El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha afirmado este jueves que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado «la necesidad de impulsar las políticas de juego responsable y seguro» para evitar ludopatías y prácticas adictivas o problemáticas del juego.
Así lo ha puesto de relieve Escudero durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de Diputados, para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 relacionados con su departamento.
En este sentido, el secretario general ha dicho que «la sobrexposicón de la población, especialmente de las personas más jóvenes, a la publicidad y el aumento de la cifra de nuevos jugadores ‘online’ durante las primeras semanas del Estado de Alarma han mostrado la necesidad de regular la publicidad del juego».
De este modo, ha subrayado la relevancia de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar ‘online’ en España.
A este respecto, ha argumentado que el sector del juego ‘online’ ha tenido un crecimiento acumulado del 300% en los últimos siete años, lo cual exige un «esfuerzo importante» para llevar a cabo las tareas de control del mercado. También ha destacado la futura aprobación de un real decreto de juego seguro.
Asimismo, ha detallado que la partida asignada a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en el proyecto de presupuestos para el año 2021 alcanza los 6,8 millones de euros, lo que supone un 7% más con respecto a su dotación anterior.
RETORNO SOCIAL Y EFECTO MULTIPLICADOR
En su intervención, el secretario general de Consumo y Juego ha defendido que «cada euro puesto» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el Ministerio de Consumo «produce un retorno social y un efecto multiplicador» en los derechos de los consumidores y en la promoción de un ocio y un consumo saludable.
Según ha destacado su departamento, Escudero ha afirmado que el Ministerio «quiere fomentar un modelo de consumo responsable, sostenible y garantista» para la ciudadanía en línea con estrategias de la Unión Europea y del Gobierno de España sobre sostenibilidad económica y medioambiental.
Para ello, ha pedido a los diputados el apoyo a las cuentas del Gobierno para «proteger los derechos de consumidores y usuarios, con especial intensidad en las personas y colectivos en situación o riesgo de vulnerabilidad».
«Es necesario articular, como se hace en estos Presupuestos, una visión general ambiciosa que garantice derechos en un contexto de incertidumbre, grandes transformaciones socioeconómicas y amenazas medioambientales», ha señalado Escudero.
En este contexto, ha aclarado que «la filosofía y el diseño» de los PGE para el Ministerio que dirige Alberto Garzón «están enfocados» a paliar los efectos que la pandemia ha producido en la sociedad y a «las enseñanzas» que se puedan extraer de ella. Así, ha dicho que el estado de alarma ha motivado «la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos de protección a los derechos de los consumidores».
Por otro lado, ha defendido que la pandemia ha mostrado «la fortaleza» del sistema de seguridad alimentaria español y ha puesto en valor el «ejemplar comportamiento» que todos los actores de la cadena alimentaria han tenido durante periodo de crisis sanitaria. «Eso nos obliga a un trabajo y un esfuerzo continuo de refuerzo de los mecanismos de control y seguridad de la cadena alimentaria, lo cual tiene su traducción presupuestaria», ha enfatizado.
