La Fundación Mutua Madrileña ha celebrado la ceremonia de entrega de su X Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social a 36 proyectos de entidades sin ánimo de lucro en un acto celebrado este jueves en Madrid, que ha presidido la Reina Letizia, acompañada de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y del presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda.

Las Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua, dotada de un millón de euros, se han concedido a 36 proyectos de entidades sin ánimo de lucro en las áreas de apoyo a personas con discapacidad, iniciativas para luchar contra la violencia de género, atención a la infancia con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión, integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, secuelas sociales y económicas del Covid-19 en personas vulnerables y cooperación al desarrollo. Las 36 iniciativas, en conjunto, tendrán un impacto positivo directo en más de 72.000 personas.

En su intervención, la Reina Letizia ha manifestado su apoyo e impulso institucional a las distintas iniciativas que se desarrollan en el ámbito de la responsabilidad social corporativa lo que, en su opinión,*implica vivir sin dar la espalda a los demás.

«La responsabilidad social corporativa va de hacer preguntas como ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? o ¿en qué te puedo ayudar? Va de escuchar las respuestas a esas preguntas y de ayudar, que es lo que hace la Fundación Mutua Madrileña con estas ayudas que hoy entrega a 36 entidades que cubren buena parte del territorio nacional y que trabajan en muchos ámbitos diferentes», ha afirmado.

Además, ha puesto de manifiesto la importancia de estas ayudas, más allá de lo económico, por «la confianza, la esperanza y la sensación de que las cosas pueden mejorar y por eso nuestra admiración a la Fundación Mutua y a estas 36 entidades que desde hoy podéis dar un pasito más para ayudar a estas personas a vivir con un poco más de dignidad y con las cosas un poco menos difíciles».

Por su parte, el presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda, ha remarcado los diez años que han pasado desde que la Fundación Mutua inició este programa de ayudas «para facilitar a las ONG españolas recursos económicos que permitan la puesta en marcha de proyectos. A través de estas convocatorias anuales, en este tiempo hemos apoyado a 300 proyectos, hemos colaborado con más de 200 entidades y hemos contribuido a mejorar la vida de más de 335.000 personas», ha indicado.

En el área de atención a la discapacidad, las ONG utilizarán las ayudas, entre otros, para poner en marcha un programa de entrenamiento en habilidades sociales para personas con discapacidad intelectual, implementar un programa de envejecimiento activo en síndrome de Down y mejorar la integración laboral de personas con trastornos del espectro autista.

Las benefiadas han sido Asociación Aranjuez – Personas con Discapacidad Intelectual (Madrid), Asociación Autismo Sevilla (Sevilla), Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su Comarca – ADIPA (Málaga), Fundación Querer (Madrid), Fundación Síndrome de Down de Madrid (Madrid), Fundación Upacesur Atiende (Cádiz) y Plena inclusión Castilla y León – FEAPS.

En cuanto a la integración laboral para jóvenes en riesgo de exclusión se pondrán en marcha iniciativas de diversa índole para mejorar la empleabilidad de chicos con adicciones, inmigrantes o que no han acabado la educación obligatoria y están en situación vulnerable.

Las ayudas han sido para la Asociación Puente de Esperanza Madrid (Madrid), Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR (Madrid), Fundació Formació i Treball – FIT (Barcelona), Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias – Proyecto Hombre Granada (Granada), Fundación ITER (Madrid) y Fundación La Salle Acoge (Valencia).

En la categoría de lucha contra la violencia de género varios de los proyectos tendrán que ver con la atención a las víctimas de trata de seres humanos y también habrá otras iniciativas de atención psicológica y apoyo a casas de acogida para mujeres víctimas.

Los beneficiarios son la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida – APRAMP(Madrid), Cáritas Diocesana de Barcelona (Barcelona), Fundación ANAR, Fundación Sevilla Acoge (Andalucía) y Nuevo Hogar Betania.

En el ámbito de la infancia con problemas de salud o riesgo de exclusión, los programas están encaminados al acompañamiento psicosocial de menores con cáncer y sus familias, atención educativa y emocional en un centro de menores o apoyo de urgencia para familias de niños ingresados por fallo intestinal.

Las ayudas serán para Acción Familiar (Madrid), Asociación española de ayuda a niños con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral – NUPA, AMPARA (Madrid), Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería y provincia – Argar (Almería) e IGAXES (Galicia).

En la categoría de atención a las secuelas sociales y económicas del Covid-19, se apoyarán cocinas sociales que atienden a personas afectadas por la pandemia y se pondrá en marcha un programa de soporte virtual para la prevención de las secuelas musculoesqueléticas derivadas del aislamiento social, entre otros.

