La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han firmado esta semana dos convenios de colaboración que garantizan y amplían la atención a las personas en situación de dependencia en la ciudad de Madrid con servicios como ayuda a domicilio o teleasistencia.

Según ha informado el Gobierno regional, el importe conjunto asciende a 183.038.141 euros y su plazo de ejecución es de dos años, desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

El primero de ellos, financiado por la Comunidad de Madrid con 149.882.886 euros, prorroga el acuerdo que mantienen desde hace años las dos administraciones para ofrecer a personas dependientes servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la actividad de centros de día y residencias municipales, todos ellos gestionados y prestados por el Ayuntamiento de la capital.

El segundo responde al Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 acordado por la Administración central con las comunidades autónomas, y destinará 33.155.255 euros de fondos estatales al objetivo específico de ampliar el número de beneficiarios de estos servicios.

Así, está previsto que, gracias a esta inversión, y hasta finales de 2023, los receptores del servicio de teleasistencia en la capital pasen de los actuales 30.984 a 43.484 personas, mientras que la ayuda a domicilio llegará a 23.500 beneficiarios frente a los 19.016 que la disfrutan ya.

Por su parte, se incrementará el número de usuarios que acuden a Centros de Día de 3.653 a 4.278. En total, estos incrementos sumarán 17.609 nuevos perceptores de servicios a los 53.653 madrileños que ya los reciben, un aumento del 32,8% que dejará la cifra total en 71.262 personas beneficiarias a finales de 2023.

VIVIENDAS PARA MAYORES RESIDENTES

Las residencias para mayores ofrecen vivienda permanente a personas que, por su situación sociofamiliar o por limitaciones en su vida diaria, no pueden ser atendidas en sus propios domicilios y requieren ser ingresadas en estas instalaciones, mientras que los centros de día prestan atención integral durante la jornada a dependientes mayores de 60 años -o de 55 en caso de padecer Alzheimer- con el fin de mantener o incrementar su autonomía personal y respaldar a sus familias o cuidadores.

Por su parte, tanto la ayuda a domicilio como la teleasistencia tienen como objetivo apoyar la permanencia en su domicilio de personas que se encuentren en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, enfermedad o aislamiento social.

A estos servicios, que se financian íntegramente con la aportación de la Comunidad de Madrid, se suman los programas de prevención y atención social a las familias y las actuaciones de protección de menores.

El Consistorio madrileño aporta dos millones de euros para cofinanciar el desarrollo de estas medidas.

El PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios están trabajando en un documento común de conclusiones sobre la investigación que ha llevado a cabo la comisión encargada de señalar responsabilidades políticas por la operación ‘Kitchen’ y lo hacen con la convicción de que el PP se valió de fondos públicos y de miembros de las Fuerzas de Seguridad para espiar a su ex tesorero Luis Bárcenas.

Tras la comparecencia el pasado lunes del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la comisión dio sólo una semana de plazo a las distintas formaciones para presentar sus respectivas propuestas de conclusiones.

Una vez registradas, el órgano que preside la socialista Isaura Leal se reunirá el miércoles para aprobar un texto que, ya en 2022, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, se elevará al Pleno para su ratificación.

Según han informado fuentes parlamentarias, en los últimos días se han producido conversaciones e intercambio de documentos entre el PSOE y Unidas Podemos y sus aliados nacionalistas e independentistas con el objetivo de consensuar un documento.

En el caso de que no se llegue a un acuerdo, cada formación podrá presentar su propio texto y, no obstante, siempre existe la posibilidad de que después se presenten votos particulares sobre asuntos que hayan quedado fuera del hipotético documento conjunto.

SÍ SE USARON FONDOS PÚBLICOS

Por lo pronto, el informe conjunto en el que se está trabajando concluye que sí existió una utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

Además, algunos grupos son partidarios de señalar en las conclusiones a los comparecientes que desde su punto de vista mintieron ante la comisión.

Según el artículo 502.3 de Código Penal, quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, «faltare a la verdad en su testimonio» será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Han sido varias las sesiones en las que algunos portavoces han afeado a los comparecientes no estar diciendo la verdad ante las preguntas de los comisionados. Así pasó por ejemplo, cuando el ex presidente Mariano Rajoy negó que la Justicia haya acreditado la existencia de una ‘caja b’ en el Partido Popular.

