Vox ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LOJCA) de modo que se reconozca la capacidad procesal y la legitimación activa de los grupos parlamentarios para poder litigar en este orden jurisdiccional.
El partido presidido por Santiago Abascal reclama que en la LOJCA se mencione expresamente a los grupos parlamentarios como sujetos con capacidad procesal -para obrar en un proceso judicial- y legitimación activa -que puedan ser demandante o demandado- y acabar así con «cualquier discrepancia en el ámbito jurisdiccional».
A su parecer, «negar la capacidad procesal de los grupos parlamentarios en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho solo puede tener efectos perjudiciales» porque «ciertos actos devienen inatacables por no existir sujetos legitimados para oponerse a ellos por vía jurisdiccional», escapando así al control judicial.
Vox considera que «la función parlamentaria no puede agotarse con la posibilidad de los diputados y senadores de intervenir en el trámite parlamentario de que se trate, sin que su mandato de control del cumplimiento del propósito de las leyes se extienda a otros ámbitos».
En este sentido, recuerda que «uno de los fundamentos básicos del Estado de Derecho es el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», siendo el Ejecutivo «el que más capacidad tiene para afectar a la esfera jurídica de los ciudadanos».
En consecuencia», argumenta, «no debe extrañar que el foco de control de la acción del poder se haya instrumentado principalmente a través de la fiscalización por parte de los tribunales de la actividad de la administración». Para Vox, esto es «la mayor garantía de los ciudadanos frente a las decisiones de la administración que les afectan».
