El Ministerio de Educación y Formación Profesional (FP) no prevé implementar cambios en los protocolos para la prevención de contagios por la COVID-19 en los centros educativos porque, «de momento, están funcionando».

Así lo han explicado este jueves fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría, al ser consultadas sobre si el Ministerio de Educación considera oportuno realizar modificaciones ante la escalada de contagios por coronavirus.

Asimismo, han señalado que, en su caso, los cambios en los protocolos serían «de la mano» de las autoridades sanitarias y que los datos de contagios en los centros esta semana son «muy bajos» y se han reducido en las últimas semanas.

En este sentido, han insistido en que «hoy por hoy» la línea es continuar con los protocolos establecidos y han hecho hincapié en que la inoculación de la primera dosis de la vacuna a menores tendrá sus efectos positivos «ya». De esta forma, han agregado que el porcentaje de vacunación entre los estudiantes será «muy elevado en las próximas semanas».

Así, el Ministerio de Educación aboga por la «prudencia» y por mantener las medidas de seguridad, sobre todo, la higiene, el uso de mascarillas y el distanciamiento interpersonal a fin de garantizar la salud de escolares y docentes, y la presencialidad de las clases. Respecto a los centros de vacunación, el departamento de Alegría defiende una oferta lo más amplia posible, ya sea en colegios, centros de salud, etc.

Sobre la posibilidad de reducir las ratios de alumnos en las aulas, las fuentes del Ministerio han explicado que ello requeriría modificar la ley y han señalado que en España las ratios son «muy equiparables» a las de la Unión Europea.

Por último, el departamento de Alegría considera que los desdobles implantados en las aulas durante la pandemia se han revelado «positivos» y que una bajaba de las ratios será un tema que tendrán que abordar con las comunidades autónomas en un debate «tranquilo y sosegado».

El Papa Francisco ha entregado una edición en miniatura del libro que recoge algunos de sus mensajes pronunciados durante la pandemia para que quede guardada en un búnker del Polo Norte como un gesto simbólico para «encender el fuego de la esperanza en uno de los lugares más fríos del planeta».

La copia, del tamaño de la palma de una mano, se guardará en un estuche de plexiglás y será conservada en el Svalbard Global Seed Vault, el refugio más grande y seguro del mundo dedicado a salvaguardar la biodiversidad del planeta, ubicado en Noruega, 1.300 kilómetros más allá del Círculo Polar Ártico, según informa el diario oficial del Vaticano, Vatican News.

El mensaje llegará hasta el Polo Norte gracias al activista medioambiental Michael Haddad, libanés de 40 años, deportista profesional a pesar de su discapacidad y también embajador de buena voluntad de la ONU para cuestiones medioambientales.

Haddad se mueve con ayuda de un exoesqueleto desde que un accidente en una moto de agua lo paralizó en un 75%. Ahora, emprenderá una larga caminata por el Ártico para llamar la atención sobre la emergencia climática y llevará consigo el libro que recoge las palabras y fotos del Papa durante el confinamiento, en una edición en miniatura producida por el Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede.

El volumen, titulado ‘¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe?’, publicado por la Editorial Vaticana, recoge las palabras más significativas pronunciadas por el Papa durante la emergencia sanitaria, en particular las homilías matutinas en Santa Marta.

El libro va acompañado de fotos de la velada del 27 de marzo de 2020, cuando el mundo entero se conectó a televisores y teléfonos inteligentes para seguir al obispo de Roma en un paseo solitario por una plaza de San Pedro desierta.

Según informa la Santa Sede, llevar este libro al Polo Norte es «un gesto simbólico para encender el fuego de la esperanza en uno de los lugares más fríos del planeta», más aún si quien lo hace llegar allí es «un embajador de buena voluntad que, durante años, ha traspasado todos los límites físicos para llamar la atención sobre la acción urgente por el cambio climático, el cuidado de la casa común y la inclusión frente a las desigualdades».

El Papa se reunió con Michael Haddad el pasado 2 de junio en el patio de San Dámaso al final de la audiencia general. En aquel encuentro, Francisco le pidió que rezara por él en el Polo Norte.

Sindicatos, centros de formación y empresas celebran que el Congreso haya aprobado este jueves la nueva Ley de Formación Profesional, que ahora continuará su trámite en el Senado.

Desde CCOO, Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Educación de Catalunya, comenta que la nueva norma «cumple con muchas de las peticiones» que desde CCOO reivindicaban y que se trata de una «ley ambiciosa». Aunque Plaza advierte de que una vez aprobada hará falta ver cuál es su desarrollo reglamentario, asegura que lo que ahora se denomina como FP Dual no es tal, sólo la intensiva, porque la FP ya contaba con prácticas obligatorias en empresas. «No se puede pasar toda la FP a dual porque no hay empresas», indica, para precisar que actualmente en España sólo un 3,64% de los alumnos estudian en esta modalidad.

Desde CSIF, su presidente de Educación, Mario Gutiérrez, señala que se trata de una ley «positiva» en cuanto que da un «prestigio» a la FP, pero recalca que, no obstante, «abandona un poco la parte educativa del proceso, dejando fuera a los centros educativos de FP del proceso». «Estamos de acuerdo con la participación en empresas pero queremos que la parte formal no quede minusvalorada», precisa.

