El Ministerio de Sanidad ha respondido a la solicitud presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) informando sobre los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada de las comunidades autónomas.
El pasado 30 de noviembre, el CTBG ordenó a Sanidad que, en el plazo de diez días, diera a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».
Así, daba la razón a un abogado que reclamó la intervención de Transparencia el pasado 6 de mayo, el mismo día en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos. En concreto, este abogado reclamaba al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
En un primer momento, Sanidad respondió al requerimento el pasado 10 de diciembre, dentro de los diez días de plazo habilitados, en la que eludió dar a conocer los nombres del comité de expertos. El Ministerio argumentó que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.
Ahora, según ha detallado Sanidad en un comunicado, se ha otorgado a transparencia esta información una vez que «todos los técnicos han prestado su consentimiento sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal». «Por lo que se cumpliría así la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre sus datos protegidos», argumenta el Ministerio.
En su comunicado, el Ministerio defiende que, negándose a publicar estos nombres, «ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo estando amparados por el artículo 14.1.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad».
La respuesta de Sanidad a Transparencia recoge que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la epidemia de la COVID-19 en cada una de las CCAA durante el proceso de desescalada durante mayo y junio «fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
«Este trabajo se realizó de forma coordinada con las consejerías de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación», justifica Sanidad.
En su respuesta al CTBG, Sanidad también esgrime que «la elaboración de los informes técnicos generados durante el proceso fue realizada por un equipo de profesionales formado por técnicos adscritos al Ministerio de Sanidad y técnicos designados por cada una de las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias y funciones».
Asimismo, se especifica que «estos técnicos trabajaron en equipo compartiendo la información disponible y revisando de forma conjunta la evaluación de la situación».
El pasado 13 de diciembre, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó que estos expertos son «funcionarios» que tienen derecho a «proteger su intimidad». «No tengo inconvenientes en dar los nombres pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?», añadió en una entrevista en el programa ‘Salvados’ de La Sexta.
