La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) de Madrid y Fenadismer, que junto con otras organizaciones empresariales han convocado el cierre patronal de los próximos lunes, martes y miércoles 20, 21, y 22 de diciembre, han organizado una manifestación de camiones por las calles de Madrid y otras ciudades españolas para este miércoles 15 de diciembre.

La patronal se encuentra actualmente en un momento de negociaciones con el Gobierno, con el que ya ha mantenido varias reuniones para evitar el paro en el sector, pero lejos de calmar la protesta las organizaciones empresariales han amenazado con convertir este cierre en indefinido.

No obstante, no todas las patronales representadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías, que es el que ha convocado el paro de la semana que viene, secundan la manifestación de este miércoles. En concreto, además de CETM, solo la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha tomado partido en esta ‘marcha lenta de camiones’.

Otras, como la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), la Federación Independiente de Transportistas (Feintra), la Federación Nacional del Transporte por Carretera (Fetransa) o la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), entre otras, que sí han convocado el cierre de la semana que viene al formar parte del Comité, no se han sumado a la marcha del miércoles.

Por otra parte, los sindicatos también han advertido de que llevarán a cabo movilizaciones por su parte si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las patronales no se sientan con ellos a resolver los principales problemas del sector.

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ya ha defendido que el Gobierno ha dado solución a todas las reivindicaciones que la patronal de los transportistas ha pedido. Aunque todavía no ha detallado cuáles son las propuestas concretas, sí ha dicho que se trata de un paquete de diez medidas que marcan «un hito histórico» en la regulación del sector.

Según el documento, que es el que se negoció en la segunda de las reuniones que han tenido lugar desde la convocatoria del cierre patronal, se limita al máximo que la carga y descarga la hagan los camioneros o que asuman el incremento de los carburantes, aunque no los prohíbe.

No obstante, las negociaciones han seguido su curso y, según las fuentes consultadas, el Gobierno ya habría dado un paso más, prohibiendo que estas prácticas tengan lugar. Sin embargo, la parte empresarial sigue defendiendo que las propuestas son insuficientes.

EL 80% SECUNDARÁ EL CIERRE

Según una encuesta realizada por Ontruck, una agencia de transportes digital que conecta a transportistas con cargadores, ocho de cada diez transportistas tienen previsto secundar el cierre patronal en el sector, un 55% porque lo considera necesario para que se cumplan las reivindicaciones del colectivo, y un 36% porque «se siente abocado a ello».

La encuesta también concluye que el 82% de los profesionales está a favor de la medida tomada por la patronal, aunque la mitad de ellos considera que también la propia patronal tiene parte de responsabilidad en la situación actual que vive el sector. Por el contrario, un 18% se muestra en desacuerdo y un 12% piensa que no se ha elegido el momento adecuado para el paro.

REIVINDICACIONES

En declaraciones, Javier Escribano, cofundador de Ontruck, explica que son muchos los factores de incertidumbre en el sector, como el 40% de kilómetros que se hacen de media en España con los camiones vacíos, las esperas en los almacenes, las condiciones sobre la carga y descarga o la excesiva media de período de pago de 90 días en el sector, entre otros muchos.

El principal problema es que el sector está muy atomizado, con muchos autónomos y pymes sin capacidad de negociación, lo que explica que los camiones hagan la carga y descarga o asuman el coste del diésel, prácticas que se ha generalizado en los almacenes para ahorrar costes en la contratación de mozos de carga.

Fuentes del Ministerio explican que existe un conflicto de índole privada entre los camioneros y los cargadores, ya que, en búsqueda de una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato los transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realice esta carga y descarga.

Algo parecido ocurre con los carburantes. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios, pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel.

En tercer lugar, las patronales, y en esto también coinciden los sindicatos, reclaman áreas de descanso seguras y vigiladas en las carreteras. El cuarto problema es el derivado de los futuros peajes.

En lo que sí se ha comprometido el Ejecutivo es en que no se aplicará ningún peaje sin el consenso del sector, todo ello, no obstante, vinculado a que los transportistas desconvoquen el cierre de la próxima semana.

