El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministerio de Educación y Formación Profesional, conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la exministra de Educación y embajadora designada ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

La exministra llegó el pasado 21 de febrero a Roma para tomar posesión de su cargo como embajadora de España ante la Santa Sede, en sustitución de María del Carmen de la Peña.

Según confirmaron fuentes diplomáticas, de momento Celaá es embajadora designada ya que no ha presentado ante el Papa las cartas credenciales que la acreditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de España ante la Santa Sede. Se espera que este paso protocolario tenga lugar en los próximos días.

Licenciada en Filosofía y Letras/Filología Inglesa y en Derecho, fue también portavoz del Gobierno, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados en las XIII y XIV Legislaturas y parlamentaria por el mismo partido en el Parlamento vasco.

Celaá fue igualmente consejera de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco, vicepresidenta del Parlamento Vasco y directora de gabinete del consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, entre otras cosas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y nueva coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, y el presidente del comité organizador del congreso de abril, Esteban González Pons, han arrancado este martes el proceso que llevará al cónclave de abril para «reiniciar» al partido y «emprender un proyecto ganador». «No vamos a defraudar a nadie. No vamos a fallar a los españoles», han proclamado.

Así se han pronunciado en una rueda de prensa conjunta en la sede del PP tras celebrar la primera reunión del comité organizador del congreso (COC) que ya tiene fijado un calendario y hoja de ruta con reuniones que culminará en el congreso de los días 1 y 2 de abril en Sevilla, donde previsiblemente resultará elegido el gallego Alberto Núñez Feijóo.

El domingo 3 de abril se reunirá en la capital hispalense el nuevo Comité Ejecutivo del partido y hará pública la estructura de la nueva dirección del partido. Hasta ese cónclave, y a pesar de que Pablo Casado sigue siendo el presidente del PP, Gamarra y Pons serán las principales voces del partido.

PONS: «UN CONGRESO DE REINICIO, NO DE REFUNDACIÓN»

En una comparecencia conjunta, Pons ha garantizado que el COC actuará con plena neutralidad, que se guiará por los reglamentos vigentes, con la transparencia debida y con el ánimo de que el PP salga «más fuerte y más unido» de este cónclave.

«Ya estamos en marcha. Es un Congreso de reinicio, no de refundación, para ofrecer a España y Europa un Partido Popular fuerte», ha declarado Pons, para admitir después que ha llegado el momento de resolver algunos problemas que han venido arrastrando.

Así, Pons ha reconocido que el PP llega a este cónclave no por voluntad propia sino «empujado por circunstancias extraordinarias que todos conocen». «Y esas circunstancias las queremos resolver para el futuro», ha apostillado, para añadir que España «más que nunca necesita un PP muy fuerte y muy cohesionado».

GAMARRA: «EL PP VA A ESTAR AHÍ»

Gamarra, que ha sido designada coordinadora general este mismo martes por el Comité Ejecutivo para este periodo de transición, ha indicado que el partido va a seguir realizando su labor ordinaria de control al Gobierno y ha confirmado que ella misma formulará las preguntas a Pedro Sánchez este mes en las sesiones de los miércoles.

La portavoz del PP en el Congreso, que ha agradecido la confianza que han depositado en ella sus compañeros, ha señalado que ya «está «trabajando al 200% porque España necesita al Partido Popular» y en este mes previo al congreso seguirán realizando el trabajo ordinario del día a día. «No tenemos tiempo que perder. El PP va a estar ahí», ha abundado.

SIN PONENCIA POLÍTICA COMO PIDE ÁLVAREZ DE TOLEDO

Ante la petición de la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo para que el congreso incluya una ponencia política que defina el ideario, González Pons ha indicado que al ser un cónclave extraordinario y urgente «los plazos no permiten redactar una ponencia, debatirla, enmendarla y aprobarla con todas las garantías».

«Tendrá que ser en otro congreso posterior donde afrontaremos la redacción de una ponencia política, una nueva ponencia de Estatutos», ha manifestado, para insistir en que en estos días 30 no hay margen para «debates profundos sobre ideología» que tendrán que esperar a una convención o un congreso posterior.

«LOS QUE HAN HECHO LOS CONGRESOS TODA LA VIDA»

Pons ha apelado al respeto a las normas y a las personas. «Las personas son el material humano del que se componen los partidos políticos», ha dicho, para añadir que el PP necesita «reiniciarse para seguir siendo el motor del futuro de España».

