Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han mostrado su respeto a la Abogacía del Estado y a todos los procesos judiciales pero discrepan del escrito de conclusiones que la Abogacía ha remitido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que pide que desestime la demanda de los ecologistas contra el Estado, al que acusan de inacción climática.

El informe de conclusiones ha sido remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberá poner fecha para la deliberación y fallo sobre el recurso. El escrito afirma tajante que «ninguno» de los informes presentados por los demandantes «tiene el valor probatorio que se les atribuye» y apuesta por que el alto Tribunal desestime la denuncia de las tres ONG.

Sin embargo, el portavoz de Clima de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz discrepa de los argumentos del Estado cuando habla de la falta de bases científicas porque, en su opinión «ignora la cantidad de referencia bibliográfica y científica» de múltiples organismos, entre ellos el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU y desprecia la aportación y conocimiento de los expertos que han participado en la elaboración de la demanda.

Estos científico son el catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, José María Baldasano, y la doctora ingeniera agrónoma y titular de la Universidad Politécnica de Madrid Margarita Ruiz Ramos. Pero la Abogacía en su escrito concluye que «ninguno de sus informes tiene el valor que se les atribuye».

Por el contrario, Andaluz ha reivindicado la validez, conocimiento y experiencia de estos dos ponentes más allá de los conocimientos de la letrada de la Abogacía en materia de cambio climático.

Asimismo, considera que la Abogacía «comete un tremendo error» al entender que las ONG tratan de «estandarizar» la lucha climática porque eso es «desoír las recomendaciones de la comunidad internacional». «Nuestra reclamación va dirigida a que si queremos una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 7,6 por ciento anual, la aportación de España tiene que ser más y más fuerte que el 23 por ciento de reducción respecto a 1990 planteado», explica Andaluz que justifica que las ONG quieren «mucho más» en la acción climática.

En definitiva, ahora espera que más allá del escrito de la Abogacía, el Supremo escuche su demanda y se alinee con lo que está ocurriendo en el panorama climático internacional.

«El 23% no está en línea de los objetivos de la UE, que por otro lado, tampoco son suficientes. Las propias normativas e incluso la propia normativa española ya reconoce que no es suficiente. Esperamos que falle a nuestro favor», ha concluido.

En la misma línea, la abogada de las tres ONG en el proceso y letrada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta, ha calificado de «lamentable» el escrito de la Abogacía ante la «apabullante evidencia científica» aportada por las organizaciones demandantes sobre el cambio climático y sus efectos devastadores en España.

«La Abogacía del Estado, que en lugar de defender el interés general, ha hecho todo un esfuerzo por tratar de desmontar nuestros argumentos», ha manifestado la letrada que asegura que, sin embargo, no ha logrado este propósito.

Además, acusa al Gobierno de España de actuar de manera «cortoplacista» e «hipócrita» porque sabe «perfectamente» cual es la situación climática y por ello, no en vano declaró el estado de alarma al comenzar su andadura como Gobierno, pero ahora actúa en favor de los intereses del gran capital.

Ruiz-Huerta considera que reducir el 23% las emisiones de CO2 en 2030 frente a 1990 deja «casi todo el esfuerzo para el final, como hacen los malos estudiantes», porque España se ha comprometido con la neutralidad climática en 2050.

En este contexto, ha argumentado que las ONG han aportado multitud de informes que demuestran cómo está aumentando la movilidad, la mortalidad debido a las olas de calor que a los en pactos tremendos que tiene el cambio climático sobre la agricultura, sobre el turismo y sobre los sectores económicos estratégicos de España como consecuencia de los fenómenos climáticos extremos.

Es lamentable que la abogada del Estado anteponga la buena marcha de la economía a frenar va a mitigar el cambio climático porque cuanto más tardemos en actuar más caro. Le pagaremos tanto en dinero como en vidas humanas», advierte.

El Tribunal Supremo de España no está solo en esta decisión que debe tomar. Son muchas los países en los que la Justicia está adoptando decisiones valientes. Holanda, Irlanda, Bélgica, Alemania y Francia son algunos de estos países.

«Todos somos parte de la Unión Europea, que es un marco jurídico común. Y todos somos parte también del Consejo de Europa que está bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo ha dejado muy claro: no combatir adecuadamente el cambio climático vulnera los derechos humanos de la ciudadanía», ha concluido.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

El archivo llega en forma de dos decretos (el 40/2020 y el 44/2020) firmados por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien tomó el relevo de las pesquisas después del fallecimiento de quien fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.

El Ministerio Público explica que el objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo en 2011 la adjudicación de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por 12 empresas españolas y dos saudíes.

Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I sería su titular real.

La Fiscalía indica que en los fondos recibidos por dicha fundación se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces lo que el Código Penal establece como umbral del delito.

Recuerda que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Y que aunque la de 2012 no está prescrita, no sería susceptible de reproche penal porque hasta 2014 Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad.

DESCARTA COMISIÓN POR EL AVE A LA MECA

La Fiscalía indica que no ha podido establecer vinculación alguna entre los 64,8 millones y la adjudicación del AVE, por lo que no puede decir que guarde relación con el pago de comisión alguna.

Señala que se trataría de un regalo que pudiera haber sido recibido por la condición de Jefe del Estado de Juan Carlos I en 2008, y por lo tanto era susceptible de integrar el delito de cohecho, aunque este posible delito estaría claramente prescrito.

El decreto de archivo referente a Lucum y el AVE a La Meca analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por las operaciones financieras y societarias que realizó el emérito entre 2008 y 2012 tras recibir los 64,8 millones de euros. Pero la Fiscalía indica una vez más que los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el Código Penal como delitos contra la Hacienda Pública habrían cesado en 2012, cuando Juan Carlos I era inviolable.

LAS DONANCIONES DE SANGINÉS

Respecto a la segunda línea de investigación, la Fiscalía sostiene que entre 2016 y 2019 Allen Sanginés Krause –amigo del emérito– ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.

Según consta en uno de los decretos, el importe total de estas transferencias –que asciende a 516.606 euros– «ha sido destinado al abono de gastos particulares de Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados».

Sanginés Krause ordenó también transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros, que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apunta que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por un importe total de 95.365 euros.

Según los fiscales, «no hay constancia de contraprestación». Se trata de «actos unilaterales efectuados a título lucrativo» y que, por tanto, «son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones» regulados por la ley. Así las cosas, precisan que «cada donación debe ser declarada con independencia del resto». Recuerdan que el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.

En diciembre de 2020, el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones con una cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía «a las donaciones de Allen Sanginés Krause».

La Fiscalía indica que, según los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, «la autoliquidación no es correcta» porque, entre otras cosas, aplicó la escala a la suma de las bases imponibles de todas las donaciones en lugar de haber liquidado cada una de ellas aplicando el tipo marginal de gravamen. De ahí que «ingresase cuotas más altas de las que corresponden».

Explica que las donaciones y la posterior declaración no representan un delito contra la Hacienda Pública. «La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública», señala.

Según la Fiscalía, el emérito recibió también como «regalo» tres armas de fuego, valoradas por un importe total de 101.636 euros, a través de la Fundación Zagatka, en la que llegó a figurar como beneficiario. De la información aportada por Suiza se desprende, además, que esta fundación abonó entre 2014 y 2018 «cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos, entre otros originados por Juan Carlos de Borbón y Borbón, así como sus familiares y allegados».

