El preacuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con Esquerra Republicana para eliminar las ventajas fiscales en la Comunidad de Madrid y avanzar en la armonización fiscal, uno de los puntos que facilitaría el ‘sí’ de la formación catalana a los Presupuestos de 2021, se articulará fuera de las nuevas cuentas públicas y en los próximos meses, previsiblemente con la reforma del modelo de financiación autonómica desde febrero.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a Europa Press, después de que ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciase un preacuerdo con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales de 2021, que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que puso en marcha el Gobierno del PP en 2015, así como la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que define como el «paraíso fiscal» de Madrid.
En concreto, el preacuerdo contempla la creación de una comisión bilateral para estudiar una reforma fiscal integral y un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto de las grandes fortunas destinada a acabar con lo que define como «el paraíso fiscal» de la Comunidad de Madrid, el «dumping» que achacan al gobierno regional madrileño respecto a otras comunidades y que, a juicio de Rufián, «supone un grave perjuicio para la clase trabajadora en un momento de emergencia social».
Desde Hacienda señalan que los cambios y pasos a dar derivados del preacuerdo con ERC se llevarán a cabo al margen de los Presupuestos del próximo año, con independencia de que sea una de la exigencias de ERC para respaldarlos, y que se articulará más adelante en el tiempo.
Así pues, se trata de la intención que ya tenía el Gobierno de alcanzar un consenso para alcanzar una reforma del modelo de sistema de financiación autonómica, que se abordará desde el próximo mes febrero, según indicó recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en paralelo a una reforma fiscal en profundidad, para lo que designará una comisión de expertos, tal y como se recogía en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La intención que ya tenía el Gobierno y que se pretende llevar a cabo es establecer unos tipos mínimos y posiblemente también máximos en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como Sucesiones, Patrimonio, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, con el fin de avanzar en la armonización fiscal en todas las CCAA y evitar así el llamado ‘dumping fiscal’ en Madrid, ya que en la práctica obligaría a la comunidad madrileña a subir los impuestos.
Esta armonización fiscal, que también han solicitado otras comunidades autónomas, se abordará en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica que se llevará a cabo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y conllevará la modificación de la Ley orgánica de financiación autonómica, lo que precisa de mayoría absoluta en el Congreso.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles que se toquen «los bolsillos» a los madrileños para pagar «la corruptela al independentismo» y ha sostenido que será la «peor pesadilla» de aquellos que quieran «robarle» a los madrileños y que hará lo que «haga falta» para frenarlo, incluido ir a los tribunales.
DIFERENCIAS IMPOSITIVAS
Según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, elaborado y presentado en marzo por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Cataluña es la comunidad autónoma con un mayor número de tributos propios, con un total de 18 impuestos, frente a los tres de la Comunidad de Madrid.
Además, muestra que Madrid es de las regiones que menos grava a las rentas más bajas de 16.000 euros, y contempla además numerosas deducciones, en tanto que Cataluña es la que grava en mayor medida a las rentas medias de entre 20.000 y 30.000 euros.
En el caso de las rentas más altas, aquellas de más de 600.000 euros al año, Madrid es de las regiones que menos grava, pues pagarían 249.385 euros de IRPF, mientras que en Cataluña tienen que abonar 270.467 euros.
En el caso del Impuesto de Patrimonio, en la Comunidad de Madrid se encuentra bonificado al 100% desde 2008, por lo que los contribuyentes no pagan por este impuesto. En Cataluña, en cambio, los patrimonios de 800.000 euros pagarían 769,51 euros, los de 4 millones abonarían 41.943,7 euros y los de 15 millones un total de 418.155,6 euros, en estos dos últimos casos las mayores cantidades de España.
Precisamente este año Cataluña ha incrementado el IRPF a las rentas altas y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, así como el de Sucesiones. Para el Impuesto de Sucesiones, a un soltero de 30 años que herede bienes paternos por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a vivienda habitual, tendrá que pagar 9.796 euros en Cataluña, frente a los 1.586 euros de Madrid, según el panorama de fiscalidad de los economistas.