Ante el hecho de que haya muchos colaboradores del expresidente Mariano Rajoy en el comité organizador, el eurodiputado del PP ha señalado que es esa lista de personas «no son los de Rajoy» sino los que «toda la vida han protagonizado los congresos en el PP». «Y recurrimos a ellos», ha enfatizado.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a convocar para el domingo 13 de marzo la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma que se canceló la semana pasada con motivo de la guerra de Ucrania, según ha informado La Moncloa.

Así se lo ha trasladado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a los Gobiernos autonómicos a lo largo de la tarde, donde les ha informado de la nueva fecha.

De este modo, la Conferencia de Presidentes se ha vuelto a convocar en el mismo sitio, el Museo Arqueológico Benahoarita de la ciudad palmera de Los Llanos de Aridane y tendrá también un formato presencial.

El Gobierno canceló ‘sine díe’ esta Conferencia de Presidentes el pasado jueves, 24 horas antes de que se celebrara, con motivo de la invasión rusa en Ucrania, lo que obligó también a posponer los actos que se iban a celebrar en la isla de La Palma con motivo de este foro multilateral.

En este contexto, Moncloa también ha informado que será el sábado 12 de marzo cuando se celebre finalmente el Acto de Homenaje a la isla de La Palma, en el que participarán también los Reyes.

También, ese mismo día, por la mañana, se celebrará una nueva reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo de La Palma, que también se canceló con motivo de la guerra en Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han mantenido este martes un encuentro con representantes de las empresas españolas con intereses en Rusia y Ucrania para analizar los efectos económicos derivados del conflicto en Ucrania.

En el encuentro, que se ha celebrado en la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha participado una nutrida representación empresarial encabezada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de los sectores en los que se concentra la presencia de empresas españolas en Ucrania y Rusia.

En dicha reunión se han compartido valoraciones sobre el impacto que el conflicto y las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania tendrán para la presencia y actividad económica española en la región, así como consideraciones sobre los efectos en la economía europea y mundial.

En la actualidad, cerca de 15.000 empresas españolas mantienen relaciones comerciales de exportación o importación con Rusia o Ucrania por un valor en 2021 de más 11.300 millones de euros, que se ponen ahora en riesgo por la crisis existente entre ambos países.

Según los datos de comercio exterior de bienes publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un total de 5.432 empresas españolas mantienen relaciones comerciales con Ucrania, por un valor de 3.091,78 millones de euros.

El presidente del comité de organizador del congreso (COC) nacional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que la dirección del Partido Popular «confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado Pons en una rueda de prensa en la sede del PP, poco después de conocerse que la presidenta del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha comunicado a Ayuso que considera suficiente en este momento la información recibida y que cierra el expediente informativo que se le abrió para investigar las supuestas comisiones que habría recibido su hermano por un contrato sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

González Pons ha señalado que el PP llega al congreso extraordinario del 1 y 2 de abril «no por propia voluntad» sino «empujado por circunstancias extraordinarias que todos conocen». «Y esas circunstancias las queremos resolver para el futuro», ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que España, «hoy quizá más que nunca, necesita un PP fuerte y muy cohesionado». A su entender, deben «reiniciarse como partido» y «reemprender» un proyecto que ha de ser ganador en las próximas elecciones generales.

Al ser preguntado cómo valora las declaraciones de Ayuso dentro de la Junta Directiva pidiendo que se expulse del PP a los que fueron contra ella, González Pons ha señalado que él no iba a valorar lo que se había dicho dentro de la Junta Directiva porque no debe hacerlo.

«Pero sí me voy a permitir decir desde esta tribuna, no desde otra, que la dirección del PP confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso», ha afirmado, para añadir que con respecto a lo que tenga que venir «será la nueva dirección» la que tome decisiones y para eso «no quedan más que 30 días.

González Pons tampoco ha querido valorar la mención que ha hecho Ayuso a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá dentro de su intervención de la Junta Directiva. «No voy a valorar lo que ha sucedido dentro», ha zanjado. En concreto, la presidente madrileña se ha preguntado ante los cargos del PP «cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta» y cómo pretende «el respeto de los ciudadanos cuando no lo tiene ni con los suyos.

«LO MÍO ES UN COMITÉ ORGANIZADOR DE UN CONGRESO»

En cuanto a si el PP está dispuesto a abrir una investigación interna para esclarecer los detalles de la campaña que Ayuso dice haber sufrido parar sacarla de la política, González Pons ha asegurado que el nuevo presidente del partido que resulte elegido en el congreso «tendrá que afrontar ése y otros problemas».

