El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) han advertido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a los máximos representantes de las instituciones de la UE de que “100 millones de personas con discapacidad y sus familias en Europa esperan saber que sus necesidades están incluidas adecuadamente en las medidas de recuperación que establezca Europa como consecuencia del Covid-19”.
Así lo ponen de relieve las plataformas representativas de la discapacidad en Europa y en España en una carta abierta dirigida al jefe del Ejecutivo español; a las presidentas del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea; a los presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, del Eurogrupo, y a todos los Jefes de Gobierno de los Estados de la Unión Europea.
El Cermi y el EDF señalan que “esta crisis ha puesto de manifiesto el impacto catastrófico de la falta de inversión en los servicios sociales y sanitarios en Europa”, por lo que añaden que “la recuperación económica que diseñan los gobiernos debe corregir completamente las grietas que existen en el sistema”.
Critican también las situaciones de discriminación a las que algunas personas con discapacidad han tenido que enfrentarse en la atención sanitaria, al tiempo que alertan de que “las personas con discapacidad se están quedando sin la asistencia personal que necesitan para desempeñar sus vidas porque los proveedores de servicios están desprotegidos y no pueden seguir sus labores”. Por ello, apremian a “dotar de máquinas vitales, en forma de apoyo político y económico, los servicios sociales, sanitarios y de empleo que mantienen con vida nuestras sociedades”.
EMPLEO
En cuanto a la situación económica, destacan que el empleo es una cuestión que con razón, «preocupa mucho”, aunque advierten de que “el impacto que sufren las personas con discapacidad es doble y, en particular, las mujeres con discapacidad”. Antes de la crisis, recuerdan, “el 28,7% de las personas con discapacidad en la UE se encontraba en situación de riesgo de padecer pobreza, y tan solo el 50,8% tenía un empleo. Muchas personas con discapacidad que trabajan tienen contratos precarios y salarios bajos, con lo cual gozan de poca o ninguna garantía de protección a la luz del cierre de las empresas”.
Para paliar esta situación y hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia de coronavirus, el Cermi y el EDF piden destinar recursos suficientes de la UE para los grupos sociales en riesgo de exclusión, incluidas las personas con discapacidad. Así, reclaman que se refuercen directamente los servicios de apoyo a las personas con discapacidad, con especial atención a los recursos destinados al fomento de la vida independiente. También se solicita que se garantice material de protección suficiente en los centros residenciales, tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras.
“A la vez que se lleva a cabo el seguimiento de la liquidez de efectivo y capital del sector empresarial, garantizar también el seguimiento de los servicios sanitarios y sociales, incluyendo los servicios de atención a la discapacidad”, agregan ambas plataformas, que ponen como ejemplos los apoyos para la inclusión en el empleo y la educación.
GÉNERO Y EDAD
Otras propuestas son garantizar que la flexibilización o aumento de algunos fondos no se traduzcan en la disminución de otros recursos; tener en cuenta en la recogida de datos sobre la seroprevalencia y los efectos de la pandemia las variables de discapacidad, género y edad, e impulsar medidas económicas de apoyo directas a las personas con discapacidad, como subsidios para la adquisición de bienes, el abono de un pago único para personas elegibles, etc.
Asimismo, instan a que en el diseño de todas las medidas de actuación durante y tras la pandemia se tengan en cuenta en todo momento a las organizaciones de la discapacidad, para que estén presentes las necesidades de esta parte de la ciudadanía en todo momento.
“La respuesta a la pandemia ocasionada por el Covid-19 no debería enfocarse simplemente en volver a la situación anterior. Debemos invertir en una Europa que ofrezca una mayor protección a sus ciudadanas y ciudadanos, garantice protección social e inclusión y cree empleos y estructuras sanitarias más resilientes. Al mismo tiempo, debería mostrarse flexibilidad en la financiación de acciones para salvar vidas y proteger el sustento de las personas durante y después de la pandemia. Todo ello, realizado siempre de acuerdo con los compromisos que tanto la UE como sus Estados miembro tienen con los derechos humanos. La protección de la vida y el respeto a los derechos humanos son inseparables”, recalca la misiva del Cermi y del EDF.
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