El PSOE y Vox han presentado sendas iniciativas en el Congreso para urgir al Gobierno a regular los ‘lobbies’ o grupos de interés, de manera que se dé más transparencia a su «incidencia política». Los socialistas apuestan por sancionar a los políticos y lobistas que no publiciten sus reuniones y los de Santiago Abascal demandan también multas coercitivas para incentivar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
En concreto, los socialistas han registrado una proposición no de ley en la que abogan por regular la labor de los grupos de presión y por la creación de un registro específico para ellos ya sea a nivel de la Administración General o del Parlamento.
Esa regulación, según detallan en la proposición no de ley recogida por Europa Press, debería definir claramente qué se considera «grupo de interés y actividad de influencia» e incluir el código de conducta que deberían cumplir los lobistas que se apunten al registro.
Además, recalcan la necesidad de establecer un sistema de control y fiscalización de asegure que se cumple lo establecido por la ley: «alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control la publicidad de los contactos mantenidos con los grupos de interés durante la elaboración de normativa y su participación previa en la elaboración de las normas», así como «un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley».
El PSOE recuerda que algunas comunidades han empezado ya a regular la actuación de los ‘lobbies’ y subrayan la conveniencia de que el se impulse también una normativa estatal para regular su actuación.
REFORMAR LA LEY DE TRANSPARENCIA
Eso se lo que busca también la iniciativa de Vox, que quiere que el Gobierno haga de la transparencia y la rendición de cuentas «los principios fundamentales de su actuación», garantizando el acceso de la ciudadanía a información pública con el fin de que pueda «conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes».
Para ello, plantean que se reforme la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que se aproveche esta norma para regular los grupos de presión y crear un Registro Estatal de intereses y grupos de interés.
Así, demandan que la ciudadanía pueda conocer las reuniones que mantienen con ellos «los altos cargos y responsables políticos» y que se detalle qué actividades pueden realizar los ‘lobbies’, un código de conducta que les obligue y que tengan que estar registrados.
PRESUPUESTO PROPIO Y MÁS CONTROL DEL CONGRESO
Pensando en potenciar «la autoridad» del Consejo del mismo nombre que vela por su cumplimiento, Vox pide que se le dé más poder para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones y que se fije un régimen sancionador para, a través de «multas coercitivas», forzar al acatamiento de sus reclamaciones.
Además de reclamar más dotación presupuestaria y de personal para este órgano, en su iniciativa, recogida por Europa Press, sugiere que se le dote de un presupuesto propio y segregado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para favorecer su independencia.
También plantea que los informes anuales sobre la actividad del consejo sean objeto de debate y enmiendas en el Congreso, que se adapte la normativa básica de transparencia a las necesidades actuales y que se promueva, a través de los convenios ya en vigor, que Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria constituyan sus propios Consejos de Transparencia.
