El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha comunicado este miércoles a las comunidades autónomas que dedicará entre un 7 y un 8% del Fondo Social Europeo Plus a la Garantía Infantil Europea, hasta 3 puntos más del 5% inicialmente previsto.

Así se contempla en el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado este miércoles a las CCAA.

El Ministerio espera que este «esfuerzo adicional» sea también «compartido y llevado a cabo por el resto de administraciones», con el objetivo de abordar la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha trasladado durante su intervención que «el compromiso del Gobierno con la infancia es pleno, especialmente, en la lucha contra las graves tasas de pobreza infantil que sufre aún nuestro país y que sitúan a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y exclusión social».

«El objetivo es luchar de manera transversal sobre todas las condiciones que desencadenan la desigualdad y que empiezan por el acceso a los derechos básicos. Por tanto, no podemos decir que hemos acabado con la desigualdad si hay niños y niñas que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si la preocupación de que sus padres o madres no puedan pagar el alquiler no deja que se concentren en sus deberes», ha indicado.

Durante los últimos meses, Derechos Sociales ha estado trabajando con ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del tercer sector, académicos, expertos y niños, niñas y adolescentes en este objetivo.

Esta colaboración desembocará, el próximo 15 de marzo, en la presentación a la Comisión Europea de un Plan de Acción Estatal, que será una hoja de ruta hasta 2030 y girará en torno a tres ejes de actuación: la pobreza infantil y la protección social; el ejercicio de los derechos sociales a través de servicios públicos de calidad; y los entornos protectores, inclusivos y participativos.

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y la Fundación 360 para la Autonomía Personal han firmado un convenio de colaboración con el fin de establecer acciones conjuntas dirigidas al estudio y a la investigación en materia de la intolerancia criminal desde el ámbito de la discapacidad, han informado en una nota de prensa.

En la firma asistieron la decana del CPCM Carmen Balfagón, el vicedecano Abel González y el secretario general Ramón Chimpirrás. Y por parte de la Fundación, su presidente Javier Font, la coordinadora Ana Guzmán y Christian Herrera, responsable del Departamento de Derechos Humanos.

En ocasiones las personas con discapacidad pueden sufrir un maltrato en silencio por su alto grado de discapacidad, por la acción o inacción, de quienes les asisten. Se trata de iniciar un trabajo de colaboración entre la Fundación y el Colegio Profesional de Criminología para analizar y detectar situaciones que eviten situaciones de malos tratos.

Como complemento de este trabajo las dos instituciones llevarán a cabo acciones formativas, de sensibilización e información a la sociedad, así como estudios y proyectos en aquellas áreas que se consideren relevantes y necesarias para las dos entidades.

El acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones tiene como objetivo promocionar la formación y asesoramiento en la prevención de los malos tratos, así como potenciar la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Con la finalidad de sensibilizar sobre esta situación, gracias a esta colaboración, podrá crearse un documento donde se recoja un protocolo a seguir en la detección y denuncia en caso de maltrato en personas con discapacidad.

«Desde la fundación queremos afianzar nuestro objetivo de cambiar el paradigma de la atención a las personas con discapacidad. Una de las vías para conseguirlo será a través de este acuerdo que permitirá la constitución de una guía oficial de información para la prevención del maltrato. Este documento podrá ser utilizado como herramienta en la protección de las personas con discapacidad en situación de riesgo», ha indicado Font.

Por su parte, Carmen Balfagón ha recordado que el reto de la Criminología es analizar el delito, pero también prevenirlo. «Por eso queremos ayudar a perseguir los delitos de odio y discriminación a las personas por cualquier tipo de causa, incluida su discapacidad. Para ello firmamos este convenio, que contempla también la realización de estudios y proyectos de investigación en áreas de interés común; asesoramiento, intercambio de información y cualquier otra actividad que redunde en beneficio de las personas con discapacidad física y orgánica», ha subrayado.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid hará un llamamiento a los colegiados/as y precolegiados/as que quieran constituir un Grupo de Trabajo sobre Discapacidad que aborde las problemáticas criminógenas antes aludidas que afectan a este colectivo.

La excavación arqueológica que lleva a cabo el Cabildo Catedral de Córdoba en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad ha confirmado la existencia, desde el siglo V, de un gran complejo episcopal, es decir, dos siglos antes de la invasión musulmana, a la vez que se han hallado restos de un edificio más antiguo, que se integra en el conjunto, y que se sitúan en torno al siglo III o IV.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la institución capitular, a través de los arqueólogos Raimundo Ortiz y Alberto León, al presentar el estado de los trabajos de excavación, que ponen de relieve la importancia de unos hallazgos que permitirán conocer mejor el pasado del monumento, tomando como base las labores llevadas a cabo por el arquitecto Félix Hernández entre 1931 y 1942.

El origen de la actual intervención se sitúa en 2015, a raíz de un proyecto del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que se propuso digitalizar los fondos del archivo personal de Félix Hernández depositados en el Museo Arqueológico, que incluyen la documentación que Hernández realizó durante las excavaciones arqueológicas en la Mezquita-Catedral y que consistían en aproximaciones muy superficiales y con una lectura muy parcial.

