La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles en el Congreso que se facilite la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 porque darán «certeza, confianza y esperanza», porque canalizarán los fondos europeos, impulsarán la recuperación y serán un «revulsivo» para el Estado de bienestar, por lo que ha criticado la «irresponsabilidad» del PP y Vox con sus enmiendas a la totalidad.
Así lo ha señalado durante la defensa del proyecto de Presupuestos en el debate de las enmiendas la totalidad en el Congreso, en la que ha pedido que se permita la tramitación de unos PGE que «son de país» y buscan dar «certeza» en un momento de «extraordinaria certidumbre», así como «confianza frente al desánimo» y «esperanza en que se saldrá de la crisis lo antes posible».
«Certeza, confianza y esperanza», ha apostillado Montero sobre lo que ofrecen las nuevas cuentas públicas, que cree que podrán sentar las bases de un crecimiento «sólido, justo y sostenible», avanzar en la modernización del sistema productivo y generar mayor cohesión social y territorial.
Montero ha dicho ser «consciente» del «enorme sufrimiento» que arrastra la sociedad por la pandemia y el «dolor irreparable» por las pérdidas humanas, si bien ha celebrado que el anuncio de Pfizer sobre una tasa de efectividad de una posible primera vacuna abre una vía «muy esperanzadora» para el planeta, aunque «con toda la prudencia y cautela».
En este sentido, ha destacado la acogida «muy notable» de la noticia en el mundo científico y el mundo bursátil y la mayoría de analistas económicos, lo que ha supuesto una «inyección de optimismo en el peor momento de la segunda ola».
La ministra ha subrayado que es una «auténtica anomalía» seguir con los PGE prorrogados de 2018 diseñados en circunstancias distintas y estando «absolutamente desfasados», y en este punto ha criticado que la presentación de enmiendas a la totalidad demuestra una «preocupante incapacidad para entender el momento de excepcionalidad».
En este sentido, ha criticado la «irresponsabilidad manifiesta» de PP y Vox con sus enmiendas a la totalidad, ya que «se puede compartir o discrepar pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad de que este país cuente con unas nuevas cuentas públicas».
Por ello, frente a unos PGE «inservibles» de 2018 en «la peor crisis sanitaria, económica y social», ha urgido a aprobar unas nuevas cuentas y dar «soluciones reales», rechazando las políticas de «vetos cruzados», que «solo llevan al inmovilismo y la frustración» y que se sustituyan las descalificaciones al adversario por el debate de las ideas.
De igual forma, ha rechazado las «recetas neoliberales» del PP en la anterior crisis y ha defendido que frente al rescate de la banca en la anterior crisis, ahora «el Estado ha salido al rescate del país», y se ha endeudado para que las CCAA tengan más recursos, frente a la «asfixia» de la anterior etapa.
LA RECUPERACIÓN SERÁ «MÁS LENTA» EN SECTORES Y ZONAS CON RESTRICCIONES
En su intervención, ha indicado que hay que «atajar» la segunda ola de manera «eficaz y contundente» ya que en la medida que se controle la pandemia, la economía «rebota», lo que precisa de «coordinación estrecha y leal y unidad de acción política y social.
Tras el repunte del PIB del 16,7% en el tercer trimestre, ha indicado que la segunda ola frenará el crecimiento en el cuarto trimestre, si bien ha subrayado la capacidad de recuperación del empleo, ya que se han recuperado 500.000 puestos de trabajo de entre los afectados por ERTE, que llegaron a ser 950.000.
Con una previsión de un alza del PIB del 11,2% este año y del 7,2% en 2021 (9,8% con fondos europeos), ha admitido que la recuperación será «más lenta» en sectores y territorios más afectados por la aplicación de las restricciones.
AUMENTO DE INGRESOS «REALISTA Y PRUDENTE» Y NIEGA «HACHAZO FISCAL»
En cuanto a los ingresos, ha indicado que este año la recaudación caerá un 7,6%, una reducción inferior al descenso del PIB nominal, y ha indicado que la evolución de las principales figuras fiscales (IRPF, IVA y Sociedades) evolucionará de forma «positiva» y la previsión de alza es «realista y prudente».
También ha defendido los cambios tributarios recogidos en los PGE para «modernizar» el sistema fiscal, aunque la reforma integral se abordará por un comité de expertos «en los próximos meses» y se implementará cuando se recupere el crecimiento.
Según Montero, con los «pequeños ajustes» en los PGE se busca recuperar progresividad, inducir hábitos saludables y adecuarse a la realidad del siglo XXI, antes de una reforma que recupere por completo la progresividad con un sistema «justo y redistributivo».
Ha negado el supuesto «hachazo fiscal» denunciado por la oposición y ha defendido los cambios tributarios, como el aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, que afectarán solo al 0,17%, así como el alza del 1% en Patrimonio y la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12%), exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años.
También ha defendido las reducciones de las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales para favorecer la aportación empresarial y el ahorro, y el alza del diésel porque solo lo tienen más bajo dos países en Europa, entre otros.
En cualquier caso, ha defendido que la consolidación fiscal es «irrenunciable» para el Gobierno y ya se refleja en las cuentas públicas, al augurar una bajada del déficit del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB en 2021.
NIEGA «DESPILFARRO» Y DESTACA EL MAYOR GASTO SOCIAL DE LA HISTORIA
En cuanto al gasto, ha destacado que son unas cuentas «expansivas» que incluyen el mayor gasto social de la historia, de 239.765 millones, el 53,7% del total del Presupuesto, con un alza del 10% incluyendo los fondos, y ha rechazado que el gasto social sea «despilfarro».
Entre otros puntos, ha destacado que se recoge una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, al igual que las pensiones públicas, mientras que las pensiones no contributivas crecerán un 1,8%; el IPREM, indicador para las ayudas, sube un 5%; y elevará las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%); con 1.000 millones para la vacuna; I+D+i (+80%), infraestructuras (+114,8%); Cultura (+25,6%); Dependencia (+46%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes, con 1.338 millones más.
La política que más sube es la de Vivienda (+368%) para fijar un alquiler asequible a los jóvenes, al tiempo que la política por desempleo se eleva un 20%, hasta los 25.000 millones, y permitirá un «vaso comunicante» con la dotación de los ERTE, ha enfatizado.
La ministra ha destacado que son unas cuentas «extraordinarias» por el objetivo que persigue, sus cuantías y la «urgencia» para que le país «pueda levantarse del golpe recibido, ponerse de pie y coger impulso».
«La pandemia nos ha enseñado que éramos más vulnerables de lo que pensábamos pero que somos un pueblo que cuando nos proponemos un objetivo común lo conseguimos desde la unidad», ha concluido, deseando que el «desacuerdo» sea el «origen del consenso que se necesita» y que, ante unos sanitarios y españoles que «no se rinden», los políticos pongan su «granito de arena» para no «dejar a nadie atrás».