«Lo mío es un comité de organización de un congreso», ha exclamado, para añadir que las decisiones que afecten a la vida interna del partido las deberá adoptar la nueva dirección que salga del cónclave de Sevilla.

Pese a las reiteradas preguntas sobre Ayuso, Gamarra y Pons han coincidido en que no hay por qué cuestionar la «honorabilidad» de Ayuso y han confirmado públicamente que el Comité de Garantías del partido ha cerrado ese expediente informativo a la presidenta madrileña.

Preguntado entonces si se ha celebrado una reunión del Comité de Garantías para cerrar ese expediente, Pons ha señalado que no le consta que hubiera reunión para admitirlo en su momento. «Creo que simplemente ha sido rechazado de plano», ha apostillado, para zanjar este asunto asegurando que «hasta el momento al PP no le consta ningún tipo de irregularidad».

Greenpeace ha celebrado la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de movilidad sostenible, aunque pide al Gobierno «más coherencia y ambición» e ir más allá con medidas como eliminar los vuelos cortos o pagar por el uso de las calles y carreteras.

En un comunicado, la ONG elogia que por primera vez la ley reconoce en España el derecho a una movilidad limpia y accesible para todas las personas independientemente de su condición física o económica. Sin embargo pide que la ley, en su tramitación parlamentaria, vaya más allá y prohíba los vuelos cortos y establezca el pago por el uso de la red viaria. Así, recuerda que el transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de CO2 en España.

Además, subraya que las medidas que recoge la ley responden a criterios técnicos, pero alerta de que su implantación definitiva puede enfrentarse a los obstáculo de la «poderosa industria del motor.

No obstante, destaca que la propuesta normativa sienta las bases para construir un modelo de transporte compatible con los objetivos climáticos, sin dejar a nadie atrás.

Entre los aspectos más significativos, se centra en que la ley crea el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad pero Greenpeace propone que este se nutra de los ingresos procedentes de peajes en autopistas, tasas al transporte contaminante (como la aviación) o aportaciones de grandes generadores de movilidad, de manera que repercutan en más y mejor transporte público.

La ONG elogia asimismo que el texto recoge buena parte de las aportaciones que ha formulado en la fase de audiencia previa y defiende que eso demuestra que los criterios técnicos están cada vez más alineados con los principios de la movilidad sostenible.

Por ello, Greenpeace pide «coherencia» al Gobierno en las inversiones para que la norma no choque con los «intereses de la poderosa industria del motor», por ejemplo en aspectos como el pago por uso de autopistas, los peajes urbanos o la fiscalidad verde.

El responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha criticado que el Gobierno anuncia un nuevo modelo de movilidad más limpio y accesible, pero a la hora de repartir fondos, la mayor parte de la llevan los fabricantes de coches, lo que perpetua el modelo dependiente del coche.

«Inversiones necesarias y valientes como los 1.500 millones de Fondos Next Generation para conseguir ciudades con menos coches se quedan cortas si las comparamos a los 3.000 millones de dinero público destinado al PERTE de la Automoción», concluye.

La portavoz parlamentaria del PP y recientemente nombrada coordinadora general del partido hasta el Congreso extraordinario de abril, Cuca Gamarra, ha ofrecido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el apoyo del Grupo Popular en el Congreso para evitar sacar adelante con Unidas Podemos, su socio gubernamental, cuestiones relativas a la guerra de Ucrania, afeándole que descarte enviar material bélico a este país.

Así lo ha dicho Gamarra en una rueda de prensa desde la sede del PP, junto al presidente del comité organizador del Congreso extraordinario del partido, Esteban González Pons, donde considera que la decisión de Sánchez de no enviar directamente material bélico a Ucrania tiene que ver con Unidas Podemos.

«España tiene que estar a la altura de las circunstancias y no debe esconderse», ha subrayado Gamarra, que ha señalado que el PP estará para apoyar «todas las decisiones» para que España esté a la «altura» en todo lo que tiene que ver con la invasión rusa en Ucrania.

En este contexto, la portavoz parlamentaria del PP ha señalado que España «debe dar respuesta a todas las solicitudes de Ucrania», por lo que ha insistido en que si Sánchez tiene algún problema con su socio de coalición u otros socios del Gobierno, tiene a otros partidos y a la propia formación ‘popular’ «al frente de esa mayoría necesaria para los acuerdos que haya que afrontar».