Se procedió a la recopilación y digitalización de un amplio repertorio de fotografías, tanto en negativos en cristal, como en positivos y negativos en acetato, además de croquis y anotaciones de campo, que aportaban cotas, profundidades y algún detalle descriptivo. Aunque lo más destacado de esta información eran los planos, tanto del interior, como del patio.

En los mismos se habían incorporado elementos que correspondían a edificios de más de tres siglos de ocupaciones y transformaciones sucesivas, con más de dos metros de diferencia de cota, lo que ha obligado a cambiar la interpretación que se tenía de las estructuras del interior de la Mezquita.

OBJETIVOS DE LA EXCAVACIÓN

A raíz de estos datos, el objetivo del Cabildo y del equipo de arqueólogos que desarrollan la intervención ha sido volver a excavar las estructuras en las que había actuado Félix Hernández, pero con una base metodológica actual, haciendo una lectura de todas las fases, completando los elementos que habían quedado sin resolver y realizando una lectura científica de la evolución del sitio desde la época romana hasta el momento de la construcción de la mezquita aljama.

En la presentación del año pasado se dio cuenta de una serie de columnas que definen un pórtico con un vestíbulo, rematado por exedras en los extremos y que darían paso a una crujía central con una serie de habitaciones de las que, de momento, se desconoce el acceso a las mismas. Hacia el Este del edificio se define un inmueble monumental con un gran muro de más de 30 metros de longitud que se prolonga por gran parte de la zona del patio excavada el año pasado, fechado en principio en el siglo V y que en una fase posterior es monumentalizado con un ábside y una serie de habitaciones que compartimentan dicho conjunto.

Además de ello, Félix Hernández documentó el alminar y parte del cierre norte de la mezquita de Abderramán I, mientras que con esta excavación se han podido documentar al menos seis o siete fases constructivas diferentes, no solo asociadas a la etapa tardo-antigua, sino también, con toda probabilidad, a la etapa de ocupación islámica previa y contemporánea a la construcción de la mezquita aljama.

El muro Norte-Sur superaría los límites de la mezquita aljama, que estaría creando un espacio más reducido y más al Sur que los límites del edificio. Este dato permitió a los técnicos desechar una primera hipótesis que tradicionalmente se había planteado sobre la orientación de la mezquita y la nave central de la construida por Abderramán I, que estaría sobre una calle romana.

Los arqueólogos ahora saben que no es así, porque esa calle estaría ocupada por este edificio entre el siglo V y VI. Un gran edificio que se define gracias al muro realizado en mampostería, y al que se asocia con un mosaico policromo documentado, uno de los pocos testimonios de pavimento que se tienen porque después de la conquista islámica se produjo un proceso de «arrasamiento» y de reutilización de materiales que afectó mucho a los edificios que existieron con antelación.

En una segunda etapa, ese edificio experimenta un proceso de monumentalización, alrededor del siglo VI. Un proceso que consiste en la incorporación de un ábside al que se entra a través de una puerta con un pavimento de mortero que servía de base para colocar unas losas de mármol. Se ha podido comprobar que al mismo tiempo se construyeron una serie de muros perpendiculares que definen distintas estancias.

EDIFICIO MÁS ANTIGUO

En los últimos días de excavación, además, se ha podido datar restos de un edificio aún más antiguo, que se integra en el conjunto y que se sitúa en torno al siglo III o IV y cuya identidad no se sabe aún con absoluta seguridad.

Sin embargo, los arqueólogos defienden que la investigación no debe limitarse a la localización de la iglesia de San Vicente, sino que habría que ampliar el foco para analizar un sector urbano mucho más amplio ocupado por un complejo episcopal, que existía en todas las ciudades episcopales del mundo mediterráneo y que estaba compuesto como mínimo por tres grandes edificios: la basílica episcopal, el baptisterio y el palacio del obispo (episcopium).

Un edificio de estas características servía para que el obispo ejerciera sus funciones públicas, pero también era un complejo con almacenes, capillas y todo aquello que estuviera vinculado con la actividad obispal en la ciudad.

La hipótesis que actualmente manejan los arqueólogos es que este complejo se extendiera hasta la Puerta del Puente, y el trabajo actual consiste en definir qué edificios formaban parte de ese conjunto. La pieza clave reside en el ábside, puesto que los edificios de época tardo-antigua, y en particular del siglo VI, que tuvieran un ábside sólo podrían ser o una iglesia o un espacio de representación.

Aparentemente el único espacio que encajaría en esta definición sería un espacio de recepción del obispo, y el ábside sería el lugar donde estaría el obispo para presidir las actividades públicas vinculadas con su función.

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN

Se han identificado un par de fases plenamente romanas, de entre los siglos I y III. Están representadas por una primera etapa cuyo único muro está orientado Este-Oeste. El siguiente momento, con algunos muros más, ya presentan una orientación idéntica a la que se mantiene en época tardoantigua. Se asocian con restos de estucos, revestimientos pintados de varios colores (negro, rojo, verde, amarillo) y numerosos fragmentos de mosaico, todo removido como producto de la eliminación de las construcciones de esta fase.

La siguiente fase, ya perteneciente a un momento en torno al s. IV d.C., está representada por muros de piezas de sillería reutilizada, vinculándose, por ahora, todas estas ocupaciones con ámbitos domésticos. De los siglos V y VI tendríamos edificaciones pertenecientes al complejo episcopal anteriormente excavado y ya comentado, como el gran muro de mampostería asociado a pinturas y mosaico, y el ábside que posteriormente se le adosa.