Por su parte, el secretario confederal de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, declara que a este sindicato le parece «bien» la nueva ley, destacando el «diálogo social» que ha tenido durante su elaboración. «Al final, el resultado ha sido bastante satisfactorio», añade. Si bien, lamenta que este clima de consenso que, según Pacheco se observó en el proceso, haya quedado diluido este jueves con la oposición del PP, pues podría haberse convertido esta norma en la primera ley educativa aprobada con unanimidad. Aun así, Pacheco se muestra «esperanzado» con la norma, que ahora continuará su trámite en el Senado.

También los centros que imparten FP están contentos, en general, con la nueva ley. Luis García, presidente de FPEmpresa, asociación que reúne a centros públicos, concertados y privados de FP en toda España, valora «muy positivamente» que se haya aprobado una ley de FP con «bastante consenso». Aunque también lamenta que, «a última hora», no haya sido total dicho consenso por los votos en contra del PP.

García considera también «muy positivo» el hecho de que la ley pretenda intensificar la FP Dual en España, pero reclama que la remuneración en los contratos de formación no se limite sólo a las prácticas en la FP dual intensiva, sino también a la genérica, al menos en lo que respecta a cubrir gastos o el transporte por el traslado a la empresa.

A esto se suma la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que también ve con buenos ojos la nueva norma.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado en la presentación en Salamanca de su candidatura a la reelección, en un proceso en el que es único aspirante, su propósito de «impulsar en el congreso autonómico un partido más fuerte y unido».

En este acto, celebrado en el hotel Alameda Palace con la presencia del presidente provincial de los populares salmantinos, Javier Iglesias, y del secretario provincial, Carlos García Carbayo, ha incidido en «reforzar la unidad» y aportar «un partido abierto a todas las personas, no solo a las que están en el Partido Popular, abierto a toda la sociedad».

Ante la cita autonómica del 15 y 16 de enero en León, Fernández Mañueco ha pedido «una vez más» el apoyo» que «siempre» ha tenido del PP de Salamanca para su propósito de «aglutinar a todas las personas y sobre todo reforzar la unidad en esta nueva etapa que comienza del PP de Castilla y León».

«Os pido, ya no como presidente, como amigo, como compañero, como una persona que os tiene muchísimo cariño y respeto, os convoco a esa máxima de reforzar el partido y reforzar la unidad del partido, porque con la unidad del partido y con la implicación de todas las personas que aquí estáis, estoy convencido de que, una vez más, vamos a ser una vez más una fuerza imbatible en Salamanca y en Castilla y León», ha continuado.

«Tengo la energía para afrontar esta nueva etapa del Partido Popular de Castilla y León porque creo más que nadie en el potencial de esta tierra, creo en vuestra capacidad, en la capacidad de la gente de Salamanca y de Castilla y León, y sobre todo creo en la utilidad del Partido Popular al servicio de las personas, porque tenemos políticas eficaces, porque tenemos políticas que ayudan a proteger a las personas, y políticas que apuestan claramente por el mejor futuro para todos», ha continuado.

Después, ha abogado por «liderar» la transformación y por hacerlo «contando con todas las personal del PP» e «invitando a todas las personas a que se sumen a nuestro proyecto» para «contribuir al crecimiento Castilla y León y de España».

Fernández Mañueco ha destacado que «solo el PP» puede decir que defiende los intereses de la tierra «desde el rincón más alejado hasta las instituciones más altas de la Unión Europea», y que lo hará «con políticas eficaces».

Asimismo, ha destacado su compromiso por «defender los servicios públicos en todos los lugares del territorio», «impulsar la política de familia», «seguir apostando» por el apoyo a los autónomos y por el apoyo a las empresas, además de promover «una política fiscal moderada» y por «bajar los impuestos, muy especialmente en las zonas rurales».

El presidente autonómico ha subrayado que el PP es «el partido que defiende a los agricultores y los ganaderos, que están pasando un mal momento» y que, en este ámbito, «frente al Gobierno de España que no actúa», su formación desde la Junta está «dando la cara» para «impulsar el desarrollo rural como nadie».

El Partido Popular ha asegurado este jueves, tras conocerse que Manuel Castells deja el Gobierno, que su gestión en el Ministerio de Universidades será recordada por no haber hecho «nada». «¿Quién es Castells? El ministro fantasma. No creo que nadie le vaya a echar de menos», han asegurado fuentes de la cúpula del partido.

Castells, catedrático de Sociología, es el segundo ministro de Unidas Podemos que deja sus responsabilidades ejecutivas tras la salida de Pablo Iglesias el pasado mes de abril. El exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona en el Gobierno de Ada Colau, Joan Subirats, le sustituirá en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Numerosos cargos del PP han utilizado la ironía en redes sociales para preguntarse quién es Castells y qué labor ha realizado. «Están hablando de un tal Castells, pero yo no caigo en quién es. ¿A qué se ha dedicado?», ha preguntado el diputado cordobés Andrés Lorite. «Anda, ¿teníamos uno?», ha interpelado la senadora Cristina Ayala tras conocer la salida del ministro de Universidades.

«UNO DE LOS PEORES MINISTROS DE UNIVERSIDADES DE LA HISTORIA»

El diputado andaluz por el PP Ramón Herrera ha afirmado que «se va uno de los peores ministros de universidades de la historia». «La gestión de Castells será recordada por no haber hecho nada», ha añadido.

