Investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) han explicado este viernes que en España a lo largo de un año hay unos 400.000 incidentes de violencia sexual, de los cuales 100.000 «podrían ubicarse en abuso sexual infantil» –menores de 16 años–.

Lo ha explicado el catedrático de Psicología y miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la UB, Antonio Andrés Pueyo, durante la presentación del informe global sobre la violencia sexual en España, realizado por Investigadores de la UB por encargo del Ministerio de Interior, con datos de 2018-2019.

Pueyo ha detallado que hay unas 235.000 personas que cometen actos de violencia sexual al año y 350.000 personas víctimas de estos actos, lo que supone que «un mismo agresor, comete más de un delito», y que 1 de cada 45 mujeres y 1 de cada 60 menores tienen riesgo de sufrir este tipo de violencia cada año.

Según el informe, la tasa base de la violencia sexual en España es de un 2,34%, mientras que hay 13.000 denuncias al año por violencia sexual, 2.500 condenas, 3.500 condenados a prisión y un 7% de agresores que reinciden tras salir de la cárcel.

Respecto a encuestas de acoso sexual laboral, la prevalencia se cifra en 14,9%, pero Pueyo ha señalado que probablemente «haya una sobreestimación», ya que incluyen insinuaciones que causan malestar a la víctima.

Pueyo ha detallado que «solo el 5-10% de delitos de violencia sexual en promedio se detecta o se denuncia» en España, aunque ha asegurado que cuando son delitos muy graves se detectan todos los casos.

MUJERES, LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS

El informe ha señalado que la mayoría de las víctimas de estos delitos son mujeres, aunque entre los niños menores de edad la violencia sexual afecta por igual a hombres y mujeres.

El jefe del Área de Análisis de Violencia de Género, Estudios y Formación del Ministerio de Interior, Juan José López, ha explicado que a partir de las denuncias policiales, el 15% de casos son varones.

López ha indicado que las tasas de prevalencia en España son medias o bajas respecto a la media europea, y ha asegurado que el aumento de las denuncias estos últimos años «se debe sobre todo a que se dan a conocer más ciberdelitos» y se cuentan más delitos de adolescentes, ya que en 2015 cambió la ley y elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años.

Por otra parte, ha manifestado que las agresiones con más de un agresor suponen el 4,3% de las denuncias, mientras que en el 1,3% participan tres o más agresores.

«DATOS OCULTOS»

Pueyo ha manifestado que la violencia sexual tiene muchos «datos ocultos», ya que no todas las personas denuncian los hechos, y que para realizar este informe, utilizaron datos oficiales –obtenidos por denuncias, sentencias o condenas–, encuestas de victimización, declaraciones espontáneas o inducidas –declaraciones de personas que han sufrido algún tipo de violencia y que lo explican días, meses o años más tarde–, y otros estudios clínicos o sanitarios.

Con este informe, los investigadores han querido hacer «una estimación para conocer la gran cifra oscura que acompaña a todos estos datos», incluyendo encuestas para estudiar abuso sexual infantil y acoso sexual en el mundo laboral, y lo han comparado con datos internacionales para saber en qué punto se encuentra España.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha confiado en el papel que desempeñará Joan Subirats como nuevo ministro de Universidades tras la salida de Manuel Castells por motivos de salud. «Es un viejo militante de bandera roja y tendrá un perfil mucho más político», ha destacado.

Baldoví, en una entrevista, ha reconocido que aunque Castells ha tenido un «perfil bajo» y un papel «políticamente discreto», ha trabajado en la Ley de Universidades, a la que su grupo ha realizado «aportaciones interesantes» en tres reuniones con el equipo del Ministerio.

Ha asegurado que esta ley «iba por buen camino», un trabajo que cree que Subirats debe culminar para que «haya una buena Ley de Universidades, que a este país le hace falta». También ha puesto en valor la experiencia del nuevo ministro como responsable del área de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona.

Por tanto, ha pedido darle «un margen de confianza» y ha descartado las críticas a su elección, asegurando que le gustaría «un poco más de altura de la oposición». «No todo lo que hace el Gobierno es malo, a veces se hacen cosas bien y es bueno reconocerlo», ha dicho, y ha puesto como ejemplo el proceso de vacunación o el inicio de la reforma de la financiación autonómica

El diputado valenciano ha sostenido así que, cuando hay un nuevo ministro, lo correspondiente es «esperar a ver qué hace y luego criticar». «No sabemos qué va a hacer; confianza», ha insistido al ser preguntado por las críticas vertidas contra Subirats por haber votado en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sobre la salida de Castells, ha remarcado que «al final, en política también son las circunstancias personales las que han de mandar». «Cuando uno no puede más, lo mejor es decir: yo he llegado hasta aquí, tengo estos consensos y que venga otro con un nuevo impulso», ha aseverado.

Y ha descartado las críticas del PP de que se podría haber aprovechado este relevo para fusionar los ministerios de Educación y Universidades. «Se podría haber hecho, pero el Gobierno en su potestad decide en función de los apoyos y pactos para conseguir mayoría parlamentaria», ha expuesto, y ha abogado por quejarse si un ministerio no hace «nada» pero no porque haya «veinte o diez».