Solarprofit ha cerrado la jornada de su debut en Bolsa con una subida del 4,06%, alcanzando una valoración de 191 millones de euros, frente al valor inicial de 183,92 millones de euros.

Este martes se ha celebrado el tradicional toque de campana en la Bolsa de Barcelona, un evento en el que han participado los socios fundadores de la compañía, Óscar Gómez y Roger Fernández; el presidente de la Bolsa de Barcelona, Eduardo Ansaldo, y el director gerente de BME Growth, Jesús González Nieto-Márquez.

Solarprofit es la decimoquinta compañía que accede a BME Growth y ha iniciado su negociación con el código ‘SPH’. El precio de referencia fijado para sus acciones ha sido de 9,37 euros, lo que implicaba una valoración inicial de 183,92 millones de euros.

Finalmente, los títulos de Solarprofit han cerrado con un precio de 9,75 euros por acción, lo que implica un 4,06% más con respecto al precio inicial y alcanzar los 191 millones de euros de valoración.

El director de operaciones de la compañía, Roger Fernández, ha justificado la salida a Bolsa en la «notoriedad» que da estar en el mercado, en la «exigencia y transparencia que requiere estar en un mercado cotizado» y para captar fondos que se destinarán al crecimiento de la empresa y a la creación de activos fotovoltaicos.

«Poder estar en el mercado de los inversores, que nos conozcan con el fin de que más adelante podamos utilizar estos recursos», ha añadido Fernández.

«Para los próximos años, nos espera un crecimiento bestial. Actualmente estamos en crecimientos de más de un 20% y los próximos años prevemos que sigamos creciendo de esta manera», ha destacado el consejero delegado de la compañía, Óscar Gómez, quien también ha indicado que el autoconsumo «está empezando» y existe una gran cantidad de productores potenciales «que van a necesitar a necesitar una empresa que les ayude desde el principio y acompañe en todo el proceso».

Un informe pericial elaborado por los peritos del Banco de España revela que el Banco Popular debió calificar como «dudosas» y no como normales las operaciones con las sociedades en Luxemburgo de Thesan Capital, y que llevaron a un déficit de provisiones que estiman en aproximadamente 521 millones de euros.

Así se desprende del informe de 98 páginas ordenado por el juez instructor, y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los peritos ponen el foco en las operaciones que fueron intermediadas por Thesan, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que operó con el banco entre 2011 y 2014.

En concreto, el documento detalla cinco proyectos que tenían en común la creación de una estructura societaria donde la empresa matriz es luxemburguesa. Ésta, a su vez, participa en una compañía que atraviesa dificultades significativas permitiendo su control indirecto por Thesan que no asume responsabilidad en las deudas que financian la adquisición y necesidades a medio plazo del proyecto.

«Las operaciones con las sociedades donde Thesan toma la participación debieran figurar clasificadas como dudosas desde 2012, cuando Banco Popular las clasificaba en normal. Esto llevaría a un déficit de provisiones que estimamos en, al menos, 521 millones de euros», destaca el informe.

Para los peritos «es destacable que todos los proyectos» de la entidad con Thesan «se refinanciaron en 2014, lo que acarreó que operaciones que se habían registrado como dudosas volvieran a clasificarse como normales». «Siendo la estimación del déficit de provisiones en 2015 de 464 millones de euros lo que obligaría a una salvedad en el informe de auditoría al ser superior a la materialidad que era de 127 millones de euros», destacan.

Desde su punto de vista, el Popular produjo un «perjuicio a los accionistas» por su actuación en este tipo de operaciones, además de haber realizado «actuaciones que podrían haber llevado a» que la entidad «incurriera en gastos innecesarios o renunciara a beneficios en favor de terceros».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se modifican los límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pueda efectuar contribuciones estratégicas a organismos multilaterales de desarrollo para la lucha contra la Covid-19, como el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) con una aportación de 175 millones de euros en un periodo de 15 años.

