La Comunidad de Madrid concentra los alquileres más caros de España, con una cuantía media de 700 euros mensuales por una vivienda colectiva de 70 metros cuadrados, y una renta media 10,4 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Sistema Estatal de Índices 2020, publicado este miércoles el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El índice, elaborado con datos de la Agencia Tributaria, la Dirección General del Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, el Colegio de Registradores y el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, también ofrece una horquilla de valores entre los que se sitúa el 50% de los alquileres.

Así, en el caso de la Comunidad de Madrid, los alquileres de una vivienda colectiva oscilan entre los 550 euros y los 900 euros, por inmuebles de entre 56 metros cuadrados y 90 metros cuadrados, con rentas medias que van de los 8 euros por metro cuadrado la mes a los 13,9 euros por metro cuadrado mensuales.

Para las viviendas unifamiliares, el precio mensual se situó en 2020 en 780 euros de media, con 186 metros cuadrados y una renta de 6,2 euros por metro cuadrado al mes. No obstante, la horquilla de precios va de los 500 a los 1.200 euros, por residencias de 126 metros cuadrados a 251 metros cuadrados.

Detrás de la Comunidad de Madrid (la estadística no incluye datos de las comunidades forales de País Vasco y Navarra), los alquileres más caros son los de Ceuta, con una media de 621 euros mensuales por una vivienda media de 75 metros cuadrados, lo que implica una renta media de 8,5 euros por metro cuadrado al mes. En esta ciudad autónoma, las viviendas unifamiliares resultan más asequibles que las colectivas, con una cuantía media de 500 euros por 65 metros cuadrados.

Las Islas Baleares ocupan el tercer lugar, con 605 euros mensuales de cuantía media y una vivienda de 84 metros cuadrados. Así, la renta media queda en 7,8 euros por metro cuadrado al mes. Las viviendas unifamiliares en este archipiélago, con una media de 166 metros cuadrados, se alquilan mensualmente por unos 600 euros de media.

Cataluña también se sitúa entre las comunidades autónomas más caras de España para alquilar, con una cuantía media de 600 euros por viviendas de 74 metros cuadrados de media y una renta mensual de 8,5 euros por metro cuadrado al mes.

Sin embargo, Barcelona supera la media de la comunidad, con mensualidades de 654 euros, aunque en este caso, por viviendas de 72 metros cuadrados. Por tanto, la renta media sube a 9,5 euros por metro cuadrado al mes, en el caso de las viviendas colectivas.

En el caso de las viviendas unifamiliares catalanas, la media se repite en 600 euros mensuales, pero el tamaño de estos inmuebles es de 176 metros cuadrados, por lo que la renta media queda en 5 euros por metro cuadrado al mes.

EXTREMADURA, LA COMUNIDAD MÁS BARATA

El precio medio del alquiler en Extremadura, la comunidad más barata de España, se situó en 2020 en 365 euros por una vivienda colectiva de 92 euros cuadrado, con una renta media de 4,2 euros por metro cuadrado al mes. La horquilla de los alquileres en esta región va desde los 300 euros a los 450 euros, como muestran los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Para las viviendas unifamiliares, la cuantía media de los alquileres fue de 300 euros, por residencias de 161 metros cuadrados, y una renta media de 2,7 euros por metro cuadrado al mes.

Entre las comunidades más asequibles también se encuentra Galicia, donde una vivienda colectiva media de 87 metros cuadrados se alquila por 380 euros, con una renta 4,9 euros por metro cuadrado al mes. En Galicia, Pontevedra es la provincia más cara, con 405 euros de media en el alquiler mensual.

En cuanto a las viviendas unifamiliares gallegas, la media del alquiler es de 350 euros por 194 metros cuadrados.

El Índice publicado este miércoles por la cartera que dirige Raquel Sánchez se ha elaborado con datos de más de 17,8 millones de datos de arrendamientos, de todo el país, a excepción de País Vasco y Navarra.

La firma con sede en Suiza Nord Stream 2 AG, responsable de operar el polémico gasoducto entre Rusia y Alemania, ha rechazado las informaciones aparecidas en distintos medios acerca de su declaración en suspensión de pagos, afirmando que la empresa solo informó a las autoridades locales de la rescisión de los contratos de su plantilla.

«No podemos confirmar las informaciones de los medios de que Nord Stream 2 se ha declarado en quiebra», ha indicado la compañía en un comunicado colgado en su página web, que ha dejado de estar operativa debido a los «continuos ataques».

En este sentido, Nord Stream 2 ha subrayado que «solo informó a las autoridades locales de que la empresa tenía que rescindir los contratos con los empleados tras los recientes acontecimientos geopolíticos que llevaron a la imposición de sanciones estadounidenses a la empresa».

Según la prensa suiza, la decisión supone el despido de más de 100 trabajadores de la compañía responsable de operar el gasoducto.

Este martes, Silvia Thalmann-Gut, la responsable de Finanzas del cantón suizo de Zug, sede de Nord Stream 2 AG, había indicado a la emisora helvética SFR que la operadora del gasoducto había informado de que no podía continuar con su actividad, lo que implicaba el despido de los trabajadores.

En este sentido, añadió la necesidad de analizar la interrelación entre Rusia y otras empresas con sede en el cantón suizo, ya que todavía no habían entrado en vigor las sanciones contra intereses rusos por parte de las autoridades de Suiza.

La firma alemana de alquiler de vehículos Sixt contabilizó un beneficio neto de 313,2 millones de euros en el conjunto de 2021, frente a las pérdidas de 98,8 millones de del año anterior, según ha informado este miércoles al publicar sus cuentas anuales.

«Los resultados del año pasado son extraordinarios, y lo son más porque tuvimos un entorno de mercado excepcional por las restricciones del Covid-19», ha indicado Alexander Sixt, co-consejero delegado de Sixt.

Los ingresos entre enero y diciembre fueron de 2.282,4 millones de euros, un 49% más que en el año anterior. Por segmentos de negocios, los ingresos procedentes de los alquileres crecieron un 53,9%, hasta 2.097,4 millones, mientras que la facturación por servicios auxiliares creció un 9,3%, hasta 172,4 millones.

Los gastos de flota crecieron un 18% en el año, hasta 506,5 millones de euros, mientras que los costes de personal se situaron en 405,3 millones, un 19,5% más. El impacto de depreciaciones y amortizaciones fue de 370 millones, un 19,2% menos.

«Estos resultados récord que logramos en 2021 claramente muestran que hemos empleado la crisis como una oportunidad y explotado las fortalezas de Sixt», ha apostillado el otro co-consejero delegado del a firma, Konstantin Sixt.

La Comunidad de Madrid concentra los alquileres más caros de España, con una cuantía media de 700 euros mensuales por una vivienda colectiva de 70 metros cuadrados, y una renta media 10,4 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Sistema Estatal de Índices 2020, publicado este miércoles el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El índice, elaborado con datos de la Agencia Tributaria, la Dirección General del Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, el Colegio de Registradores y el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, también ofrece una horquilla de valores entre los que se sitúa el 50% de los alquileres.

Así, en el caso de la Comunidad de Madrid, los alquileres de una vivienda colectiva oscilan entre los 550 euros y los 900 euros, por inmuebles de entre 56 metros cuadrados y 90 metros cuadrados, con rentas medias que van de los 8 euros por metro cuadrado la mes a los 13,9 euros por metro cuadrado mensuales.

Para las viviendas unifamiliares, el precio mensual se situó en 2020 en 780 euros de media, con 186 metros cuadrados y una renta de 6,2 euros por metro cuadrado al mes. No obstante, la horquilla de precios va de los 500 a los 1.200 euros, por residencias de 126 metros cuadrados a 251 metros cuadrados.

Detrás de la Comunidad de Madrid (la estadística no incluye datos de las comunidades forales de País Vasco y Navarra), los alquileres más caros son los de Ceuta, con una media de 621 euros mensuales por una vivienda media de 75 metros cuadrados, lo que implica una renta media de 8,5 euros por metro cuadrado al mes. En esta ciudad autónoma, las viviendas unifamiliares resultan más asequibles que las colectivas, con una cuantía media de 500 euros por 65 metros cuadrados.