«Lo que tengo muy claro es que España debe dar respuesta a todas las solicitudes que desde Ucrania nos haga llegar. Si Ucrania nos solicita material, debe recibir material, y en aquellas circunstancias o demandas que pueda tener, España debe estar a la altura del momento que se esta viviendo, como está ocurriendo en otros países», ha defendido Cuca Gamarra.

GAMARRA ASUMIRÁ LA POSTURA DEL PP EN EL DEBATE DE MAÑANA

A este respecto, la propia Cuca Gamarra ha confirmado que será ella misma la que defenderá la postura del PP en el debate monográfico sobre Ucrania que se dará mañana en el Congreso tras el paso al lado que ha consumado esta misma mañana el todavía líder del partido, Pablo Casado.

«Seré yo mañana la persona que lleve ese importante debate en un asunto de gran trascendencia no solo para España, sino para Europa y para el mundo», ha anunciado Cuca Gamarra en esta comparecencia junto a González Pons.

Precisamente, sobre su continuidad como la voz más destacada del PP en el Congreso, tras el paso al lado de Casado, Cuca Gamarra también ha adelantado que será ella misma la que preguntará directamente a Sánchez en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y que, una vez se constituya la nueva dirección, ya se decidirá si continúa o no ante ese cometido.

Por último, Gamarra ha evitado valorar una posible baja del escaño por parte de Pablo Casado, amparándose en que son «cuestiones personales» que le corresponderá a él mismo decidir. «Son temas que él tendrá que aclarar, con el absoluto respeto y lealtad hacia él», ha sentenciado Gamarra.

Más de 175 países, reunidos en la Asamblea para el Medio Ambiente de la ONU que se celebra en Nairobi (Kenia) esperan alcanzar este miércoles una resolución internacional para poner fin a la contaminación por plásticos.

A la Asamblea asisten más de 3.400 participantes en persona y otros 1.500 de forma telemática, de ellos 79 ministros y 17 funcionarios de alto nivel entre los que figura el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hugo Morán.

La decisión de un acuerdo global contra la contaminación por plástico se adoptará después de la toma en consideración de varios proyectos de resolución propuestos por Perú, Ruanda, Japón e India. Según valora la propia Asamblea de Medio Ambiente de la ONU este podría ser uno de los acuerdos verdes más relevantes desde el alcanzado en París contra el Cambio Climático en 2015. La toma de decisión tendrá lugar a primeras horas de la tarde del miércoles.

En este contexto, este martes la oficina portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos ha adelantado que celebra la histórica oportunidad que se dará en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés) para empezar a avanzar en el proceso con otras naciones a luchar contra la contaminación por plástico.

«Los Estados Unidos ya están preparados para actuar tanto a nivel doméstico como a nivel internacional para afrontar este reto global», ha defendido.

Una reciente encuesta –elaborada el pasado verano en 28 países por Ipsos y Plastic Free July–, publicada la semana pasada como antesala a la Asamblea que se celebra en Nairobi, concluyó que el 88 por ciento de la población mundial, de media, considera esencial, muy importante o bastante importante alcanzar un acuerdo global para combatirla.

España, junto con Gran Bretaña (ambos con un 90%), el segundo país europeo, solo después de Italia (94%), que muestra el nivel más alto de creencia en la importancia de un tratado internacional para combatir la contaminación plástica.

Las principales ONG ambientales llevan pidiendo desde hace tiempo un acuerdo como el que mañana podría ver la luz. Por ejemplo, el director general de WWF International, Marco Lambertini, denuncia que la crisis de los plásticos «amenaza con estar fuera de control», por lo que considera que «ya es hora» de que los gobiernos de todo el mundo asuman el liderazgo, dado que la gente ha dejado clara su opinión.

«Los gobiernos tienen ahora la responsabilidad y la oportunidad de adoptar un tratado mundial sobre los plásticos -que sea jurídicamente vinculante y establezca normas y reglamentos mundiales que aborden todo el ciclo de vida del plástico- para que podamos eliminar la contaminación por plásticos en el medio ambiente para 2030″, ha defendido.

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha destacado que Europa permanece «unida» frente a la «invasión de (Vladimir) Putin» y ha proclamado que es «momento de proteger inequívocamente al pueblo ucraniano».