El PP ha difundido un mensaje en su cuenta de Twitter nada más conocer la salida del ministro, con un folio con guiones en blanco para ejemplificar cuáles han sido las «medidas tomadas por el ministro Manuel Castells durante su mandato».

De la misma manera, Nuevas Generaciones se ha preguntado tras la dimisión: «¿Pero alguna vez estuvo?». La organización juvenil del PP que dirige Beatriz Fanjul ha sido muy crítica estos dos años con la gestión del ministro.

La diputada salmantina del PP María Jesús Moro, portavoz de Universidades en el Congreso, ha defendido que el Ministerio de Universidades debe «eliminarse». A su entender, «ni el momento económico de España ni la adecuada gestión de Ciencia y Universidades justifican dos ministerios». Dicho esto, ha asegurado que le desea «lo mejor» a Castells porque «el respeto a la persona siempre es primero, también en política».

Asociaciones representantes del colectivo estudiantil han pedido al nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, que escuche sus reivindicaciones a la hora de redactar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tras criticar la gestión de Manuel Castells al frente del Ministerio.

El Sindicato de Estudiantes ha calificado de «desastroso» el trabajo de Castells durante sus dos años en Universidades y espera que este departamento y el Gobierno «den un giro de 180 grados» a las políticas educativas y universitarias del país con la llegada de Joan Subirats.

La portavoz del sindicato, Coral Latorre, ha criticado en declaraciones que el ya exministro se haya «lavado las manos de absolutamente todo» durante la pandemia y las consecuencias de esta en la educación universitaria.

También ha criticado su Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), también apodada ‘Ley Castells’, que, a juicio de Latorre, «abre más la puerta a la privatización» de la Universidad pública española; así como el hecho de que haya dejado su cargo sin haberse reunido con los representantes de los estudiantes, a pesar de que el sindicato lo ha solicitado «una y otra vez» en estos años.

«Veremos qué trabajo va a impulsar Joan Subirats, pero lo que está claro que el Ministerio de Universidades y el propio Gobierno en el terreno educativo tienen que dar un giro de 180 grados en las políticas educativas y políticas universitarias que están impulsado», ha indicado.

Ante la noticia de la dimisión de Castells, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se ha mostrado sorprendido. «No lo esperamos», ha asegurado en declaraciones su vicepresidente segundo, Marc Artigas.

En su opinión, la gestión de Castells empezó «sin marcar mucho posicionamiento», y ha sido en su etapa final cuando «ha empezado a legislar», tal y como prueban, según Artigas, la Ley de Convivencia Universitaria recientemente aprobada en el Congreso y la LOSU, de camino a su trámite parlamentario.

Sobre esta última reforma, Artigas recuerda que Castells buscaba el máximo consenso. «Esperamos que esta sea la postura que mantenga el nuevo ministro», confía el vicepresidente segundo del CEUNE, que también espera que Subirats «escuche» la posición de los estudiantes porque piden una reforma que «no suponga una pérdida de derechos y de poder» del colectivo estudiantil.

UN MINISTRO QUE HA ACTUADO «VALIENTEMENTE»

No obstante, desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), han agradecido que Castells haya actuado «valientemente» al realizar unas reformas que «eran necesarias», a pesar de «los desacuerdos» que haya podido haber.

El presidente de la CREUP, Nicolás Hernández, ha explicado que el ya exministro ha actuado siempre «con espíritu de escucha y de trabajo» y, de hecho, ha destacado que es «el primer ministro que ha convocado regularmente» al Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

Es precisamente esta «buena comunicación» con Castells una de las cosas que CREUP espera de Subirats, así como que su llegada al Ministerio suponga «un cambio» en la LOSU. Una ley que, por otro lado, a juicio de Hernández, «no puede continuar adelante» por «menospreciar los derechos» de los universitarios.

«Tiene mucho trabajo por delante, empezando por respetar los cosensos a los que llega con la comunidad universitaria y, en especial, el respeto a la representación estudiantil, que ahora más que nunca merece ser escuchada tras el desprecio producido por la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria», ha apuntado.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, dejará su cargo en el Ejecutivo de coalición, ha adelantado ‘eldiario.es’ y han podido confirmar fuentes conocedoras de su decisión.

Catedrático de Sociología, Castells es el segundo ministro de Unidas Podemos que deja sus responsabilidades ejecutivas, tras la salida de Pablo Iglesias en abril de este año.

La renuncia del hasta ahora ministro se debe a motivos personales y obedece a motivos de salud, según han detallado las fuentes consultadas.

Fuentes de Universidades recogidas añaden que se trata de una decisión personal, «reposada» y tomada por motivos de salud y «prescripción médica» y en estrecha colaboración con su familia, ya comunicada a Sánchez y Díaz.

PERSONA DE PLENA CONFIANZA DE COLAU

Su relevo en la cartera, que corresponde a la cuota que tienen ‘los comunes’, lo asumirá el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, una de las personas de «plena confianza» de la alcaldesa Ada Colau y de la confluencia catalana de Unidas Podemos, según han detallado dichas fuentes.

Prueba de ello es que Subirats, junto a Colau y el actual presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, de la plataforma Guanyem Barcelona, el germen de los ‘comunes’.

