Eduardo de Porres, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) y aspirante a la Presidencia de la Generalitat Laura Borrás, reúne desde hace meses la ingente prueba documental y pericial solicitada por la Fiscalía y la defensa de la política independentista, quien el pasado mes de julio se negó a contestarle alegando que la práctica de dichas diligencias demostraría su inocencia en relación con 18 contratos cuya tramitación irregular se están investigando.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que es difícil prever si la práctica de todas estas diligencias se solventará antes de que tenga lugar la cita electoral y desvinculan cualquier movimiento de este órgano de los calendarios políticos.
En todo caso, lo lógico sería que, una vez en poder del instructor todos los datos, se vuelva a llamar a declarar a Borrás, para cuya citación el pasado verano se precisó suplicatorio por el Congreso de los Diputados.
Pese a realizarse este trámite y ser citada, la diputada independentista no ha respondido aún sobre los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que se le atribuyen durante la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Borràs ha oficializado que se presenta a las primarias del partido para ser la candidata a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero pese a estar siendo formalmente investigada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano competente para investigarla por su condición de diputada.
Entre las pruebas a practicar, además de varias testificales, está una pericial sobre material informático, y el análisis por parte de la policía judicial de diversas cuentas bancarias y relacionadas con la causa y de documentación aportada por el Ministerio de Hacienda.
Por su parte la Fiscalía pidió al instructor que reclamara documentación a la Institució de les Lletres Catalanes, en especial de naturaleza contable, que también debe ser analizada.
Según la instrucción realizada inicialmente por un juzgado de Manresa (Barcelona) y finalmente remitida al Tribunal Supremo, las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal de Borrás, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.
De Porres citó inicialmente a Borrás el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y fue necesario cursar un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer, aunque en dicha ocasión, el pasado 22 de julio, tampoco quiso explicarse. Curiosamente, un año después de su primera citación se celebran unas elecciones a las que las diputada quiere presentarse como candidata a la Generalitat de Cataluña.
La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borrás que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.
Igualmente, el juez encuentra indicios de malversación –por un valor total que aún no se ha cuantificado— y también de fraude administrativo y documental.
PRUEBA CLAVE, LOS CORREOS
La prueba clave, según las pesquisas iniciales, se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de «forma muy explícita» a Herrero como debía proceder.
Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitó para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue a parar a una de las empresas de Herrero, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
También existen indicios de que Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, «permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero».
Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que tiene unos «trapis» con la diputada de JxCat: «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí», dijo en alusión al ILC, sobre la que añadió que tenía que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos…». Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