La fase posterior ofrece la construcción de un pórtico de unos 23 metros de largo flanqueado por exedras en sus extremos que estaría abierto a la calle y funcionaría como acceso oeste al conjunto de edificios existente en el actual patio. El pórtico se completa con un cuerpo de estancias intermedias entre este acceso y el gran edificio situado más al este. La cronología de este nuevo edificio se sitúa en torno al tránsito entre los s. VI y VII.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TJSPV) ha reconocido a un hombre el complemento de maternidad en su pensión de jubilación, pese a que ya lo tenía reconocido su esposa.

La sentencia, fechada el pasado 1 de marzo, ha desestimado el recurso de suplicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la TGSS, y ha confirmado el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº2 de San Sebastián, que estimó íntegramente las pretensiones de un hombre, padre de tres hijos.

Según han explicado desde Unive Abogados, que se encargó del caso, el INSS y la TGSS alegaron en su recurso que «no correspondía conceder el complemento al hombre, toda vez que la esposa del demandante ya cobra su pensión de jubilación con tal complemento de aportación demográfica desde el día 10 de abril de 2018 y por importe de 145,89 euros».

La sentencia confirma que el hecho de que la esposa ya reciba elcomplemento es «intrascendente», pues el artículo 60 de la LGSS vigente entonces «no fijaba excepción alguna al cobro por ese dato», a diferencia de lo que prevé el actual artículo 60.2 de la LGSS (modificado por el Real Decreto Ley 3/2021, de 2 febrero, que introdujo el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género)».

El magistrado afirma que, «aparte del género masculino, el demandante cumple con todos los requisitos que imponía aquel artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción de mérito y ya se ha expuesto que el género, sin más, sea factor legítimo para segregar en el cobro de tal complemento», por lo que verá revalorizada su pensión en un 10%, lo que se traduce en 148,026 euros más al mes.

Por último, confirma que tiene derecho a percibir el complemento de maternidad en su pensión desde la fecha en que accedió a su prestación de jubilación «sin limitación alguna, en la línea de la reciente doctrina del Tribunal Supremo».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentará este jueves a las preguntas de los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) sobre el contrato público, de compra de mascarillas, vinculado a su hermano en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La dirigente madrileña no acude a la Cámara de Vallecas desde el jueves 17 de febrero, justo cuando estalló la crisis interna del PP. Tras la sesión de control de esa mañana, Ayuso se fue a la Puerta del Sol, donde se ubica la sede de la Presidencia de la Comunidad, y compareció para denunciar que desde su partido se la estaba acusando de corrupción sin pruebas.

La jefa del Ejecutivo autonómico defendió, tanto ese día como los siguientes, que su hermano sí cobró de la empresa Priviet Sportive, S.L, que fue adjudicataria de un contrato público durante la primera ola de la pandemia, pero aseguró que no fue por una comisión de intermediación sino por otras gestiones que realizó para la compañía. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos denunciaron este tema ante la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta no tuvo que acudir a la Asamblea de Madrid la semana siguiente dado que, como marca el Reglamento, no se celebran Plenos en los últimos siete días naturales de cada mes.

También la pasada semana se ausentó al participar ese mismo día en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que tuvo lugar en Marsella. La izquierda en bloque cargó contra los consejeros del Gobierno en dicha sesión plenaria y tachó de «lamentable» la ausencia de la presidenta, a quien, además, acusaron de «hacer la estrategia del avestruz».

Este jueves Ayuso sí estará en la Cámara autonómica y le espera una batería de preguntas de la oposición. En la sesión de control, que arrancará a las 10 horas, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, le planteará si el Gobierno regional pondrá en marcha una auditoria externa sobre los contratos de emergencia, y la de Más Madrid, Mónica García, preguntará por el contrato exacto vinculado a su hermano.

El PSOE, quien también sacará este tema a relucir, le pedirá una valoración política de la situación de la región. Se trata de la misma pregunta que le hará previamente la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

UCRANIA, TAMBIÉN PRESENTE EN LA ASAMBLEA

En otro orden de cosas, los consejeros del Gobierno regional tendrán que dar cuenta a los grupos parlamentarios sobre la ayuda a Ucrania y la acogida de refugiados, sobre diversas materias educativas y sobre la reforma fiscal que podría plantear el Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre otros temas.

Asimismo, también se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley de Más Madrid que busca modificar la actual normativa de las Víctimas del Terrorismo y extender los derechos a cualquier víctima que hubiera sufrido atentado terrorista en la Comunidad de Madrid, aunque no esté empadronada en la región. Esta iniciativa pasó la toma en consideración en la pasada legislatura pero decayó con la convocatoria de elecciones.

Además, el Parlamento madrileño debatirá este jueves también varias Proposiciones No de Ley (PNL), entre las que se encuentran una del PSOE para impulsar una «ganadería sostenible»; otra de Vox para introducir un tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, y una de Más Madrid para introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real de las empresas con las que contrata la Administración pública.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de enviarle a juicio por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament, por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación.

«Basta de persecución. Basta de represión, basta ya de esta causa general contra el independentismo, tan injusta como indigna. El debate parlamentario es el motor de una sociedad que se quiere libre y democrática. Todo el apoyo a Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado», ha afirmado este miércoles en un tuit.