Los que presentarán un texto en solitario serán los ‘populares’, que siempre han considerado que esta investigación era un «juicio sumarísimo» e «inquisitorial» a su partido, que las conclusiones estaban escritas de antemano y que su objetivo sólo era «desgastar» la alternativa que representa Pablo Casado.

CASI 40 COMPARECENCIAS

El Pleno del Congreso acordó abrir la investigación sobre la ‘Kitchen’ en octubre de 2020, pero la comisión no se constituyó hasta el 22 de diciembre de aquel año. Se cerrará justo un año después con la aprobación de sus conclusiones.

Entre marzo y diciembre han pasado por este órgano casi 40 personas que, según los partidos, podían arrojar luz sobre la supuesta trama orquestada desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes ‘populares’ en casos de corrupción.

Así, se ha podido escuchar a los principales afectados, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; a policías y expolicías implicados, como el ex comisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que acudieron en dos ocasiones; a investigadores de la trama ‘Gürtel’, como Manuel Morocho; y a otros protagonistas, como el que fuera chófer de Bárcenas Sergio Ríos.

También han desfilado diversos responsables políticos además de Rajoy, como el principal imputado, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fue su ‘número dos’ en el ministerio Francisco Martínez; la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, quien fue citado dos veces.

La Policía Foral ha detenido esta semana a un hombre de 25 años por atentado a agente de la autoridad tras morder en un dedo a un agente del cuerpo. El detenido se negó a pagar las consumiciones en un bar, se encontraba en el interior de un coche que no era de su propiedad del que se negaba a salir y mordió en un dedo a un agente de la Policía Foral, causándole heridas en una de las falanges.

También por atentado a agente de la autoridad se ha detenido a otros dos varones. El primero de 26 años en San Adrián, al que también se investiga por un delito contra la seguridad vial por circular con una tasa de alcohol delictiva; y el segundo de 39 años en Noáin.

La Policía Foral ha detenido desde el domingo 12 de diciembre a diez personas y ha abierto diligencias penales a otras trece como presuntas autoras de distintos delitos. A una de ellas por dos delitos, alcoholemia e incumplimiento de medida judicial. A uno de los detenidos también se le investiga por un delito contra la seguridad vial por dar positivo en alcoholemia.

Entre viernes y sábado, en las oficinas de atención al ciudadano se han recogido 38 denuncias penales (33 por delitos contra el patrimonio, cuatro por delitos contra las personas y una por acceso ilegal informático) y se han movilizado recursos para atender 148 requerimientos ciudadanos.

Por violencia de género se ha detenido a dos varones en Pamplona, a otro en Orkoien y, por un delito contra la indemnidad sexual, a un tercero en Sangüesa. Y en el Paseo Sarasate de Pamplona ha sido detenida una persona por desobediencia a agente de la autoridad, después de que estuviera molestando e increpando a los ciudadanos con los que se cruzaba.

Por otro lado, en Araitz, un ciudadano alertaba que dos personas le habían robado su vehículo. Al seguirlos habían abandonado el coche y salido huyendo. La patrulla de seguridad ciudadana de la comisaría de Alsasua movilizada, localizaba posteriormente a una de ellas, a la que le constaban numerosos antecedentes delictivos, y era detenida por un delito de hurto de uso de vehículo a motor.

Además, esta madrugada, en el barrio de la Rochapea de Pamplona, una patrulla recibió quejas vecinales por música alta proveniente de un bar. En el establecimiento identificaron a una mujer de 30 años que tenía un señalamiento en vigor de búsqueda, detención y personación impuesto por un juzgado pamplonés.

Además del detenido en San Adrián, por superar la tasa de alcohol marcada como delictiva, se investiga a diez conductores más. Dos en Pamplona, por conducción irregular; uno en Mendavia, tras salirse de la vía, colisionar contra una farola y cuadruplicar la tasa de alcohol. También se investiga a otros tres en Marcilla, Zizur Mayor y Huarte implicados en tres colisiones. Al último se le investiga, además, por un posible incumplimiento de una medida de alejamiento).

Otra de las personas investigadas, en Elcano, fue trasladado a dependencias policiales para identificación al no portar documento acreditativo. También se investigan a sendas personas en Burlada, tras una salida de vía con vuelco; Lekunberri y Villava. Además, por conducir sin permiso por pérdida de puntos, se investiga a otro conductor en Pamplona.

Finalmente se investiga a dos personas como presuntas autoras de distintos delitos. En Tudela por un delito de lesiones y en Pamplona por uno de malos tratos en el ámbito familiar.