El PP llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «armonizar» por ley los sueldos de los funcionarios policiales y poner fin a «situaciones indeseables que son contrarias al principio de igualdad» entre cuerpos policiales.

El partido que lidera Pablo Casado señala que su propuesta, que reforma la ley vigente de 1986, recoge las demandas de los sindicatos para llevar a cabo «una efectiva equiparación salarial y una nueva regulación legal que establezca las bases de un sistema basado en el principio constitucional de igualdad».

La proposición de ley, busca poner fin a lo que considera «nula regulación» de la equiparación salarial en el estatuto personal de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En concreto, critica al Ministerio del Interior por no cumplir íntegramente el Acuerdo de Equiparación firmado en 2018, con Gobierno del PP, ya que su cláusula octava incluía «garantizar en el futuro» que no se diera disfunción salarial.

ACUERDO FIRMADO POR ZOIDO Y GESTIONADO POR MARLASKA

Se trata de un tema que arrastra polémica desde que el ministro ‘popular’ Juan Ignacio Zoido firmó en 2018 un acuerdo con las principales organizaciones de la Policía y la Guardia Civil para equiparar sus sueldos con el de policías autonómicas, tomando como referencia a los Mossos d’Esquadra. La negociación se llevó a cabo paralelo a la polémica por el referéndum independentista del 1-O.

Tras la moción de censura, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ejecutó las partidas del acuerdo para subir el sueldo a policías y guardias civiles una media del 20%, con un presupuesto de 807 millones en tres años (2018-2020). La plataforma policial Jusapol rechazó el acuerdo y otros sindicatos critican todavía hoy que hay cláusulas que no se han cumplido, como realizar una auditoría externa.

El PP impulsa ahora un cambio de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fijar unos «principios mínimos para la necesaria armonización e igualdad entre todos los colectivos que se ocupan de la seguridad», basándose en lo que viene ya recogido en los capítulos II y III del título I de la propia ley.

En este sentido, defiende que fue «un paso fundamental» para lograr el objetivo de la equiparación el acuerdo firmado en 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señalando que el importe de 807 millones entre 2018 y 2020 «se concretó en dichas anualidades».

A esta cantidad, relata el PP, «se añadieron 300 millones de euros para el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del acuerdo para el conjunto de la función pública, más 300 millones de euros destinados al personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada». El partido también critica que no se haya llevada la auditoría para la «equiparación salarial total y absoluta».

En concreto, cita la cláusula octava, donde Interior se comprometía a impulsar medidas legislativas para «garantizar en el futuro» que no se diera disfunción salarial entre cuerpos nacionales y autonómicos. «La falta de cumplimiento», dice el PP, «es el motivo fundamental para impulsar la modificación legal».

En declaraciones, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha referido a ese compromiso de «impulsar las medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre los cuerpos de policía que realizan las mismas funciones». «Esa equiparación salarial es justa porque todos, a iguales funciones deben tener iguales retribuciones», sostiene.

NO SE LES EQUIPARA Y ENCIMA SE LES DESPROTEGE

A su juicio, con el Gobierno de Sánchez «se ha producido un bloqueo de este desarrollo legislativo y, por tanto, del cumplimiento del Gobierno de España con policías y guardias civiles en nuestro país», y tofo ello mientras siguen su curso «otras reformas legislativas que dejan desprotegidos» a estos funcionarios, como es la reforma de la ‘ley mordaza’.

«Para el PP es fundamental seguir fortaleciendo las instituciones del Estado y esta iniciativa legislativa responde a ese gran objetivo –ha indicado–. Y el fortalecimiento se consigue a través de las equiparaciones salariales y unas retribuciones justas a la labor que desarrollan aquellos que nos protegen en nuestro día a día».

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha lamentado que los pacientes europeos, y especialmente los españoles, no puedan acceder al primer medicamento que podría frenar el Alzheimer (Aducanumab) y ha exigido a las autoridades sanitarias y políticas que impulsen la investigación sobre este y otros compuestos que en la actualidad forman parte del portfolio de los ensayos clínicos para lograr tratamientos efectivos para esta demencia.

Así lo ha manifestado la presidenta de la entidad, Cheles Cantabrana, tras conocer la decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que tras una primera votación ya se proclamó contraria al medicamento Aducanumab, de la compañía Biogen, y que ahora ha vuelto a hacer pública su negativa al respecto.

Este primer medicamento ha sido aprobado en Estados Unidos, aunque con polémica, y supone el primer fármaco que se tiene tras más de 20 años de investigación sobre la enfermedad.

Así pues, CEAFA ha recordado que en España hay 1,2 millones de personas que viven con la enfermedad del Alzheimer y que necesitan una respuesta «inmediata» aunque entiende que se haga por una cuestión de seguridad, ha lamentado que se niegue a los europeos, y concretamente a los pacientes españoles, la posibilidad deacceder a Aducanumab, aunque sea en el marco de la ampliación exigidos por la FDA para su aprobación definitiva o su exclusión en el mercado.