Las ayudas irán a proyectos de AFA Parla (Madrid), Centro de Acogida San Juan De Dios (Málaga), Cooperación Internacional ONG (Madrid), Fundación Desarrollo y Asistencia (Madrid), Hermanos Franciscanos Casa San Vicente de Paúl Ceuta (Ceuta) y Manos de Ayuda Social (Madrid).

Los proyectos de cooperación al desarrollo se realizarán en Etiopía, Jordania, Colombia, Burundi, Congo, Camerún y Perú de las ONG Ayuda, Intercambio y Desarrollo – AIDA (Perú), Asociación ABAY para el desarrollo en Etiopía (Etiopía), Asociación Solidaria Universitaria (Burundi), Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (COEM) (Camerún), Fundación Plan International España (Jordania), Fundación World Vision International – World Vision España (Colombia) y Asociación Harambee España (Congo).

En el acto, también se ha entregado la recaudación obtenida con la taquilla de los conciertos organizados en 2021 por la Fundación Mutua Madrileña a otros dos proyectos de ONG elegidos por votación de los mutualistas en la web de la propia fundación, así como los Premios al Voluntariado Universitario, a los mejores proyectos solidarios puestos en marcha por estudiantes junto a ONG.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado de la investigación sobre la muerte de la vecina de Traspinedo Esther López de la Rosa, desaparecida el 12 de enero y cuyo cadáver fue hallado el 5 de febrero, ha acordado modificar las medidas impuesta a uno de los sospechosos, R.J.G.F, más conocido como el ‘Manitas’.

La titular del referido juzgado, a través de un auto, ha resuelto levantar la prohibición de salir de la provincia de Valladolid que pesaba sobre el citado vecino de Traspinedo, una de las tres personas investigadas en la causa, que aún sigue bajo secreto de sumario, «a la vista de lo actuado y del resultado de una parte de las diligencias de investigación», según reza el auto.

La juez también libera al investigado de la necesidad de comparecer todos los días en el Cuartel de la Guardia Civil de Laguna de Duero–se sustituye por la obligación de hacerlo cuando sea llamado por el juzgado o en su caso por el órgano que enjuicie la causa–.

Por contra, el ‘Manitas’, quien llegó a permanecer detenido entre los pasados días 22 y 28 de enero, seguirá con la obligación de facilitar cualquier cambio de domicilio, en tanto no recayera resolución firme que pusiera fin al procedimiento, o se dejara sin efecto la misma, y se mantiene también la prohibición de salida de territorio nacional, incluido el espacio Schengen.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid prosigue con las diligencias con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento de Esther López de la Rosa, de 35 años, sobre el que siguen abiertas todas las hipótesis, incluido el atropello, una de las que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas.

El 52% de las consultas realizadas por jóvenes de entre 15 y 29 años al Servicio de Información y Orientación Joven de la FAD (SIOF Joven) fueron motivadas por problemas de ansiedad. El SIOF Joven, un servicio de la Fundación FAD Juventud que cuenta con el apoyo de la Fundación Konecta, se puso en marcha en marzo de 2020 para ofrecer apoyo emocional y social, así como acompañamiento en los momentos complicados derivados de las consecuencias negativas de la pandemia donde se detectaron elevados niveles de estrés y ansiedad.

Durante el pasado año, el servicio recibió medio millar de consultas motivadas fundamentalmente por problemas de ansiedad (52%), síntomas depresivos (15,1%), consumos de drogas (15,1%), relaciones de pareja (5,7%), problemas con la imagen corporal (3,5%), toma de decisiones relacionadas con los estudios, trabajo o pareja (3,3%), conductas sexuales de riesgo (1,4%) o diversidad sexual (0,8%), entre otros temas.

Según datos de estudios del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, alrededor de la mitad de jóvenes cree haber tenido algún tipo de problema psicológico a lo largo de su vida, y de manera recurrente lo afirman 1 de cada 4.

Esta percepción de problemas es más alta entre las chicas, y es superior en los grupos de mayor edad. También es muy relevante que un 40% declara no haber recurrido a apoyo especializado, y una proporción similar tampoco lo ha compartido con nadie de su entorno. Formalmente, entre quienes cuentan con un diagnóstico, los problemas más frecuentes son la depresión y la ansiedad.

Desde este servicio se pretende precisamente informar, orientar y dar apoyo a adolescentes y jóvenes que se encuentran en una situación de malestar psicológico y social y necesitan apoyo. El canal más utilizado para realizar las consultas ha sido WhatsApp (73%), después el teléfono (20%), la videollamada (5%) y por último el correo electrónico (2%).