«CONEXIÓN INDUDABLE» CON EL DINERO

La tercera línea de investigación es la referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales. Estas pesquisas comenzaron en octubre de 2020 por un informe del Sepblac donde alertaba de la existencia del ‘trust’ JRM, constituido en 2004 en Jersey por Joaquín Romero Maura por 10,2 millones de euros, si bien apuntaba a «ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del ‘truts’ podría ser Juan Carlos de Borbón».

El Sepblac señalaba entre esos indicios que el dinero con el que Maura creó The JRM procederían de la liquidación el 9 de marzo de 2004 de otros dos ‘trusts’ de los que el antiguo monarca «habría sido beneficiario hasta su disolución»: Tartessos y Hereu, constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, «persona muy próxima» al rey emérito.

El Ministerio Público afirma que los fondos con los que se creó JRM, «tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español», si bien al mismo tiempo explica que «lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho ‘trust’ en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación» entre ese dinero y el emérito.

Añade que «desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos». «En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del ‘trust’ ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas», precisa.

Indica que desde que el emérito abdicó y perdió la inviolabilidad «las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna».

La militante Alexia Herranz, de Gandia (Valencia), ha anunciado que presentará este jueves su precandidatura para optar a «convertirse en la primera mujer transexual presidenta del Partido Popular en España» en el XX Congreso Nacional Extraordinario del partido.

La decisión se produce el mismo día en el que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su intención de encabezar el PP una vez superada la etapa liderada por Pablo Casado.

Herranz, que ya se postuló a presidir el PP de Gandia pero no logró los avales necesarios, es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Con su campaña ‘Futuro en libertad’, quiere «dar voz a los afiliados del Partido Popular», según ha explicado en un comunicado.

Se define como «una mujer valiente, luchadora y también una mujer transexual afiliada del Partido Popular desde el año 2017». «No pediré el voto de los afiliados por ser mujer transexual, sino para que una mujer transexual sea presidenta del Partido Popular», ha señalado.

La valenciana afirma que su precandidatura «ya tendría los avales necesarios para optar a la presidencia del Partido Popular» y que está formada por «afiliados de base, sin cargos públicos y con más futuro que pasado, dispuestos a crear un partido de abajo a arriba». «Una candidatura formada por los que nos llaman ‘minorías de los afiliados'», añade.

Herranz considera que el PP necesita «un partido fuerte para las próximas elecciones del 2023» y, por ello, quiere sumarse «a la renovación integral que está sucediendo en las estructuras autonómicas, provinciales, comarcales y locales». «Nuestro rival no está dentro, es quien nos desgobierna en la actualidad. Y para ganarle necesitamos principios», agrega.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dispone hasta el próximo 9 de marzo para formalizar su candidatura a liderar el PP, que debe acompañar del apoyo de al menos 100 afiliados, según recogen los Estatutos del partido.

Feijóo ha anunciado públicamente este miércoles, ante la Junta Directiva del PP gallego, que optará a liderar el PP en el congreso extraordinario de Sevilla de los días 1 y 2 de abril, que dará por zanjada la etapa de Pablo Casado tras la guerra abierta con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Visiblemente emocionado, Feijóo ha dicho sentirse «preparado» para dar este paso y ha pedido «autorización» al PP gallego para presentar su candidatura. «No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez», ha proclamado, para añadir que es posible si van todos «a una» y salen «fortalecidos» del congreso de Sevilla.

PLAZO PARA PRESENTARLA: ENTRE EL 8 Y EL 9 DE MARZO

La Junta Directiva Nacional del PP aprobó este martes el Reglamento del XX Congreso Nacional, que es el mismo que fue aprobado paa el congreso del 2018, en el que Pablo Casado se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en segunda vuelta.

Una vez que Feijóo ha anunciado que da un paso adelante para liderar el PP, deberá presentar su precandidatura del congreso entre el 8 de marzo y hasta las 20.00 horas del día 9 de marzo. Para ser proclamado precandidato a la presidencia del PP será necesario presentar el apoyo de, al menos, 100 militantes.

La campaña electoral interna comenzará el día 11 de marzo,tendrá una duración de 10 días y finalizará a las 24.00 horas deldía 20. Las asambleas para elegir a los candidatos a la Presidencia del partido y para la elección de compromisarios se celebrarán en toda España el día 21 de marzo de 2022.

Además, una vez que se convocó el congreso ese martes en la Junta Directiva, se ha abierto un plazo de 15 días para que cualquier afiliado del partido se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral, que expira a las 14.00 horas del día 16 de marzo.

Cada afiliado podrá presentarse como compromisario hasta cinco días antes del día de la votación, es decir hasta las 14.00 horas del día 16 de marzo.

EL PRESIDENTE DEL PP ES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El artículo 35 de los Estatutos del PP regulan todo este proceso relativo a la «democracia interna» y el «procedimiento electoral y concluye en su apartado 4 que el presidente del PP será automáticamente candidato a la Presidencia del Gobierno.

«El presidente Nacional del Partido Popular, elegido por el Congreso, será el candidato del Partido a la Presidencia del Gobierno. En los supuestos de dimisión, fallecimiento o incapacidad del Presidente Nacional, la Junta Directiva Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, designará el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, cuando no pudiera celebrarse un Congreso Extraordinario», reza textualmente en ese artículo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha celebrado la aprobación este miércoles en Nairobi (Kenia) de la propuesta de Naciones Unidas para poner en marcha un acuerdo vinculante para luchar contra la contaminación por plásticos.

Para el Ministerio este texto constituye el primer tratado mundial contra este tipo de contaminación y plantea la creación de un comité internacional con el mandato de negociar un acuerdo vinculante para abordar el problema.

La propuesta, iniciativa de Perú y Ruanda, ha sido apoyada por el Gobierno de España en el marco de la Quinta Sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se celebra desde el lunes en Kenia y a la que ha asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

En su intervención, Morán ha destacado que la propuesta va «más allá de abordar únicamente los desechos plásticos marinos y aborda el problema desde una perspectiva global imprescindible, abordando el ciclo de vida completo del plástico y considerando también las fuentes terrestres».

Además, en la asamblea se ha aprobado una propuesta de la Unión Europea sobre soluciones basadas en la naturaleza, orientada a favorecer su inclusión en las políticas sectoriales de los países.

Además, ha celebrado que la propuesta contemple el ciclo completo del plástico, desde su producción y consumo hasta la gestión del residuo y, dentro de él, que aborde medidas para acabar con los microplásticos. «El mandato de la Asamblea deberá implementarse con celeridad y España contribuirá para que así sea», ha expresado.

En cuanto a la contaminación marina por plásticos, el Ministerio reitera su compromiso con la su eliminación a través de herramientas como las Estrategias Marinas, que buscan alcanzar un buen estado de conservación en las aguas españolas mediante programas de seguimiento de basuras y microplásticos en playas, fondos marinos y aguas superficiales.

En la Asamblea del PNUMA se ha aprobado también la propuesta de la UE de soluciones basadas en la naturaleza, copatrocinada por Colombia y Costa Rica, orientada a favorecer su inclusión en las políticas sectoriales de los países para desarrollar sociedades verdes, inclusivas y resilientes tras el impacto económico y social provocado por el Covid-19.

«Las soluciones basadas en la naturaleza nos proporcionan un paraguas desde el que aprovechar sinergias en retos globales como la reducción de la deforestación, la restauración de suelos, la protección de ecosistemas y diversidad biológica, la adaptación y mitigación del cambio climático», ha apuntado también el secretario de Estado.

En ese sentido, ha añadido que esta propuesta será la base de las próximas Conferencias de las Partes de las Convenciones de Diversidad Biológica (COP 15 de Kunming), de Lucha contra la Desertificación (COP15 de Abiyán) y sobre Cambio Climático (COP27 de Sharm El-Sheikh), que deberán seguir trabajando para reforzar la ambición.