En este sentido, ha manifestado que esto hace agravar «aún más» la discriminación entre pacientes americanos y europeos, lo cual «agiganta» las brechas sanitarias y sociales que ya de por si genera la enfermedad del Alzheimer.

Por último, desde CEAFA han insistido en la necesidad de seguir avanzando en líneas de investigación «claras» que permitan no solo paliar los efectos de esta enfermedad, a la que llaman la «pandemia del siglo XXI», sino en el origen de la misma para evitar que cada vez sean más las personas que padecen Alzheimer, y cada vezen edades más tempranas.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con aforo reducido de público y siempre que la evolución de la incidencia de la pandemia de la Covid-19 lo permita.

El Comité de Expertos Sanitarios del Teatro Real, en coordinación con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que «vele por el bienestar de las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, de los trabajadores de Loterías, de los medios de comunicación y del público asistente».

Así lo ha dado a conocer este viernes la sociedad estatal, que ha avanzado una serie de medidas, entre las que destaca que, «dada la situación de la pandemia, y siempre a expensas de la evolución de la incidencia el día 22 de diciembre, y debido a que se trata de un evento de larga duración, está prevista la asistencia de un aforo reducido de público en el patio de butacas».

En este sentido, Loterías y Apuestas del Estado ha explicado que «se trata de equilibrar la seguridad sanitaria con asistencia de público de forma testimonial, ya que su presencia aporta alegría y color al sorteo». El público interesado en asistir deberá guardar cola, y, como novedad, se le facilitará una entrada en la taquilla del Teatro Real con su correspondiente butaca numerada.

Asimismo, cada asistente deberá identificarse con su DNI y facilitar un número de teléfono y/o correo electrónico como medida de protección anti-covid, para garantizar la trazabilidad de los contactos durante el Sorteo. Se deberá permanecer en la butaca asignada durante el evento.

SELAE ha informado de que la primera fila se mantendrá sin ocupar, para garantizar la distancia de seguridad con el escenario; y las dos siguientes estarán reservadas a los fotógrafos, con la suficiente distancia entre ellos, para que puedan realizar su labor. A partir de las siguientes filas, se dejará un espacio libre entre un asistente y otro, para mantener la distancia interpersonal de seguridad.

Por su parte, los medios acreditados estarán ubicados en un espacio fijo durante el sorteo de Navidad, para que puedan realizar su labor informativa, según ha apuntado la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

MOVILIDAD RESTRINGIDA PARA TODOS LOS ASISTENTES

En relación con la movilidad, ha informado de que está restringida para todos los asistentes, quienes deberán permanecer en el puesto habilitado de forma fija, sin moverse por el recinto.

No se podrán ingerir alimentos en el interior del recinto; todos los asistentes deberán llevar en todo momento la mascarilla bien ajustada y deben mantener la distancia física interpersonal; y deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal de seguridad.

En cuanto a las medidas del escenario, todos los profesionales de la organización que accedan al escenario o que estén en el espacio de seguridad cercano a este tendrán que presentar una prueba de detección COVID-19 con resultado negativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes.

Al igual que el año pasado, el espacio existente entre los bombos se ha aumentado, para garantizar la distancia de seguridad exigida. Los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid y el resto de participantes acudirán con mascarilla de forma obligatoria, y únicamente aquellos niños y niñas que canten las bolas de premio y número estarán sin ella en el momento de su intervención, y mantendrán una distancia de seguridad de 2 metros entre sus posiciones.

El 22 de diciembre habrá una mampara de seguridad para los profesionales del Sorteo; la mesa presidencial tendrá cuatro integrantes (en lugar de los cinco habituales), para cumplir con la distancia de seguridad; y los niños y niñas de la Residencia San Ildefonso no realizarán entrevistas.

«Lamentamos las molestias que estas medidas puedan causar a los asistentes y medios de comunicación, especialmente a aquellos ciudadanos que se queden fuera del Teatro Real debido a las restricciones de aforo, pero garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes en la situación actual de la pandemia es una prioridad para la organización», ha explicado SELAE, que ha añadido que este protocolo estará sujeto a la evolución de la pandemia, pudiendo sufrir modificaciones de las que se informaría.

El Gobierno se ha referido este viernes a la decisión anunciada por la Generalitat de Cataluña relativa a reforzar con un segundo profesor determinadas aulas para garantizar que se cumple con la inmersión lingüística. «Si esas decisiones vienen a dar cumplimiento a las leyes y a las sentencias, bienvenidas sean», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

La portavoz del Ejecutivo se ha expresado así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha valorado la decisión del Govern catalán y ha sido preguntada sobre si el Gobierno cree que la misma es compatible con la ejecución la sentencia que obliga a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano.