El Servicio de Información y Orientación de la FAD es accesible a través de a través del teléfono 900161515, el e-mail consultas@fad.es y el WhatsApp 623 22 05 70 de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y es atendido por expertos de manera gratuita y confidencial.

El acusado de matar y descuartizar a su pareja en Cartagena (Murcia) ha pedido «perdón» a la familia de la víctima y ha reiterado que él sí desmembró el cuerpo, pero no la mató.

«Lo siento mucho; de corazón, estoy muy arrepentido. De homicidio me declaro inocente, del desmembramiento de cuerpo, culpable», ha dicho antes de que los miembros del jurado se retirasen a deliberar.

Cabe recordar que la Fiscalía pide para él 15 años de prisión por homicidio y cinco meses por profanación de cadáver, así como indemnizaciones a los seis hermanos y tres hijos de la víctima por valor de 231.000 euros.

El juicio arrancó el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Murcia con la declaración del acusado, quien aseguró que encontró muerta a su pareja y que, por «pánico», decidió descuartizar el cuerpo y meterlo en dos bolsas de plástico que introdujo en un arcón frigorífico. Pasados «cuatro o cinco meses», siempre según su versión, los depositó en dos contenedores.

El escrito de calificación fiscal sostiene que el hombre acabó presuntamente con la vida de su pareja, a la que conoció en 2016 en un centro de desintoxicación y con la que convivía, para luego descuartizar el cuerpo, guardar los miembros en un congelador y tirarlos, con fecha indeterminada, pero antes del 10 de noviembre de 2019, a dos contenedores.

El acusado se encuentra en prisión por orden de un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena y ratificado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Según relata el escrito, el acusado tenía una «relación de dominación» sobre la mujer, «hasta el punto de aislarla paulatinamente de su familia e impedir que la misma se relacionara con su entorno».

Ciudadanos ha registrado una iniciativa con la que persigue que el Congreso repruebe a los ministros de Unidas Podemos que han criticado y critican que España envíe armas a Ucrania para que su Ejército y sus civiles puedan defenderse de las agresiones militares ordenadas por el «tirano» de Vladimir Putin.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, quien excluye de ese grupo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque públicamente ha apoyado la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el Pleno monográfico sobre Ucrania celebrado este miércoles en el Congreso, Bal ya aprovechó su intervención para pedir una vez más a Sánchez que expulsara del Gobierno a los ministros de Unidas Podemos, en este ocasión por su oposición a ayudar con todos los medios a la población ucraniana frente a la invasión rusa.

SEÑALA A BELARRA, MONTERO, GARZÓN Y SUBIRATS

Y ahora, mediante una proposición no de ley, pretende que la Cámara Baja censure a las ministras Irene Montero (Igualdad) e Ione Belarra (Derechos Sociales), de Podemos, y también a Alberto Garzón (Consumo), de IU, y Joan Subirats (Universidades), promovido por En Comú, a los que acusa de ser «sumisos con la tiranía y fuertes con el débil».

Nada más anunciar la decisión de enviar armamento a Ucrania, con la que Sánchez rectificaba su posición anterior, todos sus ministros rompieron en aplausos salvo los de Unidas Podemos, que pretendían mostrar así su malestar con esa medida. En el caso de Belarra y Montero, esa disconformidad se mantuvo al término de la intervención inicial de Sánchez, puesto que fueron las únicas que no se pusieron en pie para respaldar el discurso del presidente.

Y posteriormente, Belarra, como secretaria general de Podemos, criticó abiertamente la medida en los pasillos del Congreso, abriendo así «una nueva brecha en el Gobierno y, sobre todo, en la reputación internacional de España y de nuestra fiabilidad como socio europeo», según sostiene Cs en su iniciativa.

Bal no entiende que Sánchez mantenga en el Ejecutivo a personas cuyos partidos votaron días atrás en el Parlamento europeo en contra la entrega de armas a la población ucraniana, del endurecimiento de las sanciones a Rusia o de que Ucrania pueda ser un país candidato a entrar en la Unión Europea.

SON UNA «DESHONRA» PARA ESPAÑA

«La ciudadanía ucraniana se merece firmeza y determinación en nuestras medidas de apoyo, del carácter que sean, para poder poner fin a esta invasión», sostiene Cs, quien considera una «deshonra» para España «contar con ministros que se ponen de perfil ante un acto de agresión directa, que rompe con el derecho internacional, con la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas y con la integridad territorial de uno de nuestros vecinos europeos más próximos».

