Ocho de las principales organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva de España han enviado una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le reclaman una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria que evite el hundimiento inminente del sector.
Este frente común del aceite de oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, pues se esperan pérdidas para esta campaña cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40% de la industria transformadora del país, han informado este conjunto de organizaciones agrarias por medio de una nota.
Se trata de Almazaras Federadas de España, Infaoliva (Federación de Industriales de Aceite de Oliva), Asaja, COAG, la Sectorial Nacional del AOV con Denominación de Origen, Denominación de Origen Priego de Córdoba, Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles) y Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo).
El Ministerio de Agricultura cambió para la campaña 2019/2020 la interpretación de la norma y obligó al pago del producto a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía y no, como se estaba haciendo hasta ahora, desde el momento en el que se fijaba el precio del producto.
Esta modificación suprime la libertad del agricultor de elegir el momento más adecuado para poner precio a sus aceitunas y amenaza, además, con provocar un perjuicio económico muy grave a todo el sector oleícola y en particular al sector productor.
La causa reside en que, como consecuencia de la estacionalidad de la campaña olivarera, la aplicación de este último criterio obligaría al sector industrial a poner a disposición del mercado el 40% de la producción nacional de aceite de oliva en apenas dos meses, enero y febrero, para así poder atender los pagos a los cosecheros.
Al concentrarse la venta en tan corto periodo de tiempo, los precios se hundirían hasta incluso por debajo de los costes de producción, lo que arrastraría a la quiebra a la mayoría de las explotaciones olivareras.
Las organizaciones firmantes de la carta, que se envió en agosto, reclaman a Agricultura una respuesta inmediata a su solicitud y que abra a la mayor brevedad posible un espacio de diálogo con ellos en torno a las modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria en la convicción de que, sólo desde el diálogo, se comprenderán las razones que urgen a cambiar la interpretación de la norma.
La solución propuesta por este frente común del aceite de oliva supone que el Ministerio haga una transposición literal del Artículo 3 de la Directiva (UE) 2019/633 de prácticas comerciales desleales, que establece como práctica comercial prohibida los siguientes supuestos de pago a proveedores de productos perecederos: A más de 30 días desde la entrega del producto; si las entregas son periódicas; a más de 30 días contados a partir de que finalice el plazo de entrega acordado; a más de 30 días, contados a partir de que se fije el importe pagadero de la mercancía.
