El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por la mínima el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, con el voto en contra del PP y la abtención de ERC, entre otros. La Cámara Baja remite así al Senado el texto para que continúe su tramitación parlamentaria.
El proyecto, que debía obtener mayoría absoluta (176 votos) por tratarse de una ley orgánica, ha sido aprobado por 180 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, EH Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe y PRC, 88 en contra del PP y las 75 abstenciones de Vox, Foro, UPN, la CUP, ERC y BNG.
Además, la Cámara Baja ha aprobado una sola enmienda de Compromis, de las que quedaban vivas, aunque durante anteriores trámites se han incorporado dos centernares de modificaciones de las 592 enmiendas parciales presentadas.
Durante el debate, el portavoz socialista Alfredo Sancho (PSOE) ha destacado que «nunca» se había conseguido «un acuerdo tan transversal» para el futuro de la FP en España, cuyo procedimiento ha sido «impecable» en su proceso de elaboración y tramitación parlamentaria y que ha contado con un proceso de participación de mas de 4.000 sugerencias.
También desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna ha subrayado el «consenso» con que nace esta ley, para la cual «se ha escuchado a la sociedad civil» y que llega con «amplios acuerdos entre grupos parlamentarios». Durante su intervención, ha pedido al PP que, en aquellas comunidades donde gobierna, «se digne» a cumplir esta ley y «no la saboteen» como hacen con la LOMLOE.
En la misma línea se ha pronunciado Sara Giménez, de Cs, que ha recalcado el hecho de que esta ley será «la primera ley educativa que se aprobará presuntamente sin ningún voto en contra», lo que, a su juicio, es importante para dar «estabilidad» al sistema y para ayudar a abordar los datos de desempleo, sobre todo el juvenil, en España.
Portavoces de otros grupos parlamentarios también han incidido en el clima de consenso que ha caracterizado, según ellos, la tramitación de este proyecto. «La clave de éxito en todas las políticas públicas son las alianzas, la colaboración, el consenso y el compromiso, algo con lo que esta ley se ha ido trabajando», ha señalado Josune Gorospe (PNV).
Igualmente, JxCat ha valorado el grado de negociación durante el trámite parlamentario, según ha manifestado su diputada Mariona Illamola, aunque ha reconocido que podría haberse incrementado y que la ley es todavía «mejorable».
LOS MÁS CRÍTICOS: PP Y VOX
Sin embargo, formaciones como el PP y Vox, han expresado sus discrepancias con respecto a algunas cuestiones del proyecto y su tramitación parlamentaria.
La ‘popular’ Beatriz Jiménez ha reprochado al Gobierno de coalición que utilice los términos «consenso» y «unanimidad» sin «hacerlos realidad». «Cuando gobierna la izquierda, pretenden siempre imponer sus propuestas y que el PP acepte por bueno lo que ustedes propongan; pero cuando el PP gobierna, no hablan de unanimidad, siempre llevan la contraria», se ha quejado la diputada, que ha lamentado que de las 83 enmiendas presentadas por su grupo solo se hayan aceptado cuatro. «¿Ese es el consenso que dicen buscar para la aprobación de esta norma?», ha preguntado.
La diputada de Vox, Georgina Trías, también se ha mostrado crítica con el proyecto, al afirmar que se ha aplicado el «rodillo ideológico» del Gobierno y sus socios, incorporando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que, para Trías, es «inútil y farragoso». Además, la diputada de Vox duda si va a poder extenderse en España la FP dual intensiva, critica la complejidad del sistema de FP que se implantará y lamenta que no se haya resuelto el tema del profesorado. «Necesitamos un modelo de FP más ambicioso, menos reglado, menos burocrático; el texto ha empeorado después de la ponencia», considera.
Y desde el BNG, Néstor Rego se ha quejado de que toda la FP vaya a ser dual, lo que a su parecer provocará su «privatización». «Se mantiene una orientación general que no compartimos», ha admitido.
MÁS RECURSOS Y SALUD MENTAL PARA LA FP
Otras formaciones, en cambio, han expuesto durante su turno las cuestiones a mejorar del proyecto, entre ellas la asignación de recursos a la Formación Profesional o la importancia de tener en cuenta la salud mental.
Isabel Pozueta (EH Bildu) ha asegurado que para que la ley tenga éxito «harán falta recursos», pero no durante un periodo corto de tiempo, sino de forma sostenida en el tiempo, «durante más de un lustro». Algo en lo que coincide Montserrat Bassa (ERC), que ha dicho que se necesitan «muchos recursos económicos» y que la ley no los garantiza. «Las buenas intenciones, sin dinero que las respalde, no resuelven los retos ni los problemas de la FP», ha añadido.
Por su parte, Inés Sabanés ha defendido la propuesta de Más País-Equo para garantizar que haya un orientador o psicólogo por cada centro de FP, ya que el tema de la salud mental es un «flanco» que la ley no cubre.
FP DUAL Y CON PRÁCTICAS REMUNERADAS
El proyecto establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.
Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.
Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de formación en la empresa.
La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación «de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral correspondiente». En este tipo de formación intensiva, las prácticas tendrán que ser superiores al 35% de la duración total de la formación, y la empresa participará en más del 30% de los contenidos.
Asimismo, el proyecto contempla que las Administraciones públicas deberán «establecer y mantener una oferta pública, tanto presencial como virtual o mixta que garantice el acceso a la formación profesional».