El ‘número dos’ del partido naranja ha celebrado que el presidente Pedro Sánchez reconociera en el Congreso que la presión europea a Rusia va a exigir sacrificios a la sociedad española, algo que a su juicio «merece la pena» porque «si no se hicieran, la situación sería peor».

Eso sí, cree que hay que establecer medidas para que esos sacrificios sean llevadores, y en ese sentido aboga entre otras cosas por deflactar los tipos de IRPF, como se hace todos los años en Francia y como pedirá Ciudadanos el próximo martes en el Congreso, y por bajar el precio de la luz revocando el calendario de cierre de las nucleares y aprobando un plan de recursos hídricos que permita apostar por las centrales hidroeléctricas.

«Estamos ante un problema acuciante, estamos en el arranque de año más seco del siglo», ha avisado, y por ello es necesario un plan nacional de aprovechamiento hídrico para recuperar inversiones, aprovechar los fondos europeos, crear puestos de trabajo y ayudar así a la agricultura frente a la sequía y de paso abaratar la factura eléctrica.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, considera que el nombramiento del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como próximo líder nacional del Partido Popular abre una vía de «esperanza» de cara a alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ, paralizado desde 2018.

Con Feijóo como presidente del PP «es evidente, desde luego, que se abre un nuevo escenario de esperanza» en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado Llop este jueves en declaraciones a los medios con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Aunque todavía falta saber «quién» va a liderar el PP, Llop ha señalado que ayer escuchó al presidente de la Xunta y espera que su candidatura demuestre ser un «primer paso» hacia la renovación del CGPJ. Es necesario el «sentido de Estado», ha pedido la ministra.

EL GOBIERNO ACTÚA CON UNIDAD SOBRE UCRANIA

En cuanto a la decisión del Gobierno de enviar armas a Ucrania para contener la invasión rusa, la titular de Justicia ha rechazado que en el Ejecutivo haya habido cambios en su postura, sino una «evolución que ayer explicó perfectamente tanto el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso, como también la ministra de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores», ha dicho.

«Ha habido una evolución según han ido también variando las circunstancias en un escenario muy delicado y complejo» por las acciones «muy imprevisibles» en Ucrania del presidente ruso, Vladimir Putin. «Lo importante es que haya unidad, y que por parte de España se provea de esos medios ofensivos necesarios» a los ucranianos «para defender su integridad territorial y su independencia», ha reclamado.

Llop ha expresado que el Gobierno actúa con «firmeza, contundencia y unidad» bajo el «liderazgo claro de Pedro Sánchez», y en especial en los asuntos de política exterior, ha añadido. «Otra cosa es lo que los partidos políticos puedan opinar», ha puntualizado la ministra.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido de que hubiera sido «más gravoso» para la economía de España y Europa no haber puesto sanciones masivas a Rusia mientras admitía que las mismas traerán consecuencias económicas.

Así lo ha indicado este jueves en la localidad palentina de Saldaña donde se ha reunido con la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Castilla y León y antes de visitar dos de sus centros rurales, la cooperativa LOVEPAMUR, en la localidad saldañesa, y la casa rural Vereda, en el municipio de Ledigos.

La portavoz del Gobierno ha insistido que desde el Gobierno están convencidos de las decisiones que están adoptando, mientras recordaba que el presidente de España, Pedro Sánchez, ya advirtió este miércoles durante la presentación del plan de medidas que quieren que sea «dinámico, abierto y vaya haciendo seguimiento de la evolución del conflicto y sus consecuencias en el país».

Para ello van a hablar con las fuerzas políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y entidades locales.

«Ya se han tomado algunas decisiones en relación con la fiscalidad como amortiguar el coste de la energía congelando los impuestos y prologando las medidas fiscales puestas en marcha. Vamos a seguir con mucha atención ese plan abierto y dinámico que requiere de la unidad política y social y por eso el presidente quiere compartirlo en todos los ámbitos», ha aseverado.

Rodríguez ha recordado que ya se hizo en el parlamento y que lo harán con los agentes sociales, en el ámbito de las relaciones institucionales y la cogobernanza con las comunidades a las que se trasladará la próxima semana en La Palma en la reunión de la conferencia de presidentes.

El Gobierno está trabajando para dar el estatuto de refugiado y el apoyo necesario a aquellos universitarios que hayan tenido que salir de Ucrania tras la invasión de Rusia y «quieran venir a España a estudiar o mantener su profesión».

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, el ministro de Universidades, Joan Subirats, este jueves, antes de una serie de reuniones de trabajo en la Universidad de Granada, donde ha sido recibido por la rectora, Pilar Aranda.