Las Islas Baleares ocupan el tercer lugar, con 605 euros mensuales de cuantía media y una vivienda de 84 metros cuadrados. Así, la renta media queda en 7,8 euros por metro cuadrado al mes. Las viviendas unifamiliares en este archipiélago, con una media de 166 metros cuadrados, se alquilan mensualmente por unos 600 euros de media.

Cataluña también se sitúa entre las comunidades autónomas más caras de España para alquilar, con una cuantía media de 600 euros por viviendas de 74 metros cuadrados de media y una renta mensual de 8,5 euros por metro cuadrado al mes.

Sin embargo, Barcelona supera la media de la comunidad, con mensualidades de 654 euros, aunque en este caso, por viviendas de 72 metros cuadrados. Por tanto, la renta media sube a 9,5 euros por metro cuadrado al mes, en el caso de las viviendas colectivas.

En el caso de las viviendas unifamiliares catalanas, la media se repite en 600 euros mensuales, pero el tamaño de estos inmuebles es de 176 metros cuadrados, por lo que la renta media queda en 5 euros por metro cuadrado al mes.

EXTREMADURA, LA COMUNIDAD MÁS BARATA

El precio medio del alquiler en Extremadura, la comunidad más barata de España, se situó en 2020 en 365 euros por una vivienda colectiva de 92 euros cuadrado, con una renta media de 4,2 euros por metro cuadrado al mes. La horquilla de los alquileres en esta región va desde los 300 euros a los 450 euros, como muestran los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Para las viviendas unifamiliares, la cuantía media de los alquileres fue de 300 euros, por residencias de 161 metros cuadrados, y una renta media de 2,7 euros por metro cuadrado al mes.

Entre las comunidades más asequibles también se encuentra Galicia, donde una vivienda colectiva media de 87 metros cuadrados se alquila por 380 euros, con una renta 4,9 euros por metro cuadrado al mes. En Galicia, Pontevedra es la provincia más cara, con 405 euros de media en el alquiler mensual.

En cuanto a las viviendas unifamiliares gallegas, la media del alquiler es de 350 euros por 194 metros cuadrados.

El Índice publicado este miércoles por la cartera que dirige Raquel Sánchez se ha elaborado con datos de más de 17,8 millones de datos de arrendamientos, de todo el país, a excepción de País Vasco y Navarra.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha afirmado este miércoles que el efecto de la vuelta a la normalidad de la actividad y de la reincorporación de los empleados en ERTE que se observó el año pasado está desapareciendo y los incrementos de empleo que se esperan a partir de ahora «serán más moderados».

La Seguridad Social sumó en febrero 67.111 afiliados, cifra que equivale a un aumento de 17.000 en términos desestacionalizados por Funcas. Este resultado supone una moderación en el ritmo de crecimiento del empleo respecto a los ocho meses anteriores, según apunta la Fundación en un comunicado.

Por su parte, el número de trabajadores en ERTE al final del mes había bajado en 11.789, lo que confirma la sensible ralentización del ritmo de descenso en los últimos meses. En cuanto a los autónomos con prestación, han registrado un ligero incremento. El empleo efectivo, una vez eliminada la estacionalidad, registró un avance de 36.000, la cifra más baja desde marzo de 2021.

Respecto al paro registrado, el número de desempleados cayó en 11.394, superior al habitual en un mes de febrero. En cifras desestacionalizadas por Funcas, equivale a una bajada de 16.000.

En febrero se firmaron 1.444.057 contratos, un 19% más que en el mismo mes del año pasado, aunque la cifra aún está por debajo de la de 2019. El 21,9% de esos contratos fue indefinido, el mayor porcentaje de la serie histórica.

UPA ha reclamado un plan urgente de apoyo a agricultores y ganaderos ante la «severa» sequía que sufre el campo, con medidas «potentes» que mitiguen las pérdidas, entre ellas exenciones fiscales, ayudas directas o condonación de las tarifas de riego.

«La sequía es ya una realidad en España. A la crisis de costes de producción que arrastra el campo desde hace meses, se suma una situación de gran escasez hídrica que afectará a la productividad del sector agrícola en esta campaña. Tendría que llover mucho y por toda España en primavera para salvar una situación que a día de hoy es crítica», han señalado desde UPA.

Según los datos analizados por UPA, la situación más crítica se da en la mitad Sur peninsular y los efectos serán más graves cuanto más tempranas sean las producciones. «El campo español producirá menos alimento en 2022, tanto en ganadería extensiva como en cultivos de secano o regadío», ha señalado la organización agraria.

En este contexto, los agricultores se verán obligados a apostar por cultivos con menores necesidades hídricas. «Veremos más cereales, girasol o barbechos y menos tomate, maíz o arroz», aseguran desde UPA. En el caso de los cultivos leñosos, la poca agua que pueda aportarse se destinará a evitar que los árboles se sequen, dando por malograda la cosecha de este año.

En la ganadería, según UPA, los costes de producción se dispararán aún más ante la escasez de pasto en el campo, lo que obligará a los ganaderos a alimentar con pienso a sus animales. Además, los productores ya están teniendo que llevar agua en cisternas al ganado para dar de beber a los animales.

UPA propondrá en la Mesa de la Sequía este viernes un paquete «potente» de medidas políticas, económicas y fiscales, a corto, medio y largo plazo, para que el sector primario pueda hacer frente a este contexto.

Unidas Podemos reclama sacar a las centrales de gas del mercado marginalista energético para evitar que el alza que experimenta este segmento, a raíz de la guerra en Ucrania, no repercuta ni altere el recibo de la luz.

También reafirma la necesidad de establecer un recargo del 10% en el impuesto de sociedades de las grandes empresas energéticas, e impulsar un «cheque ayuda» a familias y pymes que usan gas para su calefacción.

Así lo ha trasladado el portavoz del grupo parlamentario, Unidas Podemos, durante la comparecencia en el Congreso del presidente, Pedro Sánchez, y ofrecer en la cámara un pacto de Estado para reformar el sistema energético.

En el documento elaborado por el espacio confederal, expone que las medidas emprendidas hasta ahora para minorar los ‘beneficios caídos del cielo’ a las eléctricas con vistas a reducir la factura de la electricidad son «parciales» y, ante este nuevo contexto por la invasión rusa a Ucrania, resultan «insuficientes».

BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO INJUSTIFICABLES

En su propuesta, Unidas Podemos reflexiona que el mecanismo marginalitas del mercado eléctrico, articulado bajo la premisa de que la tecnología más cara en cada franja horaria es la que fija el precio de las demás, produce esa sobrerretribución «injustificable» a las eléctricas y eleva el coste de la luz, lo que provoca a su vez que el «oligopolio» de las eléctrica «especule», un problema que se va a «exacerbar» con la invasión a Ucrania.

Por tanto, el grupo confederal demanda «sacar» las centrales de gas del mercado marginalista para que «no contaminen artificialmente los precios de todas las demás tecnologías», medida que tiene «todo el sentido del mundo» en este contexto y que ya se hace con algunas formas de generación, como es el la casi totalidad de las renovables que tienen precio fijo, así como el decreto del año pasado que también actúa de forma similar con las nucleares e hidroeléctricas.

También recalca que en caso de tener que modificar directivas europeas para dar «acomodo legal» a esta iniciativa, Unidas Podemos están convencidos de que las instituciones comunitarias estarán «mucho más receptivas», pues de efectuarse esa desconexión se lograría «desacoplar» en gran medida la escalada del precio del gas en la factura.

PLAN DE SUBVENCIONES PARA CAMBIAR LAS CALDERAS DE GAS NATURAL

A su vez, el socio minoritario de la coalición pide el despliegue de un ‘cheque-ayuda’ para mitigar el alza del precio del gas natural en hogares y comercios, así como un plan «excepcional» de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de gas.

Y es que son conscientes de la implantación del gas en muchas viviendas y establecimientos comerciales para la calefacción, el agua caliente sanitaria o para el cocinado de alimentos. De esta forma, un cheque directo que beneficio a estos colectivos, inspirado en la medida desplegada por Francia, «debería cubrir la totalidad de la subida» del gas.

En esta línea, Unidas Podemos llama a articular un plan de subvenciones o créditos blandos que sustituyan calderas de gas natural por otras tecnologías, sobre todo de modelos electrificados, dispositivos de inducción o bombas de calor.

