonas grises, aquellas que solo disponen de cobertura de banda ancha o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte de un solo operador.

El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) canaliza una de las principales inversiones del Plan de Recuperación en el área de la conectividad digital con el objetivo de ampliar la cobertura de banda ancha al 100% de la población.

El Plan de Recuperación tiene prevista una inversión de 2.000 millones de euros hasta 2023 para extender y mejorar las infraestructuras digitales, reforzar la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico.

El objetivo, también recogido en la agenda España Digital 2025, es que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha en 2025. En la actualidad, España es líder en conectividad en Europa.

Según el último Índice de Economía y Sociedad Digitales DESI, que elabora la Comisión Europea, el 92% de la población española cuenta con cobertura de banda ancha a 30Mbps, el 65% en zonas rurales y el 87% tiene cobertura de infraestructuras digitales que permiten velocidades de, al menos, 100 Mpbs.

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de nueve años de prisión a un joven acusado de intentar matar a otro al que apuñaló, y de año y medio de prisión a otro hombre que supuestamente ayudó a huir al agresor.

El juicio se celebrará este jueves, 16 de diciembre, a las 09.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

El ministerio público considera los hechos constitutivos de un delito de tentativa de asesinato -la víctima sufrió riesgo vital- y encubrimiento.

Según su escrito, el acusado, de 18 años, había mantenido una hora antes un altercado con otro chico, de 19 años, a quien conocía porque había sido pareja de su hermana y ambos «se llevaban mal».

La acusación pública considera que «ambas partes de encontraron o se buscaron, pero sin mediar más que unas pocas palabras entre ellos» y que el acusado salió del vehículo que conducía un amigo -el otro procesado-.

Así, cuando estaba frente al perjudicado «sacó sorpresivamente un cuchillo de cocina, con filo único y unos 15 centímetros de largo, clavándoselo en el abdomen» a la víctima, a la que apuñaló «en un solo lugar, pero empujando o hurgando tres veces, dejándole el intestino fuera de la cavidad abdominal y a la vista».

El acusado huyó «inmediatamente» en el vehículo que conducía su amigo, quien le ayudó a «huir del lugar a toda prisa».

Según informe del forense, la víctima sufrió un riesgo de «carácter vital, de no haber mediado atención médica y tan rápido como se le proporcionó».

DELITOS Y PENAS

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito de asesinato en grado de tentativa -del que es autor el supuesto agresor- y otro delito de encubrimiento -atribuido al conductor del vehículo en el que huyó el anterior-.

La pena solicitada para el primero asciende a nueve años de prisión y el pago de una indemnización de 7.600 euros a favor del agredido, y de 12.300 euros para el Servicio Cántabro de Salud por los gastos médicos generados.

Para el segundo, la petición de condena asciende a un año y medio de cárcel.

El ministro de Universidades del Gobierno, Manuel Castells, ha defendido que la inmersión lingüística es un modelo que ha funcionado aunque «por razones políticas e ideológicas se ha politizado hasta un extremo».

«El modelo de inmersión en las escuelas ha funcionado sin tensiones. El problema es cuando pasa a ser una trinchera político-ideológica», ha advertido en una entrevista publicada en el diario ‘Ara’ y recogida este domingo.

Ha pedido tener cuidado «con fijar demasiado las cuotas» de las lenguas en las aulas, porque considera que hacerlo podría dificultar la solución social, dice, de un problema.

Después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligue a ejercer el 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas, Castells ha defendido que «las decisiones de los tribunales se deben asumir.

«PRECARIEDAD» DEL PROFESORADO

Ha acusado a los anteriores gobiernos de haber «empobrecido de manera increíble las universidades públicas» que, según sus datos, han sufrido recortes del 21% en la última década, donde también ha habido un aumento de demanda.

Además, ha advertido de la «precariedad de gran parte del profesorado» en Cataluña y de la dificultad que supone captar a profesionales de fuera de España.