El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a las administraciones para tomar «medidas urgentes» para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real «de inmediato».

La institución señala en un comunicado, que aunque están en marcha «medidas de mayor calado» como la regularización de sectores y realojos, «estos son procesos complejos que necesitan varios años para resolverse» y «la situación actual –de falta de suministro eléctrico– no se puede mantener por más tiempo».

Según señala, cerca de 3.000 personas, de ellas 1.211 son niños, se ven afectadas por la falta de luz que «les impide tener una vida digna y que pone, en algunos casos, en riesgo la salud de muchos de los que allí residen».

Ante esta situación, recuerda a todas las administraciones implicadas, en el día de inicio del invierno, que la energía eléctrica es «esencial» para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución.

Asimismo, señala que también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna y advierte de que «la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar».

El Defensor pone de manifiesto la «gravedad» de la «prolongada privación de suministro», tras más de un año sin electricidad, que afecta «muy especialmente» a personas mayores, enfermos crónicos y niños.

Desde la institución, se recuerda, asimismo, que esta petición coincide con la realizada en junio de 2020 por los relatores de la ONU.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha enmarcado el adelanto de las elecciones en Castilla y León en la estrategia del PP de «acabar definitivamente» con Ciudadanos y, además, para que presuntos casos de corrupción que salpican a los populares no afecten a las perspectivas electorales del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha señalado que estos comicios responden a las «luchas intestinas» en la derecha con la «voluntad de ‘Génova'» que terminar con la formación naranja.

Aunque Echenique no ha aludido a ningún ejemplo concreto, ha subrayado que otra de las razones que interpreta para la convocatoria electoral es el «calendario judicial» que afectaría al PP y evitar con ello la repercusión de «graves casos de corrupción, que a su juicio, se reactivarían en primavera».

El pasado mes de noviembre el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca citó a declarar como investigados por presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político en el proceso del pago de cuotas por las primarias del PP de Castilla y León en 2017 al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a su gerente en Salamanca, Isabel Sánchez.

FRENTE AMPLIO

Por su parte y en el plano interno del espacio confederal, Echenique ha destacado que irán a estas elecciones «ilusionados» y ha esgrimido que las distintas organizaciones en esta autonomía varios meses trabajando en la conformación de un frente amplio, en la dirección «indicada» por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con su futuro proyecto de escucha a la sociedad civil.

«Esperamos tener buenos resultados en Castilla y León y que pueda haber un gobierno diferente a este que ha acabado como ha acabado, con acusaciones gravísimas entre dos socios y cesando a la consejera de Sanidad en plena sexta ola, previsiblemente por un interés partidista de Mañueco», ha zanjado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos de este miércoles que emplace al resto de Comunidades Autónomas a aplicar medidas similares a las impulsadas en Cataluña para frenar la pandemia de Covid-19, ya que combatirla «no es competencia sólo de la Generalitat».

En una comparecencia este martes, ha avisado de que «es necesario que los otros territorios adopten medidas» similares a las del Govern, que ha planteado aplicar un toque de queda en municipios de más de 10.000 personas y con alta incidencia; limitar las reuniones sociales a diez personas; cerrar el ocio nocturno y limitar aforos en actividades como restauración y comercio.

«Los días que vienen son días de mucha movilidad entre territorios. Las medidas que estamos tomando, para que tengan más eficacia, deben ser lo más compartidas posible», ha dicho Aragonès sobre las medidas, algunas de las cuales requieren el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como el toque de queda.

«No pedimos un nuevo estado de alarma. Lo que sí pedimos son medidas adecuadas por parte del Gobierno del Estado en el momento que estamos», ha añadido, y ha destacado que Cataluña no es el territorio con peores indicadores y que hacen falta medidas en el resto del Estado.

Aragonès, que ha dicho que la situación requiere una celeridad que no podía esperar a la Conferencia de Presidentes –que cree que debería haberse celebrado antes–, ha añadido: «No me quiero meter en ámbitos de responsabilidad territorial que no me corresponden, pero creo que será bueno» que las medidas que se adopten en las Comunidades Autónomas sean similares.

Ha avisado de que «no es momento de nadar a contracorriente» y, preguntado por los medios, ha detallado que ha abordado la situación con otros presidentes autonómicos, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Sobre la posibilidad de que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en el exterior, ha dicho que no lo rechazarán pero que esto no detiene contagios: «Si se quiere aprobar, adelante. Pero necesitamos medidas mucho más claras».

FONDO COVID

También ha avanzado que en la Conferencia de Presidentes reclamará un fondo Covid para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y ha augurado que el resto de presidentes autonómicos estará de acuerdo con esta cuestión y coincidirá en la necesidad de disponer de esto fondo también en 2022.

Ha sostenido que el fondo Covid es imprescindible: «Empezamos 2022 con nueva ola de Covid-19, pero sin fondos Covid», lo que dificultarán hacer frente a la nueva ola y preparar ayudas para los sectores afectados por las restricciones, que el Govern pondrá en marcha aunque no cuente con este fondo.

Con este objetivo, Aragonès ha autorizado a la Conselleria de Economía realizar las transferencias presupuestarias necesarias para preparar las ayudas para los sectores afectados por las nuevas restricciones, que diseñarán los departamentos de Economía; Empresa y Trabajo; Presidencia, y Cultura.

Ha lamentado que el Gobierno todavía no haya decidido hacer un nuevo fondo Covid cuando, a su juicio, lo piden muchos territorios, por lo que ha avisado de que en la Conferencia de Presidentes deberán «apretar mucho» para que lo apruebe.