«El Gobierno respeta a todas las autonomías en el ámbito competencial que tienen en materia de educación y entendemos que estas decisiones de la Generalitat irán encaminadas en ese cumplimiento al que estamos obligados, tanto de las leyes como de las sentencias. Por tanto, si esas decisiones vienen a dar cumplimiento a las leyes y a las sentencias, bienvenidas sean», ha zanjado la ministra.

El Govern anunció ayer una «ofensiva legislativa para blindar» la inmersión lingüística en la escuela catalana y ha ordenado al cuerpo de inspectores educativos que intensifique la supervisión del cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros.

Así lo dio a conocer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaración institucional tras la segunda cumbre extraordinaria en el Palau de la Generalitat de respuesta al fallo del Tribunal Supremo (TS) que fijó un 25% de clases en castellano.

Aragonès añadió que la Consejería de Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas en las que se aplique un 25% de educación en castellano tras sentencia judicial, para «preservar el proyecto lingüístico» del centro. Los refuerzos son de 35 docentes porque es el número de aulas en las que hay actualmente una orden judicial de aplicar el 25% de enseñanza en castellano, si bien están pendientes de un recurso de apelación por parte de la Consejería.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado hoy de «chascarrillo» la petición que han realizado algunos partidos de la oposición de que dimita el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, por haber votado en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Rodríguez se ha expresado así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por este hecho sobre el nuevo ministro de Universidades que sustituirá a Manuel Castels.

En opinión de la Portavoz del Gobierno, lo que debería preocupar a todo el mundo es la formación del capital humano que dirigirá el país en el futuro «en lugar de estar buscando chascarrillos cada día».

Rodríguez ha bromeado asegurando que se van «superando expectativas» al pedir la dimisión de alguien que aún no ha tomado posesión de su cargo. «Permítanme que me sonría porque efectivamente supera cualquier código de la política clásica», ha exclamado para acto seguido recordar que antes se dejaban 100 días a que «uno pudiera mostrar capacidad, actitud y estaba emprendiendo bien sus políticas», mientras que ahora «ni siquiera se espera al momento en que uno toma posesión».

«Fuera de bromas, entiendo que quienes hacen esas aseveraciones o esas críticas son personas que están ancladas en otro momento de la historia de nuestro país», ha espetado antes de contraponer esa actitud a la que considera que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez que es, según ha dicho, la de «avanzar y progresar».

Así, ha señalado que para el Gobierno, la Universidad y la Educación son «muy importantes» y que eso se ha traducido en hechos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que van a «batir récords» de número de becados el próximo año, superando los 2.000 millones de euros en becas.

Para la Portavoz, esto es lo que interesa a los universitarios de este país y desea de que el nuevo ministro haga un buen trabajo en aras a la mejora de la Universidad, y en el proceso de transformación y de mejora que se está haciendo del capital humano y de los jóvenes que «van a tomar las riendas de nuestro». «Eso es lo que nos tendría que tener preocupados a todos en lugar de estar buscando chascarrillos cada día», ha remachado.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este viernes al líder nacional del PP, Pablo Casado al señalar que no representa «ni a sus propios votantes» con su manera de hacer oposición que, a su juicio, «resta» a España y a la calidad democrática del país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha afirmado que aunque Casado crea que «todo vale» en política, no es así y no todo suma. «La política de oposición de Casado resta a España, a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones y no podemos compartir esa estrategia de oposición», ha indicado.

Así, en medio de varios rifirrafes y críticas por la subida de tono entre el Gobierno y el PP, Rodríguez ha señalado que hay muchas maneras de criticar al Gobierno pero que Casado «no está representando ni a sus propios votantes al actuar de este modo».

ANTES DE CASADO EL PP TENÍA SENTIDO DE ESTADO

«Estamos viendo a un señor Casado y a un PP que no reconocerán ni los propios votantes» del partido, ha añadido Rodríguez, que ha querido enviar un mensaje de «sosiego» y de llamada a la política del «entendimiento» porque es lo que demanda «la inmensa mayoría de españoles».

En esa misma línea, ha apuntado que el Gobierno siempre espera más del principal partido de la oposición que de otras formaciones y que el PP, antes de la llegada de Casado siempre ha tenido un «sentido de Estado» y un «compromiso con España» que ahora «se echa en falta».

A este respecto, al ser preguntada por unas declaraciones de Casado de este mismo viernes en las que afirmó que en Cataluña hay profesores que tienen la instrucción de no dejar ir al baño a los niños que hablen en castellano, la portavoz del Gobierno ha insistido en que no se puede usar la riqueza lingüística del país para dividir porque es un elemento de cohesión y de orgullo. «No concebimos de esta forma el trabajo que está haciendo Casado sobre esta cuestión», ha finalizado.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, que comenzó el 19 de septiembre, para «seguir afianzando y ampliando» y espera movilizar antes de final del año hasta 230 millones de euros. Entre las nuevas ayudas se incluye un bono turístico de 300 euros por persona.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado dos Real Decreto de ayuda a La Palma y otro más que afecta a «todas» las islas de Canarias.

