El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PP-A por la que se defiende la autonomía fiscal de Andalucía y la decisión de la Junta de bajar impuestos, mientras se rechazan las «negociaciones bilaterales» y las «concesiones» del Gobierno central a ERC y EH Bildu. Así se ha instado a la Junta para que demande al Gobierno central que renuncie a la subida de impuestos, para beneficiar la dinamización económica y la creación de empleo.
La proposición no de Ley ha sido apoyada en su totalidad por Ciudadanos (Cs), mientras que PSOE-A y Adelante Andalucía han rechazado el texto completo. Vox ha rechazado sólo dos de los 13 puntos que la componen y el resto los ha apoyado.
En virtud de la iniciativa aprobada, se insta a la Junta a mantener la defensa de los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas recogidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y en el Estatuto de Autonomía.
Se ha pedido el apoyo de la Cámara a todas las actuaciones de la Junta en materia fiscal, con el objetivo de reducir la presión fiscal en esta comunidad, como la bajada del tramo autonómico del IRPF, la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, o las bonificaciones fiscales para familias numerosas.
También se ha pedido a la Junta que demande al Ejecutivo nacional que, al amparo del principio de lealtad institucional, se analice y debata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades las nuevas figuras impositivas que se plantean desde el Ministerio de Hacienda y se consensue de manera multilateral la coordinación de la regulación de los impuestos ecológicos.
De igual manera, el Parlamento ha expresado su respaldo a las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, relativas a que «ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido», que «no son interlocutores válidos» y que «representan el intento de romper la cohesión y la solidaridad entre españoles».
Se ha instado a la Junta para que demande al Ejecutivo nacional que retome el diálogo multilateral y transparente con todas las administraciones territoriales «para el acuerdo con las fuerzas constitucionalistas, con la finalidad de avanzar hacia un proyecto de país cohesionado y solidario, abandonando la exclusividad de las negociaciones bilaterales y opacas con fuerzas independentistas».
La Cámara ha reprobado «la política recentralizadora de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como su falta de predisposición a reformar el lesivo» modelo de financiación autonómica actualmente vigente. Se ha instado a la Junta, en este sentido, a seguir en la reclamación de una financiación justa y digna para los andaluces.
El Parlamento ha considerado «muy lesivo para los intereses de los andaluces la distribución realizada por el Ministerio de Hacienda del Fondo Covid para el ejercicio 2020, habida cuenta que Andalucía recibirá 2.199 millones de euros, lo que supone una asignación por cada andaluz de 261 euros», muy «lejos de la media española, que se sitúa en 340 euros por habitante».
Así, la institución ha condenado «la injusticia en el reparto de este fondo que no sólo perpetua el desequilibrio en el reparto horizontal de los recursos, sino que lo agrava, generando la ruptura de la cohesión territorial, y castigando a los andaluces», al tiempo que se ha instado a la Junta a defender un reparto digno y justo de los recursos entre administraciones frente a las decisiones del Gobierno de la nación.