En otro tuit, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que «la única mesa que funciona es la de los tribunales: así dialogan», en alusión a la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno.

En otro apunte en Twitter el secretario tercero de la Mesa del Parlament y diputado de la CUP, Carles Riera, ha defendido la libertad de expresión y la soberanía del Parlament: «No son un delito, son un acto de coherencia democrática. Estamos en la Mesa garantizando que seguiremos debatiendo y decidiendo sobre nuestra autodeterminación y el rechazo a la monarquía».

Este mismo miércoles, Torrent ha lamentado la decisión del TSJC porque considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament: «Nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor».

El Comité de Emergencia Español sigue apoyando a las personas huidas de Ucrania a través de las seis ONG que lo integran (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) y ha logrado recaudar cerca de medio millón de euros, además de seguir llevando a cabo y planificando actuaciones especializadas para proteger y apoyar a las familias que escapan a los países vecinos de Ucrania.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya son más de dos millones las personas que han cruzado las fronteras de Ucrania a países como Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia, huyendo del conflicto armado.

Tras la activación del Comité de Emergencia Español y su llamada a la acción para colaborar de forma conjunta en la crisis humanitaria, ya se ha recaudado medio millón de euros que han sido dirigidos a las ONG del Comité, expertas en organizar respuestas en contextos de crisis y cubrir todas las necesidades que surgen en las emergencias, según avanzan en un comunicado. Algunas de ellas ya estaban trabajando en Ucrania y países limítrofes antes de comenzar esta crisis y están acostumbradas a trabajar en entornos de conflictos.

No obstante, ante la evolución del conflicto, el Comité de Emergencia Español sigue alertando a la ciudadanía de la necesidad de donaciones económicas, aportaciones que están siendo clave en la gestión de esta crisis mundial.

El Comité de Emergencia Español forma parte de la Emergency Appeal Alliance, una red que cuenta con la participación de los comités de emergencia de 13 países como Bélgica, Reino Unido, Holanda, Australia, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Irlanda, Japón, Canadá y España. Su objetivo es la unión de ONG, medios de comunicación y empresas, que bajo una misma voz, hacen un llamamiento común a la ayuda en emergencias humanitarias graves. Entre todas, han conseguido recaudar ya más de 200 millones de euros para atender las necesidades del conflicto en Ucrania.

La activación del Comité de Emergencia cuenta, además, con la colaboración de entidades como Allen&Overy, Allianz Partners, Be a Lyon, Bizum, CaixaBank, Cecabank, EDP Renovables, Exterior Plus, Fundación ProFuturo, Gigas, Hazloposible, Innoking, Migranodearena, Orange, Santillana, Trescom, y los grupos de comunicación Atresmedia, Prisa, RTVE, Unidad Editorial, Vocento y Diario.es.

«Estamos muy agradecidos con la respuesta de la ciudadanía y de las entidades colaboradoras en España», explica la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira. «Es la mejor forma de ayudar a las personas que están huyendo de sus hogares en busca de seguridad y de refugio ante los crecientes ataques, especialmente las personas más vulnerables, mujeres, mayores, niños y niñas. Las ONG miembros trabajan en las fronteras y dentro de Ucrania respondiendo a la enorme y creciente crisis humanitaria. Seguimos pidiendo ayuda económica porque, si la respuesta está siendo extraordinaria, también lo son las necesidades de la población ucraniana» ha añadido.

MATERIALES DE PRIMERA NECESIDAD, DOTACIONES SANITARIAS Y APOYO

Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español ya han puesto en marcha planes de acción específicos, organizando las actuaciones precisas para cubrir todas las necesidades que están surgiendo en cada momento.

En el caso de Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha un Programa de Respuesta a Emergencias en Ucrania, Polonia y Rumanía para la protección de la infancia durante los desplazamientos. A través de este programa, la organización previene la separación familiar y ofrece apoyo psicológico y acompañamiento a las familias y a los niños y niñas que se encuentran solos. También están abasteciendo de materiales de primera necesidad, productos de higiene, alimentos, agua y medicinas.

Junto con las administraciones públicas ucranianas, Aldeas trabaja para dar respuesta a las necesidades de los 98.000 niños y niñas que permanecen en instituciones residenciales en Ucrania, tratando de evacuarlos y ponerlos a salvo. También han activado un plan de hibernación para aquellas familias que permanecen en las regiones de Brovary y Lugansk, con acopio de suministros y ayudas económicas para que puedan abastecerse al menos durante 15 días de todo lo necesario, además de ayuda psicológica por teléfono.

Desde Educo están trabajando en apoyar a los miles de niños, niñas y adolescentes de Ucrania que están sufriendo las consecuencias del conflicto, cubriendo sus necesidades más básicas, como comida, agua, productos de higiene o medicamentos. Además, se les está brindando apoyo psicoemocional. Desde los países vecinos se está monitorizando la situación de las familias que huyen para poder atenderlas en su búsqueda de refugio.

Se ha incorporado un equipo de refuerzo que permanece en la frontera con Rumanía para prestar sus servicios en esta crisis humanitaria, dotándolo de un almacén para el acopio de medicamentos y a la espera de que la situación se estabilice para establecer un corredor humanitario que facilite la entrada de la ayuda y la evacuación de la población civil.