Aragonès también ha avanzado que pedirá en la Conferencia de Presidentes que se prevea la baja laboral en el caso de un trabajador deba cuidar de un hijo menor que se tenga que confinar por haber sido contacto estrecho con un positivo de coronavirus.

LOS «PRIMEROS»

Preguntado por si el Govern ha ido tarde para tomar estas decisiones, ha replicado que los datos epidemiológicos eran controlables hasta la semana pasada; que después se consolidaron los malos indicadores y que este domingo tuvieron el informe del comité de expertos; después el Govern las estudió y este lunes anunció las restricciones que consideró necesario aplicar.

«Creo que no llegamos tarde, porque somos los primeros de todo el Estado que adoptamos medidas. Nadie nos puede acusar de haber llegado tarde, al menos en términos comparativos», ha zanjado el presidente.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado que la conferencia de presidentes que tendrá lugar este miércoles ante la situación de la pandemia debe aprobar un plan de choque para «reforzar inmediatamente» la Atención Primaria con más efectivos.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha recriminado a determinados presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juanma Moreno Bonilla (Andalucía), aplicar «peligrosos» y «temerarios» recortes en la sanidad pública, prescindiendo de efectivos de refuerzo en plena sexta ola del Covid-19.

Una actitud «irresponsable» de confronta con la petición, que abanderan algunos dirigentes autonómicos, de apelar como principal medida ante el auge de contagios el reimplantar el uso de mascarilla obligatorio en exteriores, mientras que aplican esos ajustes de personal.

Y es que Echenique ha defendido que, aunque llegue «tarde», el principal acuerdo de mañana debe ser ese plan específico que permita incrementar la plantilla sanitaria en la Atención Primaria, dado que da «pavor» las colas que se generan en centros de salud.

Cuestionado sobre si el Ejecutivo ha actuado con retraso al convocar este foro, Echenique ha opinado que el Gobierno ha actuado con «todos los informes técnicos de los expertos» y ha destacado que esta sexta ola, asociada a la irrupción de la variante ‘ómicron’, es «enormemente explosiva». De hecho, ha rememorado que hace pocas semanas la incidencia de la pandemia en España iba «muy bien» y «mejor que los pasíses del entorno.

En noviembre, el grupo confederal ya propuso un pacto de Estado al resto de fuerzas políticas en el Congreso para aplicar acciones de mejora de la Atención Primaria, de cara a revertir su «deterioro» de este nivel asistencial.

VIDAL VE «GRACIOSO» QUE ERC CRITIQUE AL EJECUTIVO

Mientras, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha manifestado que ve «gracioso» que ERC y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, critique la tardanza de la reunión conferencia de presidentes, cuando su antecesor en el cargo (Quim Torra) no participó en estos foros.

De esta forma, Vidal ha celebrado el desarrollo de este cónclave que va en la línea de reconocer las competencias de las autonomías y expresa la voluntad de actuar de forma coordinada frente a la pandemia. En definitiva, ha confiado en que se tomen medidas acorde a la situación sanitaria actual.

PIDEN A AYUSO QUE DEJE SU «EGOLATRÍA»

Por otro lado, ha criticado la pretensión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pedir a Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados frente al Covid con pauta completa no tengan que aislarse.

En este sentido, la parlamentaria de la confluencia catalana de Unidas Podemos ha tildado de «vergonzoso» que con la situación actual Ayuso se dedique básicamente a «actuar en términos de titular» y que para combatir la pandemia lo lógico es «no prescindir de profesionales (sanitarios) a los que la Comunidad de Madrid ha despedido» en la Atención Primaria.

A su juicio, es ahí donde debería estar Ayuso y no en intentar «buscar la noticia del día para ver si así hay un poquito más de ruido hacia su persona», para exigirle que sea «menos ególatra» y más responsable.

ERREJÓN RECLAMA MÁS TEST Y REFORMAR LA SANIDAD PÚBLICA

También se ha pronunciado sobre los planes de Ayuso el líder de Más País, Íñigo Errejón, al subrayar que en Madrid existe un «problema drástico» que conoce el propio Colegio de Médicos, dado que hay centros de Primaria «cerrados», urgencias hospitalarias «colapsadas» y farmacias que no tiene test suficientes.

En lugar de volcarse en potenciar la sanidad pública, Errejón ha opinado que el Ejecutivo regional está en «ocurrencias» para sus «peleitas» con el Ejecutivo central. Por tanto, ha dicho que todo lo que no sea descolapsar las urgencias, abrir centros de salud y facilitar test «masivos y gratuitos» a los madrileños simplemente es «marear la perdiz».

La Audiencia Nacional ha prohibido salir de España al ex jefe de ETA Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, que este martes ha declarado en los Juzgados de San Sebastián por vidoconferencia por su presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995.

Durante su comparecencia, Antza ha negado su participación en el crimen de Ordóñez. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Rubén Múgica, ha pedido «esfuerzos redoblados» para condenar a quienes «fueron jerarcas y capos de la banda organización criminal».

Posteriormente, se ha celebrado una vistilla para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Dignidad y Justicia, que alegó un «muy alto riesgo» de que el imputado se diera a la fuga.

A través de un auto, la Audiencia Nacional ha prohibido al ex jefe de la organización terrorista salir de territorio nacional sin autorización judicial y ha determinado la retirada de su pasaporte en el plazo de 24 horas. En caso de que carezca de él, no podrá obtener un nuevo documento.

