La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido designada copresidenta del Consejo Consultivo Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar la iniciativa ‘Acción Climática por el Empleo’.
Tal y como ha informado la Vicepresidencia Cuarta, Ribera aceptó el pasado mes de junio la invitación del presidente de la OIT, Guy Rider, a formar parte de este órgano, que desde ahora y por un mandato de tres años, presidirá junto al ministro de Comercio, Industria y Trabajo de Samoa, Lautafi Fio Selafi Purcell.
Según explica, la iniciativa ‘Acción Climática por el Empleo’ es un «ambicioso programa mundial» ejecutado por la OIT, que tiene como objetivo «proporcionar una hoja de ruta clara para poner en marcha planes de transición justa a nivel nacional a través del diálogo social, creando trabajo digno y empleos verdes».
La responsable de la política mediambiental en España ha agradecido su nombramiento y destacado «la importancia de avanzar en esta iniciativa para impulsar una recuperación que cree puestos de trabajo y acelere la acción climática, más necesaria que nunca como revulsivo a la crisis del Covid-19».
UN APRENDIZAJE ENTRE PAÍSES
«España está comprometida con una recuperación verde y una transición justa. Haremos todo lo posible para impulsar esta agenda a nivel nacional e internacional, y quiero dar las gracias a la OIT por invitarnos a formar parte de ella», ha declarado la vicepresidenta cuarta.
En ese sentido, Ribera ha incidido en la importancia de compartir experiencias entre los países en torno a las transiciones en determinados sectores para aprovechar mejor el aprendizaje mutuo en el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.
En este sentido, se ha referido a la Ley de Cambio Climático y Transición energética de España, que se encuentra en trámite parlamentario, y que, según ha indicado, es «la primera normativa de este tipo en el mundo que incorpora la disposición de aprobar estrategias de ‘Transición Justa’ cada cinco años para optimizar los resultados y minimizar los efectos negativos en términos de empleo e impactos sociales de la transición hacia una economía con cero emisiones y 100 por 100 renovable en 2050.
