El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un nuevo auto, en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por importe total de 34.264.273 euros a un «entramado empresarial» radicado en la Sierra Norte y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.
En un auto fechado el día 23 de noviembre y difundido por el TSJA, el magistrado acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios. Se trata, en concreto, de Daniel Alberto Rivera, el empresario José María Sayago, Eduardo L.R., Manuel V.L.T. y Manuel R.O.
De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados, en concreto Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla; María de los Ángeles G.M., Rafael Á.M., José Enrique C.S.D.T., Juan L.F. y Carlos L.B.
Y es que «no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan» atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE». Además, declara extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento.
Asimismo, el juez señala que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni en consecuencia acordar la continuación del procedimiento contra otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía «por su participación en los hechos delictivos por los que se procede en cuanto ya habrían sido encausados y condenados por la perpetración de aquéllos» en el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el denominado procedimiento específico «instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta».
Estos cinco ex altos cargos de la Junta son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, todos los cuales fueron enjuiciados y condenados por el denominado procedimiento específico, por el cual, sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él.
EL PAPEL DE RIVERA
Al hilo de ello, el instructor asevera que, en este caso, «concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)».
El magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye «la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad» por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados, Sayago, y una segunda persona fallecida en enero de 2016, José Enrique Rosendo, por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.
En este sentido, el instructor precisa que el «tándem» compuesto los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, este último ya fallecido, «habría constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas» de las cuales «carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones».
De las subvenciones indagadas, según el juez, median resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros».
«INFLUENCIAS» CON LA CONSEJERÍA
Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para «favorecer» a este grupo, los investigados «habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que 20 de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004», punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, «destacan por su especial concentración» las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que «recibirían importantes ayudas» serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, «que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros».
El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del «entramado societario» de los dos empresarios investigados «se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta».
«Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia» entre los investigados José María Sayago, Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, «lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico», dice el magistrado.
