El Gobierno remitirá un nuevo documento de la Ley de teletrabajo a los representantes sindicales y empresariales que debería incorporar algunos de los cambios solicitados, según ha señalado el secretario de juventud y nuevas realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez.
Durante el encuentro celebrado este martes, los agentes sociales han abordado a fondo el último documento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les envió en agosto.
Así, Gutiérrez ha apuntado que «a falta de unos flecos» la negociación avanza de forma «muy favorable». «Somos muy optimistas en la posibilidad de llegar a un acuerdo», ha apostillado el secretario de juventud y nuevas realidades.
El encuentro de hoy ha finalizado con el compromiso del Gobierno de remitir un nuevo documento a los interlocutores sociales para saber si es factible un acuerdo.
«Esperemos que sea el definitivo, porque seguimos teletrabajando y es urgente que se apruebe una nueva normativa que garantice nuestros derechos», ha resaltado Gutiérrez.
El borrador sobre el que se ha trabajado en la reunión de hoy deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las administraciones públicas, que se regirá por su normativa específica.
Al mismo tiempo, el texto clarifica los límites a la capacidad de las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su «dignidad» y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.
Respecto a la no aplicación de esta futura regulación al personal laboral de las administraciones públicas, el borrador debatido este martes aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.
Dicho artículo consta de cinco apartados que, en términos generales, establecen que el acuerdo para el trabajo a distancia se formalizará por escrito y que los trabajadores de esta modalidad tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para su grupo profesional y funciones; a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, y a la formación profesional para el empleo, entre otros aspectos.