En el medio plazo, el espacio confederal cree que se debería considerar la posibilidad de instalar «sistemas centralizados» de calefacción por barrios, de titularidad pública, como por ejemplo los que existen a día de hoy en Dinamarca, facilitando un cambio «tecnológico transparente» y un «ahorro económico».

Todo ello en el marco de una estrategia que refuerce la soberanía energética de España e impulse la transición ecológica, con más desarrollo e implantación de energías renovables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, al que ha acudido para explicar la posición del Gobierno y de la Unión Europea ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En su intervención, el presidente ha planteado una batería de medidas económicas ante la situación de emergencia, invitando a sindicatos y patronales a alcanzar un pacto de rentas para moderar márgenes y evitar caer en una «espiral inflacionista», así como medidas laborales y turísticas, y también en el ámbito energético.

PRÓRROGA DEL RECORTE A LA ENERGÍA NO VENDIDA A PLAZO

Concretamente, Sánchez ha explicado que el Gobierno prorrogará las bajadas de impuestos actuales –IVA del 21% al 10%, suspensión del impuesto sobre generación del 7% y bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%– hasta el próximo 30 de junio.

También se prorroga el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’, aprobado por el Gobierno el pasado octubre, y suavizado semanas después para excluir del mismo la energía vendida en contratos a largo plazo.

Asimismo, ha anunciado la prórroga del descuento del 60% y del 70% en el bono social eléctrico, invitando a gobiernos autonómicos y municipales a aprobar medidas de protección a consumidores vulnerables, y también la rebaja del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, así como las medidas de flexibilización en la contratación de gas natural para este tipo de consumidores.

SUBASTA ADICIONAL DE RENOVABLES, AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA

Por otro lado, para aumentar la capacidad de generación renovable en España, el presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria de una nueva subasta adicional para este mismo primer semestre del año y una nueva partida de 1.000 millones de euros, dentro del PERTE de energías renovables e hidrógeno ‘verde’ para el desarrollo de nuevos proyectos renovables y de almacenamiento para aumentar la fabricación de sistemas fotovoltaicos y eólicos.

Además, ha anunciado la activación de un plan de reducción del consumo energético en edificios de la Administración General del Estado asociado a la climatización, la movilidad y el alumbrado, y la aprobación de 100 millones de euros para renovar alambrado público con el fin de reducir un 70% el consumo eléctrico.

Asimismo, ha informado de la dotación de 500 millones para acelerar el autoconsumo de electricidad, con medidas para eliminar barreras de acceso a la conexión y la agilización de los trámites administrativos.

VE «URGENTE» AVANZAR EN LAS INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS

Durante su intervención, en la que ha asumido una «ralentización del crecimiento» en España y en la Unión Europea tras las sanciones a Rusia y las consecuencias de la guerra en Ucrania, Sánchez ha señalado que el impacto «más importante y previsible» será en el plano energético, ante la dependencia europea, y española en menor medida, del petróleo y gas ruso.

Así, ha explicado que en España este impacto será «más limitado», al suponer las importaciones desde Rusia únicamente un 4,6% del petróleo y un 8% del gas. En todo caso, ha afirmado que «la seguridad de suministro está garantizada» y ha ofrecido la capacidad de regasificación de España para compensar los efectos de la caída de suministro energético desde Rusia.

«Vamos a seguir desempeñando un papel proactivo para poner al servicio de Europa, entre otras cuestiones, nuestra capacidad de regasificación», ha dicho Sánchez, asegurando que «también es urgente avanzar en las interconexiones eléctricas».

ESPERA «CUANTO ANTES» NUEVAS MEDIDAS DE LA UE

Señalando que «es muy previsible que los precios se mantengan altos y volátiles», impactando en la inflación y el poder de compra de los ciudadanos, ha defendido «reducir» las «dependencias» de la UE y «aprovechar estos debates para resolver de una vez por todas el problema de la subida de precios de la energía y el mercado energético en su conjunto».

En este sentido, ha esperado «cuanto antes» la «segunda comunicación» de la Comisión Europea en materia energética, en la que espera propuestas planteadas por España, como «desacoplar de forma temporal los precios del gas» con el fin de evitar que su «subida extrema» pueda marcar el precio en el mercado de electricidad.

Otras medidas que el Gobierno espera, ha dicho, es el fomento de la contratación a largo plazo para estabilizar los precios, combatir los «problemas de especulación clara» de los derechos de subasta de CO2 y otras medidas ya aceptadas como las compras conjuntas de gas y la creación de reservas estratégicas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 38 entidades radicadas en Reino Unido, Irlanda y Chipre que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

La FCA británica ha avisado de Profitearningfxmt, Trusted Forex Trade, Premium Fx, Octafx Signal, Net – Tradersfx, Mycrypto-Investment, Minerfxs, Ofxtrade, Crypto Vest, Moonfx Trade, Livefxstock, Pentiumfx, Raj Forex Trade, Globaltradefxpro, Otto Global Forex Limited, Fx-btg, Nexa Forex, Green Visoin Fx, Fncbrandsfx, Capital Tradebrokers, Multi Gloval Minersfx, Maximum Fx Trade Limited, Global Fx Team, Mundo Crypto, Henex Global, Realiableminingfx, Digitalcryptominers, Elitecryptogain, Fxcrypto Index, Tradecryptominers, Cryptexfxbitrade y Grace Fx Mining Pool.

Por su parte, la CBI irlandesa ha advertido de Irkasio Systems Ou T/A Fitrex y de los clones Longleaf Management Company LTD, Online Geldanlagen y TC New Horizon, mientras que la Cysec de Chipre ha publicado en su página web una lista con 386 entidades.

Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’ pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los ‘chiringuitos financieros’.

El campo de Valladolid se echará a la calle este viernes, 4 de marzo, para alertar de la situación «crítica» que vive el sector y para demandar soluciones a las administraciones públicas que «minimicen» los costes de producción.

Asaja, COAG y UPA han convocado para ese día una tractorada que arrancará a las 11.30 horas de la esplanada del estadio José Zorrilla para concluir en la Delegación del Gobierno donde los responsables de las organizaciones agrarias entregarán un manifiesto con 19 puntos y reivindicaciones.

En este sentido, el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, ha advertido de que la situación actual es «crítica» para el sector debido a que los ‘inputs’ que utiliza el sector –carburante, fertilizantes, piensos…– se han disparado de una forma «incontrolable».

«Los costes de la energía han subido hasta un 300 por ciento; los fertilizantes entre un 250 y un 300 por ciento; el gasóleo ha brincado ya por encima del euro; los piensos han subido una burrada ante el incremento de precio de los cereales la soja y el maíz… Todo esto pone en duda la rentabilidad de las explotaciones que tenemos», ha resumido.

El dirigente agrario ha advertido de que el campo está en un «momento clave» y reclamarán, con esta manifestación y la del próximo 20 de marzo en Madrid a nivel nacional, a las administraciones públicas «soluciones para minimizar los efectos del incremento de los costes de producción».

También ha cargado contra el Gobierno por negociar «a espaldas» de las organizaciones agrarias una reforma de la PAC que «no gusta nada al sector» ya que, a su juicio, penalizan al agricultor profesional, por lo que piden que «escuchen» sus alegaciones.

Por último, ha pedido «respeto» para el mundo rural. En este punto ha lamentado que se «demonice» desde determinados «estamentos y Ministerios» a agricultores y ganaderos. «Tienen un gran desconocimiento sobre el mundo rural y sus problemas. Legislan y critican en contra de nuestra forma de vida, de nuestras costumbres. La agricultura y ganadería española es un sector muy profesional que trabaja al límite de la rentabilidad. Producimos alimentos para la sociedad y, a pesar de las dificultades que hemos pasado últimamente por la pandemia, nunca han faltado, por lo que nos merecemos algo más que estas críticas de políticos que legislan desde un despacho», ha concluido.

Una crítica en la que ha incidido, desde COAG Valladolid, Alberto Luque que lamenta que se «criminalice en exceso» al sistema agrario. «Quieren que dejemos de ser productivos, la ganadería sea algo simbólico, y van camino de conseguirlo. Al final las cosas de comer quedarán en manos de cuatro. Porque es de lo que hablamos, de comida, de algo esencial para las personas», ha añadido.