También ha desgranado que aunque «no son decisiones fáciles», el Gobierno de coalición está «actuando con determinación para proteger la paz tras este injusto ataque» y promete que, una vez se consiga el fin de la guerra, seguirán apostando por la «autonomía estratégica y energética europea», aprovechando la «unidad mostrada» estos días.

«En medio de la incertidumbre, la ciudadanía exige a las instituciones una respuesta clara y solidaria. En eso estaré», destacado la también titular de Trabajo en Twitter sobre el conflicto.

GARZÓN PIDE CESAR LA INVASIÓN «IMPERIALISTA» QUE MATA CIVILES

Además, el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reclamado que la «invasión» y «agresión imperialista» de Rusia, que está «matando a civiles», debe «terminar» y destaca que ahora el «pueblo ucraniano» necesita toda la «solidaridad y apoyo».

«Rusia continúa su invasión y agresión imperialista sobre Ucrania, bombardeando y matando también civiles. El pueblo trabajador ucraniano necesita ahora toda nuestra solidaridad y apoyo. Esta invasión debe terminar y Rusia debe respetar la soberanía de Ucrania», ha apuntado también en Twitter.

UP APOYA LA PRUDENCIA DE SÁNCHEZ Y VE LEGÍTIMA LA AYUDA A UCRANIA

Esta mañana el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha mostrado su apoyo a la actitud «prudente» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no enviar directamente armas a Ucrania y ve una vía más efectiva las sanciones económicas centradas en los oligarcas y los altos cargos rusos.

Eso sí, ha dejado claro que Ucrania tiene derecho a defenderse ante la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como reconoce el derecho internacional, a través de la carta de Naciones Unidas, y es «legítimo» que la comunidad internacional preste ayuda al país «agredido», en referencia al empleo de fondos comunitarios para trasladar armamento a este país.

Ayer, el coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, criticó que la decisión de la Unión Europea (UE) de enviar armas letales a Ucrania ante la invasión rusa «no va en la línea de la distensión» y pidió centrar los esfuerzos en «encauzar» el conflicto con medios diplomáticos, ante las vías de diálogo abiertas entre ambos países.

Durante las últimas horas se han intensificado los ataques a las ciudades ucranianas de Járkov, la segunda más poblada del país y que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la ofensiva militar rusa, y Sumy.

Además, las autoridades ucranianas han acusado este martes al Ejército ruso de haber atacado con un proyectil la torre de telecomunicaciones de Kiev, la capital del país.

Mientras, el minsitro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, ha remarcado este martes que las ofensivas militares de Moscú sobre Ucrania continuarán hasta lograr los objetivos marcados al principio de la invasión, entre los cuales está protegerse de la «amenaza militar» que supone Occidente para la región.

Por su parte, el Parlamento europeo ha aprobado una resolución en la que pide que se conceda a Ucrania el estatus de país candidato a entrar a la UE.

El pesquero ‘Villa de Pitanxo’, que naufragó el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá) –con nueve fallecidos, 12 desaparecidos y tres supervivientes–, acumulaba varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal, entre ellas, capturas de fletán negro sin declarar.

Así lo adelanta este martes Economía Digital Galicia, con base en una serie de sentencias de la Audiencia Nacional, a las que ha tenido acceso Europa Press, la última de ellas con fecha del 17 de julio de 2020.

En concreto, el Ministerio de Pesca sancionó en 2016 al patrón del ‘Villa de Pitanxo’ por seis infracciones graves de la Ley de Pesca Marítima. Las multas sumaban más de 160.000 euros por cuestiones como eliminación u ocultación de pruebas en controles de inspección, falta de envío de posiciones del buque, no contar con las autorizaciones de pesca y diferentes incumplimientos relativos a capturas a bordo y desplazamientos. Además, se le decomisaron 27.778 kilos de fletán negro, que estaban ocultas y no registradas en el diario.

Las infracciones también se referían al armador, Pesquerías Nores, al que se le impuso pérdida de puntos con los que cuentan los propietarios de barcos en el reglamento de control europeo de la pesca debido a cuestiones como la eliminación de pruebas en las tareas de control, así como por la alteración de datos de capturas.

BODEGA OCULTA

El grupo Nores adujo un error de comunicación entre el personal de la embarcación, pues sostenía que el fletán no estaba oculto y que «fue el marinero encargado el que olvidó sacarlo», recoge el fallo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia dio por probada la infracción reflejada por los inspectores, que «comprobaron la existencia de una bodega oculta donde se encontraban las capturas de fletán negro embolsado y sin etiquetar en un total de 26.788 kilos».