También le reclama la designación de un domicilio en España y de un teléfono de contacto permanente, donde se le puedan entregar las notificaciones y ser citado. En este sentido, le advierte de que el incumplimiento de estas medidas y la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial que se practique, sin causa justificada, podría suponer la revocación de esta situación de libertad y la determinación de su ingreso en prisión provisional. Contra la resolución judicial cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días.

En base a la decisión de la Audiencia Nacional, Mikel Antza no podrá salir al extranjero y, como no dispone de pasaporte, no podrá solicitarlo, tal como ha precisado su abogado, Aiert Larrarte.

Al concluir su declaración, en manifestaciones a los medios de comunicación congregados ante los Juzgados, el propio Albisu ha explicado que sus «únicas palabras» en sede judicial han sido para recordar que él ya cumplió sendas condenas de 20 y 5 años en Francia por un delito de «asociación de malhechores. Además, ha asegurado que las nuevas acusaciones que se realizan contra él han sido obtenidas mediante «torturas y mentiras».

Por su parte, Rubén Múgica, abogado de la acusación particular, que representa a la viuda e hijo de Gregorio Ordóñez, ha explicado que Mikel Albisu se ha acogido a su derecho a no declarar y ha leído un texto, de «dos minutos», en el que afirma que las pruebas que hay contra él «son resultado de torturas», a lo que ha seguido la vistilla de medidas cautelares. «A continuación, nos ha explicado que vive poco menos como el abuelito de Heidi y que quiere que le dejen tranquilo», ha afirmado.

«ESFUERZO ANTE LOS CAPOS»

El letrado ha opinado que «tiene que haber un empeño redoblado para que, quienes fueron jerarcas, capos de la organización criminal, sean juzgados y condenados por lo que también hicieron, que es inducir a la perpetración de los asesinatos». Además, ha asegurado que ese será «el empeño de la familia de Gregorio Ordóñez para que Albisu Iriarte sea juzgado, condenado y encarcelado por aquel crimen».

Múgica ha destacado que «este procedimiento tiene que seguir contra otros cuatro jerarcas de la organización» que tendrán que prestar declaración como investigados, y posteriormente ir a juicio por «inductores del asesinato» de Ordóñez.

Cuando Mikel Antza ha lllegado a los juzgados, varios miembros de Sortu y EH Bildu le esperaban a las puertas de la sede judicial, donde se han concentrado con una pancarta en la que se leía: ‘Konponbidea eta bakea. Mikel Albisu gurekin’ (‘Solución y paz, Mikel Albisu con nosotros).

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez es el «lastre de la recuperación europea» al ser «incapaz» de gestionar la crisis económica y los fondos europeos.

«No hay recuperación justa con la inflación, precio de la luz, paro, deuda y déficit disparados», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, haciéndose eco de los últimos datos que se están conociendo como el hecho de que el menor crecimiento de España impide a la eurozona recuperar ya el nivel previo al Covid.

Según la última estimación publicada por Eurostat, la economía española, con un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2% respecto del segundo, volvió a mantener una evolución trimestral peor que la media de la zona euro, como ha sucedido en cada trimestre de 2021.

En este contexto, el jefe de la oposición acusa al Ejecutivo de mantener «previsiones falsas para no modificar sus Presupuestos que nacen muertos». El PP ha situado a la vicepresidenta Nadia Calviño en el foco de sus críticas, acusándola de «ser la peor ministra de «incompetente», «defraudadora fiscal» y haberse convertido en un «bluf», en palabras de Casado.

«INCAPAZ» DE GESTIONAR LOS FONDOS

Casado considera que el Gobierno liderado por Sánchez es «el lastre de la recuperación europea, incapaz de gestionar la crisis y los fondos». En parecidos términos se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha denunciado la «nefasta» gestión del Gobierno porque «la realidad es que apenas un 4% de los fondos han llegado a quien tiene que ser su destinatario final».

Es más, ha dicho que ese 2,2% de crecimiento que se anunció hace un año como consecuencia de esos fondos, ahora «no se habla de él porque no ha tenido ningún tipo de impacto». «Y esto está al final ralentizando la recuperación económica y el crecimiento en España», ha manifestado, para denunciar la «opacidad» y la «ineficacia» del Ejecutivo en la gestión de esos fondos.

Tras asegurar que es necesario «transparencia e información», ha señalado que la moción que el PP lleva esta semana al Pleno pide que se facilite mensualmente al Congreso toda la información para realizar el control del plan de recuperación, al tiempo que exige la comparecencia mensual de la ministra de Hacienda para «explicara las dudas del análisis de esa información».

«LA LUZ E IPC SIGUEN POR LAS NUBES, IGUAL QUE SÁNCHEZ EN SU FALCON»

Por otra parte, en una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha subrayado que quedan 10 días para que termine la fecha dada por Sánchez para cumplir su promesa de que los españoles no paguen por el precio de la luz más que en 2018.

«Es imposible que cumpla y le pedimos que dedique el tiempo a aplicar las medidas que le plantea el PP en vez de dedicar el tiempo a montar mentiras como hará durante los próximos días ante el imposible cumplimiento de esa promesa», ha declarado.

En este punto, ha defendido que baje el IVA al 4%, al tipo súper reducido que la Comisión Europea permite, y que todos los ingresos de CO2 se destinen a bajar la factura de la luz como recomienda Europa, así como que lo que «no es coste efectivo de la luz se saque de la factura de manera definitiva».