En cuanto a la comunidad universitaria de Ucrania en España afectada, el Gobierno está haciendo un «recuento» para avanzar en las acciones de apoyo que puedan necesitar, ha explicado el ministro, que ha apuntado a que el año pasado había unos 1.200 ucranianos que tenían algún tipo de actividad universitaria en territorio español.

En paralelo, se está hablando con las universidades para que tengan «todo» el «apoyo en este tema», y se trabaja en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en atención a los «muchos estudiantes españoles Erasmus en Polonia».

«Seguimos atentamente la situación por si hace falta trabajar de alguna manera» a este respecto, ha especificado Subirats, que ha citado además el caso de la repatriación a una lectora de español de la Universidad de Cádiz, que estaba en Ucrania, y volvió en el dispositivo especial articulado por el Gobierno a tal efecto.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha señalado que son «momentos muy duros» en tanto las «estrechas relaciones» de la comunidad universitaria con «numerosas universidades ucranianas y rusas», y que se trabaja «atendiendo siempre al estudiantado».

En Granada, hay profesores ucranianos que se han quedado «atrapados» y se atiende a los alrededor de 30 estudiantes rusos y de Ucrania, mientras que en este país ribereño del Mar Negro ya «no queda nadie» del estudiantado granadino.

En Rusia, país con el que la institución académica granadina mantiene suspendidas las relaciones, tras 30 años de trabajo de colaboración con distintas universidades, «quedan dos, que han querido quedarse allí».

La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XI Legislatura tendrá lugar a las 12.00 horas del próximo jueves, 10 de marzo, con la incógnita aún de quién será el nuevo presidente del Legislativo –hace dos años y medio se disipó tres días antes– y de cuántos grupos parlamentarios se formarán definitivamente, cuatro o cinco.

Las elecciones del pasado 13 de febrero han dejado un variopinto Grupo Mixto que, de no dividirse, posibilidad que se explora en estos momentos, estaría formado por nueve procuradores de cinco partidos políticos (UPL y Soria ‘Ya’, con tres en ambos casos, y Unidas-Podemos, Ciudadanos y Por Ávila, con uno).

A una semana para la constitución de las Cortes, la principal incógnita está en saber qué partido presidirá el Parlamento, aunque el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó el pasado lunes que los ‘populares’ propondrán a un «candidato o candidata algo lógico y razonable», según defendió, al tratarse del partido que ganó las elecciones, cuando obtuvo 31 escaños.

«Con nosotros no podrá contar si no rectifica radicalmente», advirtió de forma inmediata el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, que, con sus 13 escaños electos, aspira a constituir tandem con el PP en el nuevo Ejecutivo autonómico y a ocupar la Presidencia de las Cortes, a semejanza de lo que ocurrió en 2019 cuando Ciudadanos, entonces socio de Gobierno de Fernández Mañueco, asumió la jefatura del Legislativo.

García-Gallardo llegó a acusar a Fernández Mañueco de «despreciar» e «insultar» a los votantes de Vox con una petición expresa al presidente autonómico del PP para que reconsidere la postura. Y en su última comparecencia ante la prensa tras el Comité de Dirección de los ‘populares’, en la de este miércoles 2, el presidente evitó el dilema y se mostró partidario de centrarse ahora en hablar de «programa». «Vamos a ver que pasa ese día», deslizó.

Según consta en el Reglamento de las Cortes, para la elección del presidente de las Cortes, cada procurador –en el nuevo mandato serán 81– debe escribir un sólo nombre en una papeleta y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes.

Y en el caso de que nadie alcance esa mayoría, se repetirá la elección entre los dos procuradores que mayor número de votos hayan obtenido y resultará elegido el que obtenga la mayoría simple. También se contempla el caso de empate que llevaría a repetir la votación y, si persistiera el empate, se considerará elegido el candidato que forme parte del grupo político o coalición electoral que hubiera obtenido un mayor número de votos en el territorio de la Comunidad Autónoma, en este caso el Partido Popular.

Para la elección de los vicepresidentes, cada procurador escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos los que por orden correlativo obtengan el mayor número de votos y los tres secretarios serán elegidos de la misma forma. Según establece el Reglamento, si en alguna votación tanto de vicepresidentes como de secretarios, hubiera empate, decide lo dispuesto para la elección del presidente.

Antes de la elección, los grupos políticos o coaliciones electorales podrán proponer candidatos para los puestos a cubrir y en ningún caso podrá ser propuesto por cada grupo o coalición más de un candidato para cada una de las votaciones previstas. Concluida cada votación, se procederá al escrutinio y el presidente de edad leerá en alta voz las papeletas y las entregará a un secretario para su comprobación.