Dejó pasar el tren en 2018, pero una crisis interna sin precedentes en el PP, con el AVE con la Meseta recién estrenado, llevará a Génova 13 a Alberto Núñez Feijóo (Os Peares –Ourense–, 1961). Él, que tantas veces proclamó «Galicia, Galicia, Galicia» y se definió como «militante» de su tierra, optará ahora a tomar los mandos de un partido que ha estallado tras el enfrentamiento entre la dirección de Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El ‘barón’ más fuerte, que emuló el éxito de Manuel Fraga con cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, ha dado por fin la razón a corrillos y ‘quinielas’ y ha confirmado que da un paso adelante, «aclamado» por las principales voces del partido. Le espera un escenario de fragmentación política y con la derecha más ‘ideologizada’ en la órbita de Vox, formación a la que las encuestas ven en alza, sobre todo tras la detonación popular.

Hay que remontarse a 1979 para recordar el descalabro electoral que llevó a Fraga a la Presidencia de Alianza Popular. En 1989, AP dio paso al PP y amplió su espectro ideológico, para que poco después, en 1990, Fraga dejase el partido en manos de Aznar, acompañando la llave de Génova de la famosa proclama «ni tutelas ni tutías». Una nueva refundación, para muchos la tercera del partido, espera ahora al gallego.

De ahí que su entorno haya ido adelantando el argumento de que el PP es un partido clave en la alternancia en España y que, si el «jefe» –como le llama su equipo más próximo– vuelve a hacer su «magia» y logra frenar la sangría de Vox e, incluso, reunificar el centro derecha y tener opciones de recuperar La Moncloa, en los escenarios más optimistas, «valdrá la pena jugársela» en Galicia.

Y es que en el PPdeG existe confianza ciega en las opciones de Feijóo, cuyo olfato político no defrauda a los suyos desde que en 2006, con 44 años, sucedió a Fraga. Y en el PP también es ahora el deseado. El que ha logrado mantener su imagen de gestor, más afianzada si cabe durante la pandemia y que ni episodios como el de su relación con el contrabandista Marcial Dorado, plasmada en unas fotos publicadas por el diario ‘El País’ en 2013, han logrado empañar.

Pero desde Galicia también se es consciente de que la política madrileña también tiene unas características propias y algunos populares se preguntan si Feijóo será capaz de hacerse con el partido y coserlo como en su día logró en la autonomía, donde sus logros son incuestionables, aunque nunca podrá ya, previsiblemente, ‘ser’ Fraga, quien dirigió la Xunta durante casi 16 años. Pero sí pasará a la historia como el primer presidente que deja la Xunta voluntariamente.

EL PARTIDO COSIDO EN GALICIA

Si toma sus riendas en el congreso que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril, Feijóo será, tras Fraga y Rajoy, el tercer líder del PP procedente de Galicia. Para quienes no ponen en duda sus posibilidades, además de la broma de que «no hay más que ver lo que pasa en el PP cuando no lo dirige un gallego», hay que echar la vista atrás y fijarse en sus ‘orígenes’ para «comprender lo que puede hacer».

De la mano de Fraga regresó en su día a Galicia después de la caída de Xosé Cuíña, eterno ‘delfín’ del de Vilalba, cuando en su carrera política se cruzó el ‘Prestige’. Superó aquella primera carrera sucesoria gallega en la que partía con tres rivales y, aunque fue un congreso al uso del PP, a él le gusta decir que venció «en unas primarias». Está por ver si ahora hay más candidaturas.

Formalmente, este licenciado en Derecho que se ha esforzado en cultivar una imagen de tecnócrata afianzada por su paso por el Insalud y Correos, llevaba pocos años afiliado al PP cuando tomó las riendas del partido en Galicia. Pero su carrera en la Administración había empezado mucho antes bajo mandatos populares, a principios de los 90, cuando de funcionario raso pasó a ocupar cargos intermedios en la Xunta.

Su impulsor, primero en Galicia (como conselleiro de Agricultura y Sanidade) y después en Madrid (como ministro de Sanidad), fue José Manuel Romay Beccaría, uno de los referentes en su día del PP del ‘birrete’, y quien le reconoció como «hijo político», en julio de 2017, al recoger la Medalla de Oro de Galicia, la máxima distinción que concede el Gobierno autonómico y con la que Feijóo le había galardonado.

¿UNA GESTA REEDITABLE?

Pero, al margen de mentores, con un equipo reducido y de máxima confianza, en el que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ahora visto como su ‘delfín’, era entonces número dos, y en el que la secretaria de Medios de la Xunta, Mar Sánchez, emerge como figura clave, Feijóo demostró su habilidad política desde el minuto uno: se hizo con el partido, lo cosió y recuperó en 2009 la Xunta que, cuatro años antes, PSdeG y BNG habían arrebatado a un Fraga en sus horas más bajas.

Lo logró al primer intento contra todo pronóstico, poco más de tres años después de haber tomado las riendas del partido. Con él al frente, atrás quedaron ‘baronías’ provinciales y luchas de ‘boinas’ contra ‘birretes’. Dieciséis años de hiperliderazgo después, en cualquier corrillo con dirigentes populares se admiten incertidumbres ante su marcha.

Pero él ha dicho que su sucesión será «más fácil» que la de Fraga y en el PP gallego confían en que la proximidad de las municipales obligará a cerrar filas, incluso en territorio ourensano, dado que hay quien considera que el presidente provincial, Manuel Baltar, se precipitó en 2018 y enseñó demasiado pronto sus cartas al dar por hecha la partida de Feijóo. Ahora, no son pocos los que subrayan que, con la Diputación de Ourense colgando de un hilo, lo que más le conviene es esperar.

Pero lo cierto es que el contrapunto del ‘baltarismo’ procede de la única derrota interna del líder del PP gallego, quien de forma implícita apoyó en su día al candidato alternativo a Manuel Baltar, hijo del histórico ‘barón’ ourensano. Pasó página y convive ahora con el heredero del partido y de la Diputación, que ganó aquella batalla, y que admitió públicamente que hace cuatro años se planteó asumir «otras responsabilidades».

EL «CURRÍCULUM» DEL ‘BUEN GESTOR’

Desde que entró en la Xunta en 2009 y con más fuerza si cabe durante la gestión frente al coronavirus, en la que ha confrontado duramente contra el Gobierno de Sánchez, ha recurrido a la capacidad de gestión y a su experiencia como caballo de batalla. Así consiguió su cuarta mayoría absoluta en el verano de 2020, ya con una pandemia que ha marcado los últimos dos años.

Lejanas ya algunas fotos de su biografía, como la de la manguera apagando un incendio en 2006, años después de dejar atrás la gomina y de reivindicarse como ‘rapaz de aldea’, el vecino más famoso de Os Peares, cuya presencia en Madrid nunca ha cesado, buscará emprender el camino de vuelta sin ocultar sus galones.

A Feijóo le gusta presentarse como hombre de Estado en Galicia y abordar desde ese papel asuntos como el conflicto catalán; y ha actuado como un dirigente moderado que huye de radicalismos –aunque sus rivales recuerdan que llegó a la Xunta tras una dura oposición y secundando una campaña en la que se acusaba al entonces Gobierno de «imponer» el gallego en la enseñanza–.

Pero ha sabido adaptar su relato y marcar distancias con el ala más dura y conservadora de Génova. Está por ver cuál es su estrategia ahora para contener a Vox y sobrevuela la coyuntura de Castilla y León como primer examen. El dato que esgrimen los suyos es que ni Vox ni Cs se sientan en la Cámara autonómica.