Los recursos presentados por la armadora del pesquero fueron rechazados por esta sentencia de la Audiencia Nacional, que entre otras cuestiones defiende la pertinencia de imponer la multa máxima de 60.000 euros en una de las sanciones, dado que «solo por la actuación de los inspectores se llegó a descubrir la ocultación del fletán en una bodega secreta, teniendo en cuenta además las características del buque y que el fletán negro es una especie sometida a especiales medidas de conservación».

En otra sentencia previa de la Audiencia Nacional de 2017, en la que también se desestimaron los recursos de Pesquerías Nores, se recogen infracciones graves sancionadas por el Ministerio en 2014, así como que los inspectores dieron fe de una «alteración intencionada» de la clasificación de capturas de dos filas de cajas de fletán negro para hacerlas pasar por capturas de rayas.

La Fundación Músicos por la Salud se ha reunido este martes con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien ha presentado su trabajo y le ha solicitado la inclusión de músicos y artistas como personal del sistema sanitario.

La cita, que se ha realizado en el Día Mundial de la Musicoterapia, ha servido a los músicos para «escenificar» en el Congreso lo que supone su actividad, importante en los hospitales y centros socionitarios.

Asimismo, Músicos por la Salud ha aprovechado el encuentro para exponer a la presidente del Congreso su petición al Gobierno y los organismos sanitarios que incluyan intérpretes musicales en los centros sociosanitarios, una solicitud respaldada por el estudio ‘Arte y Salud’, publicado por la OMS en 2019, que subraya el papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar.

La Fundación demanda esta acción en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), y ES Música. Para ello, ha iniciado también un recogida de firmas con el lema ‘#MúsicosEnLaSanidad’.

Respecto a la cita, Batet ha publicado en su perfil de Twitter fotografías con los representantes de la Fundación, que «realiza una gratificante labor solidaria, reconfortando, aliviando y acompañando a través de la música a las personas hospitalizadas», ha destacado.

El Ministerio de Igualdad ha abierto este martes la puerta a sacar de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, las medidas que el departamento había incluido contra la prostitución y también a debatir si estas mismas son las más adecuadas para luchar contra esta violencia.

Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, durante su comparecencia ante la Comisión del Congreso que hace seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estado contra esta lacra.

Tras hacer un repaso sobre las medidas que el departamento que dirige Irene Montero ha tomado a lo largo de esta legislatura, en el contexto del Pacto de Estado, Rodríguez también ha enumerado los cambios legislativos y las políticas que prepara el Ministerio para cumplir con el acuerdo, entre las que se encuentra una Ley Integral de Trata.

La secretaria de Estado ha indicado que esta norma, tal y como se la plantea Igualdad, debe ser «pionera en el marco europeo» y dar respuesta, principalmente a «dos cuestiones»: no exigir la colaboración activa sobre sus tratantes para que las mujeres puedan ser identificadas y acceder a sus derechos y dar respuesta a las mujeres víctimas de trata que se encuentran en situación irregular y que, según los datos que ha dado Rodríguez, son el 92% de las víctimas.

Del mismo modo, se ha referido a las medidas que se han incluido en la Ley de ‘solo sí es sí’ sobre este tema –la recuperación de la tercería locativa, la modificación de los tipos penales de proxenetismo y la inclusión de penas accesorias relacionadas con la propia tercería locativa– que ha generado las críticas de varios grupos parlamentarios, al considerar que no es el texto en el que debe incluirse.

MEJOR DENTRO DE LA LEY DE TRATA

«Nosotras creemos que lo mejor para estos tipos penales es que estuvieran en una ley de trata con fines de explotación sexual», ha declarado Rodríguez ante la comisión, antes de indicar que «tiene sentido» que la lucha contra la industria proxeneta esté en este texto específico. «No tendríamos problema en este sentido», ha apuntado.

Así, ha llamado a reflexionar sobre este tema, así como si «estas son las mejores herramientas para luchar penalmente contra la industria proxeneta». «Estamos abiertas a ello», ha insistido, antes de señalar que, en todo caso, se trata de un «debate urgente» pues la normativa contra la trata y la explotación sexual llega «décadas tarde».

Del mismo modo, la secretaria de Estado ha recordado se está poniendo en marcha un Plan de inserción laboral y que en la actualidad saldrá adelante con «20 millones de los fondos europeos» pero, según ha reconocido, según los datos del INE sobre mujeres en situación de explotación sexual y si se quiere ayudarlas en los próximos 3 años, esta cifra debería alcanzar los «1.175 millones» de financiación.