La XI Legislatura echará a andar a las 12.00 horas del 10 de marzo con la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León que, como en el mandato precedente, volverán a estarán integradas por 81 procuradores repartidos en este caso entre 31 de PP, 28 de PSOE, 13 de Vox, 3 de UPL, 3 de Soria ‘Ya’ y uno de Unidas-Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.

Entre las novedades de la XI Legislatura destaca la entrada de la agrupación de electores Soria ‘Ya’, con tres representantes, y el repunte de Vox, que pasa de tener un procurador por Valladolid a constituirse en grupo propio, a diferencia de lo que ocurre con Ciudadanos, que tras iniciar la anterior legislatura con grupo propio y doce procuradores –perdió uno a raíz de la moción de censura cuando abandonó la salmantina María Montero– pasa ahora al Grupo Mixto con sólo un representante, como Unidas-Podemos, que ya estaba en el Mixto pero pierde uno.

Otra de las particularidades de la XI Legislatura será que el Parlamento de Castilla y León se distribuirá inicialmente en cuatro grupos, Popular, Socialista, Vox y Mixto, aunque los mayoritarios entre los minoritarios exploran la posibilidad de unirse para conformar un grupo distinto que dejaría el Mixto sólo para Unidas-Podemos, Ciudadanos y Por Ávila, con dudas en este caso sobre quién sería el portavoz puesto que ya se han postulado tanto el procurador de los ‘morados’ Pablo Fernández como el liberal Francisco Igea.

De hecho, los resultados del pasado 13 de febrero han dejado un hemiciclo diferente al del X mandato ya que, con 31 procuradores, a diez de la mayoría absoluta (41), el PP volverá a ser el grupo mayoritario en el Parlamento de Castilla y León, a diferencia de lo que ocurrió en tras las elecciones de 2019 que ganó el PSOE que se quedó a seis de esa mayoría en una situación que no se daba desde la I Legislatura cuando los socialistas sacaron 41.

En todas estas votaciones serán consideradas nulas las papeletas en blanco, las ilegibles y aquéllas que contengan más de un nombre o el de cualquier Procurador que no hubiese cumplido lo previsto en el primer punto del artículo 5 del presente Reglamento. Sin embargo, dichas papeletas servirán para computar el número de Procuradores que hayan tomado parte en el acto.

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha reclamado al Estado español que haga un ejercicio de «autocrítica» y que desclasifique los documentos sobre la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco trabajadores murieron en Vitoria-Gasteiz como consecuencia de los disparos realizados por la Policía Armada contra los participantes en una asamblea obrera.

Artolazabal ha participado este jueves en una ofrenda floral en el monolito instalado en el barrio vitoriano de Zaramaga en recuerdo a los damnificados por esta carga policial, por la que ninguna persona ha sido condenada hasta la fecha.

La consejera vasca de Justicia ha explicado que en esta jornada se debe realizar «un reconocimiento de una injusticia» cometida «por el Estado» y que es necesario que sea «aclarada».

Además, ha explicado que las instituciones vascas están trabajando para poder «dar dignidad a las personas asesinadas hace 46 años», una labor que se está llevando a cabo junto a las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria.

CENTRO MEMORIAL

Artolazabal se ha referido al proyecto para la construcción de un centro memorial dedicado a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada y más de un centenar resultaron heridas por una intervención policial contra los participantes en una protesta laboral.

Según ha explicado, el objetivo es que este centro pueda inaugurarse antes de que acabe la presente legislatura, con el fin de seguir dando pasos para ofrecer «dignidad» a las víctimas y a sus familias, y para que este tipo de actos de violencia «nunca vuelvan a ocurrir».

«Tenemos mucho trabajo por delante», ha manifestado la consejera, que ha afirmado, asimismo, que el Estado español debe hacer un ejercicio de «autocrítica sincera» en torno a «lo que pasó» el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

Artolazabal considera que los pasos que ha de dar el Ejecutivo central en este sentido pasan por «levantar el secreto de los papeles oficiales» referidos a la carga policial contra la protesta laboral celebrada en aquella fecha en la capital alavesa. «Esa es la clave para poder hablar de memoria, verdad y justicia», ha añadido.

Atresmedia ha anunciado este jueves su colaboración con la puesta en marcha del Comité de Emergencia, integrado por seis ONG que unen sus fuerzas para la captación de fondos que ayuden a las personas afectadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision han realizado un llamamiento a todas las partes implicadas para «promover la paz y evitar más víctimas en el conflicto armado».