Su entorno ha negado siempre que tuviese la ambición de dar el salto a la política estatal. Lo siguen negando, pero ahora «no queda más remedio». Reivindicó su lealtad a Rajoy y dijo que no sería «un Judas». Lo mismo hizo con Casado, a quien apoyó de forma interpuesta. Fue su aliento en la batalla sucesoria de Rajoy, propició su caída apoyando a Ayuso y ahora será su heredero.

La mujer que fue presuntamente asesinada y descuartizada por su novio en Cartagena (Murcia) pensó en denunciarlo por malos tratos ante la Policía aunque nunca llegó a hacerlo, según ha relatado una de las hermanas de ella en la tercera sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial.

La hermana de la víctima ha declarado que la animó a denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, después de que ella le comentara en varias ocasiones que sufría maltrato «físico y psíquico» por parte de él.

«Me decía que la trataba mal, que quería denunciarlo, y yo le decía de acompañarla para presentar la denuncia. Luego ella me decía que sí, que lo había denunciado, pero yo nunca me lo creí», ha señalado la mujer, que era, de los seis hermanos de la víctima, la que tenía más confianza con ella.

Sin embargo, «al día siguiente me llamaba y me decía que estaba muy feliz, que lo quería mucho, que era muy buena persona», y todo porque «él estaba delante», ha agregado la mujer.

TESTIMONIO DE LA EXESPOSA

La exmujer del presunto homicida también ha respondido a las cuestiones formuladas por la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación. Preguntada sobre si sufrió maltrato durante su etapa de casados, ha asegurado que sí, y que fue de forma continuada a lo largo de los años que duró la relación marital.

Así, ha relatado que en uno de los episodios de violencia su padre le pidió que escondiera los cuchillos de la casa por miedo a que el acusado pudiera usarlos en su contra. En otra ocasión, según ha desvelado la mujer, su hija mayor le confesó que el hombre cogió del cuello a una de sus hermanas.

Otro de los momentos más dolorosos que vivió en su matrimonio fue cuando una de sus hijas le dijo que su marido –y padre de la joven– había intentado abusar de una de ellas mientras la madre estaba de viaje.

MÁS DECLARACIONES

Durante la sesión también han declarado otros dos hermanos de la víctima y uno de sus hijos, quien ha asegurado que, tras iniciar su madre la relación con el acusado, la relación con ella «se redujo» porque él «no le dejaba tener contacto».

Igualmente, han comparecido un agente que participó en el operativo policial y el responsable de la planta de residuos de Cartagena, donde, según se desprende del relato del acusado, tuvieron que ir a parar los restos de la víctima tras arrojarlos él mismo a dos contenedores.

Asimismo, ha ofrecido su versión una vecina de la pareja, quien ha sostenido que nunca escuchó gritos durante los dos años y medio que vivieron en la casa de al lado. La mujer ha señalado, no obstante, que sí oyó peleas entre el acusado y su exesposa cuando estos convivían en la misma casa años atrás.

Cabe recordar que al acusado se le atribuyen los delitos de homicidio y profanación de cadáver, por los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de 15 años y cinco meses, respectivamente, además de indemnizaciones que suman 231.000 euros para los tres hijos de la víctima y sus seis hermanos.

En la primera sesión del juicio, el presunto homicida negó que la matara, aunque sí confesó que la había descuartizado tras verla muerta sobre una de las camas de la vivienda en la que ambos convivían.

El presidente del PP gallego y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que «es posible» llevar de nuevo al PP al Gobierno de España si sale «recuperado» del congreso extraordinario que celebrará el próximo mes de abril en Sevilla. «Es posible si este partido sale recuperado, si no va de vencernos a nosotros», ha advertido, no sin antes señalar que puede haber varios candidatos pero «solo un derrotado», el Gobierno «multipartido socialista-comunista-nacionalista».

«No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez», ha proclamado durante su intervención ante la junta directiva del PP gallego, que se ha dado cita en el Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela.

Feijóo también ha aprovechado su intervención para explicar por qué en 2018 no dio este paso adelante pero ahora sí. «En 2018 fallar a Galicia sería fallarme a mí mismo, y hoy siento que fallar al PP sería fallar a Galicia y al resto de España», ha esgrimido en un discurso aclamado por las en torno a 600 personas presentes.

«España nos está esperando y en el PP va a encontrar un partido para gobernar. Ocurra lo que ocurra en Sevilla, seguiré siendo el mismo servidor público», ha afirmado, para terminar su intervención con un «gracias» repetido y asegurando que ahora mismo se irá a preparar la reunión de su gobierno de este jueves.

El regreso del Rey emérito a España desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se instaló en agosto de 2020, está un poco más cerca después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias abiertas contra Don Juan Carlos. Tendrán que ser ahora Zarzuela y Gobierno quienes decidan cuándo y en qué condiciones se produce.

Desde que el 3 de agosto de 2020 se anunció que abandonaba España, el antiguo monarca ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado, principalmente a través de los amigos que le han visitado en Abu Dhabi o con los que sigue hablando telefónicamente, para hacer saber su deseo de poder regresar.

No obstante, Don Juan Carlos era muy consciente de que hasta que no se despejara el panorama judicial que tenía ante sí, con tres investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, esto no sería posible, y ello pese a que a finales de 2020 y principios de 2021 procedió a dos regularizaciones fiscales para facilitar las cosas.

Cuando se produjo su marcha, el Rey emérito estaba ya en el punto de mira de la justicia. En realidad, su situación comenzó a torcerse primero con el fatídico accidente de caza en Botsuana en 2012 y su lacónico «lo siento mucho, no volverá a ocurrir» y su relación con Corinna Larssen.

Tras su abdicación en junio de 2014 las cosas se fueron precipitando, pero la puntilla fue la noticia publicada por el ‘Sunday Telegraph’ el 14 de marzo de 2020 sobre un generoso ‘regalo’ millonario a Don Juan Carlos por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.

FUNDACIÓN LUCUM Y FUNDACIÓN ZAGATKA

Un año antes, en Zarzuela se habían recibido dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen informando de que Don Felipe y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí.

Ante estos hechos, el Rey y la Princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles Don Juan Carlos, si bien no fue hasta marzo de 2020 cuando se hizo pública esa decisión.

De forma paralela, en marzo 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Don Juan Carlos, negó ser el «testaferro» del Rey emérito y aseguró que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

Desde Zarzuela se aclaró que Don Felipe desconocía «por completo» que fuera beneficiario de dicha fundación y se informó de que ante notario él y la Princesa Leonor se habían desmarcado por completo de cualquier vínculo que pudiera haber con la Fundación Lucum.

TRES INVESTIGACIONES

Así las cosas, en junio de 2020 la Fiscalía del Supremo iniciaba las diligencias diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el Rey emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Con el Rey emérito ya exiliado, en noviembre se abrieron dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano y la segunda relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ahora, la Fiscalía ha decretado el archivo de todas las digilencias y, según resalta su abogado, Javier Sánchez-Junco, tras concluir que no «existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable» al antiguo monarca «o conducta que sea susceptiblede reproche penal».

El abogado ha dicho que informará a Don Juan Carlos de lo sucedido y la próxima semana dará a conocer tanto las «valoraciones» respecto al archivo como «las decisiones» que este «pueda tomar», en aparente alusión a su regreso a España.

DEBATE SOBRE EL REGRESO

La noticia después del pasado verano de que la Fiscalía tenía previsto archivar las diligencias hizo que en la recta final del año se precipitaran los rumores sobre un inminente regreso de Don Juan Carlos y se especuló incluso con que pudiera hacerlo para pasar la Navidad en España.

