El PP ha elaborado una propuesta para «luchar contra la ocupación ilegal» y «las mafias que las promueven» que contempla el desalojo ‘exprés’ entre las 12 y 48 horas desde el inicio de la okupación, que «endurece las penas por los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas» y que «dota a las asociaciones de vecinos de herramientas para poder desalojar a un okupa».
Así lo ha explicado este sábado el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, junto a su homólogo en el Senado, Fernando de Rosa y el portavoz de Vivienda del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes, Alfredo Castelló, en una rueda de prensa.
En este sentido, el diputado valenciano ha señalado que el PP «es el partido antiokupación» y por ello «hemos presentado una propuesta que consigue cerrar el ordenamiento jurídico, consigue coserlo» para que «no haya un resquicio legal al que se pueda acoger una persona que ocupa ilegalmente una vivienda».
Así, ha indicado que «como no se puede adoptar medidas cautelares como el desalojo», las personas que okupan ilegalmente un inmueble «deben esperar a juicio hasta que llega el desalojo», pero esta medida «apuesta por el desalojo ‘exprés’ en la mayor brevedad posible, de entre 12 y 48 horas».
Santamaría ha señalado las «claves» de esta norma tiene, que «no afecta a las personas que lo están pasando mal a causa de la crisis». «Aquí es donde entran las medidas sociales diseñadas por el PP. Es una norma que pretende luchar contra las mafias de la okupación, ya que durante el confinamiento se ha multiplicado por cuatro la ocupación de vivienda normalmente gestionadas por mafias», ha apuntado.
Según el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, se trata de «luchar contra aquellos que hacen de la okupación un negocio» y de «poner fin a los problemas vecinales que genera la ocupación ilegal». «Esta propuesta propone dotar a las asociaciones de vecinos de herramientas jurídicas para poder poner en marcha los procedimientos necesarios para desalojar a los ocupas», ha defendido.
Así, plantea el agravamiento de las penas de delitos como el allanamiento y usurpación y contempla también el agravamiento de las penas para quienes inciten a okupar incluyendo la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público. «No tiene sentido que haya personas que ocupen cargos públicos que hagan manifestaciones en contra del ordenamiento jurídico que les habilita a tener ese cargo», ha aseverado.
«Se trata de una medida contra las mafias y los okupas profesionales, y que no afecta a las personas que lo están pasando mal», ha señalado.
