La consejera de Sanidad en Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido este lunes de la dificultad que supone el control de la prostitución, actividad que entraña un grave riesgo actualmente de propagación de la COVID-19, debido a que la misma como tal no se encuentra reglada.
«El problema de los prostíbulos no es menor», ha insistido Casado en su comparecencia ante los medios para analizar la evolución de la situación epidemiológica en Castilla y León, acto en el que ha recordado que la mayoría de las licencias de estos centros abiertos al público están vinculadas a hostales, hoteles, bares u ocio nocturno.
En cualquiera de los casos, la apuesta de la Junta es «incrementar las inspecciones y sanciones en aquellos espacios donde no se estén cumplimiento las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19», y ello con independencia de que el Gobierno central acuerde regular o no este sector y la Administración regional actúe entonces en consecuencia.
Sin embargo, la consejera sanitaria, además del cierre o no de este tipo de locales que incumplan dichas medidas, ha puesto también el acento en la realidad que sufren las mujeres que trabajan en ellos y en la necesidad de ofrecerles una ayuda integral.
En este sentido, ha recordado que durante la pandemia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el programa ‘Atrapadas’, a partir del cual se intenta atender todas las necesidades de mujeres que son víctimas de contextos de prostitución y cuya situación se ha visto agravada por la presente crisis.
Precisamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado de que durante la pandemia se ha prestado ayuda a 900 mujeres en la Comunidad en situación administrativa irregular y especialmente vulnerables gracias a este proyecto que se desarrolla en colaboración con diversas entidades especializadas en la atención a víctimas de trata y prostitución y a las que la Junta de Castilla y León destina una subvención de 200.000 euros.
Además, estas mujeres son consideradas en la Comunidad víctimas de violencia de género y tienen acceso, por lo tanto, a todos los recursos que precisen.
En la actualidad, 350 mujeres, además de los menores que puedan estar a su cargo, reciben ayuda habitacional, de alimentación e higiene y cuidados personales a través de las entidades del tercer sector de acción social implicadas en esta tarea con las que ya viene trabajando la Junta de Castilla y León, como son la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Comunidad Adoratrices de Burgos, Congregación Hermanas Oblatas Centro ALBOR, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (ACLAD) y Cáritas Diocesana de Astorga.
Asimismo, las mujeres que se encuentran en situación regular en España disponen de la posibilidad de solicitar ayudas a los servicios sociales de sus respectivas entidades locales, no así en el supuesto de mujeres en situación administrativa irregular que, en la mayoría de los casos, se encuentran atrapadas en pisos o clubes y sin posibilidad de acceso a otro tipo de recurso, debido a diversos motivos, como el desconocimiento de los recursos existentes, las dificultades con el idioma o las limitaciones de movilidad impuestas por el estado de alarma.
Además, se pone a disposición de las entidades del tercer sector de la acción social que trabajan con estas mujeres el Servicio de Traducción e Interpretación Telefónica para víctimas de violencia de género, garantizando así el derecho a una información apropiada y accesible, disponible las 24 horas, en una lengua que puedan comprender. También se pone en conocimiento de estas mujeres los distintos programas que desde las entidades del tercer sector de acción social se llevan a cabo y que podrán favorecer, a más largo plazo, su plena recuperación e inserción en la sociedad.
