La Fiscalía General del Estado abrió un total de 2.891 diligencias de investigación en materia de Medio Ambiente y Urbanismo en 2019, lo que representa un 4,36 por ciento menos que el año anterior y de estos procedimientos, finalmente 1.118 terminaron en sentencias condenatorias, lo que supone un 11 por ciento más que en 2018.
Así se desprende de la Memoria de Actividades Anual presentada este lunes por la Fiscal General, Dolores Delgado, con motivo de la apertura del curso judicial 2020-21 presidida por el Rey Felipe VI.
De la memoria anual y dentro de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, el Ministerio Fiscal concluye que durante 2019 se incoaron 2.891 diligencias de investigación de las que la mayor parte, 887 se refirieron a urbanismo y ordenación del territorio; seguidas por 579 diligencias por delitos contra la flora y la fauna; 567 de incendio forestales; 497 de delitos de medio ambiente; 235 de malos tratos contra animales domésticos y 126 diligencias contra el patrimonio histórico.
De todas ellas, el Ministerio Fiscal presentó denuncia o querella ante 1.068, el 36,94 por ciento de las diligencias y otras 1.105 fueron archivadas, mientras que el resto, 718 siguen en tramitación.
En cuanto a los delitos en procedimientos judiciales incoados, La Fiscalía notifica un total de 4.910 procedimientos, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, cuando se incoaron 4.819 procedimientos. De estos, durante el año judicial, se incoaron 1.029 procedimientos por incendios forestales; 1.090 de malos tratos a animales domésticos; 984 en materia de urbanismo y ordenación del territorio; 632 de delitos contra el medio ambiente y 222 correspondieron a patrimonio histórico.
Todo ello se tradujo en 6.694 procedimientos incoados de los que 1.283 se tramitaron como procedimientos abreviados de juzgado de lo penal; 4.875 diligencias previas de juzgado de instrucción y se celebraron 344 diligencias urgentes, 20 juicios rápidos, 164 delitos leves, 2 sumarios y seis procedimientos abreviados, de los que ninguno terminó ante un tribunal ante jurado ni ante audiencias provinciales. En este ámbito, durante 2018 se celebraron dos procedimientos ante Tribunal del Jurado ante juzgado y 14 ante la audiencia provincial.
SENTENCIAS
Todo ello culminó, de acuerdo con la Memoria del Ejercicio 2019, en 1.180 sentencias condenatorias, un 11 por ciento más que el año anterior, cuando se dictaron 1.063 condenas.
La mayor parte de las condenas en el ámbito de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que coparon el 32,45 por ciento de las sentencias condenatorias (383); el 24,83 por ciento de las condenas sancionaron delitos por malos tratos a animales domésticos (293); el 24,57 por ciento contra la flora y la fauna (290); el 11,52 por ciento de las condenas se debieron a delitos por incendio forestal (136) y el 4,83 por ciento restante a delitos contra el medio ambiente (57).
Por otro lado, se dictaron 341 sentencias absolutorias, una más que en 2018. De ellas, 107 absoluciones fueron en materia de urbanismo y contra la ordenación del territorio; 93 por malos tratos a animales domésticos; 54 por delitos contra la flora y la fauna; 40 por delitos contra el medio ambiente; 35 por delitos de incendio forestal y 12 por delitos contra el patrimonio histórico.
Por otro lado, el Ministerio Fiscal se refiere también al restablecimiento de la legalidad urbanística mediante demoliciones de lo construido ilegalmente. Así, en 2019 se dictaron 138 demoliciones, de las que 93 eran de carácter forzoso y 45 voluntarias. No obstante, admite que los datos no recogen el total de demoliciones por la «dificultad de control» de las ejecutorias.
INCENDIOS, LINCES Y CONSTRUCCIONES EN ESPACIOS NATURALES
En todo ello estuvieron involucrados durante el año 2019 los 190 fiscales adscritos a la especialidad de medio ambiente y urbanismo, de los que 50 son delegados y 122 especialistas, entre los que figuran 14 fiscales de enlace, el Fiscal de Sala y los 3 fiscales adscritos al mismo. La cifra se ha incrementado en seis nuevos fiscales respecto al año 2018, cuando se contabilizaban 184 fiscales.
Entre los asuntos de mayor preocupación que refleja la Memoria Anual figuran como una «problemática objeto de especial interés» la proliferación de construcciones para celebrar eventos sociales en espacios naturales protegidos.
Igualmente, ve con «especial interés medioambiental» en España las muertes de linces ibéricos en vías de transporte y comunicación, dado que la especie sigue en peligro de extinción. Por ello, la Unidad de Medio Ambiente incoó un expediente gubernativo con motivo de las «numerosas y sucesivas muertes por atropello» de ejemplares en las carreteras nacionales.
Los incendios forestales experimentaron un «importantísimo aumento» en el número de siniestros respecto a 2018, un 64,42 por ciento más y durante el ejercicio 2019 resultaron implicadas 513 personas, de las que 31 fueron detenidas y 482 investigadas.
Finalmente, dado el potencial para causar incendios forestales, en el ámbito de las preocupaciones de la Fiscalía figuran el estado y mantenimiento de áreas recreativas, líneas eléctricas y vertederos.