Desde el Gobierno se ha insistido en todo este tiempo en que el antiguo monarca era libre de regresar igual que lo fue de marcharse, situando la responsabilidad de la decisión en el propio Don Juan Carlos y en particular en la Casa Real y Felipe VI.

Al margen de ello, y a sabiendas de que la Fiscalía iba a archivar las investigaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de que el Rey emérito dé «explicaciones» a los españoles por sus conductas.

En Zarzuela, no se ha pronunciado en todos estos meses de nada relacionado con la situación judicial del que fuera Rey. El actual monarca tampoco dio ninguna pista en su último mensaje de Navidad, cuando ya eran sonoras las especulaciones con que el regreso podía ser inminente y se hablaba de posibles lugares de residencia.

FELIPE VI MARCHA DISTANCIAS

Desde que en marzo de 2020 retirara la asignación a su padre y su posterior marcha a Emiratos, Don Felipe ha tratado en varias ocasiones de marcar distancias con la conducta mantenida por su padre, reivindicando su apuesta por la transparencia desde su llegada al trono.

Así, en su mensaje navideño de 2020 sostuvo que los principios éticos y morales «nos obligan a todos sin excepciones» y «están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares», en aparente alusión a los problemas de su progenitor con la justicia.

En su último mensaje, también hizo una mención velada. Las instituciones, dijo Don Felipe, incluyendo entre ellas a la Casa Real, deben asumir las obligaciones que les han sido encomendadas, «respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral».

En la carta en la que Don Juan Carlos informaba a su hijo de su decisiones de trasladarse fuera de España, le explicaba que lo hacía «ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada» con el fin de «contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad».

El Rey emérito era consciente de que los señalamientos hacia su persona podían afectar el reinado de su hijo e incluso a la Corona, algo que ha mantenido mientras ha permanecido en Abu Dhabi, donde tiene como anfitrión al príncipe heredero del país, Mohamed bin Zayed.

En sus conversaciones con la periodista francesa Laurence Debray, que en octubre publicó el libro ‘Mon roi déchu’ (Mi rey caído), Don Juan Carlos reconoció que hay personas contentas con que esté en Abu Dhabi y que desde allí es una figura menos incómoda para su hijo. «Desde aquí no molesto a la Corona», le dijo a esta.

Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han censurado la gestión del Gobierno, al que demandan más medios y acusan de «mirar para otro lado», para impedir la llegada de migrantes como ha ocurrido este miércoles en Melilla con el intento de saltar la valla fronteriza de 2.500 personas, lográndolo casi 500 de ellos.

«La frontera sur de Europa continúa desprotegida para controlar la invasión de subsaharianos», ha asegurado en un comunicado JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, que ha apuntado directamente a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«Sigue sin atender a sus tareas y la Administración mira hacia otro lado, como se ha podido comprobar esta noche», ha señalado al valorar el acceso de 491 subsaharianos a Melilla en un intento de salto masivo, con 2.500 personas implicadas, el más numeroso de la historia de la ciudad autónoma, según ha destacado la Delegación del Gobierno.

Esta última entrada ha dejado 20 migrantes y 16 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad heridos con pronóstico leve –también fueron desplegados agentes de la Policía Nacional y la Local–. La Delegación del Gobierno ha señalado que la «gran violencia» de los subsaharianos ha logrado, del otro lado de la frontera, «rebasar a las fuerzas de seguridad marroquíes que trataban de impedir su llegada al vallado».

FALTA DE MEDIOS

JUCIL ha denunciado la falta de medios humanos y materiales en una noche de «continuas escaramuzas e intentos de saltar la valla por diferentes lugares». Denuncian que durante la noche estaban activados la policía marroquí y la Agrupación Rural de Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, si bien al amanecer estos últimos fueron sustituidos por otros unidades de seguridad ciudadana que ya no consiguieron «repeler el asalto más contundente».

El salto se llevó a cabo entre el barrio chino y el cementerio musulmán, en una zona «menos protegida», en lo que también ha contribuido que ya no estaban desplegadas las unidades «especializadas en la contención de disturbios», según ha precisado Agustín Leal, portavoz de JUCIL.

AUGC, otra de las asociaciones profesionales, también ha denunciado la «agresividad» con la que actúan los migrantes que intentan cruzar el perímetro fronterizo, deseando una pronta recuperación a los agentes heridos debido al uso de garfios, palos Y tornillería en los zapatos por parte de los migrantes, que también lanzaron piedras a los policías.

VALLADO CON PEINE INVERTIDO

«Melilla es la sexta autonomía que disponía de menos agentes el pasado año», ha comentado AUGC, que también se refiere a los cambios en el vallado con la retirada de las concertinas, según la promesa de Grande-Marlaska al llegar a Interior. «Insistimos en la necesidad de que toda la zona disponga de un vallado con peine invertido», apuntan, añadiendo que es «menos lesivo» y a la vez resulta más «eficaz».

Otra de las reclamaciones ante los «ataques premeditados» es que los agentes dispongan de vehículos con plataformas elevadoras, de forma que puedan acceder a la parte alta de la valla donde en muchas ocasiones se encaraman los migrantes hasta lograr acceder al lado español.

Entre las asociaciones que ha reaccionado a la entrada de Melilla está también AEGC, que se ha sumado a la reclamación para una «ampliación efectiva de la plantilla» de guardias civiles en esta ciudad autónoma. Denuncia que uno de los agentes heridos –30, según sus cálculos– tenía el casco protector roto y ha tenido que ser trasladado al hospital.

«Los asaltos a la frontera ya no se hacen sin premeditación», han indicado desde AEGC, que alerta del uso de garfios, palos y el lanzamiento de piedras. Por este motivo, demanda que se distribuya en la frontera más material antidisturbio. «Está en manos de los responsables políticos dejar de improvisar y, de una vez por todas, proteger a sus servidores públicos antes de que tengamos que lamentar pérdidas humanas», ha concluido.

Varios cargos de Unidas Podemos han criticado la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar la investigación abierta sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I, que califican como «crónica de una vergüenza anunciada».

Así se ha manifestado, por ejemplo, el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, mientras que su compañera de bancada y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, ha comentado tras el cierre de las diligencias quedan «muchas dudas, responsabilidades políticas y el oprobio de un jefe de Estado al servicio de sí mismo».

El portavoz del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Pablo Echenique, también ha reaccionado al resaltar que el actual monarca Felipe VI «reconoció el origen corrupto de la fortuna de su padre justo el primer día del estado de alarma con España en estado de shock» y ahora «la fiscalía ha archivado la causa contra él justo en medio de la peor guerra en Europa en décadas». «Dos casualidades inocentes. ¡Viva el Rey!», ha lanzado a través de las redes sociales.

CRÍTICAS A LA INVIOLABILIDAD: «PUEDE HACER LO QUE LE DÉ LA REAL GANA»

Mientras, el diputado del espacio confederal Pedro Honrubia ha comentado también que el hecho de que los «delitos estén prescritos» o que sobre ellos se «imponga la inviolabilidad», no exime de haberlos cometido.

«Ya podemos decir con hechos que el emérito es un ladrón y un defraudador, y que mientras exista la figura de la inviolabilidad» la Constitución protege delincuentes», ha recriminado el parlamentario.

El responsable federal de Programa y de Argumentario de IU, Carlos Sánchez Mato, ha criticado que Juan Carlos I, como jefe del Estado «inviolable», «puede defraudar, blanquear y hacer lo que le dé la real gana».

