El Pleno del Congreso debate en la sesión de este martes si tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con la que buscan que el copago del Sistema de Dependencia sea más justo para los ciudadanos.
Se trata de un texto que el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado ya tres veces en comisión en la Cámara baja. El primer intento de tramitación fue en 2015, pero las circunstancias políticas de los últimos años — la moción de censura y las dos convocatorias de elecciones siguientes– frenaron en dos ocasiones su avance en el Parlamento.
En la ley, el CERMI pide que se apruebe un reglamento para establecer unos criterios básicos sobre la capacidad económica y participación en el coste «iguales y vinculantes» para todas las administraciones. Estos criterios tendrían margen de ampliación de derechos y de mejora por parte de las comunidades autónomas.
NUEVOS CRITERIOS
El objetivo, según explicó Pérez Bueno en sede parlamentaria, es la «gratuidad del sistema» pero, mientras, proponen como mínimos, una exención de 2,5 IPREM (1.344,6 eruos) para todo tipo de servicios, incluido el residencial que es, según ha indicado, el más costoso.
También quieren limitar el copago al 60% y preservar el 40% IPREM para que la persona tenga disponibilidad económica para el resto de sus necesidades.
La ILP recoge también la imposición de nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la personas, que deben incluir la edad o el momento de aparición de la dependencia. «No es lo mismo nacer con una situación de dependencia, que adquirirla en los 5, 10 o 15 últimos años de la vida», reconoce el CERMI.
APOYO DE LA MAYORÍA DE GRUPOS
Pérez Bueno presentó de nuevo esta iniciativa ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas para la Discapacidad el pasado octubre. Allí, la mayoría de grupos parlamentarios mostró su apoyo a estos cambios.
Desde el PSOE, han pedido responsabilidad al resto de partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno para, a través de ellos, lograr la «sostenibilidad» del sistema; mientras que el PP considera «oportuno» este cambio, así como un incremento de la partida para esta materia.
También Ciudadanos, ha manifestado su apoyo a la iniciativa, como ya hicieron en las anteriores ocasiones en las que se presentó. Unidas Podemos, por su parte, ha lamentado que durante la crisis de 2008 «se rescatara a los bancos» y se «abandonaran los servicios sociales».
Tanto ERC, como Junts y PNV, celebraron la iniciativa, pero cuestionaron la posibilidad de una gratuidad universal de los servicios y criticaron la «infrafinanciación» del Estado en este sentido. En este sentido, Vox considera que la situación de la Dependencia es consecuencia del Estado autonómico y la descentralización de las competencias en esta materia.
