Gema Alcalá, la mujer del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha asegurado este miércoles al tribunal de ‘Tándem’ que no tenía ninguna implicación en los «proyectos» por los que ambos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, argumentando que si ella figuraba como administradora del grupo empresarial de su marido, CENYT, es porque él temía que en uno de sus muchos viajes de «alto riesgo» le ocurriera algo.
«En aquella época mi marido viajaba muchísimo a países de alto riesgo y siempre tenía esa obsesión de que nunca iba a volver, entonces me pidió que tenía que quedar (de administradora). Él se quedaba mucho más tranquilo si la administración se quedaba en manos de la familia, me pidió ese favor y, por supuesto, sin ningún complejo, accedí», ha dicho.
Alcalá, que solo ha contestado a su propia defensa, ha indicado que desde principios de los años 2000 se le fue nombrando administradora de CENYT, el buque insignia del grupo empresarial; de Stuart&Mckenzie, el despacho de abogados que proporcionaba la parte de asesoría jurídica; y de «algunas más», acotando que en julio de 2015 dejó de ostentar dicho cargo.
Se ha definido como una «administradora de derecho» que realmente no ejercía esas labores. Era periodista de formación y profesión pero decidió dar otro «rumbo» a su carrera, su marido le abrió las puertas de CENYT y allí se ocupó de asuntos de recursos humanos, organización de eventos, marketing y de los alquileres de la rama inmobiliaria. Era «otra empleada» que cobraba una nómina fija todos los meses, ha sostenido.
En consecuencia, ha declarado que no tomaba decisión alguna sobre «lo que en toda la causa se llaman proyectos». Así, en relación con ‘Iron’ y ‘Land’, dos de las tres piezas de ‘Tándem’ que se ventilan en este juicio, ha afirmado que no conocía a los implicados, no fijó los servicios que debían prestarse, no sabía cómo se obtenía la información y tampoco pactó el precio.
«CON LUZ Y TAQUÍGRAFOS»
También se ha desentendido del dinero cobrado por CENYT. Alcalá ha justificado que, si su firma aparece en cheques del proyecto ‘Land’ –relativo al conflicto de los García-Cereceda– es porque «es una exigencia del banco», dado su estatus de administradora.
De acuerdo con Alcalá, el visto bueno para que se emitieran facturas lo daba el departamento correspondiente y la responsabilidad de «los pagos y los conceptos» la tenía en «gran parte» el socio de su marido, Rafael Redondo, aunque ha concedido que Villarejo tenía la última palabra en algunas cosas.
Ha descartado cualquier afán por su parte o de CENYT en general de ocultar cobros. De hecho, ha incidido en que Redondo era una persona «muy exigente» que «quería tenerlo todo muy bien estructurado», por lo que hasta con el dinero en efectivo que había en la oficina se requerían ‘recibís’ para pagos de asuntos menores como taxis. «Todo con luz y taquígrafos», ha subrayado.
EN COPIA DE LOS ‘EMAILS’
Alcalá ha entrado en detalles, guiada por su letrado, que le ha preguntado acerca de una serie de correos electrónicos que tenían otros destinatarios, como Villarejo y Redondo, pero en los que ella estaba en copia.
La esposa del comisario ha recurrido nuevamente a los periplos de su marido para explicar que, «como viajaba tanto», es posible que cuando él estaba fuera la pusieran en copia para que si Villarejo la llamaba y se interesaba por algún asunto ella pudiera ponerle al tanto.
Ha hablado específicamente sobre un ‘email’ enviado desde Estados Unidos a Stuart&Mckenzie, y del bufete a Redondo con copia a ella, que contenía los antecedentes penales de Jaime Ostos, el cuñado de Susana García-Cereceda, que contrató a CENYT en el marco de una disputa en torno a la empresa familiar, PROCISA, que se desató tras la muerte de su padre, el creador de la urbanización de lujo La Finca (Madrid).
Según explicó la propia García-Cereceda en una sesión anterior, acudió a la empresa de Villarejo para saber si su hermana Yolanda se había casado con Ostos en Carolina del Norte y en qué régimen económico, porque él podía acabar controlando los activos de su mujer en PROCOSA. Sin pedirlo, relató, el comisario le entregó también los antecedentes penales de Ostos.
Alcalá ha dicho desconocer por qué se le puso en copia de ese ‘email’ en concreto, si bien ha deducido que pudo ser porque entre sus tareas estaba la de enviar documentos a traducir. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que «esos antecedentes penales en Estados Unidos se obtienen de mantera abierta», no como en España, por lo que no habría irregularidad alguna.
«NADA QUE VER CON NADA»
Se le ha interrogado igualmente sobre unas notas manuscritas que serían obra suya y que los investigadores han perfilado como agendas personales de Alcalá, siguiendo la estela de los diarios de Villarejo.
Sin embargo, ella ha aclarado que eran meros «recados» que apuntaba en «un blog» en la oficina. Cuando entraban llamadas dirigidas a Villarejo o Redondo lo habitual es que la recepcionista se las remitiera a ella para que tomara nota y trasladara el asunto a sus destinatarios, ha descrito.
De la misma forma, ha negado que participara en modo alguno en el rastreo del «tráfico de llamadas» de algunas de las personas que habrían sido espiadas por CENYT con motivo de dichos encargos. «No tengo nada que ver con nada de esto», ha respondido, resumiendo con ello su posición en la causa.
Alcalá se enfrenta a una condena de 86 años de cárcel por su presunta participación en ‘Iron’ y ‘Land’ las únicas piezas separadas donde está acusada en este juicio. Su marido, al que se le acusa también de la tercera pieza juzgada, ‘Pintor’, es el principal encausado. La Fiscalía pide para él 109 años de cárcel.
INTRUSOS EN EL DESPACHO
Por otro lado, en la sesión de tarde de este miércoles ha declarado un funcionario de Hacienda, Antonio Chaparro, que está acusado por, supuestamente, haber accedido a un modelo tributario de Balder, un despacho de abogados creado por ex socios y trabajadores de otro –Herrero&Asociados– al que CENYT investigó por encargo de este segundo bufete.
Chaparro, que ha atendido a todas las partes, ha aseverado que no fue él quien consultó el modelo 347 de Balder, un documento que sirve para relacionar a una empresa con los clientes que tiene, a pesar de que se accediera al mismo desde su ordenador y con sus claves personales.
El funcionario ha esgrimido que es imposible que a la hora a la que se miró ese archivo, las 14.12, estuviera en su despacho porque entre las 14.00 y las 14.30 siempre se encontraba haciendo la «ronda» de cierre de la oficina de Hacienda de Ciudad Lineal (Madrid) como jefe de asuntos generales de la misma.
Ha observado que es posible que un compañero aprovechara ese momento en el que el ordenador aún estaba encendido pero no vigilado por su dueño para colarse en el despacho y mirar el 347 de Balder.
A este respecto, ha señalado que algunos compañeros le dijeron, cuando estalló el caso ‘Tándem’, que en ocasiones habían visto a otro compañero tecleando en su ordenador sin que él estuviera presente, incluso con otras personas. Este supuesto intruso, ha advertido, tenía relación con policías que le visitaban en la oficina y él se jactaba de ello. Estaba invitado a comidas y «jugaban a los bolos» juntos, ha comentado Chaparro.