Bolaños ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la reconstrucción es «indudable» y ha enumerado que el presidente, Pedro Sánchez, ha visitado la isla «hasta en 7 ocasiones» y los ministros han viajado allí «hasta en 15 ocasiones para conocer de primera mano las consecuencias del volcán».

Así, ha anunciado que este mismo fin de semana las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto también visitarán La Palma con la misma intención.

Bolaños ha elogiado que en esta emergencia todas las administraciones públicas competentes, independientemente de su color político, están trabajando «codo con codo» en beneficio de los habitantes de La Palma.

Si bien ha admitido que el Gobierno entiende que para los afectados por el volcán «toda la rapidez» que pueda establecer el Gobierno en las ayudas siempre les parecerá «poco» y ve «normal que así sea» porque han perdido sus casas, negocios o vidas. No obstante, ha afirmado que «nunca jamás» en una emergencia se ha ido «tan rápido». «Estamos trabajando en tiempo récord» y «a la mayor velocidad conocida de la administración pública», ha insistido.

Hasta la fecha, ha defendido que la «respuesta sin precedentes del Gobierno» ha movilizado 138 millones de euros y el Gobierno confía en poder movilizar otros 230 millones de euros más en ayudas directas para los palmeros.

A fecha actual, ha dicho que 437 personas han recibido indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha abonado más de 60 millones de euros. Además, se ha aprobado 10,5 millones de euros para ayudas a viviendas con los que ya se han adquirido 95 y en los «próximos días» cinco viviendas más. De estas, se han entregado 15 inmuebles y se ha detectado otros 138 potenciales beneficiarios para asignar viviendas.

AUMENTAN AYUDAS AL PLÁTANO Y PESCADORES

Respecto a las medidas aprobadas este viernes, ha informado Bolaños, se destinarán 13,5 millones de ayudas a los agricultores del plátano, por un importe de 4.600 euros para cada beneficiario; y otros 17,62 millones para apoyar a los autónomos y pymes afectados por el volcán, con los que se impulsará el sector turístico. Esta iniciativa contempla planes de promoción del turismo a la isla, ayudas a las aerolíneas nacionales y extranjeras por 1,3 millones para que promuevan los vuelos a La Palma, así como un bono turístico de 300 euros para estimular los viajes en 2022.

Al mismo tiempo, para facilitar y agilizar la recuperación económica de los afectados, estos podrán disponer de un anticipo del 50% de las cuantías de las ayudas sin esperar a que se resuelva por completo cada expediente y podrán aplazar sus obligaciones con Hacienda hasta la primavera de 2022, entre otras medidas.

En la actualidad, según ha indicado, hay 1.237 trabajadores beneficiándose de los Ertes especiales para la isla de La Palma y otros 569 autónomos acogidos a la prestación.

Entre las medidas aprobadas ha destacado el aumento de las cuantías máximas por vivienda que ahora ascenderán hasta 60.480 euros en caso de destrucción total de la vivienda. Esas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y con las del Gobierno de Canarias para que los que han perdido sus casas puedan cubrir prácticamente el coste total de sus inmuebles.

Igualmente, se ha aprobado que la Delegación del Gobierno pueda conceder anticipos a cuenta de las ayudas del 50 por ciento, de modo que no será necesario que el expediente esté totalmente resuelto en determinadas circunstancias para que los afectados puedan ganar en liquidez.

Para el sector agrario, el Ejecutivo ha aprobado 12 millones de euros este viernes: una subvención directa al Gobierno canario de hasta 10 millones de euros para ampliar las medidas de apoyo para compensar los daños producidos al sector agrario y otros 2 millones para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contrate campañas institucionales de publicidad y comunicación para fomentar el consumo y mejorar la posición en el mercado de los productos agrarios o pesqueros afectados por la erupción. Con estos 12 millones, las ayudas al sector agrario a La Palma ascienden a 30 millones de euros.

Por otro lado, el Gobierno dará una subvención de 150.000 euros para el Instituto Canario de Cultura para realizar actividades culturales para la población de La Palma.

Asimismo, los afectados podrán aplazar todas sus deudas hasta el 2 de mayo de 2020 para que «no se tengan que preocupar por obligaciones tributarias» en materia de seguridad social y exonera a todos los trabajadores del mar hasta que puedan volver a faenar.

También facilitará que las líneas Covid podrán seguir hasta junio de 2022 y amplía las ayudas de estas líneas a «todas» las empresas de La Palma, ante la caída de la demanda del consumo en toda la isla.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

En materia de turismo, el paquete de ayudas contempla 4.625.000 euros para promocionar La Palma «una vez que finalice la erupción» y lanzará un programa de bonos turísticos de 300 euros articulado a travésde tarjetas de débito virtuales para su consumo exclusivo en la isla de La Palma a lo largo de 2022.

Con esta medida, que tiene una aportación de 3,3 millones de euros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y una cantidad equivalente del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo busca incentivar los viajes turísticos a la isla cuando se den las condiciones de normalidad y apoyar al sector turístico que es una de las actividades que más riqueza y empleo aporta en La Palma.