Médicos del Mundo también trabaja para ampliar la atención de las necesidades de salud tanto de las personas desplazadas y en tránsito en Ucrania, como las estructuras y el personal sanitario.

Por su parte, Oxfam Intermón ha enviado equipos a Polonia, Moldavia y Rumanía para apoyar a organizaciones que trabajan en primera línea y, como organización humanitaria, pide el cese inmediato de las hostilidades y que se garantice la protección de civiles. También ha hecho un llamamiento a todos los estados miembros de la UE para que garanticen vías seguras y protección a todas las personas que huyen de la guerra, además de preparar sus sistemas de asilo y capacidad de recepción para responder a un aumento potencial de personas solicitantes.

Plan International, que ya cuenta con misiones en Polonia, Rumanía y Moldavia, reforzará los entornos seguros en los centros de personas refugiadas, garantizando que niñas, niños y adolescentes estén protegidos contra la violencia, el abuso, la trata con fines de explotación sexual o el abandono. Gracias a su experiencia, la ONG incluirá la perspectiva de género en su trabajo, y colaborará con organizaciones presentes para garantizar ayuda inmediata.

Asimismo, se apoyará a las organizaciones locales, ofreciendo atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes y personas cuidadoras, para ayudarles a recuperarse del impacto que está provocando esta guerra. Junto a sus socios, sensibilizarán a las personas refugiadas sobre los riesgos de la violencia por razón de género y les informarán sobre los apoyos disponibles. Además, facilitarán el acceso al aprendizaje y al ocio para proporcionar un espacio de protección y sensación de normalidad a los menores.

Por último, World Vision ha puesto en marcha una respuesta multi-país adaptada a las necesidades más urgentes de los refugiadas que cruzan las fronteras, desde la distribución de agua, alimentos, productos de higiene o calefactores para los puestos de descanso, hasta apoyo psicológico a niños y niñas a través de un grupo de 45 psicólogos de habla ucraniana. En Georgia, el equipo local ha llevado a cabo una evaluación rápida de las necesidades y ha prestado apoyo psicosocial y educativo a 50 niños y niñas afectados, con 39 psicólogos y trabajadores sociales.

El equipo de World Vision Rumanía ha entregado alimentos y artículos sanitarios a un hospital de 600 camas que sirve de refugio temporal para los niños desplazados y sus familias. La ayuda ha consistido en una cesta de alimentos, colchones, almohadas, ropa de cama y material de limpieza para atender a 300 familias durante dos semanas.

La plantilla de los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten España y Estados Unidos, ha celebrado una reunión en Madrid con Javier Salido Ortiz, director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Exteriores; en demanda de una modificación del tratado bilateral entre ambos países que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, para que sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles.

Al encuentro han acudido además del comité de empresa, Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales de UGT; Manuel Jiménez, secretario general de FICA UGT-Andalucía, y Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de FICA-UGT, exponiendo todos ellos la necesidad de denunciar y negociar el tratado bilateral de Defensa entre España y Estados Unidos y equiparar a la plantilla española de KBR, adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África correspondiente a los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base de Morón, con el personal laboral de la base aeronaval de Rota (Cádiz).

Además, la plantilla española de la base de Morón reclama garantizar «la paz social de las relaciones laborales» en KBR hasta la consecución de dicha reivindicación, valorando la «sensibilidad» mostrada por Salido Ortiz ante sus peticiones.

En noviembre de 2021, la plantilla protagonizaba una nueva concentración reclamando una actualización del tratado bilateral de defensa entre España y Estados Unidos que regula el funcionamiento de esta base. Y es que según manifestaba José Armando Rodríguez Ardila (UGT), presidente del comité de empresa, el documento «data de 1988» y ha quedado «anticuado en el ámbito laboral» al no ser el mismo abarcado por las tres enmiendas acordadas a lo largo de los años y pesar «varias reformas» de la legislación laboral española.

GARANTÍAS ANTE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS

Así, demandaba una actualización del texto que implique «garantías jurídicas» para la plantilla de la base ante las sucesivas empresas estadounidenses encargadas del contrato de gestión de los servicios civiles de las instalaciones; impidiendo que las mismas se lucren a costa de despidos.

En paralelo, la protesta servía para reclamar que la decisión de Estados Unidos de trasladar desde esta base a Italia su contingente especial de reacción rápida en África no sea usada como «excusa» para nuevos despidos entre la plantilla española.

A tal efecto, recordemos que mediante una enmienda al convenio de cooperación entre Estados Unidos y España que regula el uso de la base de Morón, EEUU puede desplegar en estas instalaciones hasta un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles; habilitando dicha enmienda al recinto como base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África.

«ESTAMOS TRANQUILOS»

Rodríguez Ardila insistía al respecto en que este traslado «no tiene por qué tener impacto» en la plantilla española de la base de Morón, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora «no tiene por qué haber» consecuencias negativas en materia de empleo.

En ese marco, el portavoz sindical recordaba recientemente que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África ha ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.

LA PLANTILLA ESPAÑOLA

El comité de empresa de los mencionados servicios civiles, en ese sentido, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.

No sobra recordar tampoco que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.

