La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado este jueves de «inadmisibles» las amenazas denunciadas por el juez Manuel García-Castellón, instructor en la Audiencia Nacional de la denominada pieza ‘Dina’ que ha derivado en una petición al Tribunal Supremo para que se investigue por tres delitos al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Durante su participación en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, Delgado ha manifestado expresamente que las amenazas a un juez «son inadmisibles en este y en muchos de los casos,» porque al fin y al cabo los jueces y fiscales son «funcionarios públicos».
«Nos podemos equivocar y hacerlo muy bien, podemos estar sometidos a nuestra crítica profesional, podemos estar sometidos a una alabanza profesional, pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas bajo ningún concepto», ha subrayado.
En cuanto a las críticas referidas por el juez, Delgado ha señalado que «una cosa es la libertad de expresión, pero ésta debe ejercerse dentro de unos márgenes, teniendo en cuenta cuales son esos márgenes en función del sujeto que recibe esta critica», según ha establecido el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
«Es inadmisible que se ataque a un operador jurídico por el hecho de trabajar, independientemente del acierto o desacierto que puede tener», ha insistido, para añadir que los jueces y fiscales hablan a través de sus escritos.
«Esos ataques lo único que hacen es perturbar algo que a la ciudadanía le importa, que es el sosiego e independencia personal que los operadores jurídicos necesitamos para ser certeros en nuestras decisiones. Eso está fuera de toda duda», ha incidido.
Tras su intervención en el foro, que ha versado sobre todas las actuaciones que emprendió su departamento para asegurar la labor de los fiscales durante el confinamiento por covid-19, Delgado ha sido preguntada por temas de actualidad judicial, si bien ha evitado pronunciarse sobre los más polémicos.
Así, ha rechazado manifestarse sobre la postura de la Fiscalía Anticorrupción contraria a que se abra causa a Iglesias en el Supremo por posibles delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos en relación con lo datos de el teléfono móvil que fue robado a su excolaboradora Dina Bousselham. «No hablo de temas que se están investigando, pero es que además yo no tengo ninguna intervención en ese asunto», ha manifestado en relación con el informe que coordina el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.
En cuanto a la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por el PSOE y Podemos para cambiar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Delgado se ha limitado a señalar, en términos muy generales que «hay que oír a los operadores jurídicos y a los administrados» porque la finalidad debe ser siempre la mejora del servicio público.
Sobre las advertencias a nuestro sistema de designación de vocales del Consejo por parte de organismos internacionales como el Grupo contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Delgado ha explicado que éstas fueron realizadas en 2013 tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que dio lugar al actual Consejo, de carácter muy presidencialista. El informe posterior, tras la vuelta atrás de esta reforma en 2018, eliminó dichas críticas.
Delgado también se ha referido al informe que realizó el teniente fiscal Navajas contrario a la admisión de las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia, para señalar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún tiene que resolver si las admite o no.
A AZNAR LE PUSIERON UN CENTENAR QUERELLAS POR IRAK
Así ha explicado que el encargo se realizó al teniente fiscal al tratarse de un asunto de relevancia, si bien ello es algo normal en la forma de funcionar de la Fiscalía, puesto que al igual se hizo en 2003 con ocasión de las más de cien querellas que se presentaron contra el que fuera presidente de Gobierno José María Aznar por su postura en la guerra de Irak.
Tampoco ha querido pronunciarse Delgado sobre quien sustituirá a Navajas, que se jubila el próximo mes de diciembre, limitándose a señalar que la plaza debe ser convocada formalmente y los aspirantes a la misma deben presentar su currículum y un proyecto de actuación.
«Debemos basar los nombramientos en el mérito y que todos se puedan explicar en base a esos méritos y capacidad», ha manifestado para justificar después que por ello «es imposible» que en estos momentos pueda adelantar el nombre de la persona a la que tiene pensado designar en el puesto de Navajas. «Además se tiene que celebrar un Consejo Fiscal, que es la representación democrática de la carrera», ha añadido.
Sobre las polémicas declaraciones de Navajas sobre otros compañeros fiscales del Supremo, de los que dijo que estaban «contaminados politicamente», Delgado ha admitido que en su departamento, al igual que ocurre en todas las instituciones, existen «tensiones», si bien lo importante es que éstas «No perturben el trabajo cotidiano».
Ha añadido que además se cuenta con instrumentos de resolución de estos conflictos, que ahora mismo están en marcha si bien «esto no significa nada». Con esta última manifestación Delgado dijo referirse tanto a Navajas como a la que fue su antecesora en el cargo Consuelo Madrigal, de la que ha recordado que escribió un artículo sobre la gestión de la pandemia «que fue muy comentado fuera y dentro de la fiscalía», si bien ha incardinado ambas actuaciones en la libertad de expresión.