También se pondrá en marcha una línea de incentivos especiales para la mejora de la conectividad aérea nacional e internacional de La Palma durante 2022. En concreto, destinará 1,32 millones a subvencionar los asientos que las aerolíneas nacionales e internacionales programen a la isla.

Del mismo modo, habrá otra partida de 10 millones de euros a subvención directa para crear nuevas empresas, ampliar las existentes o diversificación de productos durante 2022, 2023 y 2024.

Otra de las medidas incluye 3 millones de euros para subvencionar el festival internacional de ciencia, arte y música Starmus Festival en julio de 2022. A este festival asisten científicos y astrónomos de todo el mundo.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo han recuperado en una casa de empeños de Lugo un cuadro del pintor Vela Zanetti, valorado en 30.000 euros, que había sido sustraído de la vivienda de un empresario leonés.

Como consecuencia de la denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional, en la que un empresario leonés denunciaba la sustracción de un valioso cuadro del reconocido pintor Vela Zanetti, se inició por parte del grupo de la Policía Judicial una urgente y meticulosa investigación en el entorno más próximo del denunciante.

Según el comunicado de la Subdelegación, la sustracción fue realizada sin forzamiento y dadas las extrañas circunstancias que rodeaban el suceso, al objeto de verificar cualquier detalle que arrojase luz sobre el hecho denunciado.

Coordinadas las investigaciones desde la Comisaría de San Andrés del Rabanedo con la Brigada Central de Patrimonio Histórico se dio cuenta a organismos y entidades policiales dedicadas a la materia, al tiempo que se indagaba de forma paralela en anticuarios y marchantes de todo el noroeste de España.

Resultado de las investigaciones fue la localización del cuadro, que había sido sustraído por una persona del entorno familiar y que se encontraba en una casa de empeños de la ciudad de Lugo, donde fue recuperado.

José Vela Zanetti nació en Milagros (Burgos) en 1913 y murió en 1999, fue un pintor y muralista español que inició y desarrolló casi toda su carrera entre León, Italia y Latinoamérica.

El cuadro recuperado de la serie llamada ‘Bodegones de campesinos’ o ‘Epoca de los Mazón’ fue pintado en el año 1941 durante su estancia en el exilio, concretamente en República Dominicana donde residió en la década de los 40 del siglo pasado.

El presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Carmelo Sanz de Barros, ha sido elegido este viernes presidente del Senado de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para los próximos cuatro años, según informa dicha institución en un comunicado.

«Enhorabuena al presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, por su elección hoy en París como vicepresidente de la FIA. Este nombramiento supone un reconocimiento al protagonismo de España en Movilidad y Seguridad Vial. Nuestros mejores deseos en esta nueva responsabilidad», ha manifestado la Dirección General de Tráfico (DGT) tras conocer la noticia.

El Senado es el principal órgano de gobierno de la FIA. Con competencias tanto en el ámbito deportivo como en el de movilidad, es responsable de la definición de las políticas generales de la FIA, su buen gobierno, el desarrollo comercial y la gestión financiera de la organización que garanticen su estabilidad presupuestaria.

«Mi prioridad será garantizar un gobierno claro y transparente de la institución, poniendo a disposición de la FIA la experiencia adquirida durante más de 30 años en grandes corporaciones internacionales y organizaciones empresariales, además de los 10 años al frente del RACE, el mayor automóvil club de España que presta servicios a más de 10 millones de clientes», ha declarado Sanz de Barros.

La elección se ha producido durante los comicios celebrados en París, en el marco de la Asamblea General de la FIA, en los que la candidatura encabezada por Mohammed ben Sulayem, expiloto de rallyes, ha sido proclamada ganadora.

Además, Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, ha sido nombrado vicepresidente del Área Deportiva de la FIA para Europa.

El PP y Ciudadanos, junto con UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, han registrado una proposición de ley en el Congreso para que la pena de prisión permanente revisable se pueda aplicar también a asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de su víctima. Vox ha declinado firmar el texto al reclamar que se dé un paso más y se implante la cadena perpetua en los «crímenes más execrables».

El PP ha consensuado y suscrito una proposición de ley con Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria en la que se propone la ampliación de la prisión permanente revisable en el Código Penal a dos nuevos supuestos: asesinos reincidentes o que oculten el cadáver.

La iniciativa ha sido registrada por representantes de dichas formaciones, entre ellos la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el diputado de Ciudadanos (Cs) Miguel Gutiérrez, que han estado acompañados por Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven desaparecida hace dos años en un municipio valenciano y cuyo asesino confesó el delito, pero no se han podido localizar sus restos.

LA MADRE DE MARTA CALVO PIDE AL PSOE QUE DEJE TRAMITARLA

En declaraciones a los medios, Marisol Burón ha hecho un llamamiento al PSOE, primer partido del Congreso, para no impedir la tramitación de esta reforma legal cuando se vote su toma en consideración, ya en el próximo periodo de sesiones.

La prisión permanente revisable fue implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy y recurrida por el PSOE y otros partidos ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de octubre avaló su legalidad al considerar que es una pena proporcionada que no vulnera el principio de reinserción.

