El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley en el que actualiza el cuadro de sanciones por incumplimiento de las normas dictadas para contener la pandemia de coronavirus y que incluye multas de hasta 3.000 euros si no se usa la mascarilla de forma reiterada.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno –que ha quedado suspendido y se retomará mañana por la tarde– en la que ha destacado que el «endurecimiento» de las sanciones «era necesario» para cumplir con el «doble objetivo» de facilitar el trabajo a los cuerpos de seguridad y «producir un mensaje a la ciudadanía de que quien no cumpla se arriesga a una sanción importante».
El nuevo decreto, que se publicará mañana o el sábado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mantiene la multa mínima por no usar la mascarilla en 100 euros y la tipifica como infracción leve.
Además, se contempla como infracción muy grave –con multa de 60.001 hasta los 600.000 euros– el incumplimiento de los límites de aforo cuando el local duplique el aforo permitido y sea superior a 150 personas.
También se considera muy grave la reiteración en la infracción por organizar eventos masivos sin autorización, los que generan riesgo para la salud o los que se hagan sin autorización, incumpliendo las medidas y con más de 200 personas.
El Ejecutivo considera grave, con multas de entre 3.000 y 60.000 euros, el consumo de alcohol o drogas en la calle en grupos de más de diez personas; el incumplimiento del aislamiento; la apertura de locales que no estén autorizados; el mantenimiento de un trabajador en su lugar de trabajo si es positivo o tiene síntomas o impedir inspecciones y no colaborar con las autoridades.
Como infracciones leves, el decreto establece no usar la mascarilla; incumplir la prohibición de fumar o el uso de ‘shishas’; negarse a las pruebas sanitarias para diagnosticar el coronavirus o a guardar la cuarentena o incumplir el régimen de visitas en centros sociosanitarios, entre otras.
Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de un año, las tipificadas como graves, en el de dos años y las tipificadas como muy graves, en el de tres años, destaca el Ejecutivo.
En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, riesgo y circunstancias, se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.
De igual forma, en los casos de infracciones muy graves se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.
Pérez ha comentado que con el nuevo decreto «se tipifican mejor» las conductas que constituyen una infracción y la norma es «más precisa» con la regulación de aforos, señalización y distancia en los establecimientos.
En esa línea, ha comentado que se abrevian trámites del procedimiento, al estilo de las multas de tráfico, y se aclara la distribución de competencias para incoar los expedientes pues las sanciones leves serán tramitadas por los ayuntamientos y las graves o muy graves, por el Gobierno de Canarias.
GRAN CANARIA Y LANZAROTE, FUENTE DE «PREOCUPACIÓN»
El portavoz ha insistido en que el objetivo «no es sancionar más» sino que no se produzca la infracción para poder bajar los contagios y ante las dificultades para conformar los expedientes, espera que se refuerza la organización tanto en el departamento de Salud Pública como en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
No obstante, ha puesto como ejemplo de actuación la sanción de 6.000 euros a una embarcación de recreo que celebró una fiesta en la costa de Mogán, en Gran Canaria.
Con unos 10.000 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad en las islas, Pérez ha reconocido que las plantillas «son insuficientes» aunque también tienen una distribución «desigual» en el territorio por lo que ha reclamado un «esfuerzo de coordinación» para hacer cumplir las normas. «Los medios son suficientes si están bien orientados y coordinados», ha señalado.
Sobre la incidencia de la pandemia ha lamentado que no se haya consolidado la leve tendencia al descenso de casos en los últimos días y Gran Canaria y Lanzarote, «en menor medida», siguen siendo fuente de «preocupación».
En cuanto a la posibilidad de hacer pruebas PCR al profesorado –lo ha solicitado ASG, entre otros–, Pérez entiende que «cuantas más mejor», pero dirigidas a grupos donde hay mayor peligro o capacidad de contagio, y en todo caso, aún no se ha tomado la decisión.
