La Confederación Gonzalo Anaya ha considerado que la confirmación del Tribunal Supremo (TS) de la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de devolver a algunos centros aulas de Bachillerato y ciclos formativos concertadas que habían sido suprimidas por la Conselleria de Educación es un «claro ataque» a la enseñanza pública.
El alto tribunal desestimó el pasado viernes el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra dos fallos del TSJCV, en concreto de mayo de 2018 y referentes al Colegio Nuestra Señora del Pilar de València y La Salle-Sector Valencia Palma en Paterna.
Para la junta directiva de la Confederación, la confirmación del Supremo «deja al descubierto un problema jurídico y de competencias en materia de educación, al intentar que prevalezca el reglamento de conciertos del Estado del 1985 sobre las competencias educativas valencianas» y que la Generalitat «no pueda regular los conciertos singulares».
Según han indicado en un comunicado, para los representantes de las AMPA de la educación pública, el debate «se tiene que cortar». Así, han abogado por impulsar un cambio en la ley orgánica de Educación «para que plasme claramente la subsidiariedad de la educación concertada y su progresiva eliminación».
«Ya hace tiempo que esperamos una nueva ley orgánica que destierre la LOMQE y revierta de una vez por todas más los continuos recortes que hemos sufrido», han señalado, y han reivindicado una inversión «prioritaria» en los servicios públicos, «con un presupuesto del 7% y más en educación.
«Es urgente y prioritario potenciar la educación pública como la única capaz de garantizar la educación gratuita y en igualdad de acceso y condiciones para todo el alumnado, tanto en la etapa obligatoria como en la postobligatoria», han remarcado.