A su entender, esas medidas permitirán que las familias no sufrieran tanto la «subida galopante» del precio de la luz ante la «inacción» del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. «La luz y el IPC siguen por las nubes, igual que Sánchez sigue en su Falcon, pero la realidad es que este recibo ya no lo puede soportar la sociedad española», ha manifestado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas al jefe de una organización dedicada presuntamente al tráfico de drogas a gran escala. El hombre fue arrestado en virtud de una orden, emitida por Alemania, en el marco de una acción simultánea llevada a cabo en tres países.

Los policías establecieron un dispositivo policial en la salida del avión procedente de Costa Rica, en el que se localizó al fugitivo entre los pasajeros que abandonaban la aeronave. Cuando los actuantes le identificaron, el hombre intentó evadir su identificación exhibiendo documentación falsa alemana.

La operación se inició a raíz de una investigación de la Fiscalía de Berlín y la Oficina Federal de Investigación Criminal sobre una organización criminal afincada en el área metropolitana de la ciudad de Berlín, dedicada al tráfico ilegal de cocaína y blanqueo de capitales.

La investigación, iniciada en el año 2018, se ha centrado en una red que estaba implicada en la importación de casi 5.000 kilos de cocaína, tras la incautación de 690 kilogramos de esta droga en un contenedor con destino a Alemania procedente de Brasil.

La detención del presunto jefe de la red criminal se produjo gracias a la información recibida por parte de las autoridades alemanas, que alertaban sobre su llegada a Madrid y solicitaban la colaboración para su detención en el momento de entrada en suelo español para que fuera simultánea con las demás detenciones.

De este modo se pretendía garantizar el éxito de la operación dada la alta peligrosidad del fugitivo y el elevado riesgo de fuga en caso de ser avisado del dispositivo policial por algún otro miembro de la organización, según ha informado la Policía Nacional.

Como resultado del dispositivo internacional ha sido desmantelada esta organización internacional, muy ramificada, que operaba al menos desde el año 2011. El grupo ocultaba su actividad con una red de empresas pantalla y disponía de varios documentos falsos que complicaban la identificación de sus miembros. La organización criminal estaba especializada en la facilitación de la logística para introducir grandes cantidades de cocaína a Alemania dentro de vigas de acero.

En el despliegue, en el que participaron más que 220 policías en Alemania, Letonia y España, fueron detenidas 14 personas de entre 22 y 62 años de edad. También se produjeron entradas y registros en más que 40 establecimientos en los tres países. Además, se ejecutaron ocho resoluciones de embargo con un valor total de más de 14 millones de euros.

Vida Silver (www.vidasilver.com), la plataforma dirigida a la generación de mayores de 50, impulsada por Ifema Madrid y el experto en transformación digital Adolfo Ramírez, acaba de cumplir su primer aniversario, ha informado este martes la entidad ferial en una nota de prensa.

Durante estos doce primeros meses de vida, este espacio digital ha conseguido llegar a más de un millón de personas a través de sus redes sociales, y cuenta en la actualidad con más de 5.200 suscriptores.

En este primer año han pasado por www.vidasilver.com numerosas firmas y testimonios de profesionales y expertos en economía, psicología, medicina, emprendimiento, coaching, terapia, etcétera, y nombres como la escritora Carmen Posadas, la chef Carme Ruscalleda, el presentador de televisión Ramón Arangüena, el presidente de la Diputación de Zamora Francisco José Requejo, la arquitecta Teresa Sapey, la instagramer Camino Villa o el director de cine Carlos Iglesias, entre otros.

La suscripción a Vida Silver es totalmente gratuita. Los usuarios pueden encontrar en esta plataforma noticias de interés relacionadas tanto con la Silver Economy (considerada como la tercera potencia económica a nivel mundial), como información sobre salud y bienestar a partir de la cincuentena, artículos de opinión de expertos, información relativa a las pensiones y la jubilación, a la silverización de la vivienda y nuevos modelos de convivencia a partir de esta edad, así como una interesante oferta de planes de ocio para disfrutar de su tiempo libre.

La generación silver controla en la actualidad el 70% de la riqueza y decide la mitad del gasto en gran consumo, de ahí, su interés e importancia, a la hora de crear esta plataforma que ofrezca información y soluciones a todos estos ciudadanos.

El pasado mes de noviembre, Vida Silver celebró su primer evento presencial, un encuentro que reunió a empresas, fundaciones y organismos que están explorando las diferentes posibilidades de la silver economy. Una cita que se repetirá de manera anual y que congregará a los principales expertos en temas de interés para los silver, tanto en materia profesional, como de ocio y bienestar.

Tras este evento, Vida Silver continúa su andadura en formato digital donde en las próximas semanas se publicarán los distintos contenidos que tuvieron lugar en el evento celebrado en Ifema Mdrid entre el 25 y el 27 de noviembre, donde se habló de talento sénior, de psicología, gastronomía, salud, emprendimiento, etc. Y a todo ello se irá sumando información de actualidad y tendencias en todo lo referente a los silver, la generación con más potencial a nivel económico.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, –ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad–; por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de causales públicos, por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido por Invercaria a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.

Así figura en una sentencia emitida este mismo martes, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, fruto del juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia contra Pérez-Sauquillo, la exconsejera de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, –condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias–; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumapra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.

