Izquierda Unida, a través de su equipo jurídico, manifestó este jueves que “rechaza y no comparte en absoluto” que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el denominado ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, descarte de momento’ citar en calidad de investigado al Partido Popular.
IU, que ejerce la acusación popular junto a otras asociaciones y formaciones en esta causa, denunció que lleva “más de dos años solicitando y argumentando de forma más que suficiente a raíz de las distintas pruebas y testimonios que se han ido conociendo la imputación del PP como partido político en esta causa”.
“Consideramos que existen sobrados motivos para hacerlo, y que desde hace tiempo quedaron superados razonamientos como los expresados por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que es ‘prematuro’ citar al Partido Popular, entre otras razones por el avanzado estado en que se encuentra la investigación en el Juzgado Central de Instrucción nº 6”.
En el último escrito remitido al magistrado desde la Fiscalía Anticorrupción, subraya IU, se indica que «es prematuro realizar una valoración de la participación del propio Partido Popular que justifique su llamada a la causa», lo que a juicio de esta formación rebaja el «rechazo tajante existente hasta el momento» a imputar al PP.
IU dirigió su último escrito al Juzgado Central de Instrucción nº 6 el pasado mes de octubre y solicitó a García-Castellón que acuerde “tener por investigada a la persona jurídica Partido Popular” e, igualmente, que cite a declarar a esta formación por su presunta participación directa en la ‘trama Púnica’.
La formación se basó entonces en que García-Castellón había imputado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y el PP madrileño Esperanza Aguirre, y otros colaboradores y empresarios por “estar involucrados en diferentes acciones con relevancia penal que giran en torno a la financiación ilícita del Partido Popular en Madrid”.
A ello se suman otros indicios aportados a la causa “sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014, en concreto, la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra y de diversos informes realizados por la Guardia Civil (UCO)”.
Para IU, esto revela que el PP tomó “decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid» e «impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público»
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