Luque ha lamentado que la Ley de Cadena Alimentaria no haya tenido la «fuerza suficiente». «La formación de un precio tiene que ir desde abajo, sabiendo cuáles son los costes de producción y llegar aun precio final. No es normal que se pague el kilo de patatas al agricultor a 0,18 euros y el consumidor lo pague a 1,5 euros», ha añadido para reivindicar la necesidad de un observatorio de precios.

Además, ha alertado sobre la situación generada por el conflicto en Ucrania, al recordar que este país produce maíz y aceite de girasol. «Nos vamos a ver afectados», ha espetado, para añadir que la sequía también les está «machacando».

Por último, desde UPA, Manuel Jiménez Rodríguez, ha insistido en que los profesionales puedan vivir de su trabajo «de forma digna» y con «una rentabilidad positiva» para poder vivir en el medio rural. En este punto, ha reclamado a las administraciones «mayor apoyo en los seguros agrarios» ante la sequía que se avecina para y mayor «agilidad» para poner en marcha la Ley de Cadena Alimentaria. «Nos jugamos mucho este viernes para poner de relieve las necesidades que tiene el campo y lo mal que lo está pasando al sector», ha apostillado.

LLAMAMIENTO A UCCL

Por último, Juan Ramón Alonso ha lamentado que UCCL haya roto la «unidad de acción» de forma «unilateral» y ha invitado a que se unan a la manifestación del viernes.

«No sé que motivos tendrán, pero lo que no es cierto es que les hayamos vetados. Hemos hecho un gran esfuerzo para que estuvieran con nosotros, pero son ellos los que deben decir que motivos tiene, pero que digan la verdad», ha insistido para reconocer, finalmente, que esta situación «afecta» al sector porque los profesionales ven que no están «unidos».

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha reconocido que la invasión rusa de Ucrania puede impactar en la inflación y el crecimiento de las economías europeas, aunque ha asegurado que el impacto en el canal financiero y desde el punto de vista comercial para España no será muy relevante.

Durante el ‘V Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa: Post-Covid, Nuevos Paradigmas’ organizado por Universidad Carlos III de Madrid, la subgobernadora ha explicado que el impacto que tendrá la crisis bélica se verá en las próximas semanas o meses, aunque potencialmente puede producirse en tres canales: comercial, de materias primas y financiero.

Desde el punto de vista comercial, Delgado ha apuntado que Rusia tiene unos nexos con Europa más importantes que los de Estados Unidos, aunque este no es el caso de España, donde las relaciones comerciales con el país son «relativamente pequeñas» y la dependencia del gas ruso es «menor» que la de otros países de la zona euro.

En cuanto a las materias primas, la subgobernadora ha explicado que el conflicto puede afectar a los precios de la energía y otras materias primas que Rusia y otros países adyacentes exportan a las economías avanzadas.

Respecto al impacto a través del canal financiero, la subgobernadora del Banco de España ha afirmado que el potencial impacto «no es excesivamente relevante» en Europa y, menos aún, en España. «Prácticamente, las cifras son ridículas», ha asegurado Delgado, para apuntar que lo importante será cómo se traslade a los precios de la energía y la inflación.

«Aquí la clave es cómo todo esto se va a trasladar, y se está trasladando ya, a unos mayores precios de la energía y a una inflación más persistente. Potencialmente, todo eso puede desembocar en una reducción de las rentas disponibles de las familias y, por supuesto, a un estrechamiento de los márgenes empresariales. Y todo eso puede derivar potencialmente (y es lo que todos nuestros servicios de estudio están ahora valorando) en un menor crecimiento de las economías mundiales y, por supuesto, europeas», ha explicado.

Por otro lado, Margarita Delgado ha puesto en valor que el euro, como moneda única, ha favorecido la operativa comercial y el crecimiento de la zona euro y de Europa, así como el «espíritu de coordinación» entre todos los países de la UE y el establecimiento de los dos principales pilares de la Unión Bancaria, si bien ha lamentado la falta de un fondo de garantía de depósitos europeo.

«Hasta ahora no se han dado pasos lo suficientemente importantes a tener este fondo, que pasa por mutualizar riesgos y que un euro valga lo mismo en cualquier país de la Unión Monetaria. Esto es un elemento que nos falta y es una pena que no hayamos sido capaces de completar definitivamente la Unión Bancaria, pero nosotros, desde el punto de vista de España y el Banco de España, vamos a seguir luchando en todos los foros posibles para su consecución», ha asegurado.

LA DEUDA PÚBLICA SIGUE SIENDO UN RIESGO PARA LA ECONOMÍA

A preguntas sobre deuda pública española, que alcanza el 118% del PIB, la subgobernadora ha recordado que se trata de uno de los riesgos que el Banco de España suele plasmar en sus informes de estabilidad financiera.

«Ahora vamos a publicar el informe de estabilidad financiera de primavera y uno de los riesgos que aparecen es el excesivo endeudamiento del sector público, porque evidentemente resta crecimiento a la economía y la competitividad», ha avanzado.

En este escenario, Delgado ha apelado a la necesidad de hacer un análisis, tanto por el lado de los ingresos y de los gastos. «Sería necesario llevar a cabo un análisis de cuál es la adecuación y rentabilidad de ese gasto público para tratar de influir en aquellos casos en que sea menos productivo para la economía española, pero es necesario, evidentemente, un plan a medio plazo de consolidación fiscal», ha avisado.

Aunque ha puesto en valor el «esfuerzo» de alargamiento del vencimiento medio de la deuda emitida por el Tesoro español, que ha contribuido a reducir los costes, la subgobernadora ha advertido de que esta situación «no es sostenible en el medio y largo plazo y tampoco es creíble», a la vez que puede llevar a una mayor fragmentación de los mercados e influir en las primas de riesgo.

FACILITAR LA TRANSICIÓN DIGITAL «ORDENADA Y JUSTA» DE LA BANCA

Durante el evento, la subgobernadora del Banco de España ha reflexionado sobre el proceso de digitalización del sector bancario español, que ha experimentado «una transformación sin precedentes» en los últimos años, con una reducción en más de un 50% de las oficinas y las plantillas desde 2008, aunque España todavía cuenta con 193 entidades de crédito y 33 establecimientos financieros de crédito.

«Es verdad que teníamos una capacidad instalada excesiva para nuestra economía y su crecimiento. Se ha producido un proceso de reasignación, ha llegado la digitalización y la transformación de muchos modelos de negocio y creo que los supervisores y autoridades no podemos cerrar los ojos ante estos procesos de cambio. Lo que tenemos que hacer es facilitar, fomentar y alentar a que todos esos procesos se produzcan en una transición ordenada, justa y atendiendo a todas las capas de los clientes de la sociedad», ha defendido.

La subgobernadora del Banco de España ha descartado que el dinero en efectivo vaya a desaparecer, sino que vaticina que convivirá con las monedas digitales y será complementario a estas, pues ya se han dado casos de países que han tenido que dar marcha atrás en sus planes más agresivos de implantación de monedas digitales porque determinados colectivos quedaban excluidos del sistema.

Airbus Flight Academy Europe (AFAE), filial al 100% de Airbus, ha inaugurado un nuevo campus en Angoulême (Francia) y ha confirmado que Volotea ha sido la primera aerolínea en reclutar a cadetes de pilotos formados por Airbus.

En concreto, Volotea ha contratado a once de los pilotos recién graduados por Airbus, lo que, según el fabricante, es un «respaldo a la calidad» de su programa de formación, que comenzó en 2019.

El programa equipa a los cadetes con las habilidades necesarias para convertirse en un «piloto listo para las operaciones», centrándose en el desarrollo de las competencias técnicas y de comportamiento clave de los pilotos.

Los cadetes de Airbus, que actualmente se encuentran en la fase final de su formación como pilotos, se incorporarán a Volotea y volarán como pilotos de aerolíneas comerciales entre abril y mayo de este año.

El Programa de Formación de Pilotos Cadetes de Airbus está abierto a graduados de secundaria mayores de 18 años en todo el mundo. Los candidatos se someterán a pruebas de selección ‘on line’ y presenciales antes de poder optar a la formación, que incluirá más de 750 horas de escuela en tierra, más 200 horas de formación práctica (vuelo y simulador).