MEDIACIÓN CON PERSONAS AGRESIVAS O CONFLICTOS

Las patrullas de las distintas comisarías territoriales han sido requeridas para mediar con personas agresivas, en Etxarri-Aranatz, Olave y Mutilva; o que generaban conflictos en locales comerciales o de ocio en Noáin, Olite, Bera, Cordovilla y dos en Pamplona, varones varones ebrios que no querían abandonar zonas comerciales y centros sanitarios.

También se ha prestado apoyo a personal sanitario en cinco ocasiones: dos en Pamplona para evitar posibles altercados por acumulación de gente solicitando pasaporte Covid, en Larraga, Olave y Urdiáin. Por agresiones y peleas se acudía a Ribaforada, Orkoien, Pamplona y Cintruénigo.

Un fin de semana más, el capítulo de molestias y ruidos ha sido uno de los que más número de intervenciones ha generado. Por colocación de cartelería en contra de la vacunación infantil (Pamplona), carreras de vehículos (Egüés), jóvenes causando daños en la casa de juventud (Alsasua), molestias vecinales (Elcano, Oricáin, Orkoien, Beriáin, Marcilla y Tajonar), discusión entre conductores (Cordovilla), jóvenes en una bajera haciendo uso de pirotecnia (Zizur Mayor) o daños en mobiliario urbano (Elizondo).

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en las localidades de Algemesí y Alzira (Valencia) seis puntos de cultivo de marihuana y dos de venta de esta sustancia estupefaciente y han detenido a diez personas –siete hombres y tres mujeres– como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de que una organización criminal, con vínculos familiares entre ellos, podría estar dedicándose a la venta de marihuana al menudeo en las localidades de Alzira y Algemesí, nutriéndose tanto de plantaciones propias como de la compra de ajenas.

Se da además la circunstancia de que los compradores de la sustancia estupefaciente eran, en su mayoría, menores de edad, ya que los puntos de venta se situaban cerca de dos centros educativos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes han culminado con nueve entradas y registros domiciliarios, la desarticulación de seis puntos de cultivo de marihuana, de dos puntos de venta y la detención de diez personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. A cinco de ellas también se les considera responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

En los registros se han intervenido un total de 995 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como diverso material y efectos para su cultivo y manipulación, 16.360 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, 150 gramos de cogollo de marihuana seca, 47 envoltorios mono dosis de 1 gramo de cogollo de marihuana y tres básculas.

Cuatro de los detenidos han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de tres de ellos.

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defendido este domingo la importancia de los fondos europeos Next Generation para paliar el impacto derivado de la pandemia del Covid-19: «Esto no se acaba, el virus va evolucionando».

En declaraciones a ‘Catalunya Ràdio’, el conseller ha asegurado que desconoce el contenido de la declaración institucional que pronunciará este mismo domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el repunte de contagios.

También ha explicado que la Conferencia de Presidentes que convocará Sánchez esta semana servirá para «abordar la situación» conjuntamente.

Preguntado por si el Govern anunciará restricciones este lunes ante la proximidad de las Navidades, ha evitado pronunciarse al respecto y ha abogado por analizar los indicadores y estudiar la evolución de los contagios.

Y aunque ha pedido «no ponerse en una situación de pánico», sí ha dicho que la ciudadanía debe entender y cumplir las restricciones y medidas de seguridad decretadas por las autoridades para frenar la propagación del virus.

PROTEGER LA SALUD MENTAL

Por otro lado, ha asegurado que la salud mental es «el hermano pequeño y descuidado» de la salud, y ha pedido acabar con el estigma que la rodea y abordarla de manera integral y transversal.

Ha explicado que la Conselleria pondrá en marcha en enero un total de 52 equipos multidisciplinares de atención por problemas de salud mental en domicilios para la intervención de crisis, una iniciativa que no se ha impulsado antes «por falta de profesionales».

El juez peruano César Hinostroza se someterá este miércoles a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional para determinar si suma el cohecho activo, por supuestamente sobornar a una trabajadora pública para huir del país, a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios por los que ya ha sido acordada su entrega a la nación andina, que le reclama por el llamado caso de ‘Los cuellos blancos’.

Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, que las autoridades peruanas describen como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

En el marco de esa investigación penal, se prohibió a Hinostroza abandonar Perú, pero en octubre de 2018 habría pagado 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones para salir del país por la frontera de Tumbes. Según el relato de hechos realizado por las autoridades peruanas, y que recoge la Fiscalía española, introdujeron el DNI de la trabajadora pública para evitar que saltaran las «alarmas» del sistema.

