El despacho Legalsha, líder en derecho bancario y especializado en reclamar tarjeta revolving, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo: denunciar las resoluciones judiciales que imponen costas mínimas a las entidades financieras tras ser condenadas por cláusulas abusivas. Según el bufete, estas decisiones perjudican gravemente a los consumidores, ya que las cantidades fijadas no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos del procedimiento.
Legalsha considera que esta práctica vulnera derechos fundamentales, y planea acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Constitucional no estima el recurso. En 2023, el alto tribunal ya determinó que los bancos deben pagar las costas cuando pierden juicios por cláusulas abusivas. Sin embargo, no se pronunció sobre la cuantía concreta, dejando a los juzgados libertad para fijar importes que, en muchos casos, resultan irrisorios y faltos de respeto.
El caso que ha impulsado esta acción legal surge tras un litigio entre Legalsha e ID Finance Spain, empresa con la que un cliente firmó una línea de crédito considerada abusiva. A pesar de que el despacho intentó resolver el asunto extrajudicialmente, la financiera rechazó cualquier acuerdo, obligando a su cliente a iniciar un proceso judicial. Aunque el juez falló a favor del consumidor y ordenó a ID Finance devolver las cantidades cobradas indebidamente, la entidad, quien además fue condenada al pago de las costas del procedimiento, impugnó el pago de las mismas, solicitando una reducción a tan solo 494 euros, de los que 100 euros más iva corresponderían a los honorarios de letrado y 373 euros de honorarios de procurador. Después de un largo proceso de impugnación donde el propio ICAM dictaminó unos honorarios de letrado de 800 euros más iva, el LAJ estimó la reducción que proponía ID Finance y aprobó finalmente unas costas de letrado de 121euros impuestos incluidos, los cuáles se confirmaron por el juez en el recurso de revisión.
Desde Legalsha denuncian que este tipo de resoluciones desincentivan las reclamaciones de los afectados. “Ganar un juicio y ser indemnizado en costas, debería significar una compensación real para resarcirte de los gastos ocasionados, no una penalización encubierta en la que se pierda dinero por tener la obligación de defenderte en vía judicial con abogado y procurador. Estamos viendo cómo se refuerza la estrategia bancaria de alargar los procesos de reclamación con el objetivo de desgastar al consumidor, al rechazar cualquier posibilidad de solución amistosa, para obligarle a acudir a la vía judicial como único recurso en la defensa de sus intereses”, señala Rebin Shamamy, CEO del bufete.
El despacho destaca, además, la desigualdad de trato entre profesionales del derecho: mientras los procuradores pueden justificar tarifas según aranceles regulados, los abogados carecen de una normativa similar, lo que reduce notablemente la cuantía reconocida por su trabajo. Esta disparidad, advierten, perjudica tanto a los profesionales como a los clientes que, pese a haber ganado el juicio, no ven resarcidos los costes que asumieron para conseguir sus pretensiones.
Legalsha, despacho conocido por liderar la lucha contra los abusos bancarios y por su experiencia al reclamar tarjeta revolving y microcréditos, insiste en que este tipo de prácticas judiciales sólo favorecen a las entidades financieras y socavan la confianza en la justicia. Por ello, piden al Tribunal Constitucional que revoque la resolución del Juzgado de Primera Instancia 61 de Madrid y establezca unos criterios que no vulneren los derechos de los consumidores.
Desde su experiencia en decenas de miles de procedimientos similares, el despacho advierte que estas decisiones judiciales están creando un efecto disuasorio que impide a los consumidores recuperar lo que legalmente les corresponde. “No se trata sólo de justicia económica, sino de garantizar el acceso real a una tutela judicial efectiva justa, digna y con sentido común”, concluye Shamamy.