Y es que durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

Argelia ha trasladado al Gobierno su voluntad de intentar hacer llegar más gas a España y de ayudar en todo lo posible a Europa a hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló el domingo con el mandatario argelino, Abdelmayid Tebune, quien reiteró no solo el compromiso de su país con garantizar el suministro a España sino también la voluntad de Argelia de ayudar en lo posible, como socio fiable en materia energética que quiere ser, a los europeos.

En este sentido, según las fuentes, Argelia ha trasladado que intentará hacer llegar más gas vía España y ambos gobiernos han acordado seguir trabajando estrechamente para ver cómo se puede materializar esto.

El Gobierno está convencido de que Argelia puede desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de proveedores alternativos de energía que está acometiendo en estos momentos la UE para reducir la dependencia del gas y el petróleo ruso.

Argelia es el tercer mayor proveedor de gas de Europa, a donde llegan el 83 por ciento de sus exportaciones, con España e Italia como principales países de destino –en 2021 sumaron el 65 por ciento del total–. El año pasado exportó al continente 55 bcm, frente a los 38,2 bcm de 2020.

SONATRACH QUIERE AYUDAR

El presidente de Sonatrach, Toufik Hakkar, aseguró recientemente, ya comenzado el conflicto en Ucrania, que la empresa estatal de hidrocarburos está dispuesta a ayudar a sus socios «en caso de situaciones difíciles» mediante el envío de más gas o de Gas Natural Licuado (GNL), aunque dejó claro que primero debe satisfacer el mercado nacional y los contratos con otros países.

No obstante, Hakkar ha apuntado a que la vía que parece a priori más sencilla sería a través de Italia. El gasoducto TransMed, que lleva el gas argelino a Italia, tiene una capacidad de 32 bcm anuales pero actualmente solo está canalizando 22 bcm, lo que dejaría teóricamente un margen de 10 bcm adicionales.

Por otra parte, Argelia también envía gas a Europa a través del gasoducto MedGaz hasta España. En este caso, cuenta con una capacidad de 8 bcm y la previsión es que pueda llegar hasta los 10 bcm, pero este nivel aún no se ha alcanzado.

El tercer gasoducto, Magreb-Europa, que hacía llegar a España gas argelino vía Marruecos, fue cerrado unilateralmente por Argel el pasado noviembre en el marco de la crisis diplomática con el reino alauí, con el que rompió relaciones diplomáticas en agosto, sin que por ahora parezca posible la reanudación del suministro por esta vía.

GESTIONES DE ESPAÑA E ITALIA

Así las cosas, tanto el Gobierno español como el italiano han intensificado los contactos con Argelia para explorar las opciones de aumentar el suministro. En el caso de Italia, su ministro de Exteriores, Luigi di Maio, viajó a Argel junto al presidente de ENI el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la guerra en Ucrania.

La situación de Italia es más complicada que la de España, puesto que este país tiene a Rusia como principal suministrador de gas, con el 45 por ciento del total, de ahí los esfuerzos del Gobierno de Mario Draghi de encontrar proveedores adicionales en caso de que Moscú decida de cortar el grifo a Europa.

Con todo, el Gobierno español viene reivindicando en los últimos días que está en una situación privilegiada para ayudar a hacer frente a esta crisis, sobre todo por su capacidad regasificadora del GNL, que representa alrededor de un tercio del total en Europa.

España ya ha puesto a disposición de sus socios esta capacidad a través de barcos metaneros o mediante gasoducto, si bien en este punto el Gobierno reconoce que la capacidad aquí es muy limitada en estos momentos.

INTERCONEXIONES ENERGÉTICAS

Por ello, en Moncloa celebran que la atención esté ahora puesta en la importancia de las interconexiones energéticas, algo en lo que España ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo pero que países como Francia no veían prioritario, lo que explica que el gasoducto MidCat, que iba a hacer llegar gas a través de la frontera por Cataluña no se haya materializado.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, advirtió este martes de que para acometer la ampliación de Medgaz y su conexión con Francia a través de MidCat lo importante es que no termine en un «callejón sin salida». Así, previno de que esto tardaría cinco o seis años y es fundamental que haya una conexión adecuada del otro lado de la frontera.

Asimismo, el Gobierno sostiene que si el plan sigue adelante hay que hacerlo ya con vistas de futuro y que las tuberías sirvan no solo para transportar gas, sino también gas natural mezclado, gas renovable, biometano e incluso hidrógeno renovable.

Por otra parte, Ribera ha sostenido este miércoles que puesto que de lo que se está hablando ahora también es de solidaridad en el plano energético y de ayudar a los países del centro y el norte de Europa, más expuestos por su dependencia de Rusia, entonces el Gobierno considera que no debe ser «ni el contribuyente ni el consumidor de gas español» el que pague la factura de materializar la interconexión.

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victoria Alsina, ha negado que el Govern haya recibido ayudas de Rusia y ha defendido: «Cataluña no mira a Rusia, Cataluña mira a Europa, igual que lo hace el presidente Puigdemont».

Lo ha dicho este miércoles en el pleno del Parlament tras una interpelación del diputado Nacho Martín Blanco (Cs), que ha acusado al independentismo de tener vínculos con el Gobierno ruso, algo que Alsina ha negado.

«No sé si Rusia ha querido utilizar alguna vez a Cataluña para desestabilizar a la Unión Europea, pero le puedo decir que el Govern no está interesado en este tipo de ayudas», ha sostenido la consellera.