De esta forma, el futuro ministro tiene una alta valoración entre los comunes y presenta un perfil «más político», dado que no es independiente como Castells, que combina también una trayectoria de «mucho prestigio intelectual».

La elección de situar a Subirats al frente de la cartera de Universidades se toma de común acuerdo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estaba al tanto de todo el proceso.

Después del consenso que generó este perfil, la alcaldesa de la capital catalana llamó a Subirats para plantearle la posibilidad de asumir la responsabilidad del Ministerio de Universidades.

En ese momento, Subirats pidió unos días para «meditar la decisión» y, finalmente, decidió dar el paso y asumir la cartera de Universidades.

Además, las fuentes consultadas destacan que Subirats considera «fundamental» que ‘los comunes’ tengan una voz clara para defender las necesidades de Cataluña en el Ejecutivo y contribuyan a reconstruir consensos en esta nueva etapa de diálogo.

TRAYECTORIA DE CASTELLS

Mientras, Castells ha sido durante sus cerca de dos años en el Ejecutivo el impulsor de las dos reformas del ámbito universitario en la que actualmente trabaja el Ministerio.

Por un lado, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado verano y para la que el ministro buscaba lograr el mayor consenso posible antes de su tramitación parlamentaria.

Por otro, la Ley de Convivencia Universitaria, que derogará un decreto franquista de 1954, y actualmente en trámite parlamentario -ya ha sido aprobada por la Comisión de Ciencia y Universidades del Congreso-. Este proyecto ha suscitado las críticas de la derecha por los cambios introducidos acordados con ERC.

Con Castells al frente del Ministerio, también se han aprobado varios reales decretos, entre ellos el que recoge los nuevos requisitos de creación de universidades. Según este real decreto, las universidades no podrán ser consideradas como tal si no disponen de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Además, fuentes de Universidades aseguran que los trabajos de Castells se han dirigido a «democratizar» la Universidad, con la ampliación de las becas universitarias (tanto en cuantía como en beneficiarios/as) y la reducción de las tasas, eliminando el sistema de horquillas impuesto o equiparando precios de los másteres habilitantes a los precios de grado.

Con 79 años, Castells ha mantenido un perfil bajo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con apariciones públicas escasas, lo que ha propiciado en estos dos últimos años las críticas por parte de la oposición.

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) ha elegido como académico en su sesión de este jueves, 16 de diciembre, al paleoantropólogo y biólogo José María Bermúdez de Castro para ocupar la silla ‘K’, vacante desde el fallecimiento de Federico Corriente el 16 de junio de 2020, según informa la institución.

La candidatura de José María Bermúdez de Castro fue presentada por Carmen Iglesias, José Manuel Sánchez Ron y Pedro García Barreno. Tal como establecen los estatutos y el reglamento de la RAE, el nuevo académico tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza.

José María Bermúdez de Castro (Madrid, 1952) estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado y doctor en Biología por la UCM, también fue profesor en el mismo centro (1982-1990), así como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 1999.

Actualmente ejerce como coordinador del Programa de Paleobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), es profesor honorario del University College de Londres y covicepresidente de la Fundación Atapuerca. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y en 2010 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Burgos.

Su trabajo de investigación se ha centrado fundamentalmente en los ámbitos de la antropología física, la evolución humana y la prehistoria, con experiencia de campo adquirida en la participación y dirección de excavaciones arqueológicas y paleontológicas.

Entre los principales premios obtenidos, destaca el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, otorgado en 1997 al equipo investigador de Atapuerca y recibido por el primer director (Emiliano Aguirre) y los tres codirectores actuales (Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell).

Asimismo, fue reconocido en 1998 con el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Castilla y León, otorgado a los responsables del Proyecto Atapuerca: Emiliano Aguirre, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell; y en 2003 con el Premio Ciudad de Alcalá, Ciudad Patrimonio Mundial, otorgado al equipo director de Atapuerca, entre otros muchos galardones.

Además, ha participado en un total de 35 proyectos científicos, nacionales e internacionales, la mayoría de los cuales están relacionados con las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), y se han llevado a cabo entre 1991 y la actualidad. Su mayor contribución a la gestión científica está relacionada con la creación (miembro de la Comisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003) y dirección del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos, España (2004-2012).

Asimismo, ha comisariado exposiciones como las organizadas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid en 1998, en el Natural History Museum de Nueva York en 2002, en el Instituto Cervantes en 2005 o en el Musée de l’Homme de París.

Como comunicador de ciencia, ha impartido aproximadamente 300 seminarios, cursos y conferencias invitadas en congresos nacionales e internacionales, así como charlas de divulgación. Además, ha publicado ocho artículos en la revista ‘Nature’ y ocho en la revista ‘Science’, revistas multidisciplinares con mayor impacto científico.

Entre los libros de divulgación científica que ha publicado, destacan ‘El chico de la Gran Dolina’ (Drakontos, Planeta), ‘Hijos de un tiempo perdido’ (Ares y Mares, Crítica, Planeta), ‘Atapuerca. Perdidos en la colina’ (Destino, Planeta), ‘La evolución del talento y Exploradores’ (Debate, Penguin Random House), ‘Orígenes: el Universo, la Vida, los Humanos’ (Drakontos, Planeta), ‘Un viaje por la prehistoria’ (Akal, Madrid), ‘Pequeños pasos. Creciendo desde la prehistoria’ (Drakontos, Planeta) y ‘Dioses y mendigos. La gran odisea de la evolución humana’ (Drakontos, Planeta).

El exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona en el Gobierno de Ada Colau, Joan Subirats, sustituirá al hasta ahora ministro de Universidades, Manuel Castells, que abandona su cargo «por motivos de salud», han explicado fuentes conocedoras.

Castells, que lleva casi dos años en el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de Unidas Podemos y era el único representante de los comuns en el Ejecutivo central, dejará su cargo en el Ministerio de Universidades por razones personales.

Las fuentes ya citadas han concretado que Castells comunicó que por esos motivos de salud su renuncia «debía realizarse antes de final de año» y los comuns han apostado por situar al número dos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su lugar.

«Es una persona de su máxima confianza personal y política», subrayan las mismas fuentes de uno de los que fue referente e impulsor del espacio político de los comuns.

Subirats es Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático en Ciencias Políticas por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), y ha liderado durante años el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, cuenta con experiencia de gestión en las áreas de Educación y Cultura del consistorio y destaca por su «trayectoria académica y su capacidad de diálogo.

EN CONSONANCIA CON DÍAZ

Las mismas fuentes han destacado que la decisión de situar a Subirats al frente de la cartera de Universidades se toma «de común acuerdo» con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Después de acordarlo, la alcaldesa de la capital catalana y líder de los comuns llamó a Subirats para plantearle la posibilidad de asumir la responsabilidad del Ministerio de Universidades.

En ese momento, Subirats pidió unos días para «meditar la decisión» y, finalmente, decidió dar el paso y asumir la cartera de Universidades.

«Su motivación es doble: en primer lugar, seguir el trabajo desarrollado por Manuel Castells y contribuir al impulso del mundo académico, donde ha desarrollado su actividad profesional durante décadas y goza de reconocido prestigio. Y, en segundo lugar, contribuir con su trabajo a consolidar el gobierno de coalición progresista», concretan.

Subirats considera «fundamental» que los comuns tengan una voz clara para defender las necesidades de Cataluña en el Ejecutivo y contribuyan a reconstruir consensos en esta nueva etapa de diálogo, concluyen.

MATERIAS PENDIENTES EN UNIVERSIDADES

Al frente del Ministerio, Subirats tendrá el reto de lograr el mayor consenso posible para la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fue aprobada este verano en Consejo de Ministros y aún no ha iniciado el trámite parlamentario por las discrepancias entre rectores, estudiantes y Gobierno.

Esta ley, apodada ‘Ley Castells’ por ser el ya exministro su principal impulsor, ha sufrido varios cambios de relevancia en los últimos meses. Uno de los últimos fue descartar el sistema de elección a rector por un comité independiente, manteniéndose así el actual procedimiento, por sufragio universal.

El proyecto también recoge una de las medidas más polémicas y criticadas: que no hará falta ser Catedrático para optar al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario, además de reunir tres requisitos, como son el tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

Como nuevo ministro, será testigo también de la tramitación de la Ley de Convivencia Universitaria, norma que pondrá fin a un decreto franquista de 1954, y que fue aprobada en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso hace tan solo un mes.

Este proyecto, que sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y las propias universidades, ha sufrido también modificaciones relevantes con respecto al proyecto original formulado por Castells.

Estos cambios se incorporaron en Comisión gracias a lo acuerdos entre PSOE, Unidas Podemos y ERC, los cuales han suscitado duras críticas por parte de la derecha, como PP, Vox y Cs.

La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, con la oposición de VOX y ERC y la abstención de PP, CS y Bildu.

A favor del futuro texto legal han votado los grupos proponentes, PSOE y Unidas Podemos, que han obtenido, además, el apoyo del PNV, Más País y Teruel Existe.

Entre los cambios introducidos en este trámite parlamentario, destaca una enmienda del PP aceptada por PSOE y UP para establecer, una vez aprobada la norma, una moratoria al nuevo impuesto al plástico hasta el 1 de enero de 2023.

También han salido adelante enmiendas transaccionales propuestas, cinco de ellas por el PNV, 2 de EH-Bildu; 2 de Cs, otra más pactada entre CS y PP, cinco más del PP, una transaccional planteada por Más País.

Durante el debate en la Comisión, la diputada del PSOE, Esther Padilla, ha celebrado el compromiso compartido de toda la comisión en trabajar para lograr una buena ley y opina que, aunque el proyecto normativo pueda parecer poco ambicioso, otorga un «papel protagonista» a la prevención de residuos; recoge las limitaciones al plástico de un solo uso; establece objetivos de recogidas separadas; mejora los objetivos de residuos municipales; fomenta el compostaje y afronta el SSDR con «bastante sensatez», ya que elimina las restricciones existentes pero le abre la puerta condicionándolo al cumplimiento de objetivos y a la viabilidad técnica, al tiempo que potencia la prevención y la innovación.

Por su parte, desde el Partido Popular, César Sánchez ha denunciado que en los últimos tres años se han establecido nuevos impuestos y tasas para los ciudadanos y ha defendido que en este momento de recuperación económica lo que menos necesitan las industrias es mayor presión fiscal que, a la larga pagarán los ciudadanos. Por eso planteó la moratoria al impuesto al plástico que ha sido aceptada por PSOE y UP.