El escrito fiscal destaca que «una cosa es que se dicte un auto de prohibición de salida de un Estado, y que dicho auto pueda ser o no recurrido a través de los cauces correspondientes, y otra muy distinta es que, mientras esté en vigor, se trate de eludirlo por medio de maniobras corruptoras».

Tal conducta en España constituiría un delito de cohecho activo castigado con pena de dos a cuatro años de cárcel, multa de uno a dos años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.

La vista para examinar si procede ampliar la extradición de Hinostroza a este delito debía haberse celebrado el pasado 19 de abril, pero se suspendió a instancias de la defensa para esperar a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunciara sobre la petición de asilo formulada por el juez peruano, que finalmente fue rechazada en septiembre.

En esa ocasión, Hinostroza alegó brevemente que es víctima de una «cacería» política porque se le considera «brazo legal» del partido ‘fujimorista’ Fuerza Popular. Si huyó de Perú, aseguró, fue porque recibió «amenazas de muerte» y su vida corría peligro.

SEGUNDA AMPLIACIÓN

El Gobierno español autorizó en julio la entrega de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.

Lima le reclamaba también por organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluir este presunto delito al entender que no se dan los «datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación de cada uno de los miembros».

La representación peruana formuló entonces una primera solicitud de ampliación de la extradición para intentar mantener el delito de organización criminal, que fue rechazada, por lo que ya solo queda pendiente esta segunda ampliación por cohecho activo.

Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España. Fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

Tras veinte años de obras, seis ministros, cuatro presidentes del Gobierno y numerosas fechas y aplazamientos para su culminación, el AVE conectará esta semana Madrid con Galicia, con los viajes comerciales a partir de este martes 21 de diciembre.

El viaje inaugural, este lunes 20, estará presidido por el Rey Felipe VI, y participarán, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En concreto, está previsto que el tren AVE llegue a la estación de A Gudiña-Porta de Galicia a las 11,38 horas, tras salir a las 9,45 horas de Madrid y parar a las 10,49 horas en Zamora. En estos dos puntos se incorporarán los presidentes de Galicia y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.

En A Gudiña, el Rey descubrirá una placa conmemorativa. Después, habrá un acto institucional en Ourense, a las 12,35 horas, que incluirá la proyección de un video e intervenciones institucionales.

PRUEBA HACE UN MES

Hace apenas un mes, la propia ministra de Transportes protagonizó un viaje ‘en pruebas’, junto a otras autoridades y periodistas, que supuso la inauguración del tramo entre Pedralba de la Pradería (provincia de Zamora) y Ourense, de 119,4 kilómetros de longitud.

Este tramo atraviesa numerosos túneles que el pasado día 22 se recorrieron a velocidades que rozaron los 300 kilómetros por hora. Supuso una inversión de 2.965 millones y se divide en dos segmentos diferenciados: Pedralba-Taboadela y Taboadela-Ourense.

El primero, de 103,4 kilómetros, cruza transversalmente la provincia de Ourense desde el límite con Zamora y es el más complejo de toda la línea desde el punto de vista orográfico y geotécnico, con 32 viaductos y 31 túneles.

Mientras, Taboadela-Ourense, de 16 kilómetros, ha sido acondicionado para permitir la llegada de los tráficos de alta velocidad a la capital ourensana mientras se diseña y construye la variante exterior de la ciudad.

TRAS RECIBIR A VÍCTIMAS DE ANGROIS

A diferencia de entonces, esta inauguración se hará tras recibir la ministra a una representación de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), que en julio de 2013 dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos en las vías.

Este siniestro está todavía por juzgar y está previsto que en el primer trimestre de 2022 se sienten en el banquillo tanto el maquinista como el exdirector de seguridad de Adif, por imprudencia profesional grave.

Las víctimas exigen una investigación técnica independiente puesto que la única oficial que ha realizado hasta el momento el estado español determina que el maquinista fue el único responsable. Mientras, Europa, como el juez instructor, apunta a fallos en la evaluación de riesgos de la línea, cuyo encargado de supervisar es Adif, dependiente del ministerio.

En la cita del jueves, la ministra se comprometió, según las víctimas, a estudiar el cese del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo autor de la referida investigación oficial.

