Amnistía Internacional cifra en más de 3.000 los profesionales sanitarios fallecidos por el coronavirus en todo el mundo y pide a los gobiernos que «rindan cuentas» por las muertes de los trabajadores que no protegieron durante la crisis del Covid-19.
La organización publicó este lunes un nuevo informe en el que documenta las experiencias de profesionales de la salud en todo el mundo que denunciaron que durante la pandemia sufrieron represalias, desde arrestos y detenciones hasta amenazas y despidos.
La investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional, Sanhita Ambast, subrayo que «cuando la pandemia de Covid-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales».
En su opinión, «los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”.
MILES DE FALLECIDOS
En la actualidad, no existe ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer el coronavirus.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto más de 3.000 de estos trabajadores tras haber contraído la enfermedad en 79 países del mundo.
Según el seguimiento de Amnistía Internacional, los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).
ESCASEZ DE EQUIPOS
Es probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos. Además, el personal sanitario denunció una grave escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) en casi la totalidad de los 63 países y territorios que estudió Amnistía Internacional.
Entre ellos figuran países que todavía no han vivido lo peor de la pandemia, como India y Brasil, y varios países de África. Un médico que trabajaba en Ciudad de México dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.
Por otro lado, en al menos 31 de los países que ha analizado Amnistía Internacional, el equipo de investigación registró informes de huelgas, amenazas de huelgas o protestas del personal sanitario y de trabajadores y trabajadoras esenciales a causa de condiciones laborales peligrosas. En muchos países, las autoridades respondieron a estas acciones con represalias.
En Egipto, por ejemplo, Amnistía documentó los casos de nueve trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron detenidos arbitrariamente entre marzo y junio por cargos imprecisos y excesivamente amplios de “difusión de noticias falsas” y “terrorismo”. Todas las personas detenidas habían expresado preocupación por problemas de seguridad o habían criticado la gestión de la pandemia por el gobierno.
REPRESALIAS
Otro médico egipcio dijo a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina que protestan reciben amenazas y son sometidos a interrogatorios de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), interrogatorios administrativos y sanciones.
A este respecto, afirmó que “muchos [médicos y médicas] prefieren pagar de su bolsillo el equipo de protección individual para evitar este agotador tira y afloja. [Las autoridades] están obligando al personal médico a elegir entre la muerte y la cárcel”.
En Estados Unidos, por ejemplo, la asistente de enfermería certificada Tainika Somerville fue despedida después de publicar un vídeo en Facebook donde leía una petición en la que reclamaba más EPI.
Además de trabajar en unas condiciones laborales peligrosas, Amnistía Internacional ha documentado que algunos trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales reciben un salario injusto y, en algunos casos, su labor no es remunerada.
El informe tamibén destaca que varios casos en los que personal sanitario y esencial experimentaron estigma y violencia debido a su trabajo. Por ejemplo, según informes, en México arrojaron cloro a una enfermera cuando iba por la calle, y en Filipinas lanzaron lejía a la cara de un trabajador de un hospital.
En Pakistán, Amnistía Internacional ha tenido constancia de varios casos de violencia contra personal sanitario desde abril: hospitales destrozados, agresiones a profesionales médicos e incluso un miembro de la Fuerza Antiterrorista que disparó a un médico.
Ante esta realidad, Amnistía Internacional pidió a los Estados que garantizacen una compensación adecuada a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que hayan contraído la Covid-19 como consecuencia de su actividad laboral.
(SERVIMEDIA)
