El mutualismo administrativo, liderado por MUFACE, ISFAS y MUGEJU, gestiona la cobertura sanitaria de más de 1,8 millones de funcionarios en España. Sin embargo, a pesar de estar financiado con fondos públicos, el sistema se apoya mayoritariamente en aseguradoras privadas como Adeslas y ASISA, que concentran la mayor parte de los conciertos sanitarios.
Según el último informe de la AIReF, en 2019 el gasto en este modelo alcanzó los 2.230 millones de euros, con MUFACE absorbiendo casi el 65% del total, una cifra que evidentemente se ha ido incrementando con el tiempo. La dependencia de las entidades privadas ha generado un creciente debate sobre su sostenibilidad y la necesidad de reformular el sistema.
La AIReF propone una transformación profunda del mutualismo, recomendando la incorporación progresiva de los nuevos funcionarios al Sistema Nacional de Salud (SNS) y la posibilidad de que la afiliación a MUFACE sea voluntaria. Uno de los aspectos más controvertidos señalados en su informe es el sobrecoste que supone la compra de medicamentos en hospitales privados, que en algunos casos supera hasta seis veces el precio de adquisición en la sanidad pública.
Mientras sindicatos como CSIF rechazan cualquier medida que suponga el desmantelamiento de MUFACE, el Gobierno se enfrenta al reto de equilibrar la eficiencia presupuestaria con las expectativas de los funcionarios, en un modelo donde las aseguradoras privadas continúan siendo las grandes beneficiadas.
Un sistema público con gestión privada: el funcionamiento de MUFACE
MUFACE funciona con un modelo que se sustenta en lo que se denomina un sistema de mutualismo administrativo. Este modelo les permite a los funcionarios una vía de acceso a la sanidad a través de un esquema diferente al del resto de la población.
El modelo se mantiene con la financiación proveniente de fondos públicos principalmente, y les permite a los beneficiarios la opción de elegir entre recibir asistencia médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas.
Sin embargo, la inmensa mayoría opta por la segunda alternativa, lo que ha consolidado un modelo en el que entidades aseguradoras como Adeslas, Asisa o DKV asumen la prestación sanitaria de cientos de miles de funcionarios.
Entonces, la clave del funcionamiento de MUFACE radica en la colaboración, no tan equilibrada, entre el Estado y las aseguradoras privadas. Todos los años, el Gobierno español tiene, dentro de sus responsabilidades, destinar una cuantiosa partida presupuestaria para financiar la cobertura médica de los funcionarios que eligen este sistema, pagando una cantidad fija a las aseguradoras por cada afiliado.
El peso de las aseguradoras: cifras que evidencian su dominio
Las cifras demuestran el claro dominio de las aseguradoras privadas en la sanidad de los funcionarios. En la última adjudicación, más del 80 % de los afiliados a MUFACE optaron por entidades como Adeslas, Asisa o DKV, consolidando un modelo en el que el Estado transfiere anualmente millones de euros a estas compañías.
Solo por mencionar un ejemplo, en el año 2023 el presupuesto que el Estado tuvo que destinar a la asistencia de los funcionarios mutualistas, llegó a alcanzar la extraordinaria cifra de 2.200 millones de euros, un gasto que contrasta con las dificultades financieras que enfrenta el Sistema Nacional de Salud para cubrir las necesidades del conjunto de la ciudadanía.
La diferencia de costes entre ambos sistemas también es significativa. Mientras que el gasto medio por paciente en MUFACE es inferior al de la sanidad pública, este modelo plantea interrogantes sobre la calidad de la atención y la sostenibilidad del sistema.
El problema está, en que las aseguradoras privadas operan con un margen de rentabilidad, es decir, su objetivo es velar por su modelo de negocio y a partir de las restricciones establecidas por el gobierno, se han generado limitaciones en la cobertura de determinados tratamientos y en la creciente queja de los mutualistas sobre la saturación de algunos servicios médicos. Sin embargo, a pesar de ello, su peso dentro del sistema sigue siendo indiscutible, y las compañías continúan reforzando su presencia en el modelo de atención a los funcionarios.
El debate sobre el futuro de MUFACE: ¿reforma o continuidad?
No es la primera vez que el modelo de funcionamiento de MUFACE ha generado controversia, ya en años anteriores han surgido voces que cuestionan su viabilidad. De hecho, recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado la necesidad de reformular este sistema, y ha propuesto una serie de medidas que permitan la incorporación gradual de los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud, inicialmente para reducir el gasto público, que se ha incrementado con los años y para evitar la dependencia de aseguradoras privadas.
Estas propuestas, tal como era de esperarse, han generado mucha polémica entre los beneficiarios, dadas las condiciones del Sistema Nacional de Salud actual. Por un lado, los funcionarios, defienden su derecho a la salud y la continuidad del modelo de MUFACE, pero también están los detractores, que reconocen el gasto excesivo del sistema por las aseguradoras privadas.
Los sindicatos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que una reforma suponga una merma en la calidad asistencial para los funcionarios. Al mismo tiempo, las aseguradoras han advertido que cualquier modificación del sistema afectaría a la estabilidad de un modelo que ha funcionado durante décadas.
Mientras tanto, el Gobierno debe enfrentar la difícil tarea de evaluar los costes y beneficios de mantener este esquema de colaboración público-privada o apostar por una integración total en la sanidad pública, un cambio que, sin duda, tendría un impacto significativo en la estructura del sistema sanitario español.