En dicha sentencia, la Sección Primera condena además a Fulgencio Canales, administrador de Fumapa, entidad cuyo principal cliente era la extinta empresa automovilística Santana Motor, radicada en Linares (Jaén), a un año y medio de cárcel y tres años de in habilitación absoluta, «como responsable penal en concepto de inductor de un delito de malversación de causales públicos», toda vez que le absuelve del delito de prevaricación administrativa que se le achacaba.

El resto de los acusados, según la sentencia, son absueltos del delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos que se les achacaba.

Además, la sentencia condena a Pérez-Sauquillo y Fulgencio Canales a indemnizar conjuntamente con 300.000 euros a la agencia IDEA, a la que pertenecía Invercaria.

Tras el juicio celebrado en octubre y noviembre, el tribunal ve probado que en 2008, el administrador de Fumapa y el administrador de su sociedad derivada Fumapra asistieron a una reunión en La Carolina (Jaén) donde el ex presidente de Invercaria Pérez-Sauquillo les informó tanto a ellos como a otros empresarios de la actividad de fomento empresarial de Invercaria.

El 8 de abril de 2008, según la sentencia, ambos se reunieron en la sede de Invercaria con Pérez Sauquillo para obtener financiación que les permitiera afrontar la «grave» situación económica de Fumapa y Fumapra, para lo que Fulgencio Canales preparó documentación con información financiera de ambas empresas, como copia de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Fumapa correspondientes a 2006 y un balance de situación de 2007 con proyección para 2008.

La Audiencia considera probado que dicha documentación fue remitida al departamento de Promoción de Invercaria, dirigido por Cristóbal Cantos, mientras Pérez-Sauquillo «atribuyó al proyecto de inversión desde el inicio un carácter de alta prioridad».

Con esta documentación, una empleada del departamento de Promoción elaboró un informe previo de las empresas en el que «destacaba sus problemas de liquidez a corto plazo, la carencia de datos de la operación, la inversión a realizar y la financiación necesaria y requerida a Invercaria», un informe que fue enviado por Cantos el 8 de mayo de 2008 «haciendo constar en el mismo la inexistencia de plan de negocio».

El tribunal señala que Cantos, acusado en otras piezas sobre la gestión de Invercaria; revisó este primer informe y la documentación aportada suscribiendo su contenido y reenvió dicho informe al ex presidente de Invercaria, quien, «conociendo el contenido del mismo, hizo saber» al primero «la alta prioridad que le concedía a este proyecto», tras lo que el técnico referido, «tras diversas gestiones, emitió un dictamen favorable del proyecto condicionado al cumplimiento de los presupuestos establecidos en el mismo, de los que informó» al ex presidente de Invercaria verbalmente y a través de un correo.

Así, y como condiciones previas para evaluar positivamente este proyecto, Cantos resaltó la necesaria realización de una auditoría de cuentas de Fumapa del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y la modificación de la política de cobros y pagos.

El tribunal asevera que, «sabiendo que al cierre de 2006 los fondos de Fumapa eran negativos, desoyendo las recomendaciones» de Cantos y en uso de sus atribuciones estatutarias, Pérez-Sauquillo decidió convocar el 16 de junio de 2008 el Consejo de Administración de Invercaria, «proponiendo la aprobación de este proyecto sin plan de negocio alguno, a pesar de ostentar la competencia para comprometer el gasto de la inversión por importe de 300.000 euros», conforme a los estatutos de IDEA y la comunicación recibida de su director general.

Todo ello, añade la Audiencia, «sin que conste que los miembros del Consejo de Administración de Invercaria conocieran las recomendaciones» de Cantos ni la documentación aportada por el administrador de Fumapa sobre la situación económica de la entidad». «No consta que los acusados, en su condición de miembros del Consejo de Administración, conocieran las condiciones económicas de la empresa, o del interés del presidente de Invercaria, o cualquier otro, en favorecer a esta entidad en particular», puntualiza.

Así, el 1 de julio de 2008, el Consejo de Administración de Invercaria aprobó por unanimidad la operación propuesta por Tomás Pérez-Sauquillo, consistente en un préstamo participativo por un importe máximo de 300.000 euros a favor de Fumapa, «exclusivamente» para la financiación de las operaciones propias del negocio de la sociedad.

El tribunal ve probado que, tras recibir el préstamo, el administrador de Fumapa traspasó 150.000 euros a Fumapra para el pago de deudas de la entidad, «dando instrucciones para que la cuantía del préstamo fuese anotada en concepto de subvención», lo que «supuso un beneficio para él y un detrimento para los fondos públicos».

Tras aseverar que la empresa «incumplió la obligación de pago del capital e intereses ficticiamente asumida», la Sección Primera añade que, una vez instado el procedimiento concursal de Fumapa, el empresario condenado «no incluyó el préstamo en la documentación presentada al Juzgado Mercantil por el administrador concursal», lo que «imposibilitó que éste conociera el préstamo de Invercaria, y ello, unido al deficiente seguimiento que hizo la empresa pública, dio lugar a que se comunicara el crédito al Juzgado de lo Mercantil de manera tardía, perdiéndose el capital».

El 1 de octubre de 2009, tres meses después del vencimiento de la primera cuota de amortización del préstamo, los empresarios acusados acudieron a Invercaria y «comunicaron sus problemas con Hacienda y Seguridad Social», tras lo que el 5 de octubre de 2010, Invercaria notificó a Fumapa la intención de resolver el préstamo, pero «no se entregó la liquidación hasta el 14 de febrero de 2011».