SEGUNDA FASE, LOS ‘AVRIL’

Hace un mes, «a las puertas de un momento histórico», Raquel Sánchez reconoció que, en cuanto al AVE a Galicia, está por llegar una «segunda fase» que reducirá «en otros 20 minutos» los tiempos, con la llegada de los trenes de la serie 106 de Talgo, los conocidos como ‘Avril’, que permitirán velocidades de 330 kilómetros por hora.

Son los más modernos de la compañía y dispondrán de ancho variable, lo que les permitirá llegar a todas las capitales gallegas. Este es el aspecto principal en el que incidió entonces el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien reconoció, eso sí, que desde este martes 21, no solo Ourense, sino el resto de las ciudades gallegas, se verán beneficiadas por el recorte de tiempos, pero faltan los trenes ‘Avril’.

Feijóo no ocultó «la satisfacción» de la inauguración que este martes se hará efectiva, después de los «obstáculos» superados durante décadas, y aprovechó para reivindicar el «tesón» y la «voz incómoda» por «insistente» de Galicia.

NUEVA OFERTA DE SERVICIOS

La «revolución ferroviaria gallega» que empieza este martes, en palabras de la ministra, implica un aumento de la oferta de servicios «nunca antes visto».

Así, Ourense, Santiago y A Coruña verá incrementada la oferta de seis a 10 servicios diarios por sentido, Vigo duplicará la oferta actual al pasar de cuatro a ocho, a Pontevedra pasarán de cinco a siete y Lugo gana un servicio diario por sentido, de tres a cuatro.

AHORRO DE TIEMPOS

El ahorro de tiempos mayor con los AVE que conectarán Madrid con Galicia se producirá en el tronco de la línea y, por ello, el trayecto desde Ourense a Madrid se verá reducido en 1 hora y 28 minutos.

Los trenes de Vigo y Pontevedra recortarán sus tiempos actuales en 54 minutos, los de Santiago 1 hora y cuatro minutos, los de A Coruña 1 hora y tres minutos y los de Lugo 57 minutos.

De esta forma, los nuevos tiempos de viaje desde las principales ciudades gallegas con Madrid quedarán de la siguiente manera: Ourense-Madrid 2 horas y 15 minutos, Vigo-Madrid 4 horas y 16 minutos, Pontevedra-Madrid 4 horas, Santiago-Madrid 3 horas y 20 minutos, A Coruña-Madrid 3 horas y 51 minutos y Lugo-Madrid 4 horas y 46 minutos.

HABRÁ ‘AVLO’

Justo esta semana, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, anunció que el Avlo, el tren de bajo coste que la compañía ya opera entre Madrid y Barcelona con billetes que parten de los 7 euros, también llegará a Galicia a través de la nueva red de alta velocidad que se inaugura este día 20.

Táboas cifró en 6 millones los viajeros en todos los medios de transporte en Galicia, de los que el 10% corresponde al tren. Su objetivo es aumentar esta cifra y que, frente al avión, que ahora se reparte al 20% para el tren y al 80% para el avión, pase al 50% cada uno, gracias a los tiempos competitivos que ahora tendrá el tren y a su compromiso de puntualidad.

A 15 EUROS Y CAMBIO DE HORARIOS

Coincidiendo con aquel viaje inaugural, Renfe lanzó una exitosa promoción con 250.000 billetes en esta línea a un precio de 15 euros, independientemente del origen y el destino y en trenes AVE y Alvia.

Esta acogida contrastó con la contestación por parte de ciudadanos, principalmente trabajadores que utilizaban el servicio Avant para desplazarse a sus empleos, que denuncian que el cambio de horarios les dificultará el uso diario del tren.

Al respecto, Renfe destacó que no suprime ningún tren con la reconfiguración horaria, asegura que se hace «pensando siempre en las necesidades de la mayoría de los clientes» y añade que está «abierta a futuros ajustes si así se estima en dicha parrilla horaria».

El escaño que correspondía al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez continúa vacío transcurrido casi dos meses y sin que aún esté claro quién ocupara la vacante y la fecha en la que se acometerá su relevo

El pasado 22 de octubre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicó al exparlamentario que le retiraba el acta en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a mes y medio de prisión (sustituible mediante el pago de una multa) por un delito de atentado a agentes de la autoridad e inhabilitación por sufragio pasivo.