Blanco ha criticado el apoyo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al pueblo ucraniano cuando «hace unos años defendía las proclamaciones unilaterales de independencia de Donetsk, Lugansk y Crimea, y parecía que la integridad territorial de Ucrania le importaba poco cuando intentaba recabar el apoyo de Putin».

Alsina ha lamentado que con estas afirmaciones se pretende, según ella, desprestigiar al expresidente de la Generalitat, y ha querido reivindicar a Puigdemont como un «referente en la protección del derecho humanitario y de los derechos humanos».

Por último, la consellera ha insistido en que Cataluña quiere una Europa más fuerte, cohesionada y más capaz de responder frente a los retos globales, y ha definido a Rusia como «un país donde las libertades no son respetadas y donde la oposición política es encarcelada o incluso envenenada».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha formalizado este miércoles su candidatura a presidir el partido y ha presentado más de 55.000 avales, el mayor número de apoyos previos obtenidos por un candidato a la Presidencia del la formación y que están depositados en cajas en la sede nacional del partido.

Feijóo, que ha llegado puntual a Génova a las 17.00 horas como había anunciado, acompañado de su jefa de prensa, Mar Sánchez, portaba consigo una carpeta y ha revelado a los periodistas que ahí iban buena parte de los avales que ha recogido en Galicia. En su tierra cuenta con casi 5.700 apoyos.

En junio de 2018, en las primeras primarias del PP, el entonces candidato Pablo Casado entregó más de 5.000 avales tras postularse para suceder a Mariano Rajoy. Por su parte, María Dolores Cospedal, entonces secretaria general del PP, registró alrededor de 3.200 avales.

ALEXIA HERRANZ TAMBIÉN PRESENTA AVALES

Aparte de Feijóo también la militante trans del PP de Gandia Alexia Herranz ha afirmado este miércoles que ha presentado unos 120 avales para la candidatura a la presidencia del Partido Popular en diferentes sedes de todo el país.

En declaraciones a los medios en Valencia tras entregar en la sede del PPCV un total de 41 avales recogidos mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, Herranz ha indicado que en otras sedes del partido suma hasta 120 avales.

Expertos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), Universidad de Calcuta (India) y Universidad de Tsukuba (Japón) han desarrollado materiales inteligentes para la edificación que permiten elevar la temperatura de los edificios en invierno y reducirla en verano.

Según explica Laura Carlosena, profesora en la UPNA, «actualmente estamos fabricando materiales que permitan ese comportamiento dual sin que pierdan sus propiedades; los estamos probando en diferentes localidades y climas y esperamos tener resultados muy pronto».

Junto con Laura Carlosena, arquitecta y profesora en el departamento de Ingeniería de la UPNA, por parte de esta universidad han colaborado, en la fase de simulación a escala fotónica, Joaquín Sevilla Moroder, catedrático de Tecnología Electrónica, y Ángel Andueza Unanua, profesor contratado doctor de la misma área. El equipo que ha desarrollado estos materiales está formado además por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, por sus siglas en inglés), Jadavpur y Calcuta (India) y Universidad de Tsukuba (Japón).

Según ha informado la UPNA en nota de prensa, la investigación se enmarca en el desarrollo de materiales de enfriamiento radiativo (relacionado con la radiación electromagnética). Carlosena ha explicado que es una fuente de refrigeración «que se conoce desde la antigüedad» (en Persia lo usaban para hacer hielo).

«Es un fenómeno que ocurre naturalmente durante la noche, cuando no hay radiación solar, y los objetos radian su calor al espacio. Durante el día la cosa se complica, ya que los materiales absorben el calor del sol y se contrarresta su capacidad de enfriarse. Por eso los materiales de enfriamiento radiativo buscan no absorber la radiación solar y enviar al máximo su calor fuera de la atmósfera, al espacio, incluso durante el día», ha indicado, tras señalar que «precisamente por esto son una solución ideal, ya que el calor no es expulsado directamente a la atmósfera, calentándola, sino que es radiado al espacio».

CALOR EN INVIERNO, FRÍO EN VERANO

Para combatir el calor han proliferado equipos de refrigeración, que, básicamente, expulsan al exterior el calor del interior de las viviendas, con lo que se eleva la temperatura de la calle. En los últimos años factores como el incremento del consumo de energías fósiles y otras fuentes no renovables, el aumento de la población mundial y la exigencia de mayor confort térmico en el interior de los edificios y la aparición creciente de olas de calor y eventos meteorológicos extremos han llevado a los investigadores a desarrollar materiales «innovadores».

La colaboración de Laura Carlosena surgió como resultado de sus estancias de doctorado en la UNSW en 2018 y 2020, donde trabajó con expertos en materiales inteligentes para la edificación. En un primer estudio desarrollaron unos materiales sencillos de enfriamiento radiativo que se enfriaban estando expuestos al sol. «Esos materiales los testamos en Sarriguren y tuvieron un buen comportamiento. Además, podían ser aplicados sobre materiales típicos en el mundo de la construcción como el aluminio», ha manifestado.

Posteriormente, dado que esos materiales siempre producen un descenso de temperatura, realizaron un segundo estudio para evaluar en qué medida penalizaría su uso durante el invierno a escala urbana. «Este aspecto es muy importante, sobre todo en climas templados que necesitan tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano», ha añadido.