Fumapa y Fumapra fueron finalmente declaradas en concurso de acreedores, concluyendo la Sección Primera que el ex presidente de Invercaria «dio un destino irregular a los fondos públicos de los que disponía, causando un perjuicio total a la agencia IDEA que asciende a 359.581,6 euros».

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha manifestado este martes que respetan la decisión del Govern de presentar una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, en las que dijo que en Cataluña los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano.

«Algunas declaraciones que el Govern lleva a los tribunales no tendrían que realizarse en un país como el nuestro, y menos el jefe de la oposición, del PP, que siempre ha sido un partido de Estado. Pero parece que últimamente se está olvidando de esta posición para intentar arañar algunas votos», ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Romero, últimamente se están escuchado «palabras demasiado gruesas y poco reflexionadas, que no ayudan a hacer de la política un espacio de diálogo, consenso y acuerdo», y consiguen generar la sensación de que la política no sirve de nada, ha dicho en sus palabras.

Sobre las nuevas restricciones aprobadas por el Govern ante el aumento de contagios de Covid-19, la portavoz del PSC-Units ha asegurado que respetan la decisiones tomadas, pero han pedido a la Generalitat que consulte, comunique, mantenga informados y tenga «sensibilidad» con los sectores afectados por dichas medidas.

«Nos gustaría que el Govern tuviera informados y consultara a los sectores económicos, que son los que sufren estas restricciones. En una época buena para ellos, se encontrarán que por segundo año consecutivo no podrán desarrollar el 100% de su trabajo», ha destacado.

A su juicio, ahora se necesita lanzar un mensaje de precaución y de moderación en favor de la salud de los ciudadanos así como «no politizar» con la pandemia.

La Generalitat de Cataluña ha anunciado esta semana que volverá a implantar el toque de queda en la región debido a la intensa propagación de Ómicron, la nueva variante del coronavirus. Ahora deben recabar el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que puede comparar la situación actual con otras parecidas y que cuentan con resoluciones tanto del Tribunal Constitucional –que validó esas restricciones a la movilidad en el segundo estado de alarma– como del Tribunal Supremo.

Fue el lunes cuando la portavoz del Govern, Patricia Plaja, anunció que volverían a limitar reuniones sociales a un máximo de 10 personas tanto al interior como al exterior, que cerrarían el ocio nocturno a partir del viernes y que se implantará de nuevo el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Dado que afecta a derechos y libertades, necesita el aval del TSJC.

Pero la medida cuenta con resoluciones de calado, la más importante es la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relativa al segundo estado de alarma. En ella los magistrados consideraban ajustado a Derecho la limitación de la circulación de personas en horario nocturno; la restricción de entrada y salida de personas en comunidades y ciudades autónomas o en ámbitos territoriales inferiores; así como la limitación de la permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos/privados como en lugares de culto.

En el caso de la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, el tribunal concluía que «debe reputarse como una medida adecuada para combatir aquella evolución negativa de la pandemia, pues se hizo frente a una situación de riesgo que había sido detectada como favorecedora de los contagios, la de los encuentros sociales producidos en aquellas horas de la noche del tiempo anterior al estado de alarma».

A su juicio, fue una medida «proporcionada a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y de interés general para la comunidad social como era el de la preservación de la vida».

EL CASO ARAGONÉS

Esa resolución del TC analizaba la medida dentro del marco del estado de alarma, por lo que la situación es comparable sólo en parte con la actual en la que el Gobierno ha dejado la capacidad de aplicar restricciones sanitarias a las Comunidades Autónomas, que en todo caso deben contar con el refrendo de los Tribunales Superiores autonómicos o en última instancia de la Sala Tercera del Supremo.

Y ahí es donde el Govern catalán puede mirar para buscar referencias más actuales, ya que en agosto de este año esa Sala Tercera ratificó la Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón por la que –por un periodo de 15 días– se adoptaban medidas de limitación de la movilidad en horario nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana en los municipios de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, por razones de salud pública para la contención del rebrote de coronavirus.

En una sentencia de 19 folios, los magistrados estimaron el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad del pasado 26 de julio por el que se denegaban las medidas solicitadas. El Supremo consideró que las medidas «se hallan justificadas por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente».

Los magistrados, además, añadieron que la Ley de Salud Pública de Aragón «permite la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales» con el objetivo de «contener el riesgo y proteger la salud pública».

LA NEGATIVA DE TENERIFE

Si embargo, en el mes de julio, esa misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimaba el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto por el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) canario vetó que se pudiera imponer el toque de queda entre las 0.30 y las 6 horas en la isla de Tenerife, o subsidiriamente, en los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

Consideró el Supremo que el TSJ canario adoptó su decisión de forma razonada, y coincidía con éste en que carecía de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife. Por ello concluía que dicha medida restrictiva no era proporcional.

EL RAZONAMIENTO POR BALEARES

Un mes antes, en junio, el Supremo avisaba en una sentencia por la que levantaba el toque de queda en Baleares, que este tipo de medidas restrictivas de derechos adoptadas por las comunidades autónomas una vez levantado el estado de alarma, por ser tan severas y extensivas, requerirían de una ley específica que les dé cobertura y les preste la suficiente seguridad jurídica.

Esta sugerencia aparecía en dos de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en relación con las restricciones por covid 19 una vez se ha levantado el estado de alarma, pese a que ambas coinciden en validar, en términos generales, que la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública puede servir para limitar algunos derechos fundamentales en relación con la situación sanitaria.