Es por ello, que otra de las denuncias que ha hecho Rodríguez: una financiación mayor, permanente y más flexible. Aunque ha recordado que sobre este aspecto se ha llegado a un acuerdo en la sectorial de Igualdad, también ha llamado a los partidos firmantes de la renovación del Pacto, el pasado 25 de noviembre, a reflexionar para que este problema quede resuelto en un marco legislativo.

CAMBIO EN LA EDUCACIÓN

Como ejemplo, ha puesto el aprovechar la reforma de la Ley de Violencia de Género, para incluir todas las violencias sobre la mujer, para blindar la financiación de las autonomías que, según ha explicado, ahora plantean problemas a la hora de utilizar sus presupuestos en la lucha contra violencias que no sean la que se produce en el entorno de la pareja o expareja que es la que se incluye en la norma.

Por otra parte, la secretaria de Estado ha destacado la necesidad de un cambio en la educación y, en concreto, apuesta porque en la educación obligatoria se enseñen materias relacionadas con la igualdad y la salud sexual y reproductiva. «No es un adoctrinamiento», ha advertido la ‘número dos’ de Montero.

En este sentido, ha destacado unos datos que ha considerado «preocupantes» y que, a su juicio, muestran la importancia de la educación en este sentido. Según ha indicado, del 2013, último año en que se impartió una asignatura sobre este tema, hasta el 2019, se ha pasado de 3.315 a 12.359 casos de infecciones de transmisión sexual.

Para Rodríguez la LOMLOE que ha entrado en vigor este último curso avanza en este sentido, pero llama a que esta educación sea «obligatoria» para todos los niños «independientemente de quiénes sean sus padres».

CRÍTICAS DE VOX Y PP

Esta medida ha sido criticada por la portavoz de Vox en la comisión, Carla Toscano, que ha considerado que plantear a los niños «que la violencia de género está mal» es «un delito de odio». «No sé qué se cree que son los hombres y los niños», ha apuntado, antes de apuntar que el Ministerio «despilfarra» dinero en «cargos» y «chiringuitos», mientras que las «mujeres maltratadas» están «abandonadas».

Rodríguez ha celebrado, tras la intervención de la diputada, que Vox reconozca que existe la violencia machista y le ha emplazado a dialogar para saber «hasta qué punto Vox está dispuesto a poner medidas en esta materia». En concreto, le ha pedido explicaciones sobre por qué no está de acuerdo en que educar a un niño en que la violencia de género está mal o que se eduque a los menores en igualdad.

También la portavoz del PP ha sido muy crítica en su intervención. Su representante, Marta González, ha reprochado que Unidas Podemos se abstuviera en la votación del Congreso del Pacto de Estado de 2017 y el pasado 25 de noviembre prepararan «un solemne acto» para que los grupos firmaran «un documento de folio y medio».

A su juicio, esta puesta en escena solo se ha buscado para «ocultar» la «incompetencia» e «inactividad». De hecho, según González, los avances que ha puesto en marcha Igualdad en esta materia surgen de la «presión» de la oposición y de los socios de Gobierno de Podemos y se realiza a «trompicones».

Ante estas declaraciones la secretaria de Estado ha lamentado que la diputada «ridiculice» un acuerdo sobre política de Estado que han firmado todos los partidos del país y, a su juicio, esta actitud del PP es consecuencia de que, durante sus gobiernos no se haya hecho nada en esta materia. Así, ha recordado que hace una década, con mandato ‘popular’, se destinaba a la violencia de género 23 millones de euros, frente a los 284 millones actuales. «No han hecho nada», ha criticado la representante de Igualdad.

VIOLENCIA DIGITAL

Por otra parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, entre otras medidas, ha cuestionado a Rodríguez por la sumisión química, una medida por la que, según ha indicado la secretaria de Estado comparte su preocupación y que a su juicio, demuestra que es necesario legislar en la Ley del ‘solo sí es sí’ sobre el consentimiento.

Del mismo modo, Rodríguez ha propuesto la puesta en marcha de un Plan Estatal para prevenir y combatir la violencia en línea contra las mujeres y niñas que analice materias como el control en el acceso a dispositivos, la manipulación de información, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el desprestigio o la trata y explotación sexual que se hace a través de esta herramienta.

