Ya desde el principio de su mandato Pedro Sánchez dejó claro que una de sus preferencias sería la lucha contra “la desinformación”. Este mismo jueves esas intenciones se pusieron negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad el pasado 6 de octubre, este “Procedimiento de actuación contra la desinformación” ya ha sido duramente criticado por medios de comunicación y asociaciones de prensa.
Al frente de esta “Comisión permanente contra la desinformación” estará controlada y dirigida por Iván Redondo, director de gabinete del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Aguilar, secretario de Estado de Comunicación. Aunque las fake news y las campañas de manipulación masivas son un serio problema para la estabilidad de las democracias occidentales, los medios y editores de prensa dudan de la eficacia y la pertinencia de esta comisión. Temen, con razones más que fundadas, que no sea más que una excusa para censurar y perseguir a los medios críticos.
1Una mordaza legal
El objetivo del Gobierno, según lo publicado en el BOE, sería “monitorizar y detener” las campañas de desinformación antes de que se difundan de forma masiva. El documento se escuda en que “los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.
También se asegura allí que “los ciudadanos consideran que los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales son los principales responsables de frenar la divulgación de noticias falsas”. La estrategia para justificar esta mordaza legal a los medios de comunicación viene ya de atrás. Y es que Iván Redondo, el maquiavélico estratega a la sombra de Sánchez, no deja ningún detalle al azar.