Cabe recordar que se ha desarrollado el marco de colaboración internacional ACT-A, del que España es país fundador, y cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la Covid-19 así como el acceso equitativo a los mismos, y que se estructura en tres pilares, siendo uno de ellos Covax, centrado en las vacunas.

Las contribuciones que se quieren comprometer para el Covax ascienden a 175 millones en un periodo de 15 años. Como el número de anualidades excede el límite de 4 años fijado en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado autorización para modificar el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros.

No obstante, al carecer de personalidad jurídica tanto ACT-A como Covax, pues son meros marcos de actuación, es necesario hacer efectivas estas contribuciones a través de otras entidades, en concreto a través de Gavi (organización cuya misión es garantizar que los niños tengan el mismo acceso a las vacunas, independientemente del lugar donde vivan) y de CEPI (partenariado público-privado cuyo objetivo es facilitar el desarrollo acelerado de vacunas para enfermedades infecciosas emergentes y garantizar un acceso equitativo a las mismas).

El mecanismo que se va a utilizar para vehicular esta aportación es la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (International Finance Facility for Inmunisation – IFFIm), un instrumento mediante el cual el Banco Mundial emite bonos con el respaldo de las aportaciones comprometidas por los donantes.

UGT ha pedido al PSOE que se sume a Unidas Podemos y a otros partidos políticos para respaldar la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, impulsada por la Iniciativa Ley de Vivienda, en la que se encuentra el sindicato y otras 120 organizaciones sociales, que se somete este martes a debate para su admisión a trámite.

El sindicato y el resto de integrantes de la Iniciativa se concentrarán este martes, a las 19.30 horas, frente al Congreso de los Diputados para exigir al PSOE que vote a favor. Los socialistas ya han avanzado que darán su voto en contra, por lo que para UGT resulta «incomprensible que el PSOE se alinee con PP o Vox», como ha expresado este martes el sindicato en un comunicado.

«Para UGT, es imprescindible que el PSOE se una a estos nueve partidos políticos y vote a favor de esta ley. No entenderíamos que se alinease con el PP, Ciudadanos o Vox para bloquear e impedir el debate democrático del articulado que recoge nuestra Ley», añade el comunicado.

Esta iniciativa llega al Congreso antes que el proyecto del Gobierno, aún en elaboración, y que a juicio de UGT «resulta claramente insuficiente para dar solución» a problemas como «el alto número de desahucios sin alternativa habitacional, el sinhogarismo, el desproporcionado precio de los alquileres, el insuficiente parque público de viviendas, o, en última instancia, la pobreza energética».

UGT defiende que a propuesta legislativa impulsada por sindicatos y plataformas «representa una oportunidad histórica para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda» y servirá, también, para favorecer «el enriquecimiento de ideas acerca de cómo debe ser la primera Ley Estatal de Vivienda».

El Gobierno de coalición, integrado por PSOE y Unidas Podemos, llevará de nuevo el anteproyecto de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros antes de que finalice el año. El texto se aprobó el pasado 26 de octubre, en primera lectura, en el Consejo de Ministros, y pasó después al periodo de información pública, ya concluida. No obstante, no se prevé que se apruebe la Ley de Vivienda hasta el segundo semestre de 2022.

El Ibex 35 ha terminado la sesión con un avance del 0,67%, lo que le ha llevado a desmarcarse de las principales bolsas europeas, que han cerrado en negativo, en una semana en la que los inversores están pendientes de las políticas de los bancos centrales y en un contexto marcado por la evolución de la variante ómicron de la Covid-19, con nuevas restricciones en Europa.

En concreto, la Reserva Federal (Fed) publicará su decisión sobre su política monetaria mañana miércoles, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra lo harán el jueves. El viernes será el turno del Banco de Japón.

En España, el Tesoro Público ha colocado este martes 1.656,05 millones de euros en letras a tres y nueve meses en la última subasta del año, tras haber suspendido la emisión de bonos prevista para el día 16 de diciembre. El importe adjudicado ha estado algo por encima del rango medio previsto y los inversores han pagado menos en ambas referencias.