Este viernes transcendió que el alto tribunal desestimó el incidente de nulidad contra la resolución y la defensa de Rodríguez ya prepara el recurso ante el Tribunal Constitucional para luego –tal y como avanzó en el juicio– acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Será el miércoles cuando ya se cumplan dos meses desde que perdió su condición de diputados.

No obstante, el proceso para reemplazar su vacante en otro miembro de la candidatura de Unidas Podemos, en la circunscripción de Tenerife, ya se activó (pues la pérdida del escaño es irrevocable) cuando la Junta Electoral Central expidió la credencial para ocupar su vacante después de que Batet informara de que Rodríguez ya no era diputado.

Ese puesto debía recaer en la que fue número dos en la lista, Fátima Báñez (que pertenece a IU), quien no obstante ya avanzó a finales de octubre y en redes sociales que declinaba ocupar el puesto, puesto que ha abandonado la política institucional.

PROCESO SIN AVANCES

Las siguiente aspirante es Patricia Mesa, a quien automáticamente se le expide la credencial, aunque ya entonces fuentes de la formación morada apuntaban que quien tenía más opciones y estaba abierta a llegar al Congreso era la número cuatro, María del Cristo González del Castillo.

Sin embargo, el proceso no ha avanzado pese al paso de los días y la decisión sobre el escaño de Rodríguez debe pasar por la formación morada en Canarias, que a principios de noviembre indicó que abría un periodo de reflexión, dejando claro que el escaño sería ocupado pero no iba a actuar con prisas.

Por ahora, fuentes del espacio confederal detallan que no les constan novedades en el proceso de relevo, que tiene un componente burocrático, ni tampoco tienen previsión de cuándo se completará el hueco que lleva arrastrando desde hace semanas el grupo parlamentario.

En Podemos explican que la salida de Rodríguez del Congreso fue un golpe para la organización en Canarias y comprenden el disgusto generado por la decisión del Supremo.

De esta forma, el propio portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, explicó en declaraciones a RNE que los compañeros de Canarias están «dolidos» y hacen las cosas con «tranquilidad y cuidado», dado que esa sentencia supuso un «ataque al Poder legislativo» y evidenció que el Poder Judicial no respetó la «separación de poderes». Por tanto, un efecto menor para su formación es que ahora tengan un voto menos en el Congreso.

CHOQUE ENTRE UP Y BATET POR ESTE CASO

El alcance de la inhabilitación del sufragio pasivo que contenía la sentencia generó un conflicto político e institucional, con un primer informe de los letrados que abogada por mantener su acta de diputado tras conocer que abonó la multa sustitutiva de la pena que le fue impuesta.

Esa interpretación motivó un oficio del Supremo, firmado por el magistrado Manuel Marchena, solicitando a la Cámara Baja que informara sobre el momento de aplicación de su resolución. Tras una reunión de la Mesa del Congreso pidiendo al tribunal aclaraciones y tras obtener como respuesta que dicha inhabilitación era obligada, la presidenta de la Cámara Baja Meritxell Batet informó a Rodríguez el pasado 22 de octubre que le desposeía de su acta, en aplicación de la resolución.

La decisión de la tercera autoridad del Estado fue recibida con duras críticas por parte de Unidas Podemos, que en un primer momento anunció que habría una querella por presunta prevaricación que posteriormente Rodríguez declinó ejercer.

Eso sí, Podemos reclamó públicamente la dimisión de Batet por «dignidad» y el grupo confederal llevó a presentar un escrito a la Mesa para que se revocara su decisión y se derivara el asunto a la Comisión de Reglamento, algo que fue rechazado. Las relaciones entre Unidas Podemos y Batet se han resentido desde entonces, según reconocen diversos miembros del espacio confederal.

RODRÍGUEZ DEJÓ PODEMOS

Por su parte, Rodríguez avanzó un día después de la retirada de su escaño y nada más aterrizar en Canarias que dejaba la formación morada. Al poco después afirmó en una entrevista en ‘La Sexta’ que estaría dispuesto a regresar a su escaño si prosperan sus recursos ante la sentencia del Supremo y manifestó su sensación de que Unidas Podemos podría haber hecho más para evitar que se le «robara» el escaño a 64.000 canarios.

Salvamento Marítimo ha procedido al rescate de cinco embarcaciones irregulares con unos 264 ocupantes durante la pasada noche y primera hora de este domingo, que se suman a dos neumáticas rescatadas en la tarde de este sábado con 105 migrantes.