Además, Sánchez observa que en otros aspectos la ley es «poco ambiciosa» porque se trata de una norma muy importante y ha defendido el «firme compromiso» del PP en la lucha contra el cambio climático haciéndolo compatible con la economía porque la transición justa es «imprescindible.

En su turno, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha celebrado que el proyecto de ley da pasos para reducir los plásticos de un solo uso pero insta a los grupos a no quedarse solo con «soluciones de final de tubería» con las que solo se traslada el problema de un lugar a otro. A su juicio, la separación orgánica obligatoria que introduce la ley es un logro «muy importante» y vaticina que la implantación de la «innovación relevante» del SDDR va a tener «muy buena acogida» por parte de la población.

Asimismo, ha celebrado que la norma aborde cuestiones como el amianto y, si bien admite que la ley «no es perfecta», le parece «indiscutible» que supone un «paso adelante para la adecuada gestión de los residuos en España». «Estamos tratando de poner freno y solución a un problema de primer orden que es el que generan los residuos y que no son más que la punta del iceberg de esta sociedad de usar y tirar», ha concluido.

En la posición contraria está Vox, cuyo diputado Pablo Calvo considera que el proyecto de ley es el de «el negocio de los residuos» en el que «ganan los de siempre» y salen perjudicados «empresas, autónomos y consumidores». A su juicio, la futura norma se caracteriza por más impuestos que «lastrarán» el crecimiento económico y como alternativa ha defendido la incineración de los residuos que por cada kilo quemado deja «14 gramos de ceniza inocua» y que «no forma parte del negocio artificiosos de sus chiringuitos» frente a la «desafortunada cruzada contra los plásticos.

VOX PROPONE UNA HUELGA DE ENVASES, TRAS LA DE JUGUETES

«Tras la huelga de juguetes solo les falta proponer una huelga de envases porque no se sienten reciclados», ha concluido el diputado tras cuya intervención López de Uralde le ha aplaudido su «buena idea».

Mientras, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha defendido en particular el aprovechamiento de los purines para producir biogás para que estos se conviertan en un subproducto en el marco de la economía circular y contribuyan al mismo tiempo a reducir la contaminación del suelo y el agua. «La inyección de este gas al sistema puede ser la solución más eficiente para solucionar los biorresiduos biodegradables», ha apuntado.

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha calificado la ley de «escasa e insuficiente» para el «gran reto» que supone el cambio climático, aunque celebra avances como el reconocimiento a la recogida puerta a puerta y el impuesto al plástico, que también ve como «poco ambicioso» y que quiere que sea «finalista», motivos por los que su grupo se ha abstenido en la votación final.

Por su parte, la diputada de JxCat Pilar Calvo ha criticado que el proyecto de ley pretende armonizar el impuesto de residuos a nivel estatal y, aunque ve positivo establecer un impuesto mínimo para todas las comunidades autónomas, considera un «gran agravio para Cataluña» que se proponga retirar el tributo que ya existe en dicha autonomía para someterlo a «la tutela del Ministerio de Hacienda», ya que supone una «recentralización».

Finalmente, la diputada de Más País Inés Sabanés ha celebrado la introducción de un sistema de depósito, devolución y retorno de residuos (SDDR) en 2023 y reconoce «avances» en la propuesta legal, que es una ley «importante y urgente».

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido que, en España, «la ciencia ha ganado la batalla al negacionismo y las neurociencias», durante la 7ª edición de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud, impulsados por laSexta y entregados este 16 de diciembre.

Estos galardones buscan reconocer, poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención de los científicos españoles en el ámbito de la salud durante 2021, después de un periodo tan complejo como significativo como ha sido la pandemia por Covid-19 que ha supuesto un reto añadido para la comunidad científica, como señalan sus impulsores.

Los galardones, impulsados dentro del movimiento de Responsabilidad Corporativa de la cadena junto a Fundación AXA, han contado con la presencia, entre otros, de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll; el consejero delegado de Atresmedia; Silvio González; la directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia, Patricia Pérez; el director general de Atresmedia TV; Javier Bardají; la presidenta de AXA y su Fundación, Olga Sánchez, entre otros, así como miembros del jurado como Mariano Barbacid, María Sanz Vicente y Ramon Reyes, junto a otros reconocidos científicos.

En su intervención, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, ha señalado el «papel fundamental de los medios de comunicación para acercar el rigor científico a la sociedad. «En España, la ciencia ha ganado la batalla al negacionismo y las neurociencias», ha remarcado.

La ministra se ha mostrado partidaria de alcanzar el compromiso de que la inversión en España «llegue mínimo al 2%. «Ahora tenemos dinero y podemos hacer que prospere, vamos a duplicar el presupuesto, el más alto que ha tenido el ministerio de Ciencia e Innovación y traccionar junto a la financiación privada para llegar a ese 2% en 2023», ha afirmado en alusión a esta iniciativa que Constantes y Vitales lanzó en 2020 y que consiste en una recogida de firmas –actualmente cerca del millón– para conseguir un pacto político para elevar a ese porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) el presupuesto en ciencia.