Como referencias macroeconómicas, hoy se han conocido los datos de producción industrial en la eurozona, que aumentó un 1,1% en octubre en comparación con septiembre, mientras que en la Unión Europea lo hizo un 1,2%.

Por otro lado, los precios de producción industrial de Estados Unidos registraron en noviembre un incremento del 9,6% respecto del mismo mes de 2020, lo que representa la mayor subida interanual de la inflación mayorista desde que en 2010 comenzaron a recopilarse datos anuales.

En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en los 8.378,5 puntos, con la mayoría de sus valores en ‘verde’. Los mayores ascensos se los han anotado Arcelormittal (+7,71%), Telefónica (+4,41%), Bankinter (+3,12%), Sabadell (+2,70%), Acerinox (+2,57%), Inditex (+2,48%), Almirall (+2,34%) y Grifols (+2,30%).

Por el contrario, han destacado en ‘rojo’ Red Eléctrica (-3,13%), Fluidra (-2,46%), Siemens Gamesa (-2,31%), Acciona (-2,01%) y Solaria (-1,86%).

En cuanto a las bolsas europeas, las principales han cerrado en negativo o con leves revalorizaciones. Así, París ha terminado la jornada con una caída del 0,69%, Londres, con un descenso del 0,18% y Fráncfort se ha dejado un 1,08%. Solo Milán ha conseguido un leve aumento del 0,02%.

Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 73,25 dólares, tras retroceder un 1,56%, mientras que el Texas se colocaba en los 70,20 dólares, tras caer un 1,54%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1268 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 69 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,329%.

Los títulos de Telefónica se han disparado un 4,41%, hasta los 3,85 euros, en una jornada marcada por el resultado de la subasta de los derechos audiovisuales de LaLiga y los movimientos que hacen vaticinar al mercado una consolidación del sector de las telecomunicaciones europeas.

Así, el operador se ha adjudicado cinco partidos por jornada más tres jornadas enteras por 520 millones de euros anuales durante cinco temporadas, a la espera de que la operación sea ratificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esto supone un ahorro del 7% por jornada respecto al precio a pagar anteriormente, lo que satisface las pretensiones deflacionistas del operador.

En declaraciones a Europa Press, el analista de Renta 4, Iván San Felix, ha destacado que los costes del fútbol han sido uno de los penalizadores del desarrollo de la acción y ha subrayado que, pese a la pérdida de la exclusividad, Telefónica ha resuelto la subasta mejor de lo esperado por el mercado.

«Valoramos la noticia de forma positiva, puesto que se había generado mucho ruido sobre una posible inflación en precios, entrada de múltiples actores y troceo mayor del contenido, y posible pérdida del contenido por parte de Telefónica, algo que finalmente no se ha producido», señala en un informe Banco Sabadell.

Telefónica compartirá los derechos con Dazn, que tendrá derecho a otros cinco partidos. Esta plataforma ya es accesible desde Movistar+, aunque ambas empresas deberán llegar a un acuerdo para que los clientes de Telefónica tengan acceso al resto de partidos de la jornada.

De hecho, Banco Sabadell considera «muy relevante» que esto ocurra para evitar que los clientes tengan que contratar dos paquetes y potenciar el factor de fidelización que tiene el fútbol para el operador.

Por su parte, San Félix vaticina cierto impacto en la cuenta de resultados de la pérdida de la exclusividad del fútbol, pero cree que la operación encaja con la estrategia de ser menos intensiva en capital que está ejecutando Telefónica.

BT CONTAGIA LAS TELECOS EUROPEAS

Por otro lado, el magnate francés Patrick Drahi ha adquirido, a través de la sociedad Altice UK, otras 585 millones de acciones de BT para controlar el 18% de la compañía.

En un comunicado, Drahi ha asegurado que no pretende hacer una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el antiguo monopolio británico.

