La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) niega que la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas vaya a incrementar la productividad, como defiende el Ministerio de Trabajo, y apunta que, para que España tuviera una productividad similar a la media europea, su jornada efectiva debería situarse en el entorno de las 41,2 horas semanales.
En los documentos que CEOE ha remitido a Trabajo con sus consideraciones al borrador del anteproyecto de ley de rebaja de jornada, a los que ha tenido acceso Europa Press, la patronal subraya que la premisa del Ministerio de que la reducción de jornada incrementa la productividad «no se sostiene empíricamente».
«Los estudios indican que es el incremento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y el aumento de los salarios. En sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales, resultando en una disminución de la productividad», avisa la patronal.
CEOE alega que, desde 2019, la productividad por ocupado ha disminuido de forma significativa en España frente a su crecimiento en el conjunto de la UE, a lo que hay que sumar que España presenta niveles de productividad bajos en comparación con sus socios europeos.
Según la CEOE, en términos comparativos, aquellos países europeos que tienen una jornada efectiva de trabajo en un rango similar a la española muestran una productividad notablemente superior.
«Para tener un nivel de productividad en consonancia con la media de los países analizados, la jornada efectiva en España debería estar en torno a 41,2 horas semanales. Por tanto, llevar a cabo reducciones de dichas jornadas laborales sin incrementos muy significativos de la productividad nos alejaría aún más de las referencias europeas», advierte.
En los documentos remitidos por la patronal a Trabajo, la CEOE también hace constar que el borrador contiene afirmaciones «gratuitas y sin rigor» y que confunde la jornada máxima con la jornada pactada de trabajo.
Así, la patronal señala que el legislador puede limitar la duración máxima de la jornada legal, como un «límite infranqueable» a tener en cuenta en la negociación colectiva o en los contratos individuales, «pero nunca como un elemento de fijación de la jornada convencionalmente pactada de trabajo».
En este sentido, avisa de que cuanto más se acerque la jornada legal máxima a la jornada efectivamente pactada, «achicando» el margen disponible a la negociación, es decir, el margen que dejan los niveles de productividad para que las empresas sean viables, «más discutible será su encaje constitucional».
Por todo ello, considera que la propuesta de Trabajo «constituye una injerencia sin precedentes en la autonomía colectiva y no oculta el propósito final de cambiar el modelo constitucional de fijación de las condiciones laborales por los agentes sociales a través de la negociación colectiva por otro ‘intervenido’ que contraviene, incluso, las orientaciones del Consejo de Europa.
«En la medida en que la propuesta gubernamental trata de incidir, no ya en la jornada máxima legal, sino en la jornada ya pactada en los convenios colectivos vigentes, la norma afecta al núcleo esencial de la negociación colectiva», critica.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA YA HA REDUCIDO LA JORNADA MÁXIMA
Frente a la práctica de «demonizar a la empresa como forma de atraer el voto», la patronal subraya en sus consideraciones al anteproyecto que las organizaciones empresariales defienden la reducción de la jornada laboral, pero «ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva».
Así, la patronal, citando datos de la estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, subraya que la negociación colectiva ha permitido reducir la jornada máxima, alcanzando acuerdos que oscilan entre las 37,5 y las 39,5 horas semanales, en función de las necesidades productivas y organizativas de empresas y trabajadores.
En concreto, alega, el 24,78% de los convenios con efectos económicos en 2024 se encuentran en el tramo de jornada de 37,5 a 38,5 horas semanales, que afectan al 27,98% de los trabajadores por ellos cubiertos, y el 53,95% de los trabajadores tienen una jornada anual pactada de entre 38,5 y 39,5 horas semanales.
«Esta flexibilidad ha sido crucial para mantener la competitividad empresarial, al tiempo que facilita la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores», defiende CEOE, que alerta de que el anuncio de la rebaja de jornada hasta las 37,5 horas «ha frenado en seco la negociación colectiva».
«Lamentablemente, lo anterior es sólo el comienzo. La conflictividad laboral será inevitable. El impacto de la ley generará tensiones añadidas en la negociación colectiva y quienes hicieron concesiones en su convenio a cambio de rebajas en la jornada reivindicarán mantener la distancia conquistada», avisa CEOE, que pide que la rebaja de jornada sea «cuidadosamente evaluada» para valorar su impacto económico y sobre el empleo y teniendo en cuenta la realidad de los distintos sectores.
En este sentido, se queja de que el borrador carece de memoria económica y ofrece «una visión deformada del impacto de esta reforma en las empresas». CEOE cree además una afirmación «gratuita» decir en el anteproyecto que la actual configuración de la jornada máxima dificulta el cumplimiento del derecho al descanso.
Alega además que la diferencia entre horas pactadas y efectivas se sitúa en más de 5 horas «por el fuerte incremento del absentismo en todos los territorios y sectores» a causa del aumento de las incapacidades temporales por enfermedad común.
CEOE afirma que en otros países hay proyectos piloto para la rebaja de jornada, de adhesión voluntaria o por acuerdo, acompañados de ayudas públicas para su implantación, pero «no desde la imposición legislativa como plantea el Ministerio, con medidas de acompañamiento puramente cosméticas que además ha retirado como castigo».
La patronal denuncia que Trabajo obvia que algunos países de la UE, como Grecia, han aumentado la duración de la jornada ordinaria. En todo caso, precisa CEOE, 25 países de la UE tienen todavía jornadas máximas legales de 40 horas.
DIÁLOGO SOCIAL «FICTICIO»
Considera además que las reuniones del diálogo social para la rebaja de jornada han sido «ficticias, guiadas por un interés exclusivamente mediático del Ministerio y sin ánimo de transaccionar fuera de los límites marcados por el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar.
En este sentido, denuncia que la acción política «viene promoviendo la desnaturalización del diálogo social», convirtiéndolo «en una mera herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del Ministerio de turno, siendo ya habituales el uso selectivo y a la carta del diálogo social y de los procedimientos de consulta.
Así, CEOE afirma que en hasta casi 30 normas con repercusión en las relaciones laborales «se ha omitido el mandato constitucional de obligada consulta» a los interlocutores sociales. Para la patronal, este borrador es «el último ejemplo de colonización de la autonomía colectiva y también de erosión de las dinámicas democráticas», asegura la patronal que dirige Antonio Garamendi.
La patronal no alcanza a entender por qué la reducción de jornada redunda directamente «en la participación paritaria de las mujeres» y cómo afecta en el avance «en la lucha contra el cambio climático», como afirma el anteproyecto. «Sí se entiende que se diga que no tiene efectos presupuestarios, dada la resistencia del Gobierno a asumir los costes derivados de la reducción de jornada en los contratos públicos», añade.