Según informa el organismo estatal, la Salvamar Mizar rescató en la tarde de ayer a 52 personas (22 varones y 30 mujeres) de una neumática en aguas cercanas a Fuerteventura.

Además, el avión Sasemar 101 localizó poco después otra patera, yendo al lugar la guardamar Concepción Arenal, que interceptó la embarcación sobre las 21.00 horas con 54 migrantes subsaharianos (36 hombres, 16 mujeres y dos menores), desembarcando en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) alrededor de las 23.30 horas.

Ya de madrugada, el Centro de Salvamento de Las Palmas recibió un aviso del 112 alertando de una llamada desde una patera sin una posición clara, por lo que se movilizó al helicóptero Helimer 204, que divisó una patera y un cayuco.

Fue la Salvamar Macondo la que rescató a las 04.30 horas a los 35 varones magrebíes de la patera para, media horas después, hacer lo propio con los 61 ocupantes del cayuco (58 hombres, dos mujeres y un niño). Ya con todos ellos, el recurso de Salvamento llegó a Arguineguín sobre las 06.00 horas.

Finalmente, alrededor de las 07.00 horas, la Guardamar Polimnia ha rescatado otra patera con 62 subsaharianos (52 hombres, nueve mujeres y un niño) en el límite de la zona SAR con Marruecos, estimándose su llegada a Arguineguín a las 12.00 horas.

El Congreso acogerá el miércoles la última sesión de control al Gobierno de este año y el líder del PP, Pablo Casado, aprovechará ese Pleno para exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haga un balance de su gestión, mientras que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, le recordará aquellos compromisos que aún le quedan por cumplir.

En enero de 2022 se cumplirán dos años de la formación del Gobierno de coalición, por eso Casado, a falta de un Debate sobre el estado de la Nación que sigue sin convocarse, aprovechará la última sesión de control del año para emplazar a Sánchez a repasar lo que ha hecho en este año que termina, pero también para que haga balance de su gestión desde que llegó a La Moncloa.

También Bildu analizará las decisiones adoptadas por el Gobierno ahora que se acerca el ecuador de la legislatura. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, pese a representar a uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo, centrará su pregunta sobre todo en lo que, desde su punto de vista, falta por hacer.

FIRMÓ CON BILDU DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Con las negociaciones sobre el nuevo marco laboral en su recta final, la diputada de la izquierda abertzale recordará a Sánchez que se comprometió a derogar los aspectos más lesivos de la reforma aprobada por el PP y volverá a poner sobre la mesa sus exigencias en esta materia.

También le echará en cara que aún no se ha hecho realidad la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘ley mordaza’ por sus detractores. En septiembre de 2020 el Congreso aceptó tramitar una reforma, auspiciada por el PNV, pero la nueva norma no verá la luz hasta el año que viene.

Precisamente el miércoles, tras la sesión de control, los grupos empezarán a discutir las enmiendas registradas a la proposición de ley que servirá para reformar aquella norma aprobada en 2015, también gracias a la mayoría absoluta que tenía Mariano Rajoy.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elda-Peter (Alicante) han salvado la vida a un hombre que caminaba por las vías del tren cuando este estaba a punto de pasar, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre, cuando se comisionó por parte de CIMACC Sala 091 a una dotación policial tras el aviso de una mujer que había llamado alertando de que había visto a un conocido suyo caminando por las vías del tren a la altura de la Partida de Bolón de Elda.

Hasta el lugar se movilizaron los efectivos policiales. En un primer momento, no localizaron al hombre, por lo que volvieron a contactar con la mujer que había dado el aviso, quien aportó más datos relativos a los hechos que presenció.

Así las cosas, tras dar varias batidas por las inmediaciones, una dotación policial perteneciente al Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Elda-Petrer de la Policía Nacional consiguió visualizar a esta persona cuando precisamente iba caminando sobre la vía férrea.

Sin embargo, la valla metálica que delimita el espacio ferroviario impedía la acción de los agentes, quienes establecieron contacto verbal con esta persona conminándole a que saliera de la vía. El hombre no atendía a los requerimientos de los agentes, motivo por el que franquearon la valla metálica y rescataron finalmente al hombre, para ponerle a salvo fuera de las vías.

Segundos después, un tren atravesó la misma vía por la que iba caminando el hombre. No obstante, los agentes manifestaron en su informe policial que esta persona se encontraba en un alto estado de nerviosismo.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado por un indicativo sanitario al Hospital General de la localidad alicantina para que fuera asistido.