En la ceremonia, el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha asegurado que «la ciencia y la investigación determinan el progreso de los países, contribuye al bienestar y la calidad de vida de las sociedades». «La pandemia ha puesto de manifiesto como una ciencia suficientemente bien financiada es capaz de solucionar problema»,ha añadido, por lo que ha dicho que desde Atresmedia están «convencidos de la importancia de la financiación estable y recurrente por lo que pusimos en marcha ‘Objetivo 2%’ y nos ofrecemos a ser una palanca entre los partidos políticos para llegar a esa financiación».

«Todos los partidos deben de entender la importancia de una ciencia con financiación estable y recurrente. La sociedad civil apoya sin ninguna duda este tipo de acciones –ha remarcado–. Desde laSexta intentamos trasladar el conocimiento de la ciencia, vemos con estupor como en sociedades desarrolladas hay movimientos antivacunas. España es un ejemplo de lo contrario, hemos dado un ejemplo de ciudadanos críticos que piensan con criterio, los medios hemos intentado fomentar la importancia de la ciencia y hacer accesible la ciencia a todos los conciudadanos».

Por su parte, la presidenta de AXA y su Fundación, Olga Sánchez, ha subrayado que «sin ciencia no hay futuro», recordando el lema por el que nació en 2014 Constantes y Vitales, una máxima que, «no solo está más vigente que nunca, sino que podemos añadir que sin ciencia no hay futuro, pero tampoco hay presente», como se ha demostrado con la pandemia y el «descubrimiento en tiempo récord de las vacunas», ha dicho Sánchez, mientras mostraba su «profundo agradecimiento a la comunidad científica a la que rendimos hoy homenaje».

La presidenta de la Fundación AXA ha hablado también de los problemas de salud mental «agravados» por la pandemia. «Hace un año que desde el Grupo AXA medimos el nivel de impacto psicológico, que es mayor que en otros países, también porque nuestro nivel de socialización es mayor», ha señalado, para añadir que «es vital que se hable más y eliminemos los estigmas y en esa labor los medios de comunicación tienen un papel fundamental de visualización», por lo que ha valorado la «extraordinaria implicación de nuestro socio Atresmedia introduciendo el tema en el día a día de su programación para poder ir eliminando así los tabúes».

GALARDONADOS

En esta edición, el Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica del año ha sido para José Antonio Enríquez y Andrés Hidalgo, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), por su publicación ‘A Network of Macrophages Supports Mitochondrial Homeostasis in the Heart’.

Por otro lado, el Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica –que cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones que la persona galardonada esté liderando en estos momentos– ha recaído en Xavier Trepat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Mientras, el Premio Constantes y Vitales a la mejor Campaña de divulgación en prevención médica ha sido para ‘Saca pecho’, de la Asociación Española Contra el Cáncer; y el Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica para Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga.

Los galardonados de esta séptima edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica, entre los que se encuentran especialistas como Josep Brugada, Mariano Barbacid, Ángela Nieto, Bartolomé Beltrán, Carlos Camps Herrero, Alfredo Carrato, Jesús García-Foncillas López, María José Alonso, María Sanz Vicente, Ignacio Muñoz Pidal, Fátima Bosch, Miguel Ángel Arráez y Gloria González-Aseguinolaza.

Ignacio Pardo, uno de los coordinadores del equipo que supervisaba al Banco Popular en el Banco Central Europeo (BCE), ha explicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la entidad tenía problemas estructurales que venían de mucho antes del proceso que llevó a su resolución y que ha fechado en 2008, tras el estallido de la crisis económica.

Fuentes jurídicas han confirmado que la declaración de Pardo, que comenzó este martes y se ha extendido hasta este jueves, ha servido para aportar luz sobre la situación contable de la entidad. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 también ha tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Giorgis, compañero de Pardo en el BCE.

En la misma, Pardo ha señalado que el Popular contaba con una alta cantidad de activos inmobiliarios y no productivos, a lo que se añadía un bajo nivel de cobertura. En esta línea, han incidido en que el modelo de negocio de la entidad tenía una baja rentabilidad, en parte, por los bajos intereses bancarios.

Fue la crisis, según ha explicado, lo que provocó que el banco pasase de una época de bonanza a entrar en colapso. Y lo hizo, en parte, porque tampoco generaba el suficiente negocio como para poder atender las coberturas con las que contaban el resto de entidades del sector.

ANÁLISIS SOBRE LOS ACTIVOS Y TEST DE ESTRÉS

A pesar de eso, explican las mismas fuentes, Pardo ha apuntado que el Popular consiguió pasar una serie de AQR que, en sus siglas en inglés, se refiere a un proceso de análisis de la calidad de los activos. En concreto, los supervisores se encargan en este punto de indagar en la contabilidad y asegurarse de que los propios activos y estén bien registrados.

Además de estos exámenes, la entidad también se enfrentó de forma positiva a sendos test de estrés, con los que se trata de determinar si un banco cuenta con la estabilidad financiera y la capacidad reacción necesaria ante una situación adversa. Ambos procesos, tanto las AQR como los test, se realizaron en 2012 y en 2014 respectivamente.

Fue después de acometer esas acciones cuando se sometió a una inspección a la cartera de riesgos del Popular, en especial de las operaciones refinanciadas, lo que permitió concluir que la entidad no contaba con un mal sistema o malas normas contables, sino que la ejecución práctica no se estaba realizando de forma eficaz.

