España ha depositado este martes el instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos, firmado en Santiago de Compostela en 2015, con lo que pretende dar un paso más en su lucha contra este delito y contra el turismo de trasplantes, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
España fue, junto a otros 14 países, uno de los primeros firmantes y tuvo un papel decisivo en la elaboración del documento. De hecho, el Convenio se elaboró en respuesta a un Estudio promovidoconjuntamente por el Consejo de Europa y Naciones Unidas del que fueautora la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y donde seconcluía la necesidad de desarrollar un tratado internacionalespecíficamente diseñado para combatir el tráfico de órganos.
El Convenio obliga a los estados a tipificar como delito la extracción ilícita de órganos humanos y su uso para trasplantes o para otros fines y acciones relacionadas. La extracción ilícita se define como aquella en la que hay compraventa o en la que no se garantiza el consentimiento válido del donante vivo o los requisitos de autorización para la obtención de órganos de donantes fallecidos que marca la legislación nacional.
Además, incluye medidas para la protección de las víctimas y para la prevención del delito, como la necesidad de asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante y el acceso equitativo a esta terapia. También incluye disposiciones para el fomento de la cooperación internacional y brinda una oportunidad de armonización de las legislaciones nacionales.
La ratificación hoy de este Convenio por parte de España está precedida de la modificación del Código Penal español en 2019. Nuestro Código Penal, en su artículo 156 bis, tipifica el tráfico de órganos como delito y se alinea con las disposiciones del Convenio de Santiago de Compostela.
Recoge que «el tráfico de órganos humanos será castigado con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida».
Cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo, de acuerdo con los datos que gestiona la ONT por designación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS calcula que entre un 5 y un 10 por ciento de estos trasplantes resultan del tráfico de órganos.
Exteriores explica que este delito ocurre normalmente en el contexto del ‘turismo de trasplante’, en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población, pero que ningún país está libre de este delito. «Es un problema de dimensión global que viola derechos humanos fundamentales y supone una grave amenaza para la salud individual y para la salud pública», subraya.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ONT
Por otro lado, ha destacado que España está implicada desde hace tiempo en multitud de iniciativas internacioales «para combatir esta forma de esclavitud del siglo XXI». Así, la ONT colabora con países de los cinco continentes difundiendo el Modelo Español de Donación y Trasplante, su fórmula de éxito para asegurar el acceso de los pacientes a la terapia del trasplante y, por ende, para abordar la causa raíz del tráfico de órganos.
España también ha participado activamente en el desarrollo dedocumentos clave en la lucha internacional contra este delito, como la Resolución de Madrid para el logro de la autosuficiencia en trasplante, la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, la Resolución 73/189 de Naciones Unidas para reforzar y promover medidas efectivas y la Declaración sobre la Responsabilidad de los médicos en la prevención y la lucha contra los delitos relacionados con los trasplantes, recientemente adoptada por la Asamblea Médica Mundial.