Finalmente, en su último trabajo, han analizado qué características podrían tener esos materiales para ser capaces tanto de enfriar como de calentar «y determinamos que, efectivamente, podríamos aplicarlos de manera que en invierno calienten la temperatura y en verano, la enfríen». En esta fase del trabajo y dado que quieren expandir los resultados a escala urbana para ver las posibles implicaciones, han participado también expertos de las citadas universidades indias y de Japón.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito con la Guardia Civil el Plan anual de control integral de actividades pesqueras para 2022 que contará con 4,7 millones de euros para reforzar el control y la vigilancia contra la pesca ilegal.

El plan incluye las líneas para actuar de forma coordinada en materia de vigilancia e inspección de la pesca marítima en aguas de la soberanía española y control de la comercialización de productos de la pesca a partir de su primera venta.

En la firma del acuerdo han participado la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

El plan forma parte del acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 2019.

En concreto, el plan busca evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos.

Además, el plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y comercialización.

La Guardia Civil operará con 7 patrulleras y 4 helicópteros cedidos por el MAPA, de acuerdo al Convenio marco suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir los objetivos de las misiones.

El Gobierno estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) representa alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que equivale a más del 15 por ciento de la producción total anual de los productos pesqueros. Se trata de una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina.

El expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha calificado de «escandaloso» que le juzguen por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles después de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de enviarle a juicio por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament.

«Hoy nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor», ha lamentado Torrent, que considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament.

Ha criticado que «la misma Fiscalía que archiva las actuaciones del Rey emérito» sea la que le pida a él y a los exmiembros independentistas de la Mesa 20 meses de prisión por haber permitido el debate sobre la monarquía y la autodeterminación.

El expresidente de la Cámara catalana ha explicado que afrontarán el juicio con tranquilidad e irán a defender «que en el Parlament se debe poder hablar de todo».

Considera que no se les juzgará por el debate que permitieron, ya que, según él, en otros parlamentos del Estado se han planteado debates similares sin consecuencias jurídicas: «Lo que molesta es que pensemos lo que pensamos y que el Parlament se pronuncie políticamente en la línea de lo que quiere la ciudadanía».

El acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas que se deriven de estas deberán ser accesibles y comprensibles para las personas con discapacidad.

Así se ha acordado por unanimidad en el pleno del Senado, que ha aprobado una enmienda transaccional a la proposición que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

La enmienda, suscrita por todos los grupos, especifica que la accesibilidad universal debe contemplarse en el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de éstas.

La accesibilidad universal, según especifica la norma en vigor, es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Aunque la norma actual ya establece que esa accesibilidad universal debe darse en la relaciones con las administraciones públicas, los senadores han querido señalar específicamente dentro de esas relaciones el acceso a las ayudas públicas y en sus resoluciones.

El proposición aprobada por la Cámara Alta tiene por objeto modificar la Ley General de Discapacidad para incluir la accesibilidad cognitiva que, entre otras medidas, implantará la lectura fácil en textos de interés general, como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.

En concreto, esta ley fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil «en zonas urbanas y rurales y en otros ámbitos, como «productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública».

La norma remitida por el Congreso ha incorporado más modificaciones técnicas y definiciones a su paso por el Senado, por lo que deberá ser devuelta ahora a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

La iniciativa original fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y registrada por Ciudadanos en el Senado, que se inició el trámite parlamentario. Tras la primera fase de tramitación fue enviada el Congreso, en donde fue modificada y aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Mediaset España ha anunciado este miércoles el fichaje del periodista Diego Losada para su debut en el grupo como presentador de ‘En boca de todos’, un nuevo programa diario de actualidad en desarrollo para Cuatro.

Según ha dado a conocer el grupo de comunicación, el nuevo espacio, producido por Producciones Mandarina, perteneciente a Mediterráneo Mediaset España Group, se estrenará próximamente de lunes a viernes en directo.

Conducido por Diego Losada, ‘En boca de todos’ acercará a los espectadores las principales noticias sobre política y sociedad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un equipo de expertos y colaboradores.

Licenciado en Periodismo, Máster en Periodismo de Televisión (URJC-TVE) y Máster en Comunicación Política y Empresarial (UCJC), Diego Losada (A Coruña, 1985) comenzó su andadura profesional en TVE en el año 2009, dentro del equipo de redacción de ‘La Noche en 24 horas’ y desde entonces ha ejercido como reportero y presentador de distintos formatos informativos de RTVE, entre ellos el Matinal del Telediario de La 1 durante tres años, ha apuntado la compañía.

Mediaset España ha añadido que en 2017 comenzó una nueva etapa en Telemadrid, donde presentó programas de entretenimiento y especiales. Un año después regresó a TVE para protagonizar una ascendente carrera en el ente público que le ha llevado a ponerse al frente de grandes formatos como ‘España Directo’, ‘La Mañana’ (del que fue subdirector y presentador), ‘Informe Semanal’, ‘La tarde en 24 horas’, ‘La Noche en 24 horas’ y, desde el pasado año y hasta la fecha, como presentador del Telediario de La 1 de Fin de Semana.

Losada, que en 2010 recibió el Premio de Periodismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combina su labor periodística con la docencia, la asesoría en comunicación y las colaboraciones en diferentes medios de comunicación. En su faceta más personal, es integrante de la banda de rock ‘Durden’.