Cada 10 de diciembre se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en París en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Los Derechos Humanos establecen las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, justicia y paz. Todas las personas somos iguales en dignidad y en el ejercicio de la misma.
Más de setenta años después de su declaración, este marco de referencia al que deberían ajustarse todas las leyes y las actuaciones políticas ha quedado al margen de las prioridades de la sociedad, desintegrándose la frontera de la dignidad humana.
Las organizaciones que conformamos la Plataforma del Tercer Sector en Canarias, queremos recordar que desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha habido periodos de avances significativos pero nunca se ha conseguido la efectividad universal de los mismos. Cada día somos testigos de situaciones de vulneración y precarización de los derechos: explotación laboral, exclusión residencial, brecha salarial, abandono de la protección de las personas más vulnerables, familias que no pueden salir de la espiral de pobreza en la que encuentran, el trato a las personas migrantes en situación administrativa irregular, la ausencia de acogida a los refugiados, violencia de género, etc.
En Canarias, el 36,4% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 239.600 personas se encuentran en situación de desempleo, la renta media no alcanza ni el 80% de la renta media nacional, la tasa de cobertura de dependencia es insuficiente con un gasto público por habitante de 54,29 euros por persona y año frente a los 129,72 euros de media estatal, la tasa de temporalidad laboral es de las más altas de España con un 32,4% y largo etcétera de vulneraciones.
La Constitución Española de 1978 creó dos categorías de los Derechos Humanos: los fundamentales, protegidos al máximo nivel, tanto legislativamente como ante los tribunales, donde podemos acudir si son lesionados, como son el derecho a la vida, a la libertad religiosa e ideológica, a la educación, etc. Y los llamados “principios rectores de la política social y económica”, con menor protección legislativa y sin acceso directo a tribunales si no podemos disfrutar de los mismos. El derecho a la sanidad, a una vivienda digna y adecuada, a la protección social, a un empleo, a un medioambiente saludable, etc. son algunos ejemplos de derechos que no se encuentran suficientemente protegidos y que afectan directamente a las personas más vulnerables. Así como, el derecho de igualdad y no discriminación por razón de género que queda en mera formalidad. Nuestra Constitución dificulta una protección igualitaria de todos los derechos (económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos), por lo que se hace necesaria una nueva interpretación de los derechos acorde con los tratados internacionales y que equipare ambas categorías de derechos.
La historia nos enseña que los Derechos Humanos necesitan un compromiso real por parte de los estados, las instituciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía, en un contexto democrático donde se puedan ejercer y exigir esos derechos.
Por eso, las entidades que suscribimos este comunicado instamos a los titulares de obligaciones y de responsabilidad de su cumplimiento, es decir, a la Administración Pública de Canarias, a respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos que protegen la dignidad de las personas; sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los principios rectores no pueden estar supeditados a la coyuntura política, económica y social. La garantía de los Derechos Humanos debe ser la base sobre la que se asiente cualquier acción que afecte a la vida de las personas.
