El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha dejado claro el rechazo de su formación a que el vicepresidente Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para dar explicaciones por la financiación de Podemos, algo que persigue «disparar munición» contra su formación en el marco de una campaña basada en «rumores», «bulos» y «mentiras».
Y es que Rodríguez ha recriminado que aprovechando que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha decidido imputar a Podemos en base a «rumores» (en alusión a las acusaciones del exabogado del partido José Manuel Calvente) para hacer un «roto mediático» a la formación, se intente sentar a Iglesias en el Congreso para que «todo el mundo dispare su munición» y tengan que padecer semanas de actualidad mediática centrada en Podemos y en «cosas que son absolutamente falsas».
«No nos parece de recibo», ha desgranado el secretario de Organización de Podemos. A su juicio, «lo justo» sería una comparecencia o comisión que abordara la financiación de todos los partidos, así como la relación de la «creación de noticias falsas» por parte de las «estructuras» de poder para «influir en resultados electorales». «Estamos de acuerdo en eso, pero para todos», ha insistido.
«DOBLE VARA DE MEDIR» CONTRA PODEMOS
En declaraciones a Telecinco Rodríguez ha censurado que se intente «enfangar» a la opinión pública con «bulos y mentiras» sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.
Tras recalcar que Podemos no tiene ningún problema en presentar toda la documentación sobre sus cuentas que pida la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o un juzgado, pero ha denunciando la «doble vara de medir» porque, en el caso del Tribunal de Cuentas, no ha actuado con la «misma celeridad y profundidad» con el PP «a muchos niveles».
«El problema de todo esto es que se genera un daño a una determinada opción política que después es difícilmente reparable», ha lamentado el también diputado de Unidas Podemos en el Congreso.
A modo de ejemplo, se ha preguntado cuánta gente en el país sigue creyendo que a Podemos le financió Venezuela cuando se ha demostrado judicialmente que no es así. Lo que pasó es que la Policía patriótica, las cloacas, se generan noticias falsas y los medios de comunicación durante meses y meses se dedicaron a decir que Podemos se financió desde Venezuela», ha apostillado.
AL FINAL TODO SE ARCHIVARÁ
Lo mismo está pasando, bajo su criterio, con el caso de la presunta financiación ilegal del partido, pues este asunto se archivará mientras se suceden «semanas y semanas» de titulares.
Por tanto, Rodríguez ha asegurado que la colaboración de Podemos con la Justicia es «absoluta», dado que están «tranquilos» sobre la legalidad de sus cuentas, pero ello no quita que critiquen la «doble vara de medir». «Es lo que nos toca por no arrodillarnos ante los poderes económicos. Lo sabíamos en 2015 y ahora lo seguimos sufriendo», ha remachado.
Y es que Rodríguez ha reivindicado que «lo democrático» es que a cualquier agente político o institución se le pueda hacer una «crítica saludable y sana», ya sea a medios de comunicación, políticos o la actuación de los jueces y otras administraciones del Estado.
ESCENARIO «MUY PELIGROSO» SI SE NORMALIZA EL ACOSO
Otra cosa distinta es el «acoso» que padecen desde hace meses el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tanto en su vivienda habitual como en su lugar de vacaciones, llegando incluso a arrojarles objetos «con total impunidad» y que eso «se normalice» desde los poderes del Estado y los medios de comunicación.
Por tanto, ha advertido de que se debe actuar para frenar dicho acoso a ambos dirigentes políticos pues, de lo contrario, se entrará en un escenario «feo» y «muy peligroso», como es «normalizar esa práctica».
En este sentido, ha ilustrado que si lo que le ocurre a la familia de Iglesias y Montero se «generaliza» en el país, «sin consecuencias» y con «impunidad», ese escenario «peligroso» podría llevar a gente, por ejemplo, a decidir que en lugar de hacer una manifestación contra unos despidos en un centro de trabajo, legal y comunicada, a ir a protestar durante meses a casa de un empresario a «intimidar» a su familia.
«Ese no es un país en el que me gustaría vivir, creo que es un país que toma una deriva muy peligrosa, creo que es un país que ganaría las políticas de odio y violencia y creo que hay un sentir mayoritario en el país de que estas prácticas se tienen que impedir», ha avisado Rodríguez.