«Hacienda no hace nada para pillar al delincuente, se pasa el plazo y prescriben los delitos. Qué asco de vasallos», ha zanjado también en Twitter.

El decreto del Ministerio Público archiva las diligencias sobre las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

El abogado del Rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha anunciado este miércoles que valorará «la próxima semana» la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo al tiempo que se hará «eco igualmente de las decisiones que pueda tomar» Juan Carlos I, sin mencionar si las mismas guardan relación con una posible vuelta a España.

A través de un comunicado, la representación del monarca ha explicado que debe estudiar los escritos por los que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que se mantenían abiertas sobre la fortuna del emérito.

En concreto, las pesquisas se centraban en las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la fortuna que el emérito habría ocultado en la isla de Jersey.

En el mismo, el letrado celebra que los «mencionados decretos, sin perjuicio del estudio detallado que precisan, concluyen que en ninguno de los casos que motivaron su incoación, existen circunstancias que permitan apreciar la existencia de ilícito alguno imputable a Juan Carlos de Borbón y Borbón o conducta que sea susceptible de reproche penal».

Así, y «en cumplimiento de lo acordado en los decretos de archivo», el abogado trasladará «personalmente en los próximos días» al emérito «el contenido» de los mismos. El monarca se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto de 2020.

Según relató a finales del pasado mes de enero el periodista Carlos Herrera –que se reunió con el monarca en EAU–, el emérito quería volver a España en cuanto fuese posible, aunque lo haría cuando su regreso no generase «ninguna inestabilidad» a su hijo.

Según relató en la Cadena COPE, Don Juan Carlos le dijo que estaba esperando a que concurriesen «las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que» estaba «deseando».

«¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto», explicó entonces el presentador, que consideraba que «antes o después» eso iba a ocurrir.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha llamado a la tranquilidad a los melillenses tras producirse «el salto más numeroso en la historia de la valla» y ha anunciado que se van a reforzar los dos kilómetros de los nueve que componen el perímetro fronterizo en los que aún no están los llamados «peines invertidos», que sustituyen a las concertinas o «cuchillas cortantes».

Según ha explicado a los periodistas Sabrina Moh, Melilla ha vivido este miércoles «el intento de entrada más numeroso que se ha registrado hasta la fecha con alrededor de 2.500 migrantes». Sin embargo, ha destacado que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad marroquíes, han contenido a su mayor parte, dado que, finalmente han sido 491 los migrantes que han accedido a nuestra ciudad».

La representante gubernamental ha puesto en valor «la coordinación entre las fuerzas españolas y marroquíes» y, especialmente, el trabajo realizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la contención del salto.

Moh ha vuelto a hacer un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía, dado que, «los mecanismos del Estado han funcionado y los migrantes están ya en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)».

«Cuando se estaba produciendo el salto hemos avisado al director del CETI para que estuviera prevenido y pudiera activar todos los mecanismos necesarios para dar respuesta a la situación», ha señalado.

Además, ha apuntado que el trabajo que se había venido realizando con el CETI durante estos meses con los traslados «ha permitido que no exista un problema de sobreocupación en el mismo, dado que, antes de producirse el salto, solo había medio centenar de residentes en el centro».

REFUERZO VALLA Y ATENCIÓN HERIDOS

La delegada ha destacado se está procediendo a la modernización del perímetro fronterizo. «Ya son 7 km de la valla a los que se han incorporado nuevos elementos para ayudar en la labor de control a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como los peines invertidos, y se va a proceder a la instalación de los mismos en el resto de la valla», ha dicho.

En total han sido 25 agentes de la Guardia Civil y 2 los del Cuerpo Nacional de Policía los que han requerido atención médica. Todos ellos, en principio leves.

La delegada del Gobierno se ha desplazado hasta el centro de salud donde estaban siendo atendidos «para trasladarles el agradecimiento y cariño tanto de ella como del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska».

Con respecto a los subsaharianos, ha detallado que «20 han sido atendidos en el Hospital Comarcal y todos ellos, en principio, de pronóstico leve».

El Grupo PRISA ha anunciado este miércoles su colaboración con el Comité de Emergencia, que ha puesto en marcha sus protocolos de captación de fondos para apoyar las actuaciones de las ONG integrantes tras los hechos acontecidos en Ucrania estos últimos días.

Según ha informado la compañía, las seis ONG que forman parte del Comité de Emergencia –Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision– han realizado «un llamamiento a todas las partes implicadas para promover la paz y evitar más víctimas en el conflicto armado».

«En estos momentos, ya han comenzado a monitorear las consecuencias y han puesto en marcha planes de trabajo para brindar apoyo y conseguir salvar vidas a medida que se desarrolla esta grave crisis humanitaria», ha manifestado el Grupo PRISA.

A través del Comité de Emergencia, las seis ONG quieren canalizar conjuntamente la ayuda de todas aquellas personas dispuestas a contribuir para paliar la situación de los afectados por la violencia en Ucrania, así como las personas que se han visto obligadas a buscar refugio en los países colindantes como Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia.

Las primeras respuestas de emergencia se centran en proveer refugios, ayuda humanitaria de primera necesidad como alimentos o agua, asistencia sanitaria, atención psicológica y protección infantil, entre otras líneas de actuación, como ha detallado PRISA.

La activación del Comité de Emergencia cuenta con la colaboración de las entidades como Allen&Overy, Allianz Partners, Cecabank, Hazloposible, Migranodearena, Trescom, y los grupos de comunicación PRISA, Atresmedia y Vocento.

Para colaborar con el Comité de Emergencia, se puede realizar una transferencia a ES24 2100 5731 7202 0035 4082; llamar al 900 595 216; a través de www.comiteemergencia.org; con un SMS con la palabra «JUNTOS» al 28014 o Bizum con el código 02076.

La Mesa del Agua de Almería ha reclamado al Gobierno que aplique la ley aprobada en 2018 que fijaba en 30 céntimos el metro cúbico de agua desalada para riego ante la «preocupante» situación hídrica de la provincia, especialmente en la comarca del .

En un reunión de trabajo de urgencia este miércoles, los regantes han dado cuenta, asimismo, de las alegaciones que las comunidades de regantes van a presentar al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas y han cifrado en 180 hectómetros cúbicos procedentes de la desalación la necesidad de infraestructuras.

La Mesa del Agua de Almería ha mostrado su «total apoyo» a la manifestación convocada para el próximo 20 de marzo en Madrid «con el objetivo de defender y poner en valor el medio rural español, que está atravesando un complicado momento que está ahogando tanto las explotaciones agrarias como las ganaderas» y demandar «más inversiones en obras de regulación hidráulica, revisión de los planes hidrológicos y un abaratamiento de la factura eléctrica».

En un comunicado, el portavoz, José Antonio Fernández Maldonado, ha detallado que en la Comarca del Almanzora «ya se están produciendo recortes en torno al 30 por ciento del suministro que podrían agravarse y llegar hasta el 50 por ciento para la campaña de primavera».

Al hilo de esto, al margen de pedir a las administraciones competentes «la agilización en los tramites de aprovechamiento de las aguas subterráneas», ha exigido al Gobierno de España establezca con carácter de urgencia un precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada con destino a riego como establece la disposición adicional a Ley 1/2018 de 6 de marzo.

Fernández ha trasladado que los regantes «siguen apostando» por la utilización de energías renovables, especialmente la solar, para la generación de electricidad en las plantas desaladoras con el fin de ahorrar costes en la producción de agua.

«La situación para el regadío es muy dura porque dependemos de la energía eléctrica, cuyo precio se ha disparado, además de las subidas en los costes de producción que también se han encarecido bastante», ha advertido.

