El responsable de jubilación de Willis Towers Watson, Rafael Villanueva, cree que la solución propuesta por el Pacto de Toledo para solventar los problemas financieros del sistema de Seguridad Social traspasando los gastos impropios al Estado, «no resuelve el problema, solo lo cambia de lugar».
De hecho, Villanueva considera que se mantiene «intacto» el problema de la insostenibilidad de las finanzas públicas en su conjunto. «No podemos aplazar más tiempo la solución a este problema», ha dejado claro.
En un análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson junto con la Universidad de Valencia y Extremadura se pone de relieve que el informe aprobado por el Pacto de Toledo «apenas aporta cambios significativos en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones, sino más bien al contrario, dado el aumento de gastos que parece desprenderse del mismo, así como por la profundización de ciertas equidades».
Los expertos del Observatorio piensan que la solución de los problemas de sostenibilidad del sistema «no puede basarse en un cambio de denominación de determinados gastos».
Así, piensan que muchos de estos traslados de gastos son «discutibles» y que «muchos de ellos podrían ser considerados contributivos porque para poder acceder a ellos es condición necesaria haber cotizado al sistema y, en muchos casos, el importe de dichas prestaciones depende de cuánto se haya cotizado».
Por otro lado, han puesto de relieve que vincular la revalorización de las pensiones al IPC real en lugar de hacerlo conforme al índice de revalorización de las pensiones, «según lo aprobado en la reforma de 2013», es la recomendación que tiene «una mayor implicación en el aumento del gasto».
Para el responsable de jubilación de Willis Towers Watson, «si la revalorización con el IPC no se acompaña de otras medidas que permitan aumentar los ingresos, estamos en riesgo de que el sistema tenga un déficit contributivo permanente».
Los expertos también ven «especialmente preocupante» que no haya en el Pacto de Toledo ninguna valoración de las implicaciones económicas que puede tener la aplicación de las distintas medidas que se proponen. «Sin un informe económico de las medidas propuestas es muy difícil opinar sobre su viabilidad», han señalado.
Por otro lado, han puesto de relieve que otra de las novedades importantes del último informe, «y que atañe directamente a este aumento del gasto sin ir acompañada de una previsión de su impacto económico», es que se considera que el sistema debe contemplar la posibilidad de que determinados colectivos de trabajadores puedan elegir los años de su carrera de cotización que le sean más favorables en la determinación de la base reguladora de su pensión.
Esto, para los expertos del Observatorio, sería contrario a la contributividad y a la equidad global del sistema «al permitir que un mismo esfuerzo global de cotización diera lugar a pensiones distintas por el reparto desigual de dichas cotizaciones, favoreciendo a determinados grupos o colectivos y no a todos los futuros pensionistas.
Otro punto que puede generar graves «inequidades», según los expertos, es que se reconozca la necesidad de hacer una reforma integral de la viudedad que debe ir encaminada a acomodar la configuración de esta prestación a las nuevas realidades sociales y familiares. «Parece que las indicaciones van en el sentido de aumentar el gasto y no de pasar a un sistema que solo concediera rentas vitalicias a determinados beneficiarios, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno», han remarcado.
Villanueva ha incidido en que es necesario abordar una «verdadera reforma estructural de las pensiones, dado que las reformas parciales basadas en cambios paramétricos no permiten abordar el verdadero reto al que se enfrenta la Seguridad Social».