«En estos momentos, ya han comenzado a monitorear las consecuencias y han puesto en marcha planes de trabajo para brindar apoyo y conseguir salvar vidas a medida que se desarrolla esta grave crisis humanitaria», ha explicado el grupo audiovisual en un comunicado.

En concreto, Atresmedia ha informado de que ofrece su apoyo en la captación de los fondos a través de sus informativos, programas y espacios publicitarios en sus diferentes canales de televisión, emisoras de radio y universo digital.

A través del Comité de Emergencia, las seis ONG quieren canalizar conjuntamente la ayuda de todas aquellas personas dispuestas a contribuir para paliar la situación de los afectados por la violencia en Ucrania, así como las personas que se han visto obligadas a buscar refugio en los países colindantes como Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia.

Las primeras respuestas de emergencia se centran en proveer refugios, ayuda humanitaria de primera necesidad como alimentos o agua, asistencia sanitaria, atención psicológica y protección infantil, entre otras líneas de actuación.

Para colaborar con el Comité de Emergencia, se puede realizar una transferencia a ES24 2100 5731 7202 0035 4082; llamar al 900 595 216; a través de www.comiteemergencia.org; con un SMS con la palabra «JUNTOS» al 28014 o Bizum con el código 02076.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a A.W.G.V., de 34 años de edad, como presunto autor de un delito de agresión sexual continuado con penetración hacia su sobrina menor de edad, aprovechando las reuniones familiares y siendo sorprendido in fraganti por su mujer cuando intentó la última de las agresiones.

Los abusos empezaron cuando la niña tenía 14 años, prolongándose durante cinco años, hasta que el detenido fue sorprendido in franganti en una de las agresiones sexuales, tal como ha informado la Policía Nacional este jueves en una nota de prensa.

Los hechos comenzaron en 2016 cuando el presunto agresor y la menor, que entonces tenía 14 años, coincidieron en una reunión familiar, ya que son tío y sobrina. El presunto autor de los hechos jugaba con ella y otros niños, hijos también de otros familiares y aprovechaba cuando la menor se quedaba sola para realizarle tocamientos.

Estos hechos comenzaron a ser habituales cada vez que ambos coincidían en dichas reuniones y los abusos, pronto se convirtieron en agresiones sexuales. En la última ocasión en la que coincidieron la víctima ya tenía 19 años y algunos allegados decidieron quedarse a dormir en la casa del ahora detenido, entre ellos la víctima con su padre.

Ya de madrugada, el hombre se dirigió al dormitorio donde estaba su sobrina y, cuando intentaba consumar una nueva agresión, fue sorprendido in fraganti por su esposa, que dormía en una habitación contigua. En ese momento, fue cuando la víctima decidió contar a sus padres lo sufrido durante años, para posteriormente denunciar dichos hechos ante la Policía.

Agentes de Policía Nacional de la Comisaria de Camas, tras realizar las indagaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, procedieron el pasado día 15 de febrero a la detención del presunto autor de los hechos y puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha confirmado que la mujer de 45 años que ha sido asesinada este jueves en la localidad toledana de Maqueda había tenido una relación sentimental previa con su asesino que ella había roto, causa por la que «él ha terminado con su vida».

«Parece que podemos estar ante la quinta víctima mortal como consecuencia de la terrible violencia machista que azota nuestro país. Cada vez quedan menos dudas de que es un caso de violencia machista porque el visionado de las cámaras cercanas al lugar donde se ha cometido el asesinato demuestran que el primero le asesta uno o dos tiros y luego se suicida. Además, habían tenido una relación previa, ella lo dejó y él ha terminado con su vida», ha condenado la responsable regional de Igualdad, que ha añadido que «está muy claro que ese presunto crimen por violencia machista no es tan presunto».

Fernández ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios antes de participar en a su llegada a la V Jornada ‘Soy Mujer’ organizada por ‘encastillalamancha.es’ en Toledo, donde ha confirmado que no existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima ni datos en el Sistema VioGén, al tiempo que ha precisado que, de confirmarse, sería el primer caso de violencia machista en lo que va de año en la región.

«Ojalá fuera el último, aunque nunca se puede saber. A nosotros como gobierno nos duele muchísimo un asesinato en nuestra tierra, pero no nos duele menos que se produzca un asesinato de estas características en nuestro país», ha dicho en referencia al otro caso de violencia machista ocurrido también este jueves en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha querido condenar «este terrible y execrable crimen machista». «Nos entristece, asola y nos deja con una frustración contenida y un dolor contenido terrible», ha defendido Fernández, que ha avanzado que, una vez el juzgado confirme que se trata de un crimen machista, la Junta de Comunidades, como siempre, se personará como acusación particular, «porque entendemos que estamos en nuestra obligación», ha añadido.