Con ese aval, lo que pretenden estos partidos es ampliar su aplicación a dos nuevos supuestos que «generan honda preocupación para las familias afectadas y para lo sociedad en general». También son dos supuestos que estaban citados en el programa electoral del PP.

Por un lado, se pretende aplicar a los condenados por asesinato que ocultan el paradero del cadáver, lo que supone un dolor añadido para las familias, y por otro se trata de aplicar la prisión permanente como «un instrumento de prevención especial respecto del delincuente que ya ha sido condenado por asesinato y es puesto en libertad, para evitar casos de reincidencia».

A tal fin, la proposición de ley modifica el artículo 140 del Código Penal, ampliando la prisión permanente revisable al reo que «hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero», o cuando «el autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato».

La iniciativa registrada en la Cámara Baja está suscrita por Cuca Gamara por el PP, Edmundo Bal por Ciudadanos, Isidro Martínez Oblanca por Foro, Sergio Sayas por UPN y Ana Oramas por Coalición Canaria.

VOX APOYARÁ DESDE FUERA

Se ofreció también la firma a Vox, pero este partido declinó la invitación porque quiere ir más allá. La secretaria general de su grupo parlamentario, que también se ha reunido con la madre de Marta Calvo, asume la necesidad de aplicar «más dureza» y aboga por incluir la cadena perpetua «para los crímenes más execrables» y por ampliar a más supuestos la prisión permanente revisable.

En todo caso, Vox apoyará la toma en consideración de la iniciativa liderada por los ‘populares’ y, si supera esa votación en el Pleno del Congreso del Congreso, intentarán endurecer la reforma vía enmienda.

El Gobierno ha celebrado este viernes su última reunión de Consejo de Ministros con el titular de la cartera de Universidades, Manuel Castells, quien ha anunciado su marcha del cargo por motivos personales.

«Ha sido un Consejo de Ministros marcado por el afecto y el cariño de todos los compañeros y, especialmente, del presidente del Gobierno hacia el ministro Castells», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión.

Rodríguez ha asegurado que la despedida del ministro Castells ha sido «sincera» y ha añadido que éste ha recibido del presidente Pedro Sánchez, en nombre de todos los miembros del Consejo de Ministros, «el afecto, el cariño y el agradecimiento por su contribución a España y a las universidades españolas».

«Si tuviéramos que resumir su aportación a nuestro país en este campo, quizás, lo más destacable tiene que ver con la cohesión y la garantía de la igualdad en el acceso a la universidad, en el sentido del incremento del número de becas, de la cuantía de las becas en España durante el tiempo que él ha sido ministro, y también la reducción de las tasas», ha detallado la portavoz.

Asimismo, Isabel Rodríguez ha afirmado que «seguramente» los estudiantes, que fueron perceptores de dichas becas y beneficiarios de la reducción de las tasas, «también tendrían ese sentido homenaje en la despedida de Castells como ministro, que seguirá siendo un apoyo, sin duda, al Gobierno, en la influencia que él tiene en el ámbito académico intelectual en España».

Finalmente, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que la toma de posesión del nuevo ministro, Joan Subirats, tendrá lugar el próximo lunes 20 de diciembre en el Palacio de La Zarzuela y, por la tarde, se realizará el traspaso de carteras en el Ministerio de Universidades.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este viernes en que no se ha celebrado ni ahora, ni en el pasado ningún evento con mayores medidas de seguridad contra la Covid que el Congreso de la FSA-PSOE. Así preguntado por quienes dicen que no se han aprobado nuevas medidas restrictivas es por la celebración de dicho cónclave, Barbón es tajante y asegura que si dicen eso «es que le conocen poco».

«Quien me conozca a mi eso no lo puede pensar jamás, no cabe, me tengo por una persona muy seria y lo he demostrado tomando medidas muy duras que me han puesto sobre las cuerdas. Que poco me conoce, quien piense eso, además se califica sólo», ha dicho Barbón.

Barbón se manifestaba así durante la rueda de prensa ofrecida junto al secretario LGTBI de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Víctor Gutiérrez. Allí ha recordado que su Gobierno siempre ha tomado las medidas apoyándose en los epidemiólogos y en los técnicos de la Consejería de Salud y es lo que siguen haciendo.

«Cada vida humana nos duele pero está claro que estamos en otro contexto de la pandemia», ha dicho Adrián Barbón que ha incidido en que hay que comprobar si la instalación de medidores de CO2 da los resultados esperados. «Ahora sabemos que uno de los principales vectores de los contagios es la acumulación de aerosoles y eso no lo sabíamos en noviembre del 2020. Por tanto no descartamos nuevas medidas pero primero tenemos que probar con las ya acordadas», ha dicho.

Además ha manifestado que no se puede obviar que están celebrándose actos a diario y ninguno de ellos con el nivel de medidas de seguridad que se autoimpuso la FSA para su congreso.