En el transcurso de la reunión también se han detallado las alegaciones presentadas ante la propuesta de Plan Hidrológico para las cuencas mediterráneas entre las que destacan varias, por ejemplo, que una vez atendidas las necesidades de la provincia de Granada, los excedentes de la presa de Rules lleguen al Subsistema IV de Sierra Nevada que incluye a la Comarca del Poniente almeriense.

Igualmente, se ha vuelto a pedir la finalización de la denominada ‘Autovía del agua’ de la provincia de Almería que interconectaría todas las comarcas y que serviría para poder mejorando en eficiencia y gestión solventando los problemas de abastecimiento que pudieran surgir en cualquier punto de la provincia.

«La necesidad de la provincia de Almería, en cuanto al agua desalada, se estima en que hay que realizar las mejoras e infraestructuras necesarias para alcanzar una producción de 180 hectómetros cúbicos», ha concretado Fernández.

Según ha apuntado, las necesidades son «50 en la Comarca del Almanzora con los 20 de la desaladora de Villaricos que lleva inutilizada desde hace diez años y a la que aún le quedan otros dos al menos para volver a funcionar, y 30 hectómetros cúbicos más de una planta desaladora que construirán los propios regantes de la zona con fondos propios», seis hectómetros cúbicos de una desaladora para los regantes de Adra, y llegar hasta 50 de producción en la desaladora de Carboneras para esa zona y la Comarca de Níjar.

Ha añadido, además, que el objetivo pasa por llegar hasta los 70 en Poniente aumentando de los 30 a los 40 en la desaladora de Dalías y construyendo otra de 20 hectómetros cúbicos ampliable hasta los 30.

La Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales ha exigido este miércoles la «total e inmediata» expulsión de Rusia del Consejo de Europa y de su Asamblea Parlamentaria por entender que el ataque militar a Ucrania va en contra de los principios democráticos y de no agresión, así como de los objetivos de respeto a las fronteras y a la soberanía de los Estados.

Así lo recoge en un manifiesto en el que los exparlamentarios condenan enérgicamente la «criminal» invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin, un agresión que supone, dicen, «una flagrante violación del derecho internacional» además de representar «una amenaza cierta para la paz mundial».

«El cobarde ataque, negado y sin previo aviso, del Ejército ruso a un país soberano miembro de Naciones Unidas, pone en peligro a todos los países libres del mundo, especialmente a las naciones democrática del continente europeo», reza la nota.

La asociación lamenta, en concreto, el silencio «cómplice» de determinados países, entre los que cita China, y condena la «burla» y «humillación» de Putin hacia el presidente francés, Emmanuel Macron, al que comunicó en persona que no preparaba la invasión de Ucrania, sino que las Fuerzas Armadas rusas sólo estaban realizando «maniobras militares».

LAS INTENCIONES «EXPANSIONISTAS» DE PUTIN

Y es que para los exparlamentarios esta actitud evidencia «a las claras» las intenciones «expansionistas» de Putin, su «desprecio autodestructivo» a la convivencia internacional y su deriva hacia comportamientos «estalinistas».

Así las cosas, la asociación pide al Gobierno y a la UE medidas «contundentes» para frenar la «felona» acción militar encabezada por Putin porque sostienen que sólo con acciones enérgicas se podrá defender la libertad de Ucrania y la de todos los países de Europa, y se podrá impedir «el auténtico objetivo del presidente ruso, que no es otro que la expansión imperalista». Entre esas medidas, los exparlamentarios exigen expulsar a Rusia del Consejo de Europa.

Por último, los exparlamentarios prevén iniciar contactos con todas las organizaciones civiles y políticas españolas con intención de acordar, y en su caso organizar, una manifestación de apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y de condena a Rusia.

Plastics Europe, la organización de productores de plástico europeos ha celebrado la resolución adoptada en la Asamblea de Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se celebra en Nairobi, para alcanzar un acuerdo global jurídicamente vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos y defiende que la industria europea está «preparada».

La resolución apuesta por establecer un instrumento legalmente vinculante con disposiciones vinculantes y voluntarias que serán definidas por el Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés).

Los productores destacan que la resolución destaca la necesidad de fomentar la producción y el consumo sostenibles de plásticos durante todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta la gestión de su residuo de manera ambientalmente adecuada.

La directora general de Plastics Europe, Virginia Janssens, ha asegurado que la industria europea está en plena acción, liderando la transición hacia una economía circular y la creación de un futuro sin contaminación plástica.

«La resolución promueve la importancia de crear un entorno de políticas de apoyo que se adapten a las necesidades específicas de nuestra industria y cadena de valor con el fin de facilitar nuestra transición. A su vez, destaca los beneficios y la necesidad de una colaboración y un diálogo activos entre nuestra industria y todas las partes interesadas relevantes», ha manifestado.

Por otro lado, el sector destaca que la resolución reconoce que no hay un enfoque único para abordar la contaminación plástica global y apuesta por que los gobiernos cuenten con la flexibilidad para adoptar medidas que se basen en sus circunstancias locales y estén respaldadas por las políticas más adecuadas.

El presidente de Plastics Europe, Markus Steilemann califica de «inaceptable en cualquier entorno» la contaminación por residuos plásticos. Por ello, ve la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente un «paso importante» hacia la creación de un futuro libre de residuos y que reconoce el papel vital de las aplicaciones plásticas para la sociedad.

«Debemos potenciar su valor haciéndolas circulares y climáticamente neutras, contribuyendo así a la creación de una economía circular», ha apostillado.

En ese sentido, ha manifestado el compromiso de los productores europeos para implantar un cambio positivo duradero así como su voluntad de participar de manera activa y contribuir en las siguientes fases de las negociaciones.

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha tenido hoy, en la celebración del Miércoles de Ceniza, un recuerdo especial por Ucrania ante la «fuerza y el horror» de la guerra. «Una tierra, que sentimos más cercana porque muchas familias de Euskadi tienen vínculos fuertes con ella tras el terrible incendio de la central nuclear de Chernobil, que fue motivo para que muchos niños y niñas llegaran aquí», ha manifestado.

Precisamente, según han informado desde el Obispado, el prelado habló ayer con la presidenta de la Asociación Chernobil Elkartea, quien le mostró «la preocupación y angustia que viven todas aquellas familias y las enormes tragedias, sufrimientos e incertidumbres» que derivan de esta situación. «La guerra no resuelve nunca los problemas», ha apostillado, tomando como ejemplo las situaciones de Afganistán e Irak.

Por otra parte, se ha referido a otro «tema de preocupación de la Iglesia» para poner valor «la gran bondad y sensibilidad de la mayoría de los sacerdotes». Sin embargo, ha señalado que algunos «han utilizado ese ministerio para hacer daño».

Las comunidades católicas de las parroquias de Bizkaia celebran hoy el miércoles de Ceniza. En Igorre, además de la eucaristía, la comunidad parroquial ha realizado una llamada para participar en una concentración contra la guerra de Ucrania, en los soportales de la iglesia, a las 19.30 horas.

El obispo de Bilbao ha presidido la celebración que ha tenido lugar en la iglesia de los Santos Juanes, del Casco Viejo bilbaíno. Teniendo en cuenta las medidas sanitarias en vigor en los templos, hoy no se ha realizado la imposición de las cenizas en la frente con la señal de la cruz. La feligresía recibirá las cenizas en la cabeza.

