El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas, lo que permitiría «salvar» la campaña de Navidad, y a que se apruebe «de una vez» un marco legal a través de una modificación de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública que podría estar lista ya en diciembre. Tras asegurar que se trata de una «oferta generosa», ha dicho que espera volver a hablar esta misma semana de este asunto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, «no puede superar en ningún caso las ocho semanas». Además, ha señalado que el estado de alarma debe estar sometido al control parlamentario y no basta con una comparecencia semanal del ministro de Sanidad en comisión.
Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya planteado un estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo. En ese decreto se concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.
LOS REPAROS DEL PP AL DECRETO DEL GOBIERNO
Tras asegurar que el PP estos meses ha «tendido la mano» al Gobierno y «lo va a seguir haciendo», ha dicho que, después de conversar este domingo con el presidente del Gobierno, espera que esta semana tengan la «oportunidad» de volver a hablar.
Eso sí, el líder del PP ha afirmado que volver a declarar el estado de alarma es la «constatación de un gran fracaso» después de que el Ejecutivo admitiera públicamente el 5 julio que «se había derrotado el virus y que se podía salir de vacaciones y abrazar la nueva normalidad. A su entender, «está claro que o no se dijo la verdad o había otra agenda oculta más allá de dar una visión real de lo que estaba pasando» en España.
Además, ha advertido a Sánchez que «no resulta muy adecuado» que se diga que las autoridades competentes van a ser las comunidades autónomas cuando, según ha recalcado, el responsable en materia de pandemias es el Gobierno de la nación. A su juicio, no puede «parapetarse» detrás de las autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y respuestas a un virus que no entiende de fronteras administrativas.
Casado ha defendido que el estado de alarma esté sometido al control parlamentario y ha advertido de que «no se puede sustituir» con la comparecencia semanal del ministro en comisión porque «allí no se puede votar ni plantear propuestas de resolución» ante esa limitación de derechos fundamentales.
El presidente del PP ha indicado además que hay aspectos del decreto del Gobierno que podrían ir contra la propia Constitución como «agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales».
También ha subrayado que el decreto «contraviene las recomendaciones» de la Comisión Europea, la última firmada en mayo por el propio Pedro Sánchez y en la que se señala que la excepcionalidad constitucionalidad debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria.
Tras estos cinco consideraciones, Casado ha advertido a Sánchez que, si quiere recabar el «apoyo mayoritario de las Cortes» y «una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas», el PP pone sobre la mesa dos exigencias.
LOS PUENTES Y «SALVAR» LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
La primera, ha explicado, pasa por «limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional» para que no supere las ocho semanas «en ningún caso». Según ha agregado, eso permitiría que en el campo jurídico hubiera un encaje jurisprudencial duplicando el marco que ratificó el Tribunal Constitucional para la crisis de los controladores, que fue de un mes.
En el ámbito sanitario, ha dicho que en ocho semanas se permitiría que la curva de contagios se pueda «estabilizar» y que se pueda «limitar la movilidad en los tres principales puentes que va a haber», el del Día de Todos los Santos, el de la Almudena en Madrid y el puente de la Constitución a primeros de diciembre.
En el campo económico, ha señalado que esas ocho semanas ayudarían a «salvar» la campaña navideña. «Y queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores, que ven con mucha preocupación y casi depresión que no puedan tener movilidad y recibir a sus familias de aquí al 9 de mayo», ha enfatizado.
Como segunda exigencia para que el Grupo Popular apoye el estado de alarma en el Congreso ha citado «acometer de una vez el plan B jurídico», que sería un «marco alternativo a la excepcionalidad constitucionalidad» como su partido viene reclamando desde abril.
De hecho, ha recordado que el PP ya registró en agosto en la Cámara Baja una iniciativa en ese sentido con el objetivo de modificar de forma urgente la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública.
Según ha explicado, esa modificación legal se podría hacer en un trámite urgente de unas ocho semanas, de forma que a «mediados de diciembre ya habría una legislación en vigor y no tendrían que estar dependiendo de la ratificación» de las medidas restrictivas por parte de los tribunales.
«POR MI PARTE NO FALTARÁ PATRIOTISMO»
Casado ha afirmado que se trata de una «oferta generosa» que duplica lo que el PP ya considera un «límite básico» del plazo de un mes que ratificó la jurisprudencia. A su entender, «todos» deben ser «responsables» para que lo que se apruebe en la Cámara Baja «sean cuestiones sensatas y contribuyan a la prosperidad española».
«Por mi parte no faltará colaboración, no faltará patriotismo, no faltará un intento de que rememos unidos. Solo remando unidos avanzaremos, si no estaremos dando vueltas como una barca que solo mueve uno de los remos. Por nuestra parte no va a quedar», ha enfatizado el líder del PP, que ha aprovechado para poner encima de la mesa propuestas como la rebaja del IVA de las mascarillas y que se realicen pruebas PCR en los aeropuertos y las grandes estaciones de ferrocarril.
Casado ha afirmado que ya estaban avisados de esta segunda ola y ha afeado al Gobierno el «triunfalismo» y la «negación de la colaboración del adversario», algo que, a su juicio, ha sido «letal». A su entender, ahora se trata de ir a «una respuesta mucho más quirúrquica, pero con un mando único y no fragmentando la respuesta para eludir responsabilidades». «Hay que hacer una cogobernanza real en la eficacia y en la seguridad jurídica», ha apostillado.