UN 40% DE MUERTES MENOS

Pese a los dos «execrables crímenes» de este jueves, la responsable de Igualdad castellanomanchega ha querido destacar que desde que se aprobó la Ley integral de Protección a la Víctimas de violencia de género en España, la media de muertes por violencia machista se ha reducido en un 40%.

«Antes se asesinaba de media a más de 70 mujeres todos los años y, aunque no hemos erradicado de raíz este problema estructural, lo cierto es que hemos reducido ese número casi en un 40%, de manera que de media son asesinadas en el país entre 40 y 50 mujeres», ha indicado.

No obstante, y pese a defender que el de la violencia machista sigue siendo un «problema grave», ha asegurado que es «incontestable que las leyes, los mecanismo de protección y las políticas públicas encaminadas a prevenir, sensibilizar, proteger y luchar contra la violencia machista son eficaces, dan sus frutos y en un periodo de tiempo que en términos históricos es muy corto, se ha conseguido reducir mucho los asesinatos».

Dicho esto, Blanca Fernández ha reconocido que queda mucho por hacer, pues no solo hay violencia machista cuando hay asesinatos, porque la violencia machista es mucho más. «Tiene muchas caras, manifestaciones y víctimas pero nuestra sociedad esta mejor preparada para identificarla y luchar contra ella», ha concluido.

IU ha reprochado a la Fiscalía e instituciones judiciales de enfocar la investigación sobre presuntas irregularidades de Juan Carlos I, ya archivadas, desde el «ánimo de proteger al rey emérito a la institución monárquica».

Así lo ha trasladado tras la decisión del Ministerio Público de zanjar las pesquisas indagatorias sobre las finanzas de Juan Carlos I, relativas al cobro de presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

En un comunicado, la formación que lidera Alberto Garzón ha recordado que durante meses llamó la atención sobre «la insuficiencia y el descrédito de esas supuestas investigaciones» y destaca que, «lamentablemente» no le sorprende la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de dar «capertazo» al asunto, renunciando a plantear una querella criminal por «las actividades ilícitas que ha llevado a cabo de forma continuada, de las que se conocen públicamente multitud de datos».

SE REFUERZA LA «IMAGEN E IMPUNIDAD»

De hecho, ha reprochado que dicho archivo refuerza así la imagen de impunidad» y denuncia que «las instituciones judiciales y la Fiscalía han trabajado de forma opaca a la hora de abordar las responsabilidades penales del anterior jefe del Estado».

DESLIZA QUE EL EMÉRITO PUDO RECIBIR INFORMACIÓN «PRIVILEGIADA»

«Esta actuación desde las instancias judiciales y la Fiscalía responde exclusivamente al ánimo de proteger al rey emérito y a la institución monárquica», ha enfatizado para deslizar a la existencia de «fundadas sospechas» de que Juan Carlos «pudo recibir información privilegiada» sobre la evolución de las diligencias, que «habría utilizado para anularlas».

Al respecto, IU ha aludido a las «regularizaciones millonarias ante» Hacienda que emprendió el emérito sobre «importantísimas cantidades de dinero cuya procedencia nunca ha sido aclarada suficientemente».

También ha recriminado que no se hagan públicos los decretos de archivo del Ministerio Público ni sus actuaciones, para censurar también que ante los presuntos delitos referidos a 2012 «la propia Fiscalía se arrogue la capacidad de interpretar si le es aplicable a Juan Carlos la inviolabilidad, sin que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional hayan realizado una interpretación al respecto».

«No es admisible que sea la Fiscalía quien interprete si hay delito o no, así como cuál es la determinación en un proceso penal del concepto constitucional de inviolabilidad, interpretación que solo les corresponde a los jueces», ha razonado la formación.

Además, ha concluido que es «igualmente decepcionante» la postura sobre las presuntas irregularidades entre 2015 y 2018, y dé «por buenas» las «sendas regularizaciones extemporáneas» del emérito sobre sus ingresos, que se realizaron solo cuando la sociedad española era «conocedora de sus actividades fraudulentas».

Al hilo, ha criticado también el papel jugado por el Tribunal Supremo, que es quien «debía haber impulsado una verdadera investigación». Por todo ello, IU ha lamentado que las actuaciones sobre el emérito «hayan estado siempre en situación de absoluta impunidad judicial, sin ningún tipo de investigación real».