El Pleno del Congreso ha concedido este jueves el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, un trámite que, como todos los anteriores y como marca el Reglamento, ha tenido lugar a puerta cerrada. Fuentes parlamentarias han precisado a Europa Press que la decisión ha sido casi unánime, puesto que únicamente se ha registrado una abstención.
El suplicatorio, solicitado por el magistrado Antonio del Moral, era necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra Rodríguez en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones, al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
El diputado de Podemos, que se negó a prestar declaración voluntaria como investigado en el Supremo y solicitó el archivo de la causa, renunció a presentar alegaciones en el Congreso durante la tramitación de suplicatorio, lo que ha facilitado que todo el procedimiento se haya resuelto en menos de tres semanas.
Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que tampoco en este caso se han agotado.
TODO EN MENOS DE TRES SEMANAS
En concreto, la Mesa del Congreso lo calificó el 30 de diciembre, la Comisión del Estatuto del Diputado lo tramitó tres días después y, al renunciar Rodríguez a presentar alegaciones, aprobó un dictamen favorable a su concesión el 10 de diciembre. Todos estos pasos se adoptaron por unanimidad, es decir, ni Unidas Podemos ni sus socios socialistas pusieron ningún obstáculo para que el suplicatorio siguiera su camino con total normalidad.
Este jueves le ha llegado el turno al Pleno, que tiene la última palabra para levantar el fuero a sus señorías. El trámite se ha celebrado sin debate y, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, sólo la presidenta de la Comisión del Estatuto del Diputado, la socialista Begoña Nasarre, ha subido a la tribuna para exponer el dictamen aprobado por éste órgano.
33 SUPLICATORIOS APROBADOS
Con el de Rodríguez, el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonistas al exministro socialista José Barrionuevo y al hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El anterior suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).
En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.
Sin embargo, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.
En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