La compañía de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway cerró 2021 con unas pérdidas de 1.044 millones de euros, lo que supone multiplicar por siete los ‘números rojos’ de 151 millones que contabilizó en el conjunto de 2020, según ha informado este miércoles.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue negativo en 350 millones de euros, frente al dato positivo de 363 millones de euros de 2020.

El consejero delegado de la empresa, Jitse Groen, ha subrayado que las pérdidas registraron su pico en el primer semestre de 2021 y que la empresa está «progresando rápidamente hacia la rentabilidad».

Los ingresos entre enero y diciembre fueron de 4.495 millones de euros, más del doble que en el año anterior. Los ingresos por reparto de pedidos se elevaron un 118%, hasta 4.314 millones de euros, mientras que los ingresos complementarios se multiplicaron por 2,7, hasta 181 millones.

Los costes de reparto se multiplicaron por 3,6, hasta 2.531 millones de euros, mientras que el coste de procesamiento de pedidos se duplicó, hasta 406 millones de euros. A su vez, los gastos de personal también se elevaron más del doble, hasta 890 millones de euros, al tiempo que el resto de gastos operativos avanzó un 77,7%, hasta 1.164 millones.

La plataforma cerró 2021 con 99 millones de clientes activos, un 9%, de los cuales son clientes habituales el 67%, un punto porcentual más. Asimismo, en el conjunto del año contabilizó 1.086 millones de pedidos, un 33% más, con un ticket medio de 25,94 euros.

Las administraciones cumplieron o se comprometieron a cumplir el 43,9% de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2021, según se desprende de la Memoria de Actividades que la institución ha publicado este miércoles.

Dentro de este porcentaje, las comunidades autónomas han mostrado su compromiso a cumplir el 88,2% de las recomendaciones. Sin embargo, el grado de compromiso o de cumplimiento de la Administración Central se limitó al 12,5%.

En concreto, la Administración Central cumplió las recomendaciones de ajustar la deuda autonómica a las necesidades reales y de mantener o incrementar la publicación de información sobre la actividad de las Administraciones Públicas, entre otras. Por el contrario, se apartó del resto de recomendaciones, entre las que destacan las encaminadas a contar con una estrategia fiscal a medio plazo.

La Memoria recoge la actividad desarrollada en 2021, un ejercicio marcado de nuevo por la pandemia y la crisis sanitaria, social y económica, aunque también ha brindado elementos de optimismo gracias a la vacunación masiva que ha permitido una paulatina vuelta a la normalidad y el inicio de la recuperación económica.

No obstante, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha admitido que desde la institución son «cautelosos» con la situación económica del país, ya que la crisis sanitaria no se puede dar aún por superada y la recuperación económica no ha sido tan vigorosa como se esperaba.

A esta situación hay que añadir el reto de la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la aparición de nuevos factores de incertidumbre como las disrupciones en las cadenas de suministro y el precio de las materias primas energéticas en máximos históricos.

En el ámbito presupuestario, las reglas fiscales continuaron suspendidas en 2021 y la AIReF constató en su informe de 30 de julio que seguían concurriendo las circunstancias excepcionales que justifican la activación de la cláusula de escape también en 2022.

Como la AIReF ha indicado en numerosas ocasiones, esto no implica la suspensión de la supervisión por lo que el año pasado emitió los informes preceptivos ligados al ciclo presupuestario y continuó recomendando la necesidad de definir una estrategia a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Además, la AIReF contribuyó a la consulta pública de la Comisión Europea sobre esta materia y formando parte del grupo de trabajo de la red europea de Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) que ha redactado una propuesta sobre la revisión del marco de gobernanza fiscal europeo.

NUEVA DIVISIÓN PARA EVALUAR EL GASTO PÚBLICO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó durante el año 2021 los informes ligados al ciclo presupuestario, participó en el debate sobre el futuro de las reglas fiscales y creó la División de Evaluación del Gasto Público y un nuevo Consejo Asesor.

En concreto, la AIReF ha puesto en valor haber alcanzado en 2021 un hito clave con la creación de la División de Evaluación del Gasto Público, que supone un avance en el compromiso fijado en el Plan Estratégico 2020-2026 de impulsar la evaluación de las políticas públicas.

Este impulso ha sido posible gracias a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que en el Componente 29 sobre la eficiencia del gasto público recogía numerosos compromisos en esta materia.

Además de la creación de la nueva división, el Plan de Recuperación se comprometió a iniciar la tercera y última fase del Spending Review 2018-21, cuyo plan de acción se aprobó en diciembre de 2021 y que marca el inicio para evaluar dos políticas públicas a lo largo de 2022: instrumentos financieros del sector público de apoyo a los sectores productivos y gestión de residuos urbanos.

En 2021 se trabajó, además, en las propuestas de posibles materias a evaluar en el futuro, después de que el Plan de Recuperación consolidara la actividad de evaluación de la AIReF con el encargo de un nuevo Spending Review 2022-2026.

El Componente 29 del Plan apuesta también por la integración de la evaluación en el ciclo presupuestario mediante, por ejemplo, la creación de una unidad de seguimiento de las propuestas formuladas en las evaluaciones de políticas públicas que impulse la toma de decisiones basadas en datos objetivos.

En 2021 también se iniciaron los trabajos para la realización de un estudio sobre la cooperación financiera internacional para el desarrollo y se realizaron varias evaluaciones solicitadas por las administraciones territoriales.

COMPARECENCIAS EN LAS CORTES

Por otro lado, cumpliendo con el principio de rendición de cuentas, la presidenta de la AIReF compareció en tres ocasiones en el Congreso y el Senado, en las Comisiones de Hacienda y en la de Presupuestos, para informar sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 y sobre el Plan Presupuestario.

En 2021, la AIReF constituyó un nuevo Consejo Asesor formado por personas de reconocido prestigio por un periodo de dos años renovables, materializando así otro de los compromisos de la presidenta.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia tendrá un «doble impacto» para la zona euro desde el punto de vista económico, con una mayor inflación y un crecimiento más débil, según ha indicado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante su intervención en el ‘V Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y Empresa’, organizado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad Carlos III.

El exministro español de Economía ha destacado que no se haya producido una tensión extrema de liquidez en los mercados, salvo episodios puntuales, debido a que la economía rusa no es una economía grande y además la exposición de los sistemas financieros, particularmente el europeo, «es bastante limitada», por debajo del 0,3% del total del sistema bancario y no bancario europeo.

Sin embargo, el vicepresidente del BCE ha reconocido que el aspecto más problemático a futuro deriva de la importancia de Rusia en los mercados energéticos, donde ya se ha visto un impacto en unos precios que ya estaban tensionados.

De esta manera, Guindos ha advertido de que esto tendrá «un doble impacto en la economía europea», ya que, en primer lugar se sumará a las tensiones inflacionistas previas, después de una nueva «sorpresa negativa» de la inflación en febrero, con una tasa récord del 5,8%.

Asimismo, el economista español ha señalado un segundo impacto por el debilitamiento del crecimiento de la zona euro a raíz del deterioro de los intercambios y de las importaciones energéticas y su efecto en los precios, reduciendo la renta disponible de las familias y la posición financiera de las empresas.

«El conflicto, a través del canal macro y de la confianza, tendrá un impacto de mayor inflación y menor crecimiento», ha apostillado, subrayando la necesidad de evitar efectos de segunda ronda, no solo en los salarios, sino en otro tipo de rentas que se determinan en los presupuestos nacionales.

De su lado, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha destacado que el impacto de la invasión rusa de Ucrania para España es relativamente pequeño desde el punto de vista comercial, ya que los intercambios del país con Rusia son pequeños y la dependencia española del gas ruso es menor que la de otros países.

Asimismo, respecto al impacto a través del canal financiero, este no será excesivamente relevante para Europa y en el caso de España aún se verá menos afectada.

«La clave es cómo se trasladará a los precios de la energía y la inflación y eso lleva a reducir la renta de las familias y puede derivar en un menor crecimiento de las economías mundiales y europeas», ha coincidido.

SANCIONES A RUSIA.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha expresado su confianza en que las sanciones implementadas contra Rusia tendrán un impacto notable y afectarán de manera muy negativa a la economía del país.