«Hace no mucho estuve en determinados actos en el Calatrava sin sin medidores de CO2 y sin antígenos», ha indicado Barbón que ha recordado en el Congreso de la FSA no se va a permitir mascarilla de tela, solo FP2; no se permitirán muetras de afecto como abrazo y se realizará test de antígenos a todos los asistentes. Será «un congreso blindado como no ha existido otro en Asturias». «No hay ni ahora ni en el pasado con peores cifras un evento que cumpla más normas de seguridad», ha indicado.

Ha añadido Barbón que si Salud dentro de dos semanas pide restringir determinadas acciones lo harán como siempre lo han hecho y ha recordado que «algunos que hoy me piden aplicar medidas restrictivas hace poco atacaban y les insultaban llamándoles excesivamente drásticos».

«Cuando la consejería de salud nos haga propuestas las aceptaré siempre, aunque me cueste el cargo», ha dicho Barbón, que recordó que ayer mismo hubo un pleno en el congreso con más de 350 personas sin distancia de seguridad. «En la Junta los que nos piden que no nos agrupemos son los que pidieron volver el grupo en su totalidad al Parlamento», concluyó.

Expertos en sostenibilidad han pedido incentivar a las empresas que reduzcan la huella de carbono, durante el primer webinar sobre sostenibilidad impulsado por el BBVA. Los especialistas han recordado, además, que las acciones medioambientales aportan una mayor rentabilidad a las compañías, aunque a menudo se vean como un gasto.

Durante el encuentro digital, que se ha centrado en la huella de carbono y el desafío de las emisiones, los expertos también han coincidido en señalar que, al margen de las decisiones que tomen empresas e instituciones, las acciones individuales son imprescindibles para disminuir las emisiones.

El jefe asociado de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y promotor del proyecto MAS+, Medio Ambiente y Salud, Felipe Villar, ha explicado durante su intervención que la salud genera en España el 4,5% de las emisiones de efecto invernadero, por lo que ha reclamado «un protocolo» para impulsar «acciones médicas sostenibles» y para «determinar el uso de determinados fármacos y materiales y su reciclaje».

Villar ha pedido apostar por la «innovación» para lograr no sólo una mejora en el campo de la salud sino también en el cambio climático, tras recordar que cada vez se registran más muertes por calor. «En el año 2050 entre un 5% y un 6% de los fallecimientos estarán relacionados por el cambio climático y un 60% de ellos con el calor», ha asegurado.

Por su parte, la doctora en biología molecular y directora global de sostenibilidad en el IE, Isabela de Alcázar, ha centrado su intervención en el papel que deben jugar las instituciones educativas ante el cambio climático y ha comentado al respecto que éstas «tienen que estar atentas a lo que sucede y adaptar los planes de estudio a ello». Aunque ha recordado que es un sector que genera «una huella bastante limitada», en los últimos años ha llevado algunas acciones como la eliminación de las impresoras, que además «genera concienciación» entre alumnado y profesorado.

En la misma línea, la doctora en Ciencias Químicas, Olga Rodríguez, ha señalado la necesidad de estar informado sobre el cambio climático, ya que la información genera concienciación y ello «se traduce en cambios de comportamiento» a la hora de consumir. Rodríguez ha reclamado a la administración que impulse un etiquetado «más claro» sobre la huella de carbono para que el consumidor sea más consciente y «evite comprar algunos productos». Según esta especialista, investigadora postdoctoral del CENIM-CSIC, «sería una vía para que las empresas se sumaran a este etiquetado porque el consumidor las obligaría».

Los tres expertos han coincidido también en destacar que los países en vías de desarrollo deberían poder beneficiarse de la innovación de territorios más avanzados para poder reducir su huella de carbono. «La solidaridad, la innovación y la regulación son claves», ha afirmado el neumólogo Felipe Villar.

EL HIELO, MEMORIA COLECTIVA DEL PLANETA

En el webinar, moderado por el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, también ha intervenido el escritor y profesor de la Universidad de Edimburgo, David Farrier, quien ha asegurado que el hielo del planeta «va a acabar fundiéndose» y pondrá en peligro la vida de «más de 600 millones de personas que viven en zonas costeras». Según Farrier, autor del libro ‘Huellas’, «el hielo es una memoria colectiva del planeta, contiene huellas microscópicas del clima en cada momento».

El escritor ha lamentado que los datos «son alarmantes» y que, en general, «no nos lo estamos tomando suficientemente en serio», pero ha afirmado que el futuro «todavía no está escrito» y se pueden tomar aún medidas. «Tenemos que pensar en el mundo que dejaremos a futuras generaciones, en qué impacto van a tener nuestras decisiones y decidir qué historia se va a escribir en la vasta biblioteca del hielo», ha concluido.

El objetivo de estos encuentros impulsados por el BBVA es que la sociedad conozca de la mano de expertos información sobre temáticas relacionadas con el mundo de la sostenibilidad y pueda acercarse a algunas de las claves para impulsar un futuro más verde e inclusivo, según la entidad. En el segundo encuentro ‘online’ los expertos invitados reflexionarán sobre cómo serán las ciudades en 2050.