«En los últimos meses, hemos tratado de forma constructiva con la dirección de BT y buscaremos seguir llevando a cabo este diálogo. Continuamos teniéndolos en alta estima y apoyamos completamente su estrategia, principalmente para jugar un rol clave en la expansión del acceso a la fibra óptica», ha destacado Drahi en el comunicado.

La operación de Altice ha ocasionado un desplome de casi el 6% de las acciones de BT, que finalmente han moderado sus caídas un 4,63%, hasta los 166 peniques (1,9 euros).

El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) «acepta entrar a negociar» con la multinacional del aluminio a raíz de la propuesta que esta trasladó a los representantes de los trabajadores. Eso sí, «teniendo clara» una postura que se marca dos líneas rojas: «las cubas no se paran» y ha de garantizarse el empleo de «las empresas exteriores».

Por su parte, la compañía estadounidense convocará al comité de empresa esta semana para una reunión de trabajo «con el fin de poder llegar a un acuerdo, que urge alcanzar cuanto antes», según advierte.

A la espera de que haya fecha para una nueva reunión, el comité muestra su «plena disponibilidad», después de la mesa multilateral celebrada este martes, que la Xunta ha tildado de «decepcionante» al instar al Gobierno a que «tome la iniciativa» para marcar un precio eléctrico competitivo.

Mientras, el Ejecutivo ha mostrado su disposición a participar en ese proceso negociador para garantizar el futuro de la planta de A Mariña.

«UN GRAN ESCOLLO»

El presidente del comité, José Antonio Zan, lamenta que Alcoa «ha seguido insistiendo» este martes «en que necesitan parar las cubas, el proceso productivo». Por su parte, la plantilla sigue «diciendo que las cubas no se paran y ahí existe un gran escollo».

La empresa ha explicado en el encuentro «cómo ven ellos la salvaguarda de las empresas contratistas», pero el comité ha advertido de que «tendrían que garantizar tanto suministro como transporte aparte de contratistas y talleres del alrededor», pues «todos ellas son parte» del empleo de Alcoa. «Por eso sin ellos no iremos», ha avisado Zan.

Al Gobierno central, los representantes de los trabajadores le han exigido un marco energético «de una vez por todas y cuanto antes», para que pueda haber «continuidad de producción» en 2022 y 2023 «para después en 2024 si consigue una PPA (contrato de compraventa de energía), lo aplique».

A la Xunta, le insta a «que apoye inversiones» necesarias «para actualizar la fábrica», ya que «no vale solo con decir» que se está a favor de la permanencia de la factoría.

MINISTERIO

Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asegura que ha exigido a la empresa en la cita que presente «garantías de las inversiones anunciadas dentro del plan de viabilidad que ha presentado para mantener la planta de aluminio de San Cibrao, bien a través de coberturas bancarias o con avales».

«Estas garantías son necesarias para dar confianza y seguridad al proceso de reindustrialización de la factoría», subraya el departamento de Reyes Maroto.

También ha pedido garantías para el suministro de aluminio a los clientes que actualmente tiene la empresa y «que se tenga en cuenta a toda la cadena de valor del aluminio en la toma de decisiones».

El ministerio afirma que ha expresado su disposición a participar en el proceso de negociación para garantizar el futuro de la planta «en el formato que se apruebe por parte de Alcoa y su comité de empresa».

También ha reiterado que pondrá a disposición del proceso «todos los instrumentos de política industrial y energética para hacer que la planta sea competitiva y puedan modernizarse sus instalaciones».

«Para el Ministerio de Industria es fundamental que el proceso de negociación continúe para garantizar el futuro del complejo industrial de San Cibrao», subraya el comunicado del departamento.

XUNTA

Por su parte, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha tildado de «decepcionante» la mesa porque «ni Alcoa llevó una propuesta concreta ni el Gobierno trasladó su iniciativa sobre cómo resolver el precio eléctrico y por tanto mantener la producción del aluminio primario».