Eso llevó al banco a la necesidad de aprovisionar un total de 1.824 millones de euros a instancias del BCE, que se lo comunicó en noviembre de 2016. Una cifra que se sumó a las elevadas pérdidas con las que cerró ese ejercicio.

LABOR LIMITADA A LA SOLVENCIA PRUDENCIAL

Con todo, Pardo ha sido tajante en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, al que ha explicado que el BCE no contaba con competencias en materias contables, y que su labor se limitaba a un nivel prudencial. Concretamente, ellos hacían provisiones sobre las que establecer la solvencia prudencial del banco.

La declaración de Pardo, que ha tenido que continuar este jueves, ha sido especialmente extensa después de que el magistrado decidiese leer las actas de la comisión del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera. Por el contrario, la de Carlo Giorgis ha sido, en comparación, más escueta.

Concretamente porque Giorgis se hizo cargo de la supervisión del Banco Popular en marzo de 2017, tan solo unos meses antes de su resolución en el mes de junio. Así, y tras la venta al Banco Santander, Giorgis pasó a formar parte del equipo de la entidad que actualmente preside Ana Patricia Botín.

El magistrado también habría abordado a Pardo y Giorgis acerca de las filtraciones a la prensa por las que ya interrogó a la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, aunque ambos habrían descartado tener conocimiento acerca de las mismas.

EL JUEZ CRITICÓ LA TARDANZA DEL BCE

Fue el pasado mes de junio cuando el juez solicitó al BCE información, por un lado, de los equipos de supervisión permanente y, por otro, de los equipos asignados a las inspecciones ‘in situ’ con el objetivo de llamarles a declarar sobre las revisiones o inspecciones que realizaron en el banco español.

Calama criticó la tardanza del BCE porque, a su juicio, estaba generando un «evidente retraso» en la instrucción de la presente causa y, para remediarlo, explicaba, optó por «citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos».

El magistrado creía entonces que Pardo y Giorgis podrían aportar datos esenciales dado el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Banco Popular, su modelo de negocio y gobernanza, como finalmente han hecho.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que su Gobierno planteó hace meses la posibilidad de regular la vacunación obligatoria en colectivos como el de los sanitarios, por lo que ve «absolutamente procedente y muy responsable» dar este debate, que acaba de ser reactivado por Baleares.

En concreto, Baleares ha conseguido respaldo judicial para exigir el certificado covid de vacunación o pruebas negativas a todos los trabajadores sanitarios y el jefe del Ejecutivo gallego ha sido preguntado tras la reunión semanal del Gobierno acerca de si Galicia se plantea seguir los pasos de la Comunidad balear y proponer esta medida.

Al respecto, Feijóo se ha remitido al comité clínico y ha esgrimido que no le gusta «improvisar» a la hora de anunciar medidas, pero sí ha recalcado, en todo caso, que la Xunta ya planteó meses atrás la posibilidad de regular, a nivel estatal, la obligatoriedad de inmunizarse en determinados supuestos y según qué colectivos.

«Fuimos descalificados», ha lamentado, antes de añadir que el Gobierno no solo censuró la postura del Ejecutivo gallego sino que incluso recurrió la ley autonómica de salud, en los apartados relativos a vacunación.

QUE LOS QUE CUIDAN, «SE CUIDEN»

Por ello, ha remarcado que el debate que ahora se reabre con el caso balear le parece «procedente y muy responsable».

«Si los que se tienen que cuidar ni se cuidan ellos, es muy difícil decir a la población que se cuide», ha zanjado, muy crítico con que no exista legislación estatal en lo que respecta a este asunto.

La declaración como testigo de una exescolta de la ahora ministra de Igualdad Irene Montero, prevista para mañana ante el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid en el marco del denominado ‘caso niñera’, ha quedado suspendida a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de devolver la causa al juez del ‘caso Neurona’.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado que la citación de la testigo E.G. decayó después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid estimara parcialmente un recurso interpuesto por Vox y ordenara al Juzgado de Instrucción Número 42 recuperar esta línea de investigación.

El juez José María Escribano anunció su intención de interrogar a E.G. el pasado 27 de abril, cuando libró oficio a la Policía Judicial para que aportara «a la mayor brevedad» el domicilio de la exempleada de Podemos. No fue hasta octubre que fijó fecha y acordó que debía comparecer el 3 de noviembre. La declaración, sin embargo, se vio suspendida porque desde el juzgado no se le notificó correctamente su citación.

Aunque posteriormente reservó el 17 de diciembre para su interrogatorio, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efectos la resolución del instructor.

Desde el pasado marzo, el juez Escribano estuvo a cargo de la investigación para determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral. Investigaba el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a Arévalo y a la menor.

PENDIENTE DEL JUEZ ‘NEURONA’

El magistrado asumió la causa después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, enviara a reparto varias líneas de investigación derivadas del ‘caso Neurona’, entre ellas el denominado ‘caso niñera’. Queda pendiente que el magistrado retome la investigación, tal y como ordenó la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el relato de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, cuya denuncia dio inicio a esta investigación, Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», en referencia a Arévalo –actual asesora ministerial–, «como cuidadora de sus hijos».

El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.