El obispo ha recordado que la Cuaresma es una llamada para «iniciar cada uno un camino de renovación desde la verdad». «Nadie está libre de culpa y de responsabilidades», ha dicho, para proseguir señalando que «todos arrastramos alguna pata o tenemos alguna cosa escondida en el armario». «El único que está libre de pecado es Jesucristo y queremos sentirnos más cercanos a lo que él propone y a su persona», ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena a tres años de prisión a un empleado de una entidad financiera por estafar 51.500 euros a un cliente al que convenció para que comprara participaciones de una empresa dedicada a exportar casas prefabricadas a Dakar (Senegal), después de que la víctima, un jubilado, le transmitiera su deseo de invertir el algo rentable los ahorros conseguidos a lo largo de su vida.

El alto tribunal andaluz ha desestimado así el recurso que el acusado presentó contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que le condenó en primer lugar y ha confirmado el fallo, por el que también deberá indemnizar a la víctima en 51.500 euros, más 3.000 euros por daño moral, según consta en la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando la víctima se dirigió al acusado por ser la persona de mayor confianza para él en la oficina bancaria y le trasladó su deseo de asegurar su dinero en algún producto rentable.

El procesado le habló de un negocio en ciernes en el que él mismo participaba, consistente en exportar casas prefabricadas a Dakar procedentes de unas fábricas españolas. Le dijo que «la seguridad del negocio era total pues el proyecto tenía un carácter humanitario pues iba a sufragar los daños causados por las lluvias del Monzón en este país en 2012», por lo que estaba avalado por la comunidad europea, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional en el deseo de ayudar a Senegal en una zona anegada de humedales que necesitaba urbanizarse.

El acusado le llegó a mostrar alguna documentación del proyecto y le ofreció la posibilidad de participar en la empresa y adquirir un 26 por ciento de la misma por 40.000 euros. El 22 de noviembre de 2013, la víctima firmó un documento para la adquisición de las participaciones sociales con el acusado de una supuesta sociedad llamada Pad Bouggi Motor S.A.R.L. domiciliada en Dakar y el pago se materializó unos días después, ingresándolo el empleado de banca a una cuenta de la que él era titular junto a otra persona.

El fiscal incidía en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, en que todas las conversaciones y la firma del contrato se desarrollaron en la oficina bancaria, lo que dotó de mayor credibilidad a la operación a ojos de la víctima. Al mes siguiente el acusado convocó de nuevo a la víctima en su oficina para indicarle que debía hacer una nueva aportación para una serie de gastos propios de la empresa y le convenció para poner otros 11.500 euros.

Pasados varios meses, la víctima empezó a pedir explicaciones al no ver movimiento ni resultados y el acusado le mostró unos supuestos documentos del negocio sobre adquisiciones de terrenos en Dakar. Finalmente el cliente pidió rescindir la relación contractual y aunque firmaron un documento para ello, nunca se produjo la devolución de los 51.500 euros que había aportado.

El acusado, que ha sido condenado como autor de un delito de estafa agravada, fue despedido a raíz de este asunto de la entidad financiera para la que trabajaba y a día de hoy la víctima no ha conseguido que le devuelva cantidad alguna.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha enviado este miércoles una carta a presbíteros, diáconos y laicos de la Iglesia de Mallorca con motivo del inicio de la Cuaresma 2022, un escrito en el que también ha dedicado unas palabras al conflicto en Ucrania.

Según han detallado en un comunicado, la carta hace referencia, en primer lugar, al inicio de la época cuaresmal, este año «condicionada por el conflicto armado en Ucrania y por la incidencia directa y global que tiene respecto a todos los países de Europa y el mundo».

En este sentido, el obispo ha recordado que están en contacto con la comunidad ucraniana para facilitar toda la ayuda que puedan necesitar, también desde Cáritas Mallorca. Además, en su escrito ha destacado que el Papa Francisco «ha pedido expresamente para este miércoles de ceniza una jornada de plegaria por la paz».

Por otro lado, Taltavull ha señalado en su carta que en este tiempo cuaresmal se reinicia la Visita Pastoral, empezada antes de la pandemia y que se alargará hasta finales de año.

Este mes de marzo se centrará en el Arciprestazgo de Tramuntana-Ponent, en concreto, en las parroquias y comunidades Sóller, Port de Sóller, Fornalutx, Horta, Valldemossa, Deià, Calvià, Paguera, Santa Ponça, es Capdellà, Portals, Magaluf, el Toro, Son Ferrer, Palmanova, Esporles, Banyalbufar, Estellencs, Establiments, Andratx, Port d’Andratx, s’Arracó, Sant Elm, Galilea, Puigpunyent, Bunyola y Palmanyola.

En esta línea, Taltavull ha concretado que quiere dedicar especial atención y tiempo a los enfermos y personas más necesitadas. «Se trata de no excluir a ninguno y que cualquier persona, creyente o no, participe en la vida de la iglesia».

Por último, el obispo ha hecho referencia a la Semana Santa y la Pascua en cuanto a manifestaciones religiosas y procesiones, recordando que, de acuerdo a las autoridades sanitarias, se pueden desarrollar con «normalidad», aunque «siempre respetando las medidas vigentes».

AECOC y FIAB han reclamado este 2 de marzo, durante el 4º Congreso de Desarrollo Sostenible celebrado en Madrid, que las regulaciones en materia de sostenibilidad no rompan la unidad de mercado ni vayan en contra del crecimiento de las empresas. En su discurso inaugural, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha considerado que «sostenibilidad y competitividad empresarial deben ser compatibles».

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha incidido en el mensaje y ha advertido que normativas recientes como la Ley de Residuos y Suelos Contaminados o el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases «se alejan de la normativa europea hacia la que muchas empresas han dirigido sus inversiones y estrategias con anterioridad». En este sentido, el portavoz de FIAB ha cifrado en 2.000 millones de euros el impacto de la gestión de residuos que exige la actual Ley de Residuos «y eso pone en riesgo puestos de trabajo y a muchas pymes».

Bonmatí ha remarcado que las empresas «comparten los objetivos ambiciosos fijados por las administraciones, pero muchas veces no somos realistas con los plazos de cumplimiento». El director general de AECOC ha citado normativas como el Real Decreto que prevé la instalación de 100.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en España, dos años antes de lo que marcan los planes de Europa para España. «Queremos ir a un ritmo superior al del resto de países y eso añade dificultades en un entorno como el actual, ya de por sí complicado», ha explicado.

Tanto García de Quevedo como Bonmatí han reclamado a la administración «diálogo para establecer herramientas conjuntas y evitar medidas que son imposibles de cumplir».

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, César Luena, también ha participado en la inauguración del encuentro y ha incidido en las implicaciones medioambientales de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«Tenemos una guerra en territorio europeo que ha puesto en evidencia que la dependencia energética es un lujo que no podemos permitirnos, y no solo por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero», ha alertado.

El parlamentario europeo también ha asegurado que los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Comisión Europea para 2030 y 2050 son «plenamente alcanzables». Luena ha reconocido que las iniciativas que deben hacer las empresas para llegar a estos objetivos «requieren de muchos esfuerzos» y ha remarcado el papel que deben jugar las ayudas e inversiones medioambientales previstas en los Fondos Next Generation.

Luena también ha considerado que la fiscalidad debe utilizarse como un instrumento para premiar las prácticas sostenibles y ha avanzado que, de revisarse los objetivos de sostenibilidad fijados por la Comisión Europea, «será para hacerlos más ambiciosos».

En la mesa de debate con las organizaciones de consumidores, el portavoz de OCU, Enrique García, ha incidido en el papel de la fiscalidad sobre el consumo medioambientalmente responsable. «Se debe favorecer un consumo de productos sostenibles desde una fiscalidad más favorable», ha explicado.