«Lamentablemente estamos en una situación en la que estamos en un viaje a ninguna parte. Instamos a Alcoa y al Gobierno a que en este marco de negociación se incorpore el precio eléctrico como el objetivo principal de este marco de negociación, porque, si no, será seguir dando vueltas a un proceso para no llegar a ninguna parte y no dar una solución definitiva», ha remarcado.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno «que tome la iniciativa y no deje que parta de Alcoa» y ha pedido «seriedad y rigor para que pueda trasladarse una solución definitiva con un precio eléctrico». Y es que, como ha recordado Conde, la empresa «está diciendo que no es posible mantener la producción dos años porque no hay un marco eléctrico».

ALCOA

Por su parte, Alcoa reitera su voluntad de «avanzar en la posible solución» planteada al comité de empresa para «recuperar la viabilidad de la planta».

Tras la reunión con Gobierno, Xunta y representación de los trabajadores, Alcoa interpreta que la propia celebración de esta mesa «muestra la voluntad de todas las partes de llegar a un acuerdo que permita mantener el empleo y promover la viabilidad futura de la fábrica». Por su parte, defiende haber mostrado «su flexibilidad de hablar de inversiones y mitigar el impacto en las empresas auxiliares».

La multinacional anuncia que convocará al comité de empresa esta semana para una reunión de trabajo «con el fin de poder llegar a un acuerdo, que urge alcanzar cuanto antes para contener las elevadas pérdidas y que la planta pueda desarrollar un plan industrial de futuro en San Cibrao».

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España ha tomado posesión de su cargo este martes, con la renovación de cinco de sus 14 miembros, elegidos en las elecciones a la corporación celebradas el pasado 24 de noviembre, según ha informado la institución en un comunicado.

La actual decana, María Emilia Adán, electa por primera vez en 2017, seguirá un segundo mandato al frente de la Junta de Gobierno. Adán fue la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del Colegio de Registradores y ahora es, también, la primera decana en lograr la reelección en los últimos 25 años.

El vicedecanato de la Junta de Gobierno lo ocupará José Miguel Tabares, mientras que el secretario de este mandato será José María Ramírez-Cárdenas. Basilio Aguirre será director del Servicio de Estudios y José Soriano, director del Servicio de Sistemas de Información.

Pilar Rodríguez se desempeñará como censor-interventor y directora del Servicio de Previsión Colegial y Begoña Beitia como tesorera.

La dirección del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras recaerá en Ignacio González. Por su parte, el director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles será Francisco Javier González del Valle.

Enrique Maside ha tomado posesión de su cargo como director de Relaciones Internacionales y Rocío Perteguer ha hecho lo mismo como directora del Servicio de Medioambiente, Consumidores y Usuarios.

También forman parte de la Junta de Gobierno en este nuevo mandato el director de Relaciones Institucionales, Sebastián del Rey, la directora de Responsabilidad Social Corporativa, Dulce Calvo, y el director del Servicio de Bases Gráfica, Luis Manuel Benavides.

El 25% de las empresas españolas encuestadas por el Banco de España tiene intención de acudir en los próximos seis meses a las convocatorias relacionadas con los proyectos financiados con los fondos europeos.

Según recoge la encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad correspondiente a noviembre de 2021, este porcentaje se ha mantenido estable respecto al trimestre anterior, aunque es cinco puntos superior al de la edición de junio.

Entre las acciones que las empresas planean emprender en un horizonte de seis meses en respuesta a las consecuencias de la pandemia, han perdido relevancia aquellas más estrechamente relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria, como la solicitud de ERTE o de préstamos ICO.

De su lado, las actuaciones orientadas a favorecer la adaptación de las empresas al nuevo entorno económico tras la pandemia mantienen o han ganado algo de significación en esta nueva edición de la encuesta.

Así, casi el 50% de las empresas planea realizar nuevas inversiones en tecnología, más de un tercio de ellas piensa en ampliar sus actividades a nuevos mercados o con nuevos productos y algo menos del 30% pretende implantar nuevos canales de venta o ampliar el teletrabajo de su plantilla.