No obstante, los magistrados exigían una justificación por parte de los gobiernos autonómicos que «esté a la altura de la intensidad y la extensión» de las restricciones que se acuerden. Estas premisas ya se incluían en la resolución del pasado 11 de mayo que rechazó el recurso del Gobierno Canarias contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de no validar el cierre perimetral de las islas, y se incidía en ellas en la sentencia que levantaba el toque de queda en Canarias. En ambas se aludía además a la conveniencia de contar con una ley específica para afrontar la pandemia que logre «la máxima seguridad jurídica».

Una gestora, conformada por una nueva ejecutiva, regirá la Unión General de Trabajadores (UGT) de la Comunidad de Madrid hasta la celebración del próximo congreso autonómico, y colaborando con la Policía y la Justicia para investigar hasta el final la supuesta trata de corrupción denunciada, han indicado fuentes sindicales.

Liderará esa gestora Rafael Espartero, vicesecretario general de UGT estatal y policía municipal de Madrid, al que acompañarían otros miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid.

Hace unos días el secretario general de la Unión de Madrid, Luis Miguel López Reillo, presentó una denuncia en comisaría y, hoy mismo, ampliando los hechos la Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por Delitos Económicos, por una presunta estafa ejercida contra el sindicato.

«Aunque la cuantía está aún por determinar, en esta trama, presuntamente pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al mismo», tal y como ha explicado el sindicato en una nota interna. El secretario general de UGT Madrid en su escrito de renuncia expone que dimite para facilitar las investigaciones existentes.

Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la Comisión Ejecutiva Confederal y la Unión de Madrid de la UGT, han indicado las mismas fuentes.

De momento, según la información conocida por ellos, «no existe ningún trabajador externo afectado por esta trama al que no se le haya pagado lo que legalmente le corresponde por resolución judicial». «En consecuencia, no existen demandas de trabajadores contra UGT. La afectada por la estafa sería la propia organización», recalcan.

«La CEC de UGT, las federaciones y la Comisión gestora están actuando internamente para esclarecer los hechos, pondrá en manos del juzgado todas las pruebas de que dispone contra esta trama y trabaja para continuar dando la respuesta sindical debida en la Comunidad de Madrid», aseguran.

LA PRESUNTA TRAMA

Fue el ya exsecretario regional, Luis Miguel López Reillo, el que primero denunció en comisaría el presunto caso de corrupción descubierto en el interior de UGT Madrid. Luego dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», explicando en redes sociales que proseguirán «las investigaciones policiales para esclarecer los hechos» y, según el sindicato, para «facilitar las investigaciones existentes».

Luis Miguel López Reillo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en su XIV congreso. Revalidó su cargo en marco por un período de cuatro años con el 96,16% de los votos emitidos por los delegados de la región, ya que no tuvo contrincante.

Lideraba una candidatura única y 176 delegados votaron a favor de la comisión ejecutiva encabezada por él hasta este lunes secretario general, de 183 votos totales, con seis votos en blanco y uno nulo. Afirmó que iba a ser su último mandato.

Reillo presentó hace diez días una denuncia a la Policía Judicial con indicios, aunque sin documentación relevante, de un presunto desvío irregular de dinero público que recibe UGT, como otros sindicatos del Ministerio de Trabajo, para gestionar pagar a los trabajadores acogidos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han confirmado fuentes policiales.

Según ha detallado el diario ‘El Mundo’, el desvío de dinero público se habría situado entre el millón y los dos millones de euros. Y apuntan que en el entramado ‘mafioso’ se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos. Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El hasta ahora dirigente de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado «descuadres y descontrol absoluto» en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha cuestionado este martes la propuesta lanzada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no confinar a aquellas personas que tenga la pauta de vacunación completa y le ha pedido «mesura» y poner fin a las «ocurrencias».

De esta forma ha reaccionado Gómez, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, a esta iniciativa de Ayuso, que ha admitido no haberle sorprendido. «Nada nos sorprende de las ocurrencias en la Comunidad de Madrid», ha comentado.

En todo caso, el dirigente socialista sostiene que las restricciones para atajar la propagación del coronavirus deben adoptarse atendiendo a criterios sanitarias y «dejar de lado» las «ocurrencias». Y es que, ha subrayado, ha quedado demostrado que personas con la pauta de vacunación completa también se han contagiado.

Por ello, además de «mesura», Gómez ha reclamando a la presidenta madrileña «responsabilidad, seriedad y compromiso con la ciudadanía» y evitar la «confrontación» con el Gobierno en la que basa, según ha comentado, su gestión en la Comunidad de Madrid.

LA CONFERENCIA LLEGA «EN TIEMPO Y FORMA»

Gómez también ha querido responder a las críticas vertidas contra la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de convocar la Conferencia de Presidentes a dos días de la Navidad para dejar claro que ese cónclave «necesario» llega «en tiempo y forma» y para mostrar su deseo de que de la misma salgan acuerdos para todas las comunidades.

«Vamos a seguir con la hoja de ruta clara: velar por la seguridad de los españoles, ofrecer garantías sanitarias en diálogo con todos los presidentes autonómicos y alcanzar acuerdos por el interés común», ha resumido.

El Consell ha anunciado este martes la presentación de una batería de alegaciones a los planes de cuenca del Tajo, el Xúquer y el Segura para el periodo 2022-2027 para defender los intereses de la Comunitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se han reunido en el Palau para explicar el contenido de las alegaciones a la Acequia del Xúquer, la Comunidad de Regantes de Sueca, el Juzgado de Aguas de Orihuela, la Comunidad de Usuarios del canal Xúquer-Túria, el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Riegos de Levante.