En este sentido, ha destacado la congelación de los activos del Banco Central de Rusia, así como la desconexión de la mayoría de los bancos rusos del sistema SWIFT, a las que hay que sumar otras restricciones comerciales, así como del espacio aéreo o la congelación de activos de oligarcas rusos.

«La combinación de estas medidas ha puesto sobre la mesa un paquete que afectará notablemente, algo que estamos viendo en la evolución del rublo, y que tendrá un impacto muy negativo en la economía rusa e indica el compromiso de los valores occidentales ante una agresión inaceptable», ha señalado.

El PIB español sería actualmente un 19% superior si en 2020 se hubiesen cerrado las brechas de género aún existentes en materia laboral, educativa o sanitaria, de acuerdo con las conclusiones de la segunda edición del Índice ClosinGap presentado este 2 de marzo y elaborado por PwC España, indicador de referencia para la medición y seguimiento de la evolución de la igualdad de género en España y de su incidencia en el PIB.

El estudio señala que si se pusiera fin a las brechas de género en el mercado laboral, en las horas trabajadas y en la distribución del empleo sectorial, el PIB español podría aumentar en 213.299 millones de euros, el equivalente a un 19% más que 2020.

Asimismo, este incremento potencial vendría impulsado por la creación de 2,8 millones de empleos femeninos equivalentes a tiempo completo. Otra de las conclusiones del estudio señala que la reducida participación de las mujeres en el mercado laboral, el inferior número de horas trabajadas por cuestiones de parcialidad y su sobrerrepresentación en sectores económicos poco productivos provoca que las mujeres solamente contribuyan a un 41,4% del PIB, a pesar de representar el 51,4% de la población en edad de trabajar.

En el apartado productivo, históricamente, las mujeres han estado sobrerrepresentadas en sectores económicos menos productivos. Sin embargo, como actualización respecto al año anterior, los sectores donde las mujeres están más presentes (educación, sanidad, etc.) han aumentado su productividad, haciendo que las mujeres se encuentren en el mismo nivel medio de productividad que los hombres.

«Las principales conclusiones que se extraen de este análisis no pueden ser más contundentes: el índice de paridad de género ha empeorado respecto al año pasado por efecto de la pandemia. Atendiendo al impacto social y económico que supone esta circunstancia para nuestra economía, es imprescindible el impulso de iniciativas para revertir esta situación desde el ámbito público y privado», ha añadido por su parte Manuel Martín Espada, socio responsable de Mercados de PwC España.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de cerrar la jornada felicitando a ClosinGap por su labor y destacando que la igualdad de género es una condición necesaria para el desarrollo económico y social de cualquier país.

El estudio destaca que la pandemia ha ampliado las brechas de género en España, incrementando hasta 2058 el período que se necesitaría para alcanzar la paridad plena entre mujeres y hombres. Esta cifra supone una evolución negativa en su comparativa con los datos de la edición anterior, que indicaba que las brechas de género en España se cerrarían en el 2055.

Los autores del estudio argumentan que se necesitarían 34 años para cerrar la brecha de género en España sin el efecto de la pandemia. Si se tiene en cuenta 2021, el perido se incrementa un año más y si se asume un efecto prolongado hasta 2023, faltarían 36 años para alcanzar la paridad, por lo que la pandemia ha retrasado el cierre de la brecha en dos años, hasta el 2058.

Así, entendiendo el 100% como la paridad plena, el índice se sitúa en el 63,3%, frente al 64,1% que marcaba el año pasado, por lo que la brecha de género ha aumentado en España y aún queda un 36,7% por cerrar(desde el 35,9% anterior).

El Índice ClosinGap es un indicador agregado de las mediciones de paridad en cinco grandes categorías (Empleo, Educación, Conciliación, Digitalización y Salud y Bienestar) mediante un análisis pormenorizado de un total de 28 variables clave para el desarrollo personal y profesional de una sociedad.

En el análisis pormenorizado se observa que la pandemia ha incidido de forma especialmente negativa en la conciliación. Esta situación se refleja en un incremento mayor en las tasas de parcialidad en el empleo para las mujeres que para los hombres en el marco de la pandemia. Asimismo, el estudio señala que las mujeres asumen más peso en las tareas domésticas durante el confinamiento provocado por la Covid-19 que los hombres.

Estas desigualdades provocan que el indicador de paridad en el ámbito de la conciliación se ubique en el 40,8%, quedando por cerrar una brecha de 59,2%, lo que supone un retroceso respecto a hace un año.

«Esta categoría es un determinante clave en el desarrollo personal, social, profesional y económico de hombres y mujeres. La conciliación es uno de los aspectos que ha frenado durante muchos años (y continúa haciéndolo) la progresión profesional y económica de la mujer, además de las consiguientes implicaciones en la salud y bienestar», ha señalado en la presentación la directora del equipo de Strategy & Economics, Anna Merino, en el área de consultoría estratégica de PwC.

En cuanto a la brecha de género en la salud y el bienestar es reducida, pero el informe recuerda que lleva años estancada porque las variables no mejoran en mayor medida para las mujeres respecto a los hombres, sino que lo hacen de forma muy similar. En el análisis particular de esta categoría se observa una leve caída que lleva al indicador al 84,4%, por lo que aún queda un 15,6% de brecha de género por cerrar.

La pandemia también ha provocado que el riesgo de pobreza o exclusión haya crecido ligeramente más para las mujeres que para los hombres, agravando una circunstancia ya existente con anterioridad. La situación sanitaria a la que se enfrenta el conjunto de la sociedad española ha contribuido a poner de manifiesto la existencia de esta brecha y su relevancia a la hora de afrontar una situación de extrema urgencia como esta pandemia.

En el terreno de la educación se observa un estancamiento en la evolución de la igualdad en España, con indicador de paridad sin cambios respecto a hace un año (67,9%). Aunque se ha mantenido en el mismo nivel, y la ratio de mujeres con educación terciaria o universitaria sigue siendo superior a la de los hombres, la variable que es clave en esta desigualdad es el bajo acceso de las mujeres a carreras STEM, que acaban derivando en empleos en industrias con alto valor añadido.

Mientras, la paridad en el ámbito de la digitalización ha aumentado hasta alcanzar el 71,4% gracias a un ligero repunte de mujeres especialistas en TIC respecto a los hombres. No obstante, esta ratio continúa siendo muy baja atendiendo a estadísticas como que por cada mujer especialista en TIC hay cuatro hombres. La brecha de género en digitalización se sitúa en 28,6%.

«Estos nuevos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas sustentadas en el aprovechamiento del talento femenino como palanca clave de crecimiento y recuperación económica. Nuestra sociedad no está en disposición de retroceder en el camino en el que muchos, como los que formamos parte de ClosinGap, estamos trabajando para construir una sociedad próspera e igualitaria», ha destacado la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez.

AVANZA LA PARIDAD EN EL EMPLEO

Contrastando con el resto de las categorías, el indicador de paridad en empleo ha evolucionado del 65% al 66,1% y se ha reducido la brecha por cerrar al 36,9%. Esta mejora se debe al incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral, un menor empleo precario, una mejoría en el salario por hora y una caída de la brecha en las pensiones que afectan al conjunto de las mujeres.

Reyal Urbis ha vuelto a sacar a subasta los activos que incluyó en un ‘megalote’ de 190 millones de euros y que quedó desierto el pasado mes de diciembre, por lo que esta vez ha decidido subastar cada uno de ellos de forma individual.

Según informa Subastas Procuradores, algunos de estos bienes son un Hotel en Baqueira (Lleida) con una puja mínima de 4,7 millones de euros, una parcela de suelo urbano en Málaga de 5,2 millones o una oficina en Madrid de 256 metros cuadrados y 1,3 millones de euros.

Reyal Urbis fue declarada en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2013 por un juzgado de lo mercantil tras tres refinanciaciones de deuda fallidas, y el Colegio de Procuradores inició en noviembre de 2020 la subasta extrajudicial de sus activos.

Después de 15 meses, ya se han subastado 108 bienes por un valor cercano a los 400 millones de euros, ubicados por todo el territorio nacional, aunque principalmente en Andalucía, con un total de 35 activos, seguida de Madrid, con 32, y la Comunidad Valencia e Islas Canarias, con 6.