En línea con la mejora de la situación económica, han mantenido una tendencia levemente descendente las medidas orientadas a mitigar el impacto sobre la liquidez o la posición patrimonial de la empresa, como la reducción de inversiones ya planificadas, el recorte de los costes laborales o las ampliaciones de capital.

Por otro lado, el 17,5% de las empresas encuestadas planea recurrir a los programas de ayudas directas por la pandemia aprobados en marzo, en línea con el tercer trimestre. La proporción es mayor entre las empresas de hostelería (48,2%) y las actividades de ocio (41,7%), así como entre las empresas más pequeñas (22,6%).

La firma española de servicios de inversión y gestión de activos Rentamarkets no descarta el lanzamiento de un producto de criptomonedas, un mercado en el que llevan participando varios años «de diferentes maneras».

Así lo ha señalado el socio y director de inversiones de la firma, Ignacio Fuertes, en un encuentro con los medios celebrado este martes, donde ha especificando que están aún diseñando el producto.

Fuertes ha añadido que en la firma «creen ciegamente en la gestión activa» para este mercado. Actualmente, existen varios tipos de vehículos que ofrecen exposición a las criptomonedas, pero en Rentamarkets buscan un ángulo «especial».

Asimismo, Fuertes cree que se está desarrollando un ecosistema que está replicando los sistemas financieros tradicionales y se están empezando a producir muchas oportunidades, por lo que les gustaría lanzar un producto que pueda tener todas las capacidades de «generar alfa sobre lo que es la propia beta del mercado».

Cada vez más firmas se están animando a invertir y lanzar productos de criptoactivos, que aún no están regulados y cuyo precio tiene una alta volatilidad. Fuertes cree que este año se ha visto cómo han alcanzado la categoría de ‘asset class’ y que ya no se pueden obviar.

En cuanto a los mercados de cara al año que viene, la gestora considera que habrá una continuidad en las temáticas de este año, con la inflación como uno de los principales riesgos para la economía. Así, espera que esta sea «más elevada y estructural de lo que parece».

El selector de fondos de la firma, Juan Pablo Calle, ha añadido que si bien muchos consideran que esta tendrá carácter transitorio, los precios empezaron a subir hace ya un año y habrá que ver durante cuánto tiempo seguirán al alza.

De todas formas, la tasa de aumento de los precios es ya la más alta de las últimas décadas, según Rentamarkets.

El escenario de recuperación continuará de cara al año que viene, aunque no sin fricciones, según ha señalado el cogestor del fondo Rentamarkets Narval, José María Díaz, lo que tendrá un efecto en la cartera.

En este contexto, Díaz recomienda no centrarse en las compañías que generan la inflación, sino en aquellas que «naveguen bien» en ese entorno, como Viscofan, la última incorporación en la cartera.

2021 ha sido un mal año para divisas, pero aún peor para la renta fija. De hecho, la firma considera que ha sido «uno de los peores años para gestionar renta fija de las últimas tres décadas» debido a ese repunte de la inflación.

Fuertes, que también es gestor del fondo de renta fija de la firma, Rentamarkets Sequoia, ha señalado que lo único que se ha salvado de esta clase de activo ha sido el ‘high yield’ y los bonos ligados a la inflación. De todas formas, su vehículo ha conseguido un rendimiento en lo que va de año del 0,75%.

En renta variable, siguen viendo el crecimiento, pero advierten que hay que tener cuidado con ciertas valoraciones. La gestora tiene una posición neutral en renta variable europea, estadounidense y mercados emergentes, en tanto que la visión para China es más positiva.

UN BUEN AÑO PARA LA FIRMA

Rentamarkets hace un balance positivo de 2021, año en el que han conseguido superar los 1.000 millones de euros bajo gestión, un 17% más que a cierre del año anterior. De estos, 400 millones se corresponden con su negocio de gestión discrecional y algo más de 700 millones con el de asesoramiento.

