«¡He sacado a muchas personas adelante, allí vivíamos todos como una gran familia!», ha asegurado el presidente de Retomar, J.M.G, a modo de resumen del ambiente que reinaba en las instalaciones del centro dedicado a la rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos, diametralmente opuesto al de supuesta explotación laboral que esgrimen el fiscal del caso y la Abogacía del Estado.
Aunque el juicio en la Audiencia de Valladolid se extenderá hasta el próximo jueves, el principal encausado, quien comparte banquillo con su esposa, M.J.P, ha aprovechado la primera jornada para proclamar su inocencia y la de su pareja respecto de los graves cargos que les imputan las dos acusaciones, con peticiones globales de casi 12 años para el primero y cercanas a los ocho años de privación de libertad para ella.
En ausencia de declaración de la esposa, quien se ha acogido a su derecho de no responder a pregunta alguna, ni siquiera de su defensor, el marido, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha explicado que Retomar, titular de un centro de rehabilitación en Mojados (Valladolid), jamás se dedicó a la «captación» de personas marginales por su condición de adictas al alcohol o las drogas, sino que eran ellas las que llamaban a sus puertas en busca de ayuda.
Y era en sus instalaciones, según ha relatado, donde él y su esposa les ofrecían una salida en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios, entre los que ha reconocido labores de reciclaje de plásticos en una factoría del sector en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia), donde los elegidos, como así ha precisado, estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban en nómina.
Aunque el día 30 de agosto de 2016 la Guardia Civil realizó una inspección en dicha factoría y encontró a doce operarios de Retomar, con sólo cuatro de ellos dados de alta, J.M.G. ha explicado que casualmente en esa fecha se vio obligado a mandar más trabajadores desde Retomar debido a que la empresa de plásticos había llamado porque tenía un exceso de material al que había que dar salida.
Retomar obtuvo por estos trabajos, entre 2012 y 2015, retribuciones por importe de más de 1.302.238 euros que el acusado asegura que no controlaba porque de todo ello se encargaba una gestoría, al tiempo que ha insistido en que los operarios que trabajaban en la empresa de plástico recibían su salario, de media jornada, y que la totalidad de los internos, entre 50 y 60 en determinadas épocas, recibían terapias adecuadas, incluida la deshabituación del alcohol y drogas y su sustitución mediante consumo de tabaco.
«Estamos hablando de una terapia fundamental que se hace en todos los centros de rehabilitación para evitar la ansiedad», ha defendido J.M.G, quien ha reconocido que el centro carecía de profesionales expertos en la materia, tales como terapeutas o psicólogos, si bien ahí estaba él para cualquier contratiempo. «¡Qué mejor ayuda que mi propio conocimiento, quién mejor que yo, una persona que también se ha rehabilitado!», ha enfatizado el acusado.
El presidente nacional de Retomar también ha negado sendos accidentes laborales sufridos por dos de los internos y mucho menos que los mantuviera en silencio debido a que no estaban dados de alta, tanto el caso de un desplazado a Villamuriel que sufrió fracturas en ambas piernas como el de otro accidentado en un ojo cuando realizaba labores de electricista en instalaciones propias de la asociación.
Con respecto al delito de contrabando por adquirir hasta dos toneladas y media de hojas de tabaco de una empresa de madrid–están valoradas en 416.000 euros–a través de 70 envíos entre julio de 2015 y agosto de 2016 que luego picaba en Retomar y, supuestamente, distribuía, en provincias andaluzas, donde cuenta con familia, el acusado también ha negado tal extremo y ha insistido en que la mercancía no salía de Valladolid por cuanto su destino era el consumo por parte de los internos como parte de su terapia, «a razón de un bote y medio a la semana» cada uno.
LES ENSEÑA «CUÁL ES EL CAMINO»
Para tratar de demostrar que Retomar no explotaba a sus internos, J.M.G. ha declarado que los integrantes de la comunidad eran libres de permanecer allí y de marcharse, sin que nadie que les retuviera. «Vivimos todos, yo incluido, como una gran familia y la puerta está abierta para el que no quiere estar. Aquí se está cuando uno quiere y se sale cuando uno quiere», ha mantenido el máximo responsable de Retomar, quien asegura que él trata de hacer ver a sus discípulos «cuál es el camino».
DENUNCIA A TRAVÉS DEL 112
Frente a la versión del encausado, quien antes de concluir ha precisado que en la actualidad Retomar se halla «en números rojos, con deudas de 8.000 euros de agua y 5.000 en facturas de luz», el jefe de grupo de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones ha desvelado que éstas se iniciaron a raíz de una denuncia de uno de los residentes a través del Servicio de Emergencias 112, al que aseguró que había sido explotado laboralmente.
Las pesquisas permitieron identificar y localizar al denunciante y poco después a otro interno que denunció una situación similar. Ambos relataron que eran obligados a trabajar sin remuneración alguna y sin estar legalizados, así como que picaban tabaco que luego era vendido en Andalucía o que eran obligados a pedir dinero con huchas en distintas localidades, con lo que se pasó entonces a una investigación coordinada con el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Inspección de Trabajo.
En el transcurso de las investigaciones se realizaron registros tanto en la fábrica de plásticos en Villamuriel, donde se localizó a trabajadores de Retomar sin dar de alta en la Seguridad Social, y como en las propias instalaciones de la asociación, en las que también se intervinieron distintas cantidades de tabaco ya picado–50 kilos–y se descubrió que en el centro de Mojados también se realizaban tareas de matanza sin control sanitario alguno.
«Interrogamos a distintos internos y todos coincidían en que se sentían como esclavos pues decían que no cobraban y que la única terapia era tenerles trabajando», ha indicado el agente de la Guardia Civil, que también ha incidido en el hecho de que uno de los residentes se presentó un día en el cuartel para denunciar que él también había sido víctima de un accidente laboral que los denunciados silenciaron.