El interés por estos inmuebles ha reunido a 241 interesados, que han emitido un total de 1.678 pujas en 96 subastas ya finalizadas, generando más de 125.000 visitas a la web. El capital recuperado asciende a 119 millones de euros, cantidad que representa el 26,9% del valor total de los bienes subastados y el 81,3% del valor de las subastas que han acabado con puja.

La compañía protagonizó la segunda mayor quiebra de España, con un pasivo que superaba los 4.660 millones de euros. La empresa cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificables, 214 viviendas en stock y 103.000 metros cuadrados de patrimonio en renta, incluyendo hoteles.

El pasado 14 de octubre arrancó una macrosubasta que congregaba varios activos, pero finalizó el 21 de diciembre sin ningún pretendiente. Entre otros activos incluidos en ese gran paquete se encontraba el edificio de oficinas en Torrelaguna (Madrid); el Hotel Rafael Atocha (Madrid); el Hotel EH Pirámides (Madrid); el Hotel RH Ventas (Madrid) o el Hotel RH Badalona, entre otros.

Mientras tanto, en la última lista de morosos con Hacienda, Reyal Urbis, junto con la también inmobiliaria Nozar, seguían figurando entre las sociedades con mayores deudas con el fisco, al deber 340,01 y 214,88 millones de euros, respectivamente.

Fundación Repsol y la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) han firmado un acuerdo para desarrollar conjuntamente acciones de promoción, divulgación e impulso de la movilidad sostenible, eficiente y digitalizada.

Con este acuerdo las dos partes pretenden impulsar el debate público sobre los grandes retos a los que se enfrenta la movilidad en las próximas décadas, mediante la realización de un ciclo de conferencias, estudios e informes conjuntos, así como eventos y otras acciones formativas de la mano de Open Room, la plataforma digital sobre transición energética de la Fundación Repsol, la Red de Cátedras Fundación Repsol en Transición Energética y la Universidad Faconauto.

Asimismo, se pone a disposición de los asociados que forman parte de Faconauto, los proyectos de sostenibilidad y nueva economía en los que Fundación Repsol está trabajando a través de iniciativas de inversión de triple impacto (económico, social y medioambiental), a los que podrían acceder de manera personalizada .

Los firmantes del acuerdo han sido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, en el marco del Congreso & Expo de Faconauto en presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Brufau ha destacado que tanto la industria española como la europea tienen que poder competir en igualdad de condiciones con otras regiones del mundo en las que las metas de descarbonización son menos restrictivas y para que el resultado de todo esto no sea más desempleo y mayor deslocalización de la economía y de la industria.

«Tenemos la responsabilidad de que se multipliquen los proyectos e iniciativas que ayuden a explicar, y sobre todo a racionalizar, el debate público alrededor de la revolución que está experimentando el concepto de movilidad, que discurre en paralelo a la de transición energética. La transición ha de ser ordenada y justa, y la mayor justicia es que no se destruyan puestos de trabajo en este proceso y que no genere más desequilibrio territorial en nuestro país», ha señalado Pérez.

Singapore Airlines, como única aerolínea, junto con Airbus, Rolls-Royce y Safran, han firmado la Declaración Global SAF en el Salón Aeronáutico de Singapur, que busca aumentar de forma constante el uso del combustible de aviación sostenible durante los próximos diez años.

Tal y como ha informado en un comunicado, la iniciativa está abierta a todas las aerolíneas, así como a las organizaciones aeronáuticas y aeroespaciales como complemento a sus compromisos de sostenibilidad.

Según la compañía aérea, la Declaración Mundial sobre el SAF hace un llamamiento a los socios de la industria aeroespacial, de la aviación y de la cadena de valor del combustible para que incorporen el uso del combustible sostenible en su actividad.

El vicepresidente senior de Planificación Corporativa de Singapore Airlines, Lee Wen Fen, ha destacado que la firma de la compañía reafirma su compromiso de alcanzar emisiones libres de carbono para 2050.

«En este sentido, seguiremos colaborando con socios afines en todo el mundo para fomentar la descarbonización y la sostenibilidad medioambiental en todas nuestras operaciones», ha añadido.

Por su parte, la directora Técnica de Airbus, Sabine Klauke, ha señalado que el fabricante de aeronaves está comprometido con el alcance de los objetivos conjuntos de la industria de una aviación libre de emisiones de carbono para 2050.

Asimismo, ha destacado que la Declaración impulsará el reto de seguir aumentando y fomentando la adopción de SAF a nivel mundial, así como los incentivos y las políticas a largo plazo que fomentarán su uso.

El presidente de Ifema Madrid y vicepresidente ejecutivo de Producción y Cadena de Suministro del grupo Renault y de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, así como presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, ha abogado por un nuevo plan, a parte de los programas como el Moves III, que se centre en la descarbonización del parque automovilístico español.

Así lo ha indicado en su discurso de apertura en el XXXI Congreso & Expo de Faconauto, incidiendo en que el sector está en un momento de cambio y se está implicado con la descarbonización.

Sin embargo, el también expresidente de Anfac ha señalado que es necesario un plan de descarbonización para actualizar el parque y quitar de la circulación los coches más antiguos y, así, mejorar las emisiones de España puesto que el 92% de la emisiones de dióxido de carbono (CO2) corresponde a vehículos de más de diez años.

Asimismo, ha recordado que desde Ifema el sector del motor estará presente su actividad anual y ha señalado que el Global Mobility Call, que se celebrará del 14 al 16 de junio, va a ser una convocatoria que «nace como un evento país» y cuenta con el apoyo del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, buscando posicionar a España como un «actor clave» en el marco de la movilidad sostenible.

En referencia a la transformación del sector, De los Mozos ha considerado que España debe «ponerse las pilas», ya que la cadena de valor del vehículo eléctrico nada tiene que ver con la de aquellos propulsados por combustible.

También ha querido hacer referencia al «complicado» momento que atraviesa el sector, tanto por los problemas que afectan la cadena como los conflictos geopolíticos actuales, haciendo referencia a la invasión de Ucrania.

CON LA INDUSTRIA ENERGÉTICA DE LA MANO

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en su intervención en la apertura del Congreso, ha coincidido con De los Mozos destacando la importancia que tiene la descarbonización como preámbulo para una movilidad sostenible y verde.

«Hay que reducir el mayor número de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en el menor tiempo posible», ha explicado. Esa movilidad deberá ir acompañada de una economía justa, inclusiva y competitiva en la que los consumidores «puedan tomar sus propias decisiones.

Brufau ha querido reflexionar sobre los costes de la movilidad eléctrica para los consumidores, por ello, ha señalado que Repsol está comprometida para desarrollar nuevas tecnologías, ya que «el futuro no se basará en una tecnología, si no en varias de ellas.

En cuanto a la oferta de la energía, ha subrayado que hay «innumerables» avances a disposición de los clientes y ha apuntado al gas como combustible de transición y en el futuro a los carburantes sintéticos cuando sean competitivos en coste para que pueda ser escalable.

«Cuando visualizamos los desafíos de la cadena de valor de la energía, tenemos ante nosotros la gran oportunidad de desarrollar una visión común. Solamente una visión conjunta basada en la tecnología será clave para dos sectores estratégicos del país», ha destacado Brufau.

Finalmente, la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, ha querido agradecer tanto a De Los Mozos, como a la ministra Maroto, además de todos los clientes, asociados, asistentes y participantes en el Congreso su presencia en el mismo.

En su discurso, ha destacado la importancia de los concesionarios por la vinculación con el cliente, concretamente, en la España Vaciada, poniendo en valor los esfuerzos de éstos por aumentar plantilla y hacerla más útil y transparente ya que las comisiones «son las que pelean aquellos problemas que interesan a los clientes».

Por último ha señalado, la importancia de la participación en Faconauto, ya sea a través de jornadas o congresos, y ha destacado los proyectos estratégicos con ‘partners’ como BBVA, Santander o Iberdrola entre otros, que «acercan lo que se hace en Faconauto a la sociedad».

Geopost/DPDgroup ha alcanzado una facturación de 1.036 millones de euros en España, donde opera bajo las marcas Seur y Tipsa y donde entregó hasta 156 millones de paquetes, lo que supone una media diaria de 625.000 entregas, según informa la compañía.