Tras la reunión, el ‘president’ ha indicado que «los cálculos empleados para determinar el caudal ecológico del Tajo no responden a criterios lo suficientemente rigurosos, razón por la cual en las alegaciones se reclama que se realicen los estudios actualizados necesarios».

En cualquier caso, y mientras se elaboran nuevos cálculos, el Gobierno valenciano propone que el caudal ecológico no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo durante los meses de estío, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica ha recalcado que, en los cálculos del caudal del Tajo, no se han utilizado los criterios de la directiva marco del Agua de la Unión Europea, ni otros indicadores de los que dispone la propia Administración, lo que, a su juicio, evidencia las «flaquezas científico-técnicas» de las propuestas. «Nosotros no proponemos fijar el caudal de forma caprichosa, sino en base a estudios actualizados», ha remarcado Mollà.

ASIGNACIÓN AMBIENTAL PARA LA ALBUFERA EN EL PLAN DEL XÚQUER

Respecto al Xúquer, el Gobierno valenciano presenta alegaciones para que se dote al parque natural de la Albufera de una asignación ambiental de 74 hectómetros cúbicos al año que «no dependa de proyectos de modernización, sobrantes o aportaciones ya concedidas a comunidades de regantes», ha señalado Mollà.

El ‘president’ y la consellera han insistido en que la Albufera no es solo un lago de agua dulce, sino que es un parque natural que incluye una de las zonas húmedas más importantes de Europa y que las necesidades ambientales de este territorio de gran valor ecológico no pueden depender de otros condicionantes.

Por ello, en las alegaciones se reclama que el plan del Xúquer incluya como principio general que los sistemas de riego tradicionales, así como las modernizaciones se condicionen a las necesidades ecosistémicas de la Albufera. Igualmente, la Generalitat pide que se mantengan todas las inversiones previstas.

INVERSIONES CONTRA LAS AVENIDAS EN LA CUENCA DEL SEGURA

Las alegaciones de la Generalitat al plan de cuenca del Segura alertan sobre las «incertidumbres» generadas por el establecimiento del caudal ecológico en el Tajo y la falta de estudios socioeconómicos del impacto que podría causar en el un territorio dependiente del trasvase.

Así, se reclama una evaluación completa y medidas que aporten seguridad a los usuarios de la demarcación, como las fechas de disponibilidad de agua desalada o la valoración del precio del agua que resulte de la mezcla de agua del trasvase y desalinizada.

En el documento, según ha explicado el president, se reclaman inversiones para que la red de drenaje de riego se amplíe y se acondicione, a la vez que se rechaza la implantación de nuevos corredores hidráulicos que cambien la red de riego actual.

Según la consellera, la Generalitat ha propuesto toda una serie de actuaciones que deberían formar parte del plan de gestión de riesgo por inundación elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del Segura.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, ha presentado este martes en Madrid su propuesta para un Estatuto de Ciudadanía de la UE, que reúna en un solo texto los derechos y libertades de los que gozan los ciudadanos conforme a los tratados y la jurisprudencia de la UE.

Según ha defendido, ahora es el momento oportuno de acometer la creación de este Estatuto, una idea que ella ya planteó en 2019, puesto que está en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que ella misma participa en representación de la Eurocámara.

«La confianza en las instituciones europeas, en la política y la democracia se ha debilitado por causas endógenas y hexógenas», ha subrayado la eurodiputada, incidiendo en que algunos europeos han visto «muy tocados» sus sueños de prosperidad, crecimiento y seguridad dentro de la UE.

Los debates en el seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en los que también participan ciudadanos, están poniendo de manifiesto que «ven muy lejanas las instituciones, tienen menos confianza en la democracia representativa» y al mismo tiempo desconocen algunos de los derechos de los que gozan.

En este sentido, Pagazaurtundua ha recogido en un documento con forma de pasaporte todos esos derechos y libertades, a los que además ha añadido algunas propuestas, con vistas a «dar a conocer y aplicar de manera más rápida, más clara y más simple todos esos derechos que nos otorga el hecho de ser ciudadanos europeos».

En la propuesta de texto elaborada por Pagazaurtundua se agrupan los derechos y libertades de que gozan los ciudadanos europeos en cinco bloques: derechos de participación ciudadana; libertades ciudadanas; derechos de la ciudadanía a la buena administración; derechos digitales de ciudadanía; y garantías de derechos de ciudadanía.

A estos se suman dos disposiciones adicionales propuestas por la eurodiputada y de nueva creación, la inclusión de un distintivo europeo en pasaportes emitidos por los Estados miembros y la institucionalización como día festivo en los Veintisiete del Día de Europa el 9 de mayo.

La eurodiputada ha reconocido que sacar adelante su propuesta es complicado, pero ha defendido que es necesario porque la UE se enfrenta a problemas nuevos a los que no se puede responder ya con una mirada del siglo XIX y «el nacionalismo romántico».

«Frente al virus de identitarismo dogmático y antiguo» y al «proteccionismo del siglo XIX» lo que necesita la UE es «pensar las cosas con los ojos abiertos y sin dogmatismos, con sentido práctico», ha defendido la integrante de Cs.

En la misma línea se ha pronunciado el filósofo Fernando Savater, que ha agradecido a Pagazaurtundua que haya «tomado la bandera de nuestra ciudadanía» y ha considerado que la propuesta del Estatuto puede ser «una dosis de refuerzo que puede salvarnos de virus populistas que nos amenazan con mucha intensidad».