El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, considera de una dureza «suficiente» las sanciones que se imponen a los ciudadanos por incumplir las medidas sanitarias contra la COVID-19, pero reclama a las autoridades «claridad» en la normativa.
En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Gómez y Díaz-Castroverde ha hecho suyas las palabras pronunciadas por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial: «Decía que es necesario clarificar la normativa sanitaria y yo creo que es muy importante».
Y es que, tal y como ha señalado el titular del TSXG, las resoluciones y actividades administrativas «cambian constantemente». Sin embargo, ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos cumplan las normas porque «están en beneficio de todos» y consiguen «acabar cuanto antes con la pandemia».
«Pero yo creo que en este momento tienen una dureza suficiente. Lo importante de una sanción es aplicarla y hacerla efectiva», ha añadido.
Sobre las medidas dictadas por las autoridades para contener al coronavirus, que deben ser ratificadas por la justicia en tanto que afectan a derechos, Gómez y Díaz-Castroverde afirma que si bien aquellas restricciones individuales ya eran «habituales», la «novedad» ahora son las que se adoptan de forma «colectiva».
Ante este panorama, considera «acertado» que dentro de las últimas reformas legales se atribuyese a los tribunales superiores de justicia la potestad de su convalidación, porque «permitirá la unificación de criterios.
Sin embargo, el presidente del TSXG ha advertido que, sin dudar de la «importancia» de la salud pública, esta «no puede priorizarse sobre el estado de derecho». «Por esto es imprescindible que los jueces intervengan en el control de estas medidas cuando se traten de limitaciones de derechos fundamentales», ha incidido.
Preguntado sobre si los tribunales están cómodos decidiendo cuestiones que parten del ámbito político, como los recursos de la Comunidad de Madrid contra las medidas dictadas desde el Ministerio de Sanidad, Gómez y Díaz-Castroverde ha respondido que esto tampoco les es «ajeno», sino que es «habitual.
«Acudir al juez es una posibilidad que tiene todo el mundo. Y el que crea que un juez puede solucionar algo, hace bien en plantearlo», ha remarcado.
«DISMINUCIÓN» DE ACTIVIDAD JUDICIAL
En la entrevista en la Cadena Ser, Gómez y Díaz-Castroverde ha reconocido que hay una «disminución» de asuntos presentados en los juzgados no solo en Galicia, «sino en toda España». Eso sí, prevé que para los últimos meses del año habrá «un aumento de asuntos en la jurisdicción social y en el orden mercantil» para la que, según ha asegurado, el TSXG está «bien preparado».
En el caso de los procesos por violencia machista, ha dado la cifra de que en Galicia han bajado un 7,3 por ciento las denuncias del último trimestre, pero con un número «real» de 1.500 casos asevera que la situación es todavía «alarmante»: «Mientras haya un solo caso de violencia de género, el dato será preocupante».
Eso sí, el presidente del TSXG considera que, por el momento, la organización judicial en esta materia es «correcta» en la Comunidad gallega, por lo que «no ve la necesidad de creación de nuevos juzgados» especializados. Los que sí se crearán «antes de fin de año», ha recordado, serán nuevos juzgados de lo social en Lugo, A Coruña y Vigo.
Preguntado sobre el bloqueo político a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se acerca a los dos años en funciones, ha remarcado que este hecho «no afecta en absoluto a la actividad de los jueces», ya que cumplen su cometido «correctamente, en plazo y sin ningún problema».
OKUPACIONES Y ANGROIS
Otra de las cuestiones que marca la agenda política desde hace semanas son las okupaciones ilegales de viviendas. No obstante, en palabras de Gómez y Díaz-Castroverde, es una problemática que «tiene un origen que no es de ahora», sino que hay que remontarse a la crisis del 2008: «Surge cierta cuestión social, que es hasta qué punto puede haber gente que pueda necesitar una vivienda cuando hay viviendas en manos de entidades que no hacen uso de ellas».
A pesar de ello, ha afirmado que «han disminuido» las demandas civiles referidas a okupaciones de viviendas de personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. Otra cosa, ha explicado, son «los delitos de usurpación y allanamiento de morada», que «no solo es lo que concierne a okupaciones, sino también a otro tipo de situaciones que se producen todos los días».
Así a todo, considera que «sí» hay mecanismos jurídicos suficientes para hacer frente a esta problemática.
Finalmente, sobre el juicio del accidente ferroviario de Angrois, cuya fase de instrucción acaba de volver a cerrarse, el presidente del TSXG no se ha aventurado a dar una fecha para su celebración para no «entrometerse en la actuación de los jueces».
«Mi opinión en esta cuestión es garantizar que se celebre con toda la transparencia y todos los medios adecuados para que pueda conocerse y contemplarse que tiene la misma transparencia que otros juicios», ha dicho.