La secretaria de Estado ha dado cifras de la ONU de hace «poco tiepo» que determinan que el 52% de mujeres han sufrido violencia en linea y el 23% de las europeas.

Dos vecinos de Castroverde (Lugo) emprendieron un viaje en sendos coches hacia la frontera de Polonia con Ucrania para ofrecer a ocho personas las plazas libres disponibles y venir a Galicia a raíz de la invasión rusa, que este jueves cumplirá una semana.

La idea de estos lucenses es llegar este miércoles a mediodía a la frontera Medyka y allí ofrecer su ayuda para traer a ocho personas. Aunque no han cerrado ninguna acción concreta con ninguna ONG, Héctor Pérez, el vecino de Castroverde que reclutó a un amigo para hacer este viaje de ida y vuelta, se informó a través de una hermana que trabaja en servicios sociales de Madrid y con un contacto con la comunidad ucraniana en España.

«Soy muy susceptible con este tema», ha reconocido Héctor Pérez, quien aseguró que el detonante fue el caso de la niña de seis años fallecida en un hospital de Mariupol. Así, pensó que aunque era «arriesgado», tenía que «hacer algo», idea en la que encontró a Paulo Ribeiro.

Para Héctor Pérez, «cualquier persona que tuviese cuatro días haría lo mismo». «Son 800-900 euros cada uno, no estamos tan lejos», ha manifestado, y ha animado a que quien disponga de esta disponibilidad y pueda asumir ese gasto, también secunde esta iniciativa. A primera hora de la tarde de este martes, le separaban 1.700 kilómetros para su destino, donde espera que pueda ofrecer el refugio de su propia casa –en la que tiene dos habitaciones disponibles–.

Además, ha indicado que se puso en contacto con el alcalde de su localidad, quien en declaraciones ha confirmado que mantuvo una conversación con este vecino, cuando ya había pasado Irún, y quien aseguró que en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento se ofrecerá ayuda.

«VALENTÍA»

Así, el regidor de Castroverde, Xosé María Arias, elogia la «valentía» de este vecino, pero también recuerda que ha sido una acción «espontánea» que le ha cogido de un momento para otro, por lo que no tiene preparada una respuesta humanitaria en este momento en el ayuntamiento.

Fundamentalmente, los refugiados son mujeres y niños que se encontrarán en la frontera son niños y mujeres y algunas personas mayores, que tienen tres años para poder residir en la Unión Europea sin problemas de movilidad.

Héctor Pérez destaca que aunque mucha gente no ha podido acompañarles en esta salida en coche, les han ofrecido «dinero, ropa y alojamiento». «Nos están apoyando mucha gente», ha destacado, en referencia al grupo de la red social Facebook que reúne a lucenses.

Este vecino, que en otro tiempo de su vida ya participó en otras acciones solidarias, reconoce que aunque no dudó en salir, viajan con cierto «miedo», porque son «consciente» de la situación.

La OTAN ha convocado el próximo viernes a los ministros de Exteriores aliados para tratar la evolución de los acontecimientos en Ucrania, que desde el pasado jueves sufre una invasión a gran escala por parte de Rusia.

La reunión servirá estudiar la situación en el terreno y examinar la ayuda militar prestada por los aliados en las últimas jornadas en apoyo a Kiev. La OTAN ha contabilizado asistencia militar letal de al menos la mitad de los miembros de la Alianza Atlántica, entre los que no se encuentra España.

En total, Bélgica, Canadá, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, además de Reino Unido y Estados Unidos han aprobado el envío de «equipamiento militar significativo», según el balance de la OTAN.

Aunque la organización militar se ha volcado en el apoyo político y técnico con Kiev ha dejado claro que no intervendrá directamente en el conflicto enviando tropas al país, ni se ha mostrado favorable a facilitar aeronaves de países aliados al Ejército ucraniano, una opción que defendieron miembros de la OTAN como Polonia.

«La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va enviar tropas a Ucrania o movilizar aviones en el espacio aéreo ucraniano», ha señalado el ex primer ministro noruego en declaraciones este mismo martes desde Polonia, donde el presidente polaco, Andrzej Duda, se ha alineado con la tesis con la idea de evitar una «injerencia militar».

Otra opción que parece descartada en el seno de la OTAN es la de aplicar una área de exclusión aérea, lo que implicaría que la organización militar vigilara el espacio aéreo de Ucrania en plena guerra, con el escenario más que probable de tener que derribar aeronaves rusas.