El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado a los grupos políticos del Congreso de los Diputados un documento con un serie de propuestas de mejora de la regulación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuyo proyecto de ley se tramita en estos momentos en esa Cámara y está en fase de enmiendas.
Tras expresar el apoyo y respaldo a la regulación del IMV, desde una perspectiva global, como logro y progreso de país en materia social, y de congratularse de que haya sido aprobarlo en una situación de aguda emergencia sanitaria, económica y social, el Cermi considera que el proyecto de ley tiene «recorrido de mejora, para que se tiña de dimensión inclusiva» con la realidad de la discapacidad» y en ese sentido responden las enmiendas presentadas por este Comité.
Considera la plataforma global de la discapacidad, entre otras cuestiones, que «debe darse una protección reforzada a las personas con discapacidad, como segmento prioritario diana del IMV, en términos similares a las familias monoparentales y a los hogares con menores. Esto, tanto a la entrada (incremento de la capacidad de renta/patrimonio cuando en el hogar o unidad haya una situación de discapacidad), como a la salida (aumento de la cuantía de la prestación resultante, cuando concurra discapacidad)».
Además, según el Cermi, ha de suprimirse la exigencia de plena capacidad de obrar para los titulares del ingreso, ya que resulta contraria a los mandatos de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, al excluir por razón de capacidad jurídica.
«Se ha de revertir también la exclusión de ser perceptor del IMV cuando la persona con discapacidad reciba una prestación residencial (residencia, vivienda tutelada, de apoyo, etc.), ya que disponer de habitación y alimentación, no agota el proceso de inclusión de la persona, que necesita recursos para su sociabilidad comunitaria», explicó el Cermi en un comunicado.
Otra cuestión planteada por este comité, pasa por prever una regulación flexible del IMV para que los perceptores de las pensiones no contributivas de incapacidad puedan optar entre unas y otras en función de lo que les resulte más favorable.
Igualmente, se plantea reconocer expresamente a las entidades del tercer sector de acción social como entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la mejor gestión de la prestación (IMV).
Otro bloque relevante de propuestas, tienen que ver con la reversión de los aspectos lesivos en materia de prestaciones familiares de Seguridad Social (reordenación de la regulación vigente), en las que hay riesgo de pérdida para las familias de personas con discapacidad respecto del nivel de protección existente en este momento.
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