«El 2021 ha vuelto a ser un año en el que generar rendimientos positivos ha vuelto a ser complejo, pero no imposible. Gracias al buen comportamiento de nuestras estrategias y a nuestra política de ofrecer solo servicios de alto valor añadido, Rentamarkets ha experimentado en 2021 un sólido crecimiento en activos bajo gestión en todos los segmentos», ha destacado Fuertes.

En lo que va de año, su fondo de renta variable Rentamarkets Narval acumula una rentabilidad del 13,37%. Actualmente, un 16,6% de la cartera está compuesto por valores fuera de la zona euro, como Booking, Corteva, DuPont, Brambles, IFF u Otis Worldwide.

Renfe KSA, filial saudí de Renfe Operadora, incorporará el próximo año a su plantilla de maquinistas de alta velocidad a 30 mujeres, las primeras de la historia de Arabia Saudí en desempeñar esta profesión, para su ‘AVE a la Meca’.

La convocatoria, que ha sido acordada con la Autoridad General de Transportes (TGA) de Arabia Saudí, así como con la Saudi Arabia Railways (SAR), propietaria del proyecto, se publicará en los próximos días, y a finales de enero se anunciará la relación de admitidas que comenzarán la formación teórica.

La formación práctica, ya a bordo de los trenes, comenzará en verano de 2022 y está previsto que conduzcan los trenes de alta velocidad en operación comercial antes de final de año. Actualmente, Renfe KSA cuenta con 55 maquinistas saudíes en activo y otros 48 en formación, asistidos por 8 españoles, entre ellos, una mujer.

El tren de alta velocidad Haramain (HHR), que une las dos ciudades sagradas de La Meca y Medina, es el primer ferrocarril de estas características de Oriente Próximo, y está gestionado por un consorcio de 12 empresas españolas y dos locales, del que Renfe es el máximo accionista.

La filial saudí de la compañía cuenta con 484 trabajadores, 400 de ellos locales, y un tercio, mujeres. La labor de formación y transferencia de conocimiento a la juventud local que realiza Renfe en el país árabe fue reconocida por el Gobierno Saudí en un acto celebrado el pasado 1 de diciembre.

El evento estuvo organizado por la Saudi Railway Polytecnic (SRP), con la asistencia del Ministro de Transportes, Saleh bin Nasser Al-Jasser, y el Gobernador de la región de Qassim, Faisal bien Mishaal al Saud.

El PSOE ha rechazado respaldar en el Congreso de los Diputados la propuesta de Unidas Podemos de impulsar la regulación para favorecer la gestión de los trabajadores en las grandes empresas, una iniciativa que no ha recabado tampoco el apoyo de ninguna otra formación.

La abstención de sus socios en el Gobierno de coalición ha propiciado el rechazo de esta proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, ya que el PP y Vox han votado en contra, mientras que Ciudadanos, el PNV y Junts también se han abstenido.

La propuesta, registrada el pasado mes de noviembre por el grupo confederal, reclamaba al Gobierno impulsar el desarrollo normativo del artículo 129.2 de la Constitución en relación con el derecho de cogestión de los trabajadores en los órganos de administración de las grandes empresas y grupos, tanto públicos como privados.

La formación que comparte Gobierno de coalición con el PSOE señalaba en su exposición de motivos que al menos 14 países del Espacio Económico Europeo cuentan con normativas de gestión vinculantes para las empresas, añadiendo que en Alemania la participación de sus trabajadores se realiza a través de un consejo de vigilancia.

Además de recordar que la Constitución ya prevé un mandato expreso en lo relativo a la participación de los trabajadores en las empresas, Unidas Podemos argumentaba que este tipo de instrumentos facilitaría una estrategia a largo plazo, y que la fidelización de las plantillas contribuiría a una mayor implicación, motivación y productividad, además de desincentivar decisiones traumáticas, como despidos o deslocalizaciones.

Hace justamente un año, en diciembre de 2020, Unidas Podemos trató de desarrollar esta cuestión aprovechando la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Sociedades, buscando fomentar la entrada de los trabajadores en el accionariado de las empresas cotizadas. Estas propuestas fueron finalmente rechazadas.