Por un lado, Seur cerró el año con una facturación de 875 millones de euros, habiendo realizado 105 millones de envíos y registrando un incremento del 5% frente al año anterior, con unas ventas en la rama del comercio electrónico de 400 millones de euros.

Las ventas internacionales de Seur supusieron el 32% de los ingresos de la compañía, en torno a 275 millones de euros. También destacó el crecimiento del 34% de Seur frío, derivado de la subida exponencial de la venta ‘online’ de productos frescos y alimentación.

Entre el resto de sus servicios se encuentran también las soluciones ‘out of home’, enfocadas a la sostenibilidad, así como la red ‘pickup’, que supera ya las 3.000 tiendas de conveniencia y ‘lockers’ (taquillas), un 30% más que en 2020, y que reduce en un 63% las emisiones de CO2 asociadas a la última milla.

«De cara al futuro, seguimos con nuestro plan de inversiones de 250 millones de euros hasta 2025, a través del cual seguiremos ampliando nuestra red de infraestructuras, así como para abordar un cambio progresivo hacia una flota sostenible que, a día de hoy, supone ya el 10% del total», explica el consejero delegado de GeoPost/DPDgroup España, Alberto Navarro.

El objetivo de la compañía es lograr un reparto 100% sostenible en el centro de 20 ciudades españolas para 2025 y reducir en un 20% las emisiones de CO2 en sus envíos en todo el territorio nacional. «La implantación de este programa reducirá en un 51% las emisiones de CO2 en estas ciudades y tendrá un impacto directo en 10 millones de habitantes de toda España», añade Navarro.

TIPSA CRECE UN 12%

Por su parte, Tipsa facturó el año pasado 161 millones de euros, un 12% más, gracias a su nuevo Hub Central en Madrid y a su red logística, con la que transportó 30 millones de paquetes, siendo, además, uno de los principales actores en el transporte de las primeras remesas de tres de las cuatro vacunas contra el coronavirus.

«Los servicios de valor añadido, y en concreto el transporte a temperatura controlada, han sido claves en los resultados de Tipsa, que se ha convertido en la empresa de transporte de referencia para los sectores farmacéutico, laboratorios y dental con su división Tipsa Farma», indica la compañía.

De cara al 2022, Tipsa ha anunciado su intención de seguir consolidándose en los mercados estratégicos de la salud, ecommerce e internacional, a la par que seguirá avanzando en las políticas medioambientales y de responsabilidad social corporativa.

«La integración con GeoPost/DPDgroup también nos ha reportado grandes oportunidades de negocio y ha permitido a Tipsa expandirse en el mercado internacional y hacer uso de la red de puntos de recogida Pickup» afirma la consejera delegada de Tipsa, María Luisa Camacho.

RESULTADOS GLOBALES

A nivel grupo, GeoPost/DPDgroup registró unos resultados récord, con un aumento de facturación del 14,8%, alcanzando los 14.700 millones de euros, más de 2.000 millones de paquetes entregados en todo el mundo (8,4 millones de paquetes al día), y un beneficio operativo superior a 1.000 millones de euros por primera vez en su historia, un 25% más que en 2020.

En 2021, la compañía puso en marcha su plan estratégico ‘Together & Beyond’, con el objetivo de convertir a GeoPost/DPDgroup en «la referencia internacional en materia de entrega sostenible y en el principal facilitador de la aceleración del comercio electrónico».

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha instado a valorar los datos de empleo conocidos este miércoles «con cautela», en un contexto de fuerte incertidumbre, acrecentada por el conflicto bélico en Ucrania.

La patronal ha alertado de que se están revisando a la baja las expectativas de crecimiento económico, lo que podría incidir en la evolución de la contratación. «Frente a lo que podría interpretarse como una normalización en la dinámica del empleo, se están revisando a la baja las expectativas de crecimiento económico, lo que podría incidir en la evolución de la contratación», ha señalado a través de un comunicado.

El número medio de afiliados en febrero se sitúa en 19.694.272 y el de desempleados en 3.111.684, sin tener en cuenta los excluidos de las listas oficiales por estar realizando cursos de formación o ser demandantes de empleo con «disponibilidad limitada» o con «demanda de empleo específica».

Estas cifras sitúan a España en niveles de empleo por encima de los previos a la crisis sanitaria, lo que merece para la CEOE una «valoración positiva», especialmente por la mejora relevante en términos interanuales en las mujeres, los jóvenes, todos los territorios y aquellos sectores que habían sufrido más con la pandemia y que todavía se enfrentan a la incertidumbre, como la hostelería, que ha crecido en 205.966 afiliados respecto a las mismas fechas del año anterior.

No obstante, en este contexto «tan incierto», la patronal ha insistido en seguir con prudencia la evolución del empleo en los próximos meses y mantenerlo como prioridad frente a otros objetivos a corto plazo que pudieran generar efectos inflacionistas de segunda ronda y pérdida de competitividad del país y de las empresas.

La cadena chilena de ‘retail’ Falabella registró un beneficio neto atribuido de 652.030 millones de pesos chilenos (730 millones de euros) en el ejercicio de 2021, lo que supone multiplicar por más de 20 las ganancias contabilizadas un año antes, según consta en las cuentas anuales de la empresa.

El impulso en el beneficio se explica principalmente por la mayor facturación cosechada durante el año. En 2021, la cifra de negocio de la empresa, sin contar los negocios bancarios, alcanzó los 10,33 billones de pesos (11.558 millones de euros), un 25% más que en 2020.

El gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, ha destacado que en 2021 la cadena atendió a 35 millones de clientes a nivel regional, un crecimiento de 25% sobre el año anterior, lo que demuestra «la buena receptividad de las propuestas» que la firma está llevando a cabo. Durante 2021, el negocio en las tiendas físicas se incrementó un 35%, mientras que las ventas ‘online’ se impulsaron un 25%.

Los costes asociados a ventas superaron los 7 billones de pesos chilenos (7.882 millones de euros), un 21,7% más; mientras que las partidas destinadas a gastos de distribución y administración crecieron un 14,7% y un 4,6%, respectivamente. Por su parte, el resultado operativo de la compañía alcanzó los 311.580 millones de pesos (349 millones de euros), un 84,2% más.

En lo que respecta al negocio bancario, la empresa ha subrayado que durante el año se siguió avanzando en la digitalización del negocio financiero. Se abrieron más de 745.000 tarjetas CMR 100% digital en Chile, Perú y Colombia, y el 59% del origen de productos financieros se realizó a través de canales digitales.

Ferrovial y Acciona se han adjudicado la construcción de la plataforma del tramo de alta velocidad entre la localidad murciana de Lorca y la almeriense de Pulpí (España) por 171 millones de euros, que se enmarca dentro del Corredor Mediterráneo.

El contrato comprende un segmento de 31,3 kilómetros que corresponde a la línea Murcía-Almería y que consistirá en la ejecución de la plataforma de vía doble de la Línea de Alta Velocidad entre las dos localidades e incluye la remodelación de las estaciones de Pulpí y Puerto Lumbreras, así como una nueva estación en Almendricos.

La actuación comienza en el término municipal de Lorca y aprovecha parte del trazado de la línea ferroviaria existente Lorca-Águilas, de vía única y ancho ibérico y sin electrificar, teniendo que desmontar únicamente 20 kilómetros del trazado de la vía actual.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo, destacan la construcción del túnel del Rincón, la ejecución de 10 viaductos o puentes de diferentes tipologías con una longitud total de 1.250 metros y la realización de otras 28 estructuras. Está previsto que las obras tengan un plazo de ejecución de 34 meses.

Ferrovial Construcción ha participado en los principales corredores de alta velocidad en España. Actualmente ejecuta, entre otros, el soterramiento del nuevo acceso ferroviario a Murcia y la construcción de la plataforma del tramo Pulpí-Vera en el Corredor Mediterráneo.

También cuenta con presencia a nivel internacional con contratos como la construcción de un tramo de 80 kilómetros entre Chilterns y Warwickshire de la línea de alta velocidad de Reino Unido o el paquete 4 de la línea de alta velocidad de California (Estados Unidos)

Por su parte, Acciona ha desarrollado en los últimos años 44 proyectos en siete países, entre los que destaca la construcción de 3.000 kilómetros de vía, 1.200 de